Independentistas ganan mayoría absoluta en comicios de Cataluña
Aún con sus líderes detenidos o en el exilio, los partidos independentistas catalanes volvieron a conseguir mayoría en el Parlament y derrotaron así la ofensiva del gobierno del ultraconservador Mariano Rajoy, cuyo partido obtuvo solo tres bancas y dejó la defensa del españolismo a Ciudadanos, que alcanzó la primera minoría.
Con una participación histórica de 81.95 por ciento, los partidos independentistas ganaron de nuevo la mayoría absoluta; entre los tres suman 70 escaños, de 68 que se requieren para formar gobierno. Lograron 47.56 por ciento de apoyo con algo más de un millón 995 mil votos. Sin embargo, el partido más votado fue el derechista y españolista Ciudadanos, que obtuvo 37 diputados y un respaldo popular de 25.35 por ciento de sufragios al obtener, en solitario, más de un millón 90 mil votos.
Dos años después del periodo político más convulso de Cataluña, que llevó a una declaración unilateral de independencia por el gobierno de Carles Puigdemont –actualmente refugiado en Bélgica y con una orden de detención vigente en territorio español–, se realizaron elecciones autonómicas.
Aquella declaración aprobada en el Parlamento catalán el 27 de octubre provocó que el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, utilizara una herramienta inédita desde la transición a la democracia y aprobara en el Senado la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que le dio facultades para intervenir la administración catalana.
Después de una campaña electoral marcada por la situación de excepción, con uno de los candidatos (Carles Puigdemont) refugiado en Bélgica y otro (Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat), en la cárcel desde el 2 de noviembre, se celebraron los comicios en un ambiente de tensión y hasta de temor por un posible fraude electoral y nuevas incursiones represivas del Estado español.
A pesar de todo, los comicios se desarrollaron sin incidentes y con una participación masiva de más de 81.90 por ciento del padrón, cifra récord en la que el bloque independentista revalidó la mayoría absoluta, pese a haber registrado un ligero descenso del respaldo popular, al perder algo más de 150 mil votantes y un diputado con respecto de los comicios de 2015.
El reparto de los votos y los escaños quedó de la siguiente manera: Ciudadanos sumó 37 escaños, con un millón 80 mil votos obtenidos, que representan 25.35 por ciento del electorado; en segundo lugar se ubicó Junts per Catalunya (JpC), que logró 34 diputados y un porcentaje de votos de 21.68; como tercera fuerza queda Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), con 32 escaños y 21.41por ciento de sufragios.
El cuarto lugar fue para el Partido Socialista de Cataluña (PSC) que sumó 17 diputados con 13.87 por ciento de votos; después Cataluña en Común (CeC) con ocho escaños; Candidatura de Unidad Popular (CUP) con cuatro, y el Partido Popular (PP) sólo obtuvo tres.
A pesar de la victoria en votos y escaños de Ciudadanos, el bloque unionista asumió con amargura un resultado que otorga la posibilidad de gobernar de nuevo la región a las tres formaciones que pugnan por la independencia y que ahora se tendrán que sentar a negociar las condiciones del nuevo acuerdo de gobierno. Y la primera cuestión a resolver será decidir quién presidirá el nuevo gobierno, una vez que el candidato hegemónico del independentismo era Carles Puigdemont.
El ex mandatario catalán se encuentra en Bélgica desde finales de octubre, tras emprender la huida por el temor a ser detenido luego de ser citado por la Audiencia Nacional de España que le imputa, como a sus compañeros, los delitos de rebelión, sedición y malversación de recursos públicos. La justicia española tiene vigente una orden de detención que se aplicará en cuanto Puigdemont vuelva al país a recoger el acta que lo acredita como diputado, algo que al parecer ya es inminente.
Además, los cuatro escaños de la CUP serán cruciales para formar gobierno, con lo que la primera exigencia que pusieron sobre la mesa –y a la que no piensan renunciar– es que el nuevo gobierno oriente sus esfuerzos para hacer cumplir el mandato popular del primero de octubre. Es decir, que se siga caminando por la senda de la declaración unilateral de independencia.
Desde Bruselas, Carles Puigdemont declaró minutos después de finalizado el recuento: con estas elecciones ejemplares hemos recuperado la legitimidad de nuestras instituciones y eso significa que la república catalana ha ganado a la imposición a la monarquía del 155 y el Estado español ha sido derrotado. Rajoy y sus aliados han recibido su merecido después de perpetrar el golpe de Estado.
El ex mandatario catalán también reclamó a las autoridades españolas una disculpa y una reparación por tantas personas a las que han herido, la restitución del gobierno legítimo y la liberación inmediata de los presos políticos.
Marta Rovira, líder de ERC, advirtió que con el resultado electoral se tiene que reabrir el Parlamento y ser leales al mandato democrático, ya que la república ha ganado al 155 y los ciudadanos han votado por la libertad de los presos políticos y la independencia.
En las antípodas se expresó la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien fue la más votada pero que no tiene ninguna posibilidad de gobernar. Por primera vez en la historia en Cataluña ha ganado las elecciones un partido constitucionalista y hemos hecho que los independentistas pierdan fuerza.
La jornada electoral dejó dos grandes perdedores: el Partido Popular, que perdió ocho escaños al pasar de 11 diputados a tres, con lo que ni siquiera tendrá grupo parlamentario y se convirtió en la última fuerza parlamentaria, y Cataluña en Comú –la marca electoral de Podemos–, que pasó de 11 a ocho escaños, pero sobre todo porque sus diputados no serán determinantes para la formación del futuro gobierno catalán y también porque perdieron presencia en toda la región y en la ciudad de Barcelona, donde precisamente gobierna la fundadora de la coalición morada, Ada Colau.
Mas, Rovira y Gabriel también imputados por corrupción
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha ampliado la lista de imputados por delito de rebelión imputando el expresident de la Generalitat, Artur Mas, la secretaría general de ERC, Marta Rovira, y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, entre otros. Según adelanta La Vanguardia, también figuran nombres como el de la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boya, y la presidenta del Associació de Municipis per la Independència, Neus Lloveras.
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Los secesionistas aún tienen mucho por resolver para formar gobierno
Armando Tejeda-La Jornada| Las próximas semanas serán cruciales para la formación de gobierno en Cataluña. El resultado de las elecciones celebradas este jueves arrojó una clara victoria del bloque independentista, es decir, el mismo grupo de tres partidos que gobernaron la región en los pasados dos años y que llevaron a cabo el proceso que acabó con la declaración unilateral de independencia y la construcción de una nueva república catalana.
Sin embargo, hay todavía muchas cuestiones por resolver, como la situación penal y procesal en la que quedarán los políticos catalanes presos en España y los refugiados en Bélgica, incluido Carles Puigdemont, quien se proclama presidente legítimo de Cataluña y es el principal aspirante a presidir de nuevo el gobierno.
El bloque independentista integrado por el Partido Demócrata de Cataluña (PDCAT, que a estas elecciones se presentó como Junts per Catalunya), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP) obtuvo 70 escaños con 47.56 por ciento de los votos. Ganaron al conjunto españolista, que se quedó muy lejos de la mayoría para formar gobierno al sumar 57 escaños. Ni siquiera con un improbable apoyo de Cataluña en Comú (la marca electoral de Podemos), que obtuvo ocho escaños, sumarían los 68 necesarios para gobernar.
Con este escenario, la posibilidad más viable es la redición del pacto tripartita de los independentistas, si bien se tendrán que sentar a negociar.
Un elemento crucial para la CUP y para la mayoría de la sociedad que apoyó el proceso soberanista, incluida la Asamblea Nacional Catalana, es que exigen continuar con los pasos previstos para declarar y hacer efectiva la independencia y construir la nueva república catalana, condición que será clave para alcanzar acuerdos.
Puigdemont, en su primer discurso desde Bruselas, se mostró dispuesto a hacerlo, pero en estas semanas algunos dirigentes de su partido, así como de ERC e incluso de las plataformas civiles que apoyan la secesión, se han mostrado partidarios de ralentizar el calendario de la independencia y no precipitarse.
Otro elemento que enturbiará el proceso natural de la formación del futuro gobierno catalán es la situación procesal y penal del propio Carles Puigdemont, quien en cuanto pise suelo español será detenido y enjuiciado acusado de rebelión, sedición y malversación.
Esa situación podría complicar aún más tanto la negociación del nuevo gobierno como la formación de la nueva legislatura.
Oriol Junqueras, ex vicepresidente y líder de ERC, prefirió quedarse en España y ahora está en la cárcel, a diferencia de Puigdemont, quien buscó refugio en Bélgica. Su partido era favorito en los sondeos y acabó tercero.
Existe la duda respecto de si el independentismo, cercado judicialmente, mantendrá la vía de la unilateralidad.
Más aún, está en manos del Tribunal Supremo la suerte de la cúpula independentista sometida a proceso. Al estar en prisión preventiva, los líderes soberanistas pudieron contender en la elección, pero si los juicios culminan con condenas automáticamente quedarán inhabilitados para ejercer cargos públicos. No se descarta que la defensa de Junqueras y otros ex políticos presos solicite una modificación de las medidas cautelares para que puedan recoger sus actas de diputados.
Los plazos fijados por la legislación del Parlamento catalán establecen que los partidos tendrán hasta el próximo 6 de febrero como fecha límite para que presenten una candidatura y se celebre la sesión de investidura.
En tanto, seguirá gobernando en la región la administración española, pues el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ya dijo que mientras no haya certidumbre política en la región seguirá vigente el artículo 155. Incluso fue más allá al advertir que si los nuevos gobernantes siguen por la misma senda de no acatar la legislación no dudará en aplicar de nuevo el citado artículo.