González Guyer: Poco se ha hecho para encuadrar a los militares en la sociedad democrática uruguaya

Eduardo Aparicio-Periódico Claridad|

Julián González Guyer, es doctor en Ciencias Políticas, de los poco en Uruguay que se han dedicado a estudiar la temática de la defensa nacional y, en consecuencia,  a las fuerzas armadas, puntos convergentes en las últimas semanas de la preocupación e interés de amplios sectores.

González Guyer tiene el hablar reposado del académico  pero no ha perdido el pulso de sus años de militancia juvenil y, en especial no elude las respuestas en temas ríspidos que los acontecimientos han sacado a luz en los últimos meses, por ejemplo: la remoción de altos mandos militares, en particular del Ejército, por decisión del presidente de la República.

– ¿Cuánto tiene que ver la política militar del FA desplegada desde 2005 con la crisis que se vivió en febrero-marzo?   

-Más allá de algunas novedades, pocas,  que el Frente Amplio introdujo en la política de relacionamiento con las fuerzas armadas, en mi opinión no correspondería enfatizar el tratamiento del tema exclusivamente sobre el FA, porque a lo que asistimos es a un proceso de relacionamiento entre gobierno y FF.AA que arranca a la salida de la dictadura. Diría más, hay  una continuidad con lo que ocurrió en el siglo XX hasta la dictadura y desde la salida de ésta hasta nuestros días. El Frente Amplio realizó un amago de intentar modificar ciertas cosas, sin lograr mayores concreciones. Las FF.AA que no fueron transformadas a la salida de la dictadura, tampoco sufrieron cambios en los años posteriores con los gobiernos del Partido Colorado y del Partido Nacional, y durante los 15 años de gobierno frenteamplista mantuvieron sus rasgos fundamentales.

Esto quiere decir que las FF.AA que sufrieron un proceso profundo de homogeneización durante la dictadura, no vivieron una depuración consecuente y de desasimilación de la Doctrina de la Seguridad Nacional, de modo que se puede afirmar que después de la dictadura no sufrieron modificaciones de fondo por iniciativa de los  gobiernos; claro está que la sociedad ha evolucionado y hay un fenómeno de “ósmosis”, que lleva a alterar algunas cosas. Pero se trata de una institución muy especial, muy cerrada, que funciona en forma bastante autónoma, que tiene sus propios códigos y sus principios y que de no mediar una acción voluntaria, firme por parte de los sucesivos gobiernos, la institución tiende a reproducirse.

–¿Puede a afirmarse que el FA tiene una política militar y que  cumplió con ella?

– Es difícil afirmar que  tiene una política militar más allá de los grandes principios y definiciones como la sujeción de éstas al poder civil. Las acciones y las  políticas estuvieron muy determinadas por la impronta de cada uno de los ministros y las coyunturas en las que les tocó actuar. A través del análisis de estos 15 años, y a partir de la práctica desarrollada se puede inferir la existencia de una cierta política, pero de vuelta asistimos a amagos que no se concretaron y al no haber concreciones realmente significativas es difícil establecer la existencia de esa política.

-¿Esos amagos quedan muy lejos de las concepciones políticas y militares del  general Víctor Licandro?

– Quedan muy cortos. El general Licandro tenía la percepción, por su conocimiento profundo de lo militar, de la necesidad de cambiar radicalmente  muchas cosas. Las prácticas políticas del FA en relación a los principios del general Licandro, quedaron cortas.

– ¿Institucionalmente las FF.AA  aceptaron total o parcialmente sus responsabilidades en el terrorismo de Estado?

– Han existido expresiones distintas a lo largo del tiempo. Desde la célebre frase del general Medina, de la “pérdida de los puntos de referencia”, una afirmación muy elíptica, distintos comandantes hicieron sus declaraciones. Un momento importante lo constituye cuando realizan la entrega del informe sobre los desaparecidos, solicitado por el  presidente Vázquez cuando asume su primer gobierno.

Es bueno repasar ese documento en el que se acepta que hubo muertos y que pasaron cosas que no debieron haber ocurrido; las referencias son: “fue muerto”, “murió”, “falleció”, hay una constatación de hechos que son innegables, pero no hay una valoración de esos gravísimos hechos, que es lo que sería  lo más importante. Que los 192 casos de detenidos desaparecidos no cabe ninguna duda, puede haber duda sobre dónde y en qué circunstancias se produjeron esas desapariciones. Lo esencial es levantar toda la opacidad que rodea a este proceso.

Durante mucho tiempo se pensó que las desapariciones en Uruguay habían sido pocas, pero después se comprobó que muchos secuestrados en Argentina fueron desaparecidos/ ejecutados en  Uruguay. Lo que falta es una valoración institucional profunda, no se puede desconocer que el reconocimiento de que si existieron fue un gran paso frente a la negación; incluso presidentes de la republica lo negaron. Ahora lo que falta es ese otro paso, un reconocimiento categórico, sin ambigüedades, que permitiría a las nuevas generaciones de oficiales comenzar a ver las cosas de otra manera.

– ¿Qué otras cosas, en clave democrática, debe pedirle la sociedad uruguaya a las FF.AA para que quede definitivamente establecida su responsabilidad en el terrorismo de Estado?

-Son los gobiernos democráticos los que deben exigir ese cambio de postura e imponerlo a las FF.AA, porque es así que funcionan éstas;  es necesario que un gobierno democrático establezca cuál es la posición del Estado uruguayo, que establezca las directiva y las haga cumplir sobre el relato y la versión que se les da a los  jóvenes oficiales militares y a las fuerzas en general, la verdad de lo que ocurrió en la dictadura y de cuáles son la responsabilidades que le tocan a la institución militar.

-¿Cuál es la importancia de la formación, la enseñanza, la educación los militares frente a estos temas?

– Es de importancia central. En una Escuela Militar el conocimiento se trasmite y el cadete lo tiene que aceptar como parte de la disciplina militar, esto es discutible como método pedagógico y valdría la pena ver hasta qué punto y en qué aspecto este encare pedagógico debe existir. Y analizar también si no corresponde que algunos aspectos de dicha formación se rijan por otros principios y se lleven a cabo en otros ámbitos no militares.

-¿Se trabaja, hay avances en materia de reformulación de estos aspectos o no ha pasado ni pasa nada relevante?

– Yo no diría que nada se avanzó, más allá de algunas cosas cosméticas que se hicieron, porque en última instancia todo termina en temas presupuestales. No se trata que se gaste poco en lo militar, estamos en los promedios de los países de la región; el problema es cómo se distribuye, si pasa como en el Ejército en el que el 80% es para salarios, queda muy poco para otras cosas, incluida la formación-educación.

Yo integro, por la Universidad de la República, la Comisión que trabajó en el borrador de la Reglamentación de la Educación Militar y Policial, y  ante el requerimiento de las FFAA para que se reconozca nivel universitario en la formación de los oficiales, desde la UDELAR se responde que eso es posible si se respetan criterios, estándares y lineamientos del quehacer universitario. Pero para eso hay que tener buenos docentes, calificados.

Hoy, la formación se hace con militares y unos pocos civiles en los que se invierte muy poco ya que las remuneraciones son mínimas, no se puede tener una formación sin dedicaciones adecuadas y salarios acordes; en el presente no hay previsiones presupuestas para lo que venimos hablando, entonces habría que comenzar por redistribuir los recursos, dando directivas claras e inequívocas  en esta materia. Hasta ahora, las FF.AA han preferido continuar con su inercia y seguir haciendo lo que han hecho toda la vida.

-¿Con esto, el impulso de nuevos paradigmas en la noción de la Defensa Nacional quedó trunco?

– La ley marco establece una serie de definiciones generales, que son avances importantes, se plantea por ejemplo que el Ministerio de Defensa tenga una  específica Ley Orgánica. Lo cual quiere decir establecer una carrera funcional, con la existencia de escalafones civiles, pero todo eso implica dinero.

El ministerio debería contar con un equipo civil, integrado por abogados, sociólogos, economistas, contadores, especializados y versados en la temática de la defensa, para que el Ministro no sólo disponga del asesoramiento y opinión de los comandantes de las tres armas y del Estado Mayor de la Defensa, que son  instancias militares que tienen sus propios intereses, y que van a procurar defenderlos, en contrapartida debe contar con otra visión y perspectiva. También incluye la reformas de las Leyes Orgánicas, el otro tema que pesa es el de la reforma del Servicio de Retiros y Pensiones Militares que no es un gasto estrictamente militar, pero que integra la globalidad del gasto del inciso, y que es un monto muy considerable. En estos temas complicados, no avanzar es ir para atrás.

-¿No desplegar en toda su potencialidad esta concepción de la Defensa, que no es exclusivamente militar, facilita que siga instalada la doctrina de la Seguridad Nacional?

– Cuando el ex Comandante Manini habla que la justicia civil actuó como la justicia del enemigo frente a los militares, o cuando dice que parte de la sociedad está en contra de los militares, está repitiendo los elementos centrales de la concepción de la doctrina de la seguridad nacional, basada en  la idea de que las FFAA tutelan a la sociedad a partir de valores y prerrogativas que se auto atribuyen, considerándose un estamento que se ubica por encima de todo y con prerrogativas que la ley no les confiere.

– ¿Se puede considerar que las FF.AA están  hoy plenamente sujetas al mando político y que estas u otras medidas de depuración que se adopten, no tendrían consecuencia sobre la estabilidad institucional?

– Las FF.AA están subordinadas, cualquier militar sabe que no hay margen para romper el orden institucional, tanto a nivel nacional como internacional; lo que si hay es una resistencia burocrática, sorda que se expresa a través de pequeñas o grandes cosas, que a veces bordean  la insubordinación. El Informe que Manini adjunta a los fallos de los Tribunales de Honor elevados al Poder Ejecutivo, acercó a la insubordinación, las afirmaciones que realizó son muy graves.

– ¿Las medidas adoptadas recientemente dejaron en claro que es posible adoptar decisiones donde se imponga la voluntad política frente al reflejo corporativo?

-¡Cómo no van a ser posibles!. En el 2005 Tabaré Vázquez relevó a  un comandante en Jefe También hay antecedentes de medidas no tan drásticas que fueron adoptadas y acatadas como corresponde..

– ¿Entiende que el pase del retiro obligatorio requiere venia del Senado?

– El tema es interesante, como lo es la posición adoptada por el Partido Nacional, cuando un mira la historia se ve que no hay antecedentes de generales pasados a retiro, el llegar al grado de general le aseguraba al oficial  la permanencia en la situación de activo si así lo deseaba hasta alcanzar el fin del periodo reglamentario, los antecedentes eran que ante la pérdida de confianza del mando político el oficial quedaba sin destino.

La resolución de estas situaciones explica la aprobación de la norma en cuestión para superar la falta de instrumentos precisos, entiendo que hay una coherencia con el hecho que para la designación se necesita la venia.  Llama la atención que estando la ley vigente desde hace algunos años, nadie la haya cuestionado y que ahora cuando se intenta aplicarla para superar una situación delicada, aparezcan las oposiciones y los disensos al respecto.

Estamos frente a  una señal del Partido Nacional que busca concitar  simpatías militares, adoptando una actitud que linda con la deslealtad institucional frente a hechos ante los cuales lo que cabía esperar era una respuesta de respaldo a la institucionalidad. Esto muestra que las reformas en el ámbito militar, para poder implementarse, requieren contar con mayorías amplias del sistema político, porque si los militares encuentran respaldo político para  sus posiciones, los cambios se ven comprometidos.

– ¿Y cómo resultó el pasaje para alguien que tuvo una larga trayectoria militante  a la vida académica?

– “Lo pude hacer bien”, responde  complacido, “el académico no vive en una caja de cristal, a un académico no se le puede escapar que su pensamiento no es neutro, ni inocente ideológica y políticamente.  Se trata de poder discriminar, hay que poner la búsqueda de la verdad por encima de las inclinaciones políticas que uno tenga”.