Estados Unidos sigue a la caza del avión de EMTRASUR

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Marcos Salgado |

Tras el fin del escándalo de la excursión de pesca de la justicia argentina, sostenida por la dirección de la comunidad judía local y acompañada convenientemente por medios de comunicación hegemónicos, sobreviene la pelea de fondo en el caso del avión de la estatal venezolana EMTRASUR varado en Buenos Aires: terminar con la competencia en el mercado de cargas aéreas de gran porte en la región, en manos de Estados Unidos.

Justo luego que el juez federal argentino Federico Villena dictara la falta de mérito para los últimos cinco tripulantes del avión que seguían retenidos en Buenos Aires y levantara el embargo sobre la aeronave, la Corte del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, autorizó el comienzo del proceso de confiscación del Boeing 747-300, inmovilizado desde junio en el Aeropuerto de Ezeiza.

El argumento para reclamar la confiscación no tiene nada que ver con las acusaciones de supuestas operaciones de apoyo al terrorismo, como azuzaba la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina, la fiscal Cecilia Incardona y los medios, en un festín de especulaciones al que se sumó hasta el gobierno de Paraguay, mientras el poder ejecutivo argentino hacía la vista gorda.

Según la Corte de Columbia, el venta de la aeronave, antes propiedad de la iraní Mahan Air al estado venezolano viola una ley (estadounidense) que exige que la compra-venta de bienes fabricados con tecnología de Estados Unidos, como los Boeing, sea autorizada por ese país.

El Boeing 747-300 voló por primera vez en enero de 1986, como avión de pasajeros, en la desaparecida compañía francesa UTA, absorbida en 1992 por Air France. El Boeing mantuvo los colores de esta empresa hasta 2007, cuando fue comprada por la iraní Mahan Air, que lo vendió a la flamante empresa de cargas venezolana EMTRASUR, en este mismo 2022.

El Boeing 747-300, en 1989. (Foto: Jetphotos)

La cantinela mediática argentina, para soportar de alguna manera la “investigación” sobre terrorismo, dijo en varias oportunidades que el avión nunca había sido transferido de Mahan Air a EMTRASUR, y que seguía siendo iraní. Sin embargo, ahora la justicia estadounidense pide la incautación por esa compra que, para los medios, nunca existió. Para los medios que publicaron aquellas especulaciones, el caso está cerrado. Y lo mejor es olvidarlo pronto, no sea que algún lector les reclame (es difícil, igual) tanta especulación innoble.

¿Y el gobierno argentino?

Recapitulemos, el secuestro inicial del avión dictado por el juez federal argentino ya quedó sin efecto. Al no haber probado vinculo alguno con operaciones de terrorismo, ya no puede esgrimirse ningún convenio de cooperación internacional entre Argentina y Estados Unidos en esa materia para retener el avión.

La razón que esgrime ahora Estados Unidos es de otra índole, y deja al gobierno argentino de frente a una decisión que -se vio hasta aquí- no quieren tomar: devolver el avión a su dueño, el Estado venezolano.

“La Argentina tiene muchos argumentos para rechazar el pedido. Debería decir que un juez federal local intervino ante la sospecha de un ilícito. En ese contexto hubo una medida cautelar y un pedido de colaboración de Estados Unidos a efectos de hacer una inspección sobre el avión”, dijo a la agencia NA Maximiliano Rusconi, ex fiscal general de la Procuración General de Argentina y ahora abogado de EMTRASUR en Buenos Aires.

El abogado de EMTRASUR, Maximiliano Rusconi.

Para Rusconi, Argentina “no debería decir nada” sobre el reclamo de Estados Unidos, que debería resolverse entre ese país y Venezuela. “Vaya y reclame a Venezuela, pero no hay razones para que Argentina retenga el avión”, indicó el abogado.

Así, independientemente de la validez o no del reclamo estadounidense, parece claro que Argentina debería devolver el avión a Venezuela, y no estirar la saga. Porque una cosa está clara, cuanto más tiempo pase, más difícil será para Venezuela recuperar el avión, de más de 35 años, que demanda mantenimientos importantes, que no se están realizando.

El paso del tiempo consolida de hecho un efecto no menor en todo este escándalo: la preeminencia casi monopólica de empresas de Estados Unidos en el mercado de la cargas aéreas de gran porte en la región. Una prueba más que la persecución contra Venezuela no es sólo política, ni mucho menos ideológica, es -ante todo y sobre todo- un asunto de negocios, y de control sobre lo que ocurre -o en este caso, lo que vuela- en el “patio trasero”.

* Periodista argentino del equipo fundacional de Telesur. Corresponsal de HispanTV en Venezuela, editor de Questiondigital.com. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).