García Linera: Bolivia, Amazonía y poder despótico patrimonial

ÁLVARO GARCÍA LINERA| Como en todo proceso revolucionario, el Estado no sólo condensa la nueva correlación de fuerzas político-económica de la sociedad emergente de las luchas sociales exitosas, sino que además, como está sucediendo en la amazonía, deviene en sujeto material y cultural que ayuda a promover movilizaciones sociales que transformen las estructuras de dominación aún presentes en determinadas regiones y esferas de la sociedad.
Vista geográficamente, la tercera parte de Bolivia es amazónica, y es con mucho la región más aislada del país. Una parte de nuestra amazonía se la perdió en guerras frente al Brasil, 187.830 km2  en 1903, y con el Perú 250.000 km2 en 1909. En la amazonía viven el mayor número de naciones indígenas de Bolivia, aunque con una baja densidad demográfica. Si tomamos el último Censo de Población y Vivienda, menos del 4% del total de la población indígena boliviana vive en tierras bajas y en especial en la amazonía.

Herederas de grandes culturas hidráulicas, las naciones indígenas de la amazonía fueron objeto de una intensa persecución y extinción por parte de la dominación colonial española y luego republicana. Una parte de la población fue objeto de las reducciones jesuíticas, y hoy viven dispersas en la extensa geografía amazónica.

El Estado patrimonial: tierras y poder familiar. Si bien el nomadismo ha permitido la preservación de sistemas de producción y autoridad autónomos, no ha podido impedir la consolidación del poder territorial de hacendados, ganaderos y empresas privadas extractivistas que a lo largo de los años se ha ido asentando en la amazonía como poder real de la región. De esta manera, a través de la tenencia de ganado, la extracción de la goma, la quina, ahora la castaña, la piel de lagarto o la sola posesión de tierras, latifundistas y empresarios han consolidado en los últimos 150 años una estructura de poder territorial señorial y patrimonial sobre todos los habitantes urbanos o rurales de la región.

En la amazonía, hasta hace poco, el patrón o hacendado era dueño de todo lo que se movía alrededor de su vista. Mediante la violencia de grupos de choque hacendal ha ocupado tierras e impuesto su ley sobre peones, indígenas y campesinos pobres de los alrededores. En la medida en que el poder se ha estructurado en torno a la tierra y su ocupación violenta, una lógica patronal conservadora es la que impera en la región amazónica. Y en la medida en que hacendados, madereros, terratenientes e intermediarios articularon un pacto con los gobernantes para ejercer ellos, a través de sus redes familiares y locales, la poca presencia estatal en la zona, entonces  tierras, recursos estatales e impunidad han devenido en medios de la patrimonializacion del Estado en la región amazónica. De esta manera, el Estado se presentaba como una extensión de las influencias familiares de una pequeña elite hacendal, ganadera y maderera, a la vez que esta misma elite legitimaba e imponía con la propia violencia estatal su propiedad patronal sobre la población.

Este poder hacendal-patrimonial de la amazonía ha sido la forma de dominación regional más conservadora y reaccionaria que existe en todo el país. En cierta forma, en la figura del señor de la tierra se encerraba la personificación de los poderes más despóticos existentes; no sólo era el dueño de la tierra, era también el contratante de trabajadores, el comprador de madera de bosque, el proveedor de bienes de mercado a las poblaciones alejadas, el influyente político que monopolizaba familiarmente los cargos públicos y, por tanto, el proveedor de tierras fiscales, de favores públicos frente a una población desprovista de todo: de tierras, de propiedad, de autoridad pública y de Estado.

Por ello, no es raro que el señor de la tierra sea también el eje de la ritualidad popular local; para celebrar fiestas, para casarse o hacer estudiar a los hijos. Toda la trama de poder estatal patrimonial convergía en la figura del hacendado y su mando omnipresente. Y si bien la dispersa organización indígena mantuvo su autonomía local a nivel de corregimientos, cabildos, centrales y subcentrales, no logró convertirse en fuerza dirigente a nivel local o regional, ni mucho menos disputar la autoridad y mando a la estructura hacendal-patrimonial.

De hecho, ante el constante avasallamiento hacendal-empresarial, las comunidades indígenas, para poder preservar parte de la ocupación territorial, tuvieron que acoplarse de manera subordinada y vertical a la estructura de poder patrimonial dominante, al igual que las otras clases populares. De ahí que el propio discurso de legitimación e identificación regional haya sido, hasta hace poco, el que se emitía desde el núcleo de poder patronal regional.

Una modificación parcial de esta situación de dominación despótica hacendal la han producido las organizaciones no gubernamentales (ONG) desde los años 80, y lograron  crear una relación clientelar con la dirigencia indígena, aunque promoviendo niveles de organización interregional, como las regionales indígenas o la propia Confederación de Indígenas de Bolivia (Cidob). En la medida que estos niveles de organización funcionan exclusivamente con financiamiento externo de ONG, que solventan los salarios de los dirigentes, tienden a perder contacto con las bases indígenas amazónicas, y, en realidad, en parte son ONG que reproducen mecanismos de cooptación clientelar y subordinación ideológica y política hacia las agencias de financiamiento, la mayoría de ellas europeas y estadounidenses, como Usaid.

En la medida en que algunas ONG han sido el vehículo de la introducción de un tipo de ambientalismo colonial que relega a los pueblos indígenas al papel de cuidadores del bosque amazónico, considerado propiedad extraterritorial de gobiernos y empresas extranjeras, esas ONG han ido creando de facto una nueva relación de privatización y extranjerización de las tierras comunitarias (TCO), en las que el mismo Estado ha perdido tuición y control. De esta forma, ya sea por medio de la dominación fuerte del despotismo hacendal, o por la dominación suave de las ONG, las naciones indígenas amazónicas, económicamente, no tienen el control soberano sobre sus territorios ni una plena independencia política.

En la amazonía no son los pueblos indígenas los que tienen el poder territorial, como sucedió desde años atrás en zonas de tierras altas y valles, en los que los sindicatos agrarios y comunidades desempeñaron el papel de micro-estados indígenas con presencia territorial, y en realidad han sido la base material previa de la construcción del actual Estado Plurinacional. En la amazonía, las cosas han transcurrido de manera muy distinta. El orden despótico hacendal es predominante y ni las organizaciones indígenas, ni las campesinas ni las organizaciones obreras de reciente creación, lograron crear un contrapoder organizativo ni discursivo que resquebraje este sistema hacendal-patrimonial.

Del Estado patrimonial al Estado plurinacional. El punto de quiebre de este ultra-conservador sistema de poder regional amazónico ha venido desde el año 2006. Al ser desplazadas las antiguas clases dominantes del control estatal nacional por los movimientos sociales indígena-campesino populares, el sistema patrimonial sufrió una herida de muerte. Se rompió la alianza entre tenencia hacendal de la tierra y poder político, base material del despotismo patrimonial amazónico, creándose una suerte de “dualidad de poderes” regional: por una parte las clases hacendal-empresarial, por otra la nueva estructura gubernamental con poder de decisión sobre recursos económicos y tierras.

Desde entonces una creciente pugna y lucha social se ha desatado en todas las tierras bajas. El Estado revolucionario ha detenido la otorgación de tierras a las clases hacendales. Ha revertido tierras a latifundistas y una buena parte las ha entregado en propiedad a las comunidades y naciones indígenas. Si entre 1996 hasta el 2005 se entregaron cuatro millones de hectáreas a los pueblos indígenas de tierras bajas, entre 2006 y 2011 se entregó 7,8 millones de hectáreas, trastocando radicalmente la estructura de propiedad de la región amazónica. Sin embargo, esta modificación de las relaciones de propiedad sobre la tierra no ha sido suficiente para desmontar el poder despótico hacendal. En la medida en que los pueblos indígenas no han incursionado en  procesos de transformación de la materia prima que existe en los nuevos y grandes territorios indígenas, entonces la madera, los lagartos, la castaña o los productos de pesca siguen siendo comprados por los madereros o empresarios-hacendados a precios irrisorios y bajo las mismas modalidades de “enganche” o “adeudo” que renuevan la dependencia económica y social tradicional. Lo mismo pasa con la provisión creciente de otros medios de existencia (azúcar, sal, harina, vestimenta, herramientas de acero, gasolina, etc.), que los provee el enganchador, el hacendado, el empresario o el comerciante que al tener el monopolio del traslado de esos productos los entrega a los indígenas a cinco o diez veces por encima del precio de mercado.

En corto tiempo, gran parte de las millones de hectáreas de TCO están quedando nuevamente articuladas a los mecanismos de dominación señorial y patronal de empresarios-hacendados que utilizan a dirigentes como intermediarios de la depredación y la dependencia económica de las comunidades.

Las denuncias sobre la participación en negociados de madera dentro y fuera del TIPNIS por parte de los actuales dirigentes de la marcha indígena son apenas la punta de un iceberg de colusión de una parte de la dirigencia indígena con los restos del poder hacendal-empresarial amazónico.

De ahí que el Gobierno revolucionario, a la par de la modificación de la estructura de tenencia de tierra que disocia la rutina de la hacienda de la acción del Estado, ha impulsado que las instituciones estatales de Gobierno actúen autónomamente respecto del bloque dominante regional, facilitando recursos a los municipios, créditos a los campesinos, fondos de inversión productiva para los pueblos indígenas, empresas de acopio que regulan los precios anteriormente monopolizados por los patrones locales, entrega de medios de transporte fluvial para pueblos ribereños, construcción de caminos públicos (anteriormente de propiedad de hacendados), etc. En la medida que el Estado, en estos cinco años, ha triplicado sus gastos de inversión y gasto social, su presencia es ahora bajo la forma de derechos y redistribución de la riqueza allí donde antes lo poco que el pueblo recibía era gracias a la “dádiva” del patrón-político, la iglesia o la ONG.

El Estado se ha autonomizado de las clases patronales y ello ha iniciado un proceso de derrumbe del viejo orden patronal conservador de la amazonía. Una intensa lucha de clases ha comenzado a desplegarse reconfigurando el nuevo ordenamiento regional de poder. La presencia de un Estado desprendido de las clases propietarias de la tierra, materializado como derechos sociales y en función redistributiva de la expansiva riqueza común ha dado un golpe de muerte a la estructura hacendal-patrimonial amazónica. En cierta medida se puede hablar que desde el año 2006, con el gobierno de los movimientos sociales y el presidente Evo, en la amazonía se ha dado una especie de revolución democrática desde arriba, desde el Estado, que está destrabando el despliegue de las energías vitales de los pueblos y clases sociales populares de una región caracterizada hasta hace poco por ser la más conservadora del país.

Como en todo proceso revolucionario, el Estado no sólo condensa la nueva correlación de fuerzas político-económica de la sociedad emergente de las luchas sociales exitosas, sino que además, como está sucediendo en la amazonía, deviene en sujeto material y cultural que ayuda a promover movilizaciones sociales que transformen las estructuras de dominación aún presentes en determinadas regiones y esferas de la sociedad.

*Vicepresidente de Bolivia, publicado en La Razón