Juicios masivos sin garantías en El Salvador
“Los jueces tienen miedo, los están condenando a todos”
Bryan Avelar-El País
Expedientes judiciales y testimonios de abogados revelan cómo la Fiscalía y los tribunales condenan en serie basándose en fichas policiales opacas, denuncias anónimas y en medio de juicios realizados a puertas cerradas
Un abogado salvadoreño afirma, desalentado: “Como defensor, yo he hecho todo lo posible, todo lo establecido en la ley para demostrar la inocencia de mis clientes, pero no sirve de nada. No hay nada que hacer”. Es uno de los cientos de defensores particulares que participan en los llamados “juicios masivos”, el cuestionado mecanismo con el que la justicia salvadoreña ha comenzado a dictar condenas contra miles de personas procesadas durante el régimen de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele.
Estos juicios, que empezaron en diciembre pasado, buscan condenar a los más de 92.000 detenidos durante los cuatro años que lleva la medida. Aunque las autoridades han reiterado que los juicios serán justos, lo que ocurre a puerta cerrada apunta a lo contrario.
Desde el inicio del régimen, el Gobierno solicitó a todos los tribunales sellar bajo reserva total los procesos contra decenas de miles de salvadoreños, aun en medio de miles de denuncias por detenciones arbitrarias. Pese al velo puesto sobre los procesos, este medio ha tenido acceso a cuatro dictámenes de acusación presentados por la Fiscalía en igual número de juicios masivos. Además, entrevistó a una decena de abogados defensores que participan en este tipo de juicios. La combinación de ambos materiales permitió reconstruir aspectos del funcionamiento de estos juicios que el Gobierno mantiene ocultos al público.
Los cuatro expedientes reúnen a 1.226 procesados, a 134 se les acusa de Organizaciones Terroristas y a 1.092 por Agrupaciones Ilícitas. Todos fueron detenidos entre marzo de 2022 y mayo de 2023; es decir, llevan entre tres y cuatro años en prisión preventiva aún sin conocer su sentencia. El análisis de los documentos revela que la mayoría de los imputados fueron detenidos bajo escenarios comunes: mientras agentes policiales o militares realizaban patrullajes en zonas con presencia de pandillas, veían a uno o varios sujetos con “apariencia sospechosa” y estos intentaban “darse a la fuga”. Tras detenerlos, los agentes revisaban en los sistemas de la policía y los identificaban como pandilleros. De los 1.226 casos revisados, solo en dos las detenciones se hicieron bajo una orden de captura o tras una orden judicial de allanamiento.
Los documentos revelan que las capturas fueron tan indiscriminadas que, en un caso, las autoridades incluso detuvieron a una persona que llegó voluntariamente a una delegación para verificar si tenía algún proceso abierto. Antonio M.A. fue detenido en la subdelegación policial de San Vicente el 25 de abril de 2022: “Esto debido a que el ahora detenido se presentó voluntariamente al recinto policial para efectos de verificar si tenía procesos pendientes, y al ser intervenido, identificado y verificando su nombre en los sistemas policiales se encontraba registrado como Colaborador de la Mara Salvatrucha”, dice la acusación en un solo párrafo.
En prácticamente la totalidad de los 1.226 casos analizados por este periódico, la prueba fundamental para la detención fue que las personas aparecieron “en los sistemas de la policía” identificadas “como pandillero”, sin especificar en qué sistema ni ofrecer más detalles. Desde el principio del régimen de excepción, organismos de derechos humanos denunciaron que los policías creaban “fichas policiales exprés” al momento de detener a una persona y muchos de ellos confesaron que eran obligados a cumplir “cuotas” de detenidos por día.
Cuatro años después, esto es reafirmado por los abogados que enfrentan los juicios. “Es una ficha policial que se creó en el momento o días previos a la detención. A veces iban a la casa de una persona, ahí le tomaban sus datos y una foto y a los dos días regresaban ya a capturarlo. En la ficha escribían ‘según información de inteligencia policial es colaborador de la MS-13’ y con eso bastó para meterlos presos”, afirma uno de los abogados.
Justicia de dados cargados
Estos abogados afirman que el ejercicio de la defensa está prácticamente anulado en los juicios masivos y tanto la Fiscalía como los jueces orientan los procesos hacia la condena y no hacia la comprobación de los hechos. Aseguran que, en la mayoría de los casos, las acusaciones descansan sobre tres elementos: una ficha policial que identifica al acusado como pandillero o colaborador, el testimonio del agente que practicó la captura y la declaración de un testigo protegido (generalmente un integrante de la pandilla) que señala al imputado como miembro de la estructura. “Ese mismo testigo puede identificar a más de 500 personas, ni siquiera en persona, sino a partir de fotografías que la Fiscalía le muestra, muchas veces oscurecidas”, alerta uno de los defensores.
Los abogados denunciaron, además, que se hallan en desventaja, pues durante todo el proceso no se les permite tener acceso al expediente completo y muchas veces pueden ver la acusación contra sus representados uno o dos días antes de que inicie el juicio. “Solo nos dan acceso a lo que según ellos corresponde a nuestros clientes, cuando es posible que en otra parte del expediente encontremos elementos que sirvan para nuestra defensa. Pero eso no les importa porque lo que buscan es una condena”, dijo uno de ellos.
Otra dificultad que enfrentan los defensores es la escasez de testigos de descargo por temor a represalias. “Usualmente uno lleva a un familiar o a una persona que realmente conozca al imputado para que dé fe ante el juez de que esta persona es honrada y trabajadora, pero muchas veces ellos mismos tienen miedo de ser acusados también de pandilleros porque les dicen que están defendiendo a un pandillero y ha pasado que se retiran de los procesos. Entonces nos quedamos todavía más desarmados”, cuenta otro de los abogados.
Cristosal, la principal organización de derechos humanos en El Salvador que ha documentado miles de denuncias por detenciones arbitrarias, también considera que tanto los imputados como los defensores tienen pocas herramientas para defenderse en los juicios masivos, lo que desembocará en miles de condenas injustificadas. “Los jueces —que deberían ejercer control de garantías— se pliegan a los intereses de la Fiscalía y rechazan las peticiones de los defensores, amenazándolos incluso con procesarlos si presentan muchos recursos”, dice uno de los abogados de la organización, quien solicitó resguardar su nombre. “En condiciones normales, la defensa debería tener igualdad de armas para contrarrestar lo presentado por la Fiscalía y presentar prueba de descargo, pero en la práctica, luego de 4 años de instrucción, la defensa tiene acceso a la acusación fiscal hasta días antes de la audiencia”, añade.
Otro de los defensores consultados por este periódico aseguró que aún queda algo por hacer, pero hasta después de las condenas. “Yo ahora mismo he dejado de defender a mis representados, porque es imposible defenderlos. Los dados están cargados y los están condenando a todos. Yo no conozco a ningún juez que haya tenido el valor de no condenar a alguien, incluso cuando saben que son inocentes. Es como defender lo indefendible. Mejor voy a esperar a que los condenen y en la etapa de apelación ahí voy a exponer con fuerza mis argumentos. Ya si los tribunales de segunda instancia tampoco quieren entender de razones, no sé qué más puedo hacer”, explica.
Este medio buscó obtener una respuesta por parte de la Corte Suprema de Justicia a través de su oficina de Prensa, pero no hubo respuesta.
Solo Bukele puede decidir quién sale de la cárcel
Organismos de derechos humanos han elevado sus denuncias a todas las instancias, pero ningún recurso ha surtido efecto. En marzo de este año, un grupo de expertos acusó al Gobierno de Bukele ante la ONU de cometer crímenes de lesa humanidad. Por su parte, el Ejecutivo ha mostrado desprecio ante las críticas y ha señalado que quien denuncie injusticias es porque defiende a los pandilleros o tiene algún vínculo con ellos.
El 2 de abril, menos de un mes después de las denuncias ante la ONU, Ibrajim Bukele, uno de los hermanos del presidente, aseguró a través de su cuenta de X la existencia de un “equipo independiente” dentro del Gobierno que revisa “uno por uno” los casos de detenidos durante el régimen de excepción y las denuncias por más de 500 muertes dentro de las prisiones. “Todos los días se reciben casos y se revisan”, dijo el hermano del presidente, quien no tiene ningún cargo oficial en el Gobierno ni en el sistema de justicia.
El equipo, que según el hermano del presidente tiene el poder de decidir quién sale libre y quién no, no está controlado por jueces ni tribunales, sino por instituciones bajo el mando del presidente. También tiene participación su esposa, Gabriela de Bukele. “(Ese equipo) trabaja de la mano con la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y Centros Penales. Parte del equipo forma también parte del Despacho de la Primera Dama. Nadie quiere tener inocentes en la cárcel”, reveló Ibrajim al calor de una discusión en la red social. Fue la primera vez que un Bukele —quienes han enfatizado que todos los detenidos son pandilleros— acepta la posibilidad de que, cuatro años después, aún haya inocentes en las cárceles.
El equipo jurídico de Cristosal considera que solo las instancias internacionales podrán obligar, en un futuro, a una respuesta de las autoridades y a determinar responsabilidades individuales por posibles condenas injustas. “El Estado está obligado al respeto de los derechos humanos y las garantías procesales, al igual que sus operadores. Por lo tanto, el Estado y los funcionarios pueden ser responsables cuando se han cometido crímenes de lesa humanidad como detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas o muertes bajo custodia cuando se han realizado de forma generalizada y sistemática”, recuerda uno de los abogados.
Lesa humanidad
Hay motivos razonables para creer que el Gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele ha cometido crímenes de lesa humanidad como asesinato, encarcelamiento de niños, tortura, violencia sexual y desapariciones forzadas, en el marco del régimen de excepción impuesto desde marzo de 2022. Esa es la conclusión a la que ha llegado un informe elaborado por un grupo internacional de expertos, quienes presentarán los hallazgos en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza.
Este señalamiento constituye la acusación más grave por violaciones a derechos humanos contra el presidente centroamericano, quien acumula decenas de denuncias en sus seis años y medio en el poder.
El Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), se formó en 2024 y está integrado por cinco profesionales independientes de reconocida trayectoria. El grupo cuenta con el respaldo de organizaciones internacionales como la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), entre otras.