España es el segundo país de Europa en términos de desigualdad

TERCERA INFORMACIÓN | La Fundación 1º de Mayo de ha elaborado un informe bajo el título “Desigualdad y Estado social en España”, en el que se afirma que la desigualdad no es una consecuencia natural de la crisis, sino de las políticas de recortes sociales que se están poniendo en marcha. El informe, que será presentado con toda probabilidad la próxima semana, denuncia que España es el segundo país de Europa en términos de desigualdad, tan solo por detrás de Letonia.

El Estudio 64 de la Fundación 1 Mayo recoge el trabajo de Jesús Cruces, Luis de la Fuente y Alicia Martínez Poza y Elvira S. Llopis, en el que se señala que las políticas de austeridad están profundizando en la situación de desigualdad que aqueja a nuestra sociedad, y poniendo en un primer plano el crecimiento de la desigualdad en nuestro país.

España, que había acortado la distancia en materia de desigualdad con respecto a la media de la Unión Europea, con una diferencia de tan solo 0,5 puntos en el índice de Gini en 2008, ha visto acrecentada esta diferencia hasta situarse en torno a los 4,5 puntos en 2012. A juicio de Benito, “la expansión de la economía financiera ha supuesto una gran concentración de poder económico que, situándose al margen de todo control político y social, tiene una gran capacidad de decisión sobre la economía real, la acción política y la configuración social, tanto en el seno de los países como a escala planetaria”.

En su informe, la Fundación 1º de Mayo apunta a que la creciente desigualdad en el reparto de la renta entre los beneficios empresariales y la remuneración de los trabajadores y trabajadoras es el principal factor de la desigualdad estructural que existe en España. “La retribución de los asalariados -el conjunto de los salarios- ha caído un 6,2% en relación con el año anterior; es decir, las personas asalariadas han perdido 7.294 millones de euros que recibían en 2012”, advierte Rodolfo Benito.

Unas consecuencias sociales que se expresan en el aumento del paro y el empobrecimiento de la población pero que, lejos de ser una consecuencia “natural” de la crisis, están muy vinculadas con las políticas que se están realizando, y nos remiten a los procesos sociales, económicos y productivos (y también al sistema de valores en el que se articulan) por los cuales una parte de la población se ve sistemáticamente empobrecida y dominada frente a otra que se apropia de los recursos y se beneficia de su situación de poder.

Procesos por tanto en los que, en todo caso, se inscribe la propia intervención del Estado que, a través de la política económica y social, puede y debe luchar contra las desigualdades o, por el contrario, legitimarlas y hacerlas más duraderas en el tiempo.

Con todo, la existencia de procesos de desigualdad y pobreza que, de forma estructural, han caracterizado las condiciones de vida de la población a lo largo de las últimas décadas en España, incluida la etapa de crecimiento económico, pone de manifiesto que ésta no es resultado únicamente de la crisis económica ni de las recientes políticas de recortes, si bien ambos factores suponen un detonador para su agravamiento sustancial, sino de las propias limitaciones de un Estado social, que en estos momentos se está debilitando de manera muy intensa, forjado con grandes carencias en el momento en el que se extendían las bases de las políticas neoliberales.

Sin embargo, el mantenimiento de los niveles de pobreza, la pérdida de participación de la población asalariada en la distribución de la renta o las diferencias existentes con respecto al nivel de endeudamiento y patrimonio inmobiliario entre las distintas capas sociales, así como una política de desfiscalización galopante, son algunos de los indicadores de la desigualdad estructural que han venido caracterizando a la sociedad española.

Como bien nos recuerda Vincenç Navarro, desde mediados de la década de los ochenta, en España se ha avanzado considerablemente en la mejora de las condiciones de vida de la población, pero ha seguido existiendo un déficit considerable en el desarrollo del Estado social, lo cual tiene que ver tanto con el impacto redistributivo de las políticas sociales como por la propia configuración del modelo de protección social.