Gobierno de EEUU obtiene registros telefónicos de reporteros y editores de AP
MARK SHERMAN| El presidente y jefe ejecutivo de la agencia de noticias , Gary Pruitt, escribió una carta de protesta al procurador general estadunidense, Eric Holder (en imagen), por la obtención de registros telefónicos de personal de la agencia y le solicitó, entre otras cosas, la destrucción de todas las copias
Associated Press
El Departamento de Justicia obtuvo en secreto dos meses de registros telefónicos de reporteros y editores de The Associated Press, en lo que el jefe ejecutivo de la cooperativa de noticias llamó “una intrusión en masa y sin precedente” en la forma en que las organizaciones noticiosas recaban información.
Los registros obtenidos por el Departamento de Justicia enlistan llamadas de salida a los números personales y oficiales de reporteros individuales; a números de oficinas de Ap en Nueva York, Washington y Hartford, Connecticut, y al número principal de Ap en la galería de prensa de la Cámara de Representantes, según abogados de la agencia. No está claro si también incluyen llamadas entrantes o la duración de las mismas.
En total, el gobierno se apropió de registros de más de 20 líneas telefónicas separadas, asignadas a Ap y sus periodistas en abril y mayo de 2012. No se conoce el número exacto de periodistas que usaron las líneas en ese lapso, pero más de 100 trabajan en las oficinas cuyos registros telefónicos fueron capturados, en una amplia variedad de noticias acerca del gobierno y otros asuntos.
En una carta de protesta enviada este lunes al procurador general estadunidense, Eric Holder, el presidente y jefe ejecutivo de Ap, Gary Pruitt, señaló que el gobierno buscó y obtuvo información mucho más allá de cualquier asunto que pudiera tener justificación para una investigación específica. Exigió la devolución de los registros telefónicos y la destrucción de todas las copias.
“Injustificable”: directivo
“No pude haber justificación posible para semejante colección de llamadas telefónicas de The Associated Press y sus reporteros. Estas grabaciones potencialmente revelan comunicaciones con fuentes confidenciales a lo largo de todas las actividades emprendidas por Ap para obtener noticias durante un periodo de dos meses, proporcionan un mapa de ruta de las operaciones de recopilación de noticias de Ap y revelan información acerca de las actividades y operaciones de la agencia que el gobierno no tiene ningún derecho concebible de conocer”, sostuvo Pruitt.
El gobierno rehúsa informar por qué buscó esos registros. Anteriormente funcionarios han dicho en testimonios públicos que el procurador estadunidense en el área de Washington lleva a cabo una investigación criminal acerca de quién pudo haber proporcionado información contenida en una nota de Ap del 7 de mayo de 2012, referente a una conjura terrorista frustrada. La nota reveló detalles de una operación de la CIA en Yemen que en la primavera de 2012 detuvo un complot de Al Qaeda que intentaba detonar una bomba en un avión en ruta hacia Estados Unidos.
En un testimonio rendido en febrero, el director de la CIA, John Brennan, aseveró que la FBI lo había interrogado para saber si él fue la fuente de la nota de Ap, lo cual negó. Expresó que la filtración de información a los medios acerca de la conjura terrorista fue una “revelación no autorizada y peligrosa de información clasificada”.
Ya antes fiscales han intentado obtener registros de llamadas telefónicas de reporteros, pero la captura de registros de una red tan amplia de oficinas de Ap, entre ellas números de conmutadores generales y de una línea de fax compartida por toda una oficina, se sale de lo común.
En la carta de notificación a la Ap, que se recibió el viernes pasado, el Departamento de Justicia no ofreció explicación alguna por la captura, según indica la carta de Pruitt y abogados de la agencia. Se presume que las grabaciones se obtuvieron de compañías telefónicas en meses anteriores de este año, aunque la carta del gobierno no lo explica. Ninguna información proporcionada por el gobierno a Ap sugirió que se escucharan las grabaciones en sí mismas.
Entre aquellos cuyos números telefónicos fueron obtenidos figuran cinco reporteros y un editor que participaron en la nota del 7 de mayo de 2012.
El gobierno de Obama ha investigado con energía revelaciones de 
información clasificada a los medios y ha entablado seis demandas contra personas sospechosas de proporcionar información clasificada, más que en los periodos de todos los presidentes previos combinados.
Darrell Issa, representante republicano de California y presidente del comité de supervisión y reforma gubernamental de la Cámara, declaró a CNN: “Tenían obligación de agotar todas las formas de obtener la información, antes que interferir con la libertad de prensa”.
El senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy, presidente del comité judicial del Senado, sostuvo en una declaración por correo electrónico: “La carga siempre está del lado del gobierno cuando busca información privada, en especial información relacionada con la prensa o con sus fuentes confidenciales… En vista de ello, me preocupa que el gobierno no haya asumido esa carga. Estas acusaciones me mortifican mucho y quiero oír la explicación del gobierno”.
La Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) expresó que el uso de requerimientos para una franja tan amplia de registros tiene un efecto escalofriante tanto sobre los periodistas como sobre quienes dentro de las instituciones quieren revelar fechorías del gobierno. “El procurador debe explicar las acciones del Departamento de Justicia al público, para que podamos estar seguros de que estas intimidaciones a la prensa no vuelvan a ocurrir”, manifestó Laura Murphy, directora de la oficina legislativa de la ACLU.
Reglas publicadas por el Departamento de Justicia ordenan que los requerimientos de registros de organizaciones de noticias sean aprobados en persona por el procurador general, pero no se sabe si esto ocurrió en este caso. La carta que notifica a Ap que sus registros telefónicos fueron obtenidos mediante requerimientos fue enviada el viernes pasado por Ronald Machen, procurador de Estados Unidos en el área de Washington.
William Miller, vocero de Machen, dijo este lunes que en general el procurador observa “todas las leyes, reglamentaciones federales y políticas del Departamento de Justicia aplicables al girar requerimientos de registros de noticias de organizaciones mediáticas”. Pero no respondió preguntas acerca de cuestiones específicas de los registros de Ap. “No hacemos comentarios sobre investigaciones criminales en curso”, declaró por correo electrónico.
El Departamento de Justicia tiene reglas estrictas en relación con los esfuerzos por obtener registros telefónicos de organizaciones de noticias. Según esas normas, sólo se puede considerar un requerimiento si se han hecho “todos los intentos razonables” por obtener esa misma información de otras fuentes. No está claro qué otros pasos, en total, pudo haber dado el departamento para obtener información sobre este caso.
Un requerimiento a los medios debe ser “redactado en la forma más restringida posible” y “dirigido a información relevante relativa a un asunto limitado, y debe abarcar un periodo razonablemente restringido”, de acuerdo con las reglas.
La razón de estas restricciones, dice el departamento, es evitar acciones que “pudieran obstruir la función de recabar noticias”, porque el gobierno reconoce que “la libertad de prensa no puede ser más amplia que la libertad de los reporteros de investigar y reportar las noticias”.
Normalmente las organizaciones de noticias son notificadas por anticipado de que el gobierno quiere registros telefónicos, y entran en negociaciones acerca de la información deseada. En este caso, sin embargo, el gobierno citó en su carta a Ap una excepción a esas reglas, según la cual la notificación previa puede obviarse si, en palabras de la excepción, ello pudiera “representar una amenaza sustancial a la integridad de la investigación”.
No se sabe si un juez o un gran jurado firmaron los requerimientos.
La nota de Ap del 7 de mayo de 2012, que reveló detalles de la operación de la CIA en Yemen para detener un complot de plantar una bomba en un avión de línea, ocurrió alrededor del primer aniversario de la muerte de Osama Bin Laden, el 2 de mayo de 2011.
El complot era significativo tanto por su gravedad como porque la Casa Blanca había dicho al público anteriormente que no tenía “información creíble de que organizaciones terroristas, incluida Al Qaeda, maquinaran ataques en Estados Unidos en coincidencia con el aniversario de la muerte de Bin Laden”.
Ap retrasó la divulgación de la nota a solicitud de funcionarios que dijeron que pondría en riesgo la seguridad nacional. Una vez que los funcionarios dijeron que esas inquietudes se habían apaciguado, Ap reveló la conjura, aunque el gobierno continuó pidiendo que se detuviera hasta que pudiera hacer un anuncio oficial.
La nota del 7 de mayo fue escrita por los reporteros Matt Apuzzo y Adam Goldman, con aportaciones de los reporteros Kimberly Dozier, Eileen Sullivan y Alan Fram. Ellos y su editor, Ted Bridis, estuvieron entre los reporteros cuyos registros telefónicos de abril-mayo de 2012 fueron obtenidos por el gobierno.
Brennan presentó un testimonio escrito al Senado acerca de la nota de Ap y de la investigación. “La irresponsable y dañina filtración de información clasificada fue hecha… cuando alguien informó a The Associated Press que el gobierno de Estados Unidos había interceptado un IED (siglas en inglés de dispositivo explosivo improvisado) que supuestamente sería usado en un ataque y que el gobierno tenía ese IED en su poder y lo analizaba”, escribió.
También defendió la decisión de la Casa Blanca de discutir la conjura posteriormente. “Una vez que alguien filtró información sobre la captura del IED y de que éste estaba en nuestro poder, era imperativo informar al pueblo estadunidense, conforme a la política del gobierno, que jamás hubo peligro alguno para el pueblo asociado a esa conjura de Al Qaeda”, declaró Brennan a los senadores.
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