Impunidad vigente en Uruguay: “Es un paso para atrás y duele mucho”

APAS| Esta frase corresponde al periodista uruguayo Aran Aharonian, una de las voces citadas por APAS en este repaso de la reacción que generó el fallo del máximo tribunal uruguayo que permite, nuevamente, la vigencia de la ley de caducidad y descarta la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.“Hay mucha bronca. Hubo una marcha de silencio en la Plaza Libertad, y entonamos el himno. Después, con mucha bronca la gente se fue yendo. Hay un sabor muy amargo que tiene que ver con esta derecha que no ha logrado reconquistar el poder con los votos, porque sabe que no tiene votos, y ahora intenta reflotar por todos los carriles”, dijo Aran Aharonian, periodista y primer Director General de la cadena multiestatal Telesur.

La Suprema Corte de Justicia declaró este viernes 22 de febrero inconstitucional la ley sancionada en 2011 que permitía procesar a violadores de los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).

Sobre lo que se esconde tras el fallo del viernes 22 de febrero del máximo tribunal de Uruguay, Aharonian dijo que se observa en estas acciones “cómo las derechas eligen carriles como este, el de las las Cortes Supremas, recordemos algunos fallos de la Corte y de algunas Cámaras en Argentina y en otros países de nuestro continente”. El comunicador Kintto Lucas, exvicecanciller de Ecuador, participó de la marcha frente a la sede de la Corte y dijo: “estamos ante un momento clave para el futuro de la democracia. O la Corte se despolitiza o los otros poderes ya no tendrán razón de ser”. Denunció que la intromisión de ciertos políticos de partidos tradicionales provocó la “partidización de los fallos de esa autoridad judicial”.

El no juzgamiento -y por lo tanto la no indagación en los delitos del terrorismo de Estado- en Uruguay “es un tema muy serio que no solo garantiza la impunidad de los genocidas y torturadores, sino que también es un intento de tratar, por medio de argucias leguleyas, dar marcha atrás en todo paso que gobiernos progresistas de nuestra región tratan de dar hacia adelante” afirmó el periodista. Eduardo Galeano, durante la concentración del lunes 25, dijo que “ésta Suprema Corte de Justicia parece ser muy suprema pero en la injusticia”. Desde Argentina, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini consideró que “este fallo es un retroceso” y que “es importante seguir por el camino de la búsqueda de justicia”.

El gobierno de José “Pepe” Mujica, y el Frente Amplio mismo, convocaron a la marcha del lunes 25 de febrero y muchos de sus dirigentes participaron. Sin embargo, se observa que, si bien el rechazo es pleno, a la vez es solo es declamativo, porque la decisión es acatar el fallo de la Corte. El expresidente Tabaré Vázquez se pronunció en contra del fallo pero afirmo que se debe “respetar y acatar lo que resuelve la Justicia”. “Algunos se acordaron de la Revolución Francesa pero no de que es hora de terminar con la impunidad en Uruguay” agregó Aharonian. Bajo el paraguas de que en la sociedad está impregnado el “Cuidado, no volvamos al enfrentamiento entre uruguayos” y el verso de la “unidad” no se ha sorteado la impunidad. Pero si esa unidad “si significa que no haya justicia ni reparación”, dijo Aharonian, “no sirve”.

El cantautor Daniel Viglietti también estuvo en la convocatoria junto a los organismos de derechos humanos uruguayos y aseguró que esta Corte lo que busca es “impedir todo intento de que sean juzgados los que han torturado, asesinado, desaparecido y secuestrado”. Además resaltó que se juega la impunidad de “los responsables de todas las ignominias que se saben” pero que “hay muchas que ni siquiera se conocen. Hay que investigar, hay que seguir. Si, por un lado, se ha estado excavando la tierra para encontrar cuerpos, hay que seguir excavando la sociedad para encontrar a los responsables de todo eso”.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, admitió estar “sorprendida y preocupada por este fallo de la Suprema Corte” y agregó: “me preocupa seriamente que estos hechos puedan restablecer las sombras de la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la justicia, para el pleno cumplimiento de sus obligaciones derivadas del derecho internacional”

Por su parte, el escritor uruguayo Jorge Majfud escribió momentos después de que se conociera el fallo: “Es curioso que el principal argumento de la Suprema Corte de Justicia para declarar inconstitucional una ley -que debía enmendar otra ley dictada en 1986- consistió en que una ‘ley penal no puede aplicarse retroactivamente’”. Y se preguntó: “¿cómo es posible que en algunos casos una ley se pueda aplicar retrospectivamente? ¿Qué es una ley de indulto sino la aplicación retroactiva de nuevas reglas sobre delitos que fueron cometidos contra las leyes del momento? ¿O el secuestro, la tortura y el asesinato habían sido legalizados formalmente por la dictadura o por el régimen anterior?”

Elena Zaffaroni, integrante de Madres y familiares uruguayos Detenidos Desaparecidos, resaltó en conversación con Radio Nacional de Argentina los procesos de memoria, verdad y justicia en este como contracara de lo que sucede con la vigencia de la ley de caducidad: “la lucha en Argentina ha sido de un impulso enorme para poder avanzar en Uruguay”.

Pocos días atrás, la jueza Mariana Mota, que se dispuso a investigar en profundidad los delitos del terrorismo de Estado en Uruguay -tenía activos 50 casos de violaciones a los derechos humanos- fue separada de su cargo justamente por la Suprema Corte.

Alberto Silva, periodista de Radio Nacional Uruguay comentó en la radio pública argentina que esta misma Corte ya acarrea fallos contrarios a un espíritu popular y es probable que en las siguientes semanas aproveche este envión y actúe de manera negativa sobre otras medidas de gobierno como los impuestos a las tierras improductivas, la extranjerización, la patente única en el país tema que está en manos de esta Corte.

Máximo tribunal que está presidido actualmente por Jorge Ruibal Pino quien fuera fiscal durante la última dictadura cívico militar uruguaya, y ascendido a Juez durante el mismo gobierno de facto. A su vez, la Corte designa sus miembros de manera automática -el juez de mayor edad que se desempeñe en la Cámara de Apelaciones- si el Congreso Nacional no resuelve en menos de 90 días desde que se produce una vacante, elección que requiere de mayorías muy especiales.