Ex-Fiscal General Isaías Rodríguez: La Sala Constitucional cometió un grave error político

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Isaías Rodríguez ha tenido cargos muy importantes en las últimas dos décadas, desde vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente y vicepresidente de la República hasta embajador en Italia (su responsabilidad actual), pasando por el de Fiscal General de la República. Pero, por encima de la posición que ocupe, este llanero nacido en Valle de la Pascua en 1942 es un polemista.

Desde Roma, en plena Semana Santa, respondió unas cuantas preguntas a este periodista en una entrevista exclusiva para Contrapunto acerca de la situación política actual y el desempeño de su sucesora en la jefatura del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz.

Defensor del derecho que asiste a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de dirimir todas las situaciones en las que esté en duda la letra de la Carta Magna, Rodríguez opina, sin embargo, que dicha sala “cometió un grave error político” con sus sentencias relativas a las funciones de la Asamblea Nacional y al alcance de la inmunidad parlamentaria.

Este enfoque tiene un matiz distinto a la posición que asumió en principio, cuando afirmó que las sentencias de la Sala Constitucional eran controversiales, pero ajustadas a derecho. Al parecer, así como los magistrados revisaron lo que habían decidido y resolvieron presentar unas aclaratorias, el ex fiscal aprovechó la entrevista para hacer lo mismo.

–Su intervención pública, denunciando el golpe de Estado de 2002, fue clave para iniciar la reacción popular y militar. La intervención de la fiscal general actual, sucesora suya, Luisa Ortega Díaz, se le pareció mucho. Algunos opinan que fue una puesta en escena. ¿Usted cómo lo vio?

–No descarto la puesta en escena por parte de la fiscal. En un momento coyuntural donde se ha hecho creer al mundo que este país falleció y que el gobierno está caído, todo puede ocurrir. Pero más allá de la puesta en escena es indudable que la Sala Constitucional sirvió en bandeja de plata la excusa para la puesta en escena. Fue un grave error político de la Sala Constitucional su decisión, independientemente de que estuviera ajustada a derecho.

–¿Cómo es eso?

-No es una contradicción lo que afirmo. La Sala tenía y tiene competencia para dictar la sentencia, había razones para ello y, conforme a la Constitución venezolana, la Sala estaba y está facultada para interpretar la Carta Fundamental aun cuando algunas de sus decisiones no las podamos compartir ni la fiscal ni yo.

–Desde el punto de vista de los resultados que produjo, la declaración de la doctora Ortega Díaz también se parece mucho a la suya. ¿Evitó una crisis peor o desvió el debate?

–Creo que contribuyó a evitar la crisis inoportunamente creada por la sentencia. Más allá del sentido que algunos dirigentes de oposición y otros del gobierno han dado a la declaración de la fiscal, pienso que aportó un disentimiento necesario que la Fiscalía debe ejercer como órgano de control constitucional. Solo que, como la pregunta advierte, desvió el debate. En otros términos, sin puesta en escena, la observación habría sido más constructiva y no habría despertado la cantidad de conjeturas que en uno y otro sentido existen hoy y que en nada ayudan al Ministerio Público como institución.

–Las aclaratorias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia fueron entendidas como un “recule” y la oposición se ha lanzado sobre los magistrados que la integran, para tratar de destituirlos. ¿Hay alguna posibilidad política de que ello ocurra?

–Las aclaratorias de la Sala Constitucional trataron de darle mayor sentido común a la decisión. La facultad de interpretar la Constitución no es ilimitada. No se puede convertir la República en una monarquía, ni siquiera cuando el rey o la reina sea el Poder Judicial. En mi opinión hubo excesos en la sentencia original, poca precisión científica, errores de apreciación al interpretar, algo así como un “exceso de lealtad institucional a todo costo”. Según el jurista italiano fallecido Piero Calamandrei los vicios de derecho cometidos por los jueces son siempre graves. Evidentemente, ello no implicaba ni implica ruptura del hilo constitucional, sino la necesidad de una interposición de aclaratoria por el Ministerio Público, que habría sido lo más sensato y lo más coherente.

–¿El poder de la última palabra que tiene la Sala Constitucional no es una deformación del modelo de equilibrio entre cinco, dado que el Judicial no es uno de los poderes electos por votación popular?

–En el sistema parlamentario, la última palabra la tiene el Parlamento, y en el presidencialista, el Presidente de la República. En mi opinión, el constituyente venezolano, sin proponérselo creó una especie de sistema judicial complementario al sistema de gobierno, con esto de la interpretación de la Constitución por un órgano único. Si este órgano actúa con ponderación, sin esos excesos de lealtad institucional, la norma constitucional es buena para cualquier país de América Latina. Desde Europa vemos cuanto equilibrio y cuanto raciocinio falta a nuestros equipos de Estado y a sus poderes públicos. Observamos cómo la emoción desbordada de nuestros dirigentes no dirige, y como esos sentimientos desmedidos desajustan y no dejan madurar debidamente nuestras instituciones. Necesitamos y vamos a necesitar por mucho tiempo que alguien ponga equilibrio.

–¿Quién debe ponerlo?

–En toda democracia el equilibrio debe ponerlo el pueblo, la mayoría popular, pero por falta de madurez de los dirigentes y de las instituciones, no es así. Hay por dentro de cada uno de nosotros un “yo” desesperado, impaciente, que no espera y que tiene un afán inimaginable de protagonizar. No es posible convocar un referendo o al poder constituyente para ventilar el equilibrio a cada instante. Alguien como la Sala en referencia debe ordenar este caos permanente ¿Qué habría ocurrido con el país si no se hubiese previsto esta Sala ante un Poder Legislativo como el actual, dispuesto a llevarse por delante los demás poderes y las instituciones democráticas, haciendo uso de unas supuestas funciones que desvían la autoridad y el poder que le confirió la Constitución Nacional?

–El año pasado, cuando usted vino a Caracas, fue llamado a una especie de Consejo de Notables ex constituyentes. Se entendió entonces que tendrían la función de invocar el espíritu original de las normas de la Carta Magna. ¿Ese grupo ha tenido alguna actividad? ¿Mantiene contacto con algunos de esos notables?

–No ha tenido ninguna actividad. Nunca se nos convocó nuevamente. No creo conveniente que este grupo deba convertirse en una junta de notables. Basta de burocracia. Podemos ser útiles individual o colectivamente pero no para los retratos y el show. El país quiere más credibilidad y menos circo.

Abrir una válvula siempre es bueno

Por su peso específico, Rodríguez es uno de esos embajadores que se permite a sí mismo opinar sobre temas de la controversia interna, zona en la que otros prefieren guardarse sus criterios por disciplina diplomática. Así, lanzó unos consejos a lo interno de gobierno.

–Desde el punto de vista de las estrategias políticas, ¿convocar pronto las elecciones regionales podría bajar la presión de calle e internacional contra el Gobierno?

–Las elecciones han sido retardadas. Las de gobernadores debieron realizarse en diciembre de 2016. Abrir una válvula de escape siempre es bueno. El país, desde enero de 2016, tiene un compresor político y social que lo ahoga y lo aprieta. La actitud de la oposición de sacar por cualquier vía, institucional o no, pacífica o violenta, con gobiernos extranjeros si fuere necesario, al gobierno actual del país, es una presión inusual que sumada al interés de Estado Unidos en acabar el ciclo progresista de América Latina, ha impuesto al país un apremio similar al de una bomba de tiempo. Hay que aflojar la cuerda porque se puede reventar, y no aflojarla solo con diálogos sino con la disposición de oír a quienes lo confrontan de buena y de mala fe. Ha habido muchos errores políticos y uno de ellos ha sido no oír. No todo el mundo es enemigo cuando disiente. Hay que dejar de lado la soberbia de creerse los únicos herederos de Chávez. En concreto, creo que son necesarias las elecciones regionales, no solo porque son un derecho, sino porque pueden ayudar a distender.

–En enero la Asamblea Nacional pretendió destituir al presidente Maduro y convocar a elecciones anticipadas. Al parecer no se le dio a ese intento el carácter de grave transgresión que en realidad tenía. ¿Coincide usted con esta apreciación? ¿Fue un error?

–Coincido, es uno de los hechos que en su momento debió atender técnicamente la Fiscalía. Había y hay recursos constitucionales para instar u obligar a los poderes públicos a entrar en su cauce, a no incumplir sus funciones, a ajustarse a la Constitución. Este hecho fue manejado solo por el Poder Ejecutivo, quien no lo hizo del todo bien. Mantuvo demasiados voceros que se contradijeron entre ellos. Muchos contestaron con sus propios criterios sin discutir previamente las propuestas y las respuestas al adversario. Un desorden institucional no se apaga con otro desorden. La pretensión de destituir al presidente fue un hecho gravísimo. Las elecciones anticipadas además requerían y requieren una reforma de la Constitución y nadie lo dijo. Los poderes, especialmente los que se eligen directamente por el pueblo, tienen lapsos pre establecidos en la Carta Magna. No son soluciones políticas las que transgredan la Constitución. En mi opinión fue un error de la oposición hacer esta propuesta y un error del Gobierno la forma alocada con que la respondió. La Fiscalía pudo ayudar, tenía como y con qué, y no lo hizo.

Una lupa sobre Venezuela

–Del 1 al 10, ¿qué nivel de certeza le atribuiría usted a la idea de que, bajo el mando del empresario Donald Trump, cabe esperar acciones militares directas en Venezuela?

–Donald Trump es un ejemplo de cómo se ha querido privatizar la conducción del Estado. (Mauricio) Macri tiene hoy, por ello, un incendio que los medios no difunden. Trump es un empresario que, entre otras cosas, utilizó el odio a Hilary y el machismo para ganar. Con un discurso xenófobo, puritano, invocando un nacionalismo extremista y profundamente populista culpó a la inmigración y al neoliberalismo de ser la causa del desajuste capitalista de un sistema en extinción. Logró con ello que el sector desplazado del poder lo escogiera para compartirse la explotación del mundo. Nadie como él que era uno más de los empresarios apartados por las transnacionales y el capital financiero internacional. Sin embargo, aunque haya sido electo no es por ello un estadista y no necesariamente el éxito personal como empresario confiere dotes de jefe de Estado. Es un ser imprevisible que no da estabilidad. Lo acaba de demostrar en Siria. Los empresarios exitosos como él y como Macri son tan peligrosos como un Hitler o un Mussolini.

–Nuevamente se ha desatado una intensa campaña internacional para deslegitimar cualquier acción que se realice en Venezuela con la finalidad de preservar el orden público. Incluso se llega al extremo de afirmar que las bombas lacrimógenas que se usan son “armas químicas”. ¿Qué consecuencias puede traer ese tipo de matrices de opinión? ¿Qué se comenta en Italia?

–Italia y Europa son muy sensibles a informaciones de esta naturaleza. Los europeos tienen, además, puesta una lupa sobre Venezuela. Entiendo, por las explicaciones de Madeleine (García, corresponsal de Telesur en Venezuela), que el humo rojo no es un arma química ni mucho menos de “destrucción masiva”, sin embargo la propaganda contra Venezuela la vende de esta manera porque no es el humo convencional. Cuesta contrarrestar estas informaciones en Europa por la desproporción mediática. Asuntos de esta naturaleza deben ser analizados con una óptica que vaya más allá del país. El planeta es hoy “una aldea global”. Interesa mucho el mundo que no vemos, porque opina y es muy propenso a ser impresionado y engañado con suma facilidad. La oportunidad de cada asunto debe ser previamente estudiada.