Hace doce años la derecha le dijo «No» a la Constitución Bolivariana

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NAZARETH BALBÁS | Se negaban al reconocimiento de los pueblos indígenas y su legado cultural, consideraban que el nombre de República Bolivariana de Venezuela era sólo un «capricho» presidencial, se oponían a la conformación del Poder Ciudadano y hasta patearon la mesa cuando se planteó dar rango constitucional al situado. Esa fue la posición de la derecha ante la Constitución de 1999.

Nazareth Balbás – AVN

Hace exactamente 12 años, voceros como Henrique Capriles Radonski, Enrique Mendoza, Henrique Salas Römer, Leopoldo López y Oswaldo Álvarez Paz fueron los principales promotores de la campaña en contra del texto constitucional, que abrogaría la Carta Magna de 1961 y daría paso a uno de los instrumentos jurídicos de vanguardia mundial en materia de Derechos Humanos, participación popular y democracia.

Sin embargo, el 15 de diciembre de 1999, el pueblo dijo «Sí» a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y detrás de la oferta del «No», quedó un legado de argumentos que permanecen intactos en los diarios de la época aunque hayan sido desterrados del discurso político que esgrimen hoy quienes fueron sus principales atacantes.

Entre fiestas y cacerolazos

Los días previos a la consulta popular en la que los venezolanos responderían afirmativa o negativamente a la pregunta «¿Aprueba usted el proyecto de Constitución elaborado por la Asamblea Nacional Constituyente?», los sectores políticos de la Cuarta República promovieron cacerolazos y manifestaciones, especialmente en Caracas, para invitar a votar por el «No».

En la capital, las protestas en contra del proyecto de Carta Magna se escuchaban apenas en el este, donde viven los sectores más pudientes de la sociedad, tal como lo reflejan las crónicas de el diario El Nacional, del 9 de diciembre de 1999: «El Cafetal fue la urbanización que concentró la mayor fuerza de la protesta e insurgió anoche como un bastión del ‘No».

En contraste, ese mismo día en las zonas populares como el 23 de Enero y el centro de Caracas sonó un cohetazo en favor de la nueva Constitución y «partidarios del ‘Sí’ montaron una rumba, repartieron calcomanías y con spray marcaban el parabrisas de cuanto vehículo pasaba por el lugar». El rotativo nacional destaca que la alegría de los cohetes debilitó el «ruido de las cacerolas».

Pero más allá de la medición de fuerza en las calles, la confrontación de las dos visiones de la democracia se batió en el fuero mediático, donde desfilaron adversarios de la Constitución hoy vigente en el país. Serían las mismas caras que dos años más tarde derogarían la Carta Magna tras un golpe de Estado que fue derrotado en menos de tres días por el pueblo.

Dictadura constitucional

Los ataques fueron furibundos. El adjetivo más común fue que el nuevo texto consolidaría una «dictadura constitucional» en la que habría «tres tipos de ciudadanos: los civiles, los militares y los indígenas», en palabras de Capriles Radonski, hoy precandidato presidencial de la derecha.

Según Radonski, quien ese entonces se desempeñaba como presidente de la Cámara de Diputados del antiguo Congreso Nacional, la Constitución Bolivariana tenía «aspectos inviables» que afectaban «el normal desarrollo del país».

Para el actual gobernador de Miranda, el articulado de la Carta Magna le daba capacidad «a los indígenas para crear naciones aparte en sus territorios ocupados, mientras que los civiles tienen un compendio de derechos que son un simple saludo a la bandera, ya que su ejecución es inviable».

El inédito reconocimiento a las poblaciones indígenas, consagrado en el artículo 119, fue uno de los «argumentos» utilizados por la oposición para iniciar la campaña de la supuesta entrega «del 50% del territorio nacional a 2% de la población», expresión que sonaba constantemente en boca de Jorge Olavarría y Gerado Blyde.

Algunas de las propagandas que se multiplicaban en los medios impresos, rezaban: «Venezolano defiende tu territorio, dile NO al artículo 119 de la Constitución» o «Los indígenas no son ni más ni menos pueblo que tú. Votemos todos por el NO».

Entretanto, organizaciones conservadoras como Primero Justicia, cuyas caras visibles eran Leopoldo López y Julio Borges, realizaron movilizaciones de poca concurrencia para decir que el texto redactado por la Asamblea Nacional Constituyente era «un zapato muy apretado con el cual Venezuela no podrá caminar».

Cinco días antes de la consulta, Borges declaró al diario Últimas Noticias que «primero le fue entregada una copia del texto y una explicación del contenido (de la Constitución) a Fidel Castro que a cualquier ciudadano venezolano».

La satanización de las relaciones con Cuba y la supuesta imposición de un modelo dictatorial en el país también fue bandera constante para gobernadores, alcaldes y concejales opositores, quienes aseguraban que de ganar el «Sí» se eliminaría «el poder democrático con todas las libertades, de las cuales gozaba la población venezolana hasta el 15 de diciembre», según reseña una nota de Últimas Noticias.

El perdedor de las elecciones de 1998 contra Chávez, el conservador Henrique Salas Römer mantuvo su postura en favor del «NO» y vaticinó que de ganar el SÍ, «el general Hambre» se encargaría de derrocar al mandatario nacional.

Iglesia y «sociedad civil» al ataque

Además de los partidos políticos, representantes de la llamada «sociedad civil» y de la Iglesia Católica ocuparon varias columnas de los diarios para denunciar que la nueva Carta Magna presuntamente atentaba contra la educación privada y la libertad de expresión, perpetuaba la violencia y manipulaba la participación popular.

El domingo 12 de diciembre en el diario Últimas Noticias, la secretaria general de la Federación de Asociaciones de Vecinos del Estado Zulia, Ángela Pirela, aseguró que la participación ciudadana se vería «frustrada» con la nueva Constitución porque iba a ser sustituida por el Poder Moral: «Aquí lo que está planteado es que salgamos de quienes estuvieron en los últimos años en el poder para cambiarlos por otros iguales o peores».

Ese mismo día, la presidenta de la Cámara Venezolana de la Educación Privada, Blanca de Azpúrua, rechazó de plano la consagración del Estado docente porque consideraba que limitaba «el derecho que tiene la familia para escoger la educación de sus hijos».

Por su parte, la ex presidenta de la Cámara de la Radiodifusión, Marietta Hernández -al igual que la organización «Promotores por el NO» y algunos miembros del Colegio Nacional de Periodistas-, se manifestaba contra el nuevo texto constitucional porque afirmada que al introducir el término de información veraz «sin lugar a duda se abren las puertas a muchos mecanismos de control».

La cúpula de la Iglesia Católica también estuvo de lleno en la diatriba política. Días previos a la consulta, el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), Baltazar Porras, protagonizó una disputa con el presidente Chávez y, aunque no se manifestó abiertamente en favor de la opción opositora, aseguró que era «preocupante que en los sondeos de opinión la inmensa mayoría dice que tiene una noticia muy vaga de la Constitución».

Porras decía que veía a Chávez solo en su iniciativa «como Súperman o El Zorro, porque es el único que está llevando todo; y quienes están detrás de él, quienes lo siguen, parece que no son deliberantes, sino obedientes».

Tampoco faltaron las «misas por el NO», oficiadas por el obispo Trino Valera, y propiciadas por empresarios, ex directivos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y diputados opositores, con el propósito «advertir» a los venezolanos sobre «la serie de peligros que amenazan al régimen de libertades contenido en el proyecto de la Constitución».

Fedecámaras dice «NO»

«Nuestro pecado fue decir que no a la nueva Constitución», confiesa Fedecámaras, según un titular publicado un día antes del referéndum.

El presidente de esa cúpula empresarial, Vicente Brito, reafirmó que su posición era en contra del proyecto de Carta Magna pero –quizás ante las encuestas que auguraban una victoria del «Sí»– aseguraban que con cualquier resultado seguirían «estando presentes como institución en la vida nacional».

Fedecámaras dijo que respetaría los resultados del referéndum aunque consideraba que el nuevo texto tenía «un sesgo intervencionista» y reservaba al Estado «funciones cuya implementación no es viable». La postura de esa cúpula empresarial fue apoyada por la Cámara Cámara Venezolano Americana de Comercio e Industria (Venamcham).

El presidente saliente de Venamcham, Jorge Redmond, fustigó el proyecto de Carta Magna y aseveró que el artículo 301 –en el que se establece que las inversiones extranjeras están sujetas a las mismas condiciones de las nacionales– hacía «virtualmente imposible que Venezuela pueda celebrar tratados de promociones con otros países a futuro, entre ellos los principales socios económicos: Estados Unidos, Japón y Francia».

Las posiciones de los poderes económicos del país fue además avalada en el ámbito internacional. Semanas antes de la consulta, las bancas de inversión y calificadoras de riesgo se apresuraron a tildar el proyecto de Constitución de ser perpetuador «del viejo y poco exitoso modelo latinoamericano».

Uno de los más acérrimos atacantes fue justamente Lehman Brothers, uno de los principales responsables de la crisis económica mundial que se desató en 2008. Según esa institución financiera, declarada en quiebra hace tres años, el riesgo país de Venezuela se había incrementado en 13,7% aunque la nación, en el primer año del Gobierno de Chávez, había logrado incrementar a más del doble los precios del petróleo.

Pese a la arremetida de los sectores más conservadores del país, el 15 de diciembre de 1999, con el voto de más del 70% de los venezolanos, fue aprobada la Constitución Boliviariana, que se mantiene vigente hasta hoy y que cuenta con una enmienda, también sometida a referéndum en 2009.

Sin embargo, en sus doce años de existencia, hay un episodio sombrío que involucra a los mismos factores políticos que se negaron a su aprobación. El 11 de abril de 2002, un golpe de Estado propiciado por Fedecámaras, miembros de la oposición y avalada por la Iglesia, derogó de un plumazo el texto Constitucional e instauró la dictadura de Pedro Carmona Estanga, régimen vencido en menos de 48 horas por la movilización popular que devolvió a Chávez a Miraflores.

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