Enajenación de recursos naturales y del patrimonio argentino

Existe un plan de los sectores dominantes en Argentina que se basa, en primer lugar, en eliminar y, si no es posible, limitar los controles del Estado, dado que el rol del Estado en la economía es, en cumplimiento de la Constitución nacional, establecer las reglas de comportamiento de la sociedad, propiciando el crecimiento del producto y la mejora en la distribución del ingreso. Por ende, al Estado le cabe un rol principal en fijar objetivos para alcanzar el bienestar general y que sea sustentable en el tiempo.

En cambio, los que están detrás de este gobierno y han puesto los principales funcionarios de la gestión de Milei propician que prevalezca el mercado, que es el ámbito donde se juntan oferentes y demandantes de un bien o servicio, pero no plantean el grado de concentración, sobre todo en nuestro país, donde cada producto tiene nombre y apellido. Pensemos en el acero, aluminio, cemento, todo tipo de combustible y energía en general, harina, arroz, productos lácteos, aceite, yerba, azúcar, todo tipo de carnes, servicio de correo y telecomunicaciones, etc., son pocas empresas —y a veces hasta una sola— las que monopolizan la oferta.

Primera etapa: contra el trabajo y el mercado interno

El plan primero convalida el saqueo del salario, la destrucción de ingresos y jubilaciones, mediante la devaluación del 100% de nuestra moneda y, con ello, desata un proceso inflacionario que genera mayor pobreza. Por decreto anula la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas más la liberación total de precios y, por lo tanto, abre la posibilidad de una remarcación absoluta que convalida la carestía. Por ejemplo, permite todo tipo de exportaciones, hasta elimina los cortes populares de la carne para vender afuera la res entera.

Paralelamente, busca generar condiciones para una precarización total de los trabajadores mediante una reforma propuesta tanto en el DNU 70/23 [1], como en el proyecto de Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, en el que se propone:

• Tercerización: Los trabajadores serán considerados empleados directos de aquellos que registren la relación laboral, sin perjuicio de haber sido contratados con vistas a utilizar su prestación o de proporcionarlos a terceras empresas.
• Periodo de prueba: El contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entenderá celebrado a prueba durante los primeros seis meses de vigencia. Las convenciones colectivas de trabajo podrán ampliar dicho período de prueba: a) hasta ocho meses, en las empresas de seis y hasta 100 trabajadores; y b) hasta un año en las empresas de hasta cinco trabajadores
• Fondo de cese: Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir la indemnización prevista en el artículo 245 de la Ley 20.744, por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo nacional. Los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado a su costo, a fin de solventar la indemnización prevista en el presente artículo y/o la suma que libremente se pacte entre las partes, asemejándolo al que tienen los trabajadores de la construcción [2].

Los jubilados son el segmento más perjudicado, porque el gasto fiscal mayor de la Administración nacional es el previsional. En el año 2023 representó el 9% del PIB (es en pesos pero equivalente a unos 43.200 millones de dólares) y el gobierno de Milei quiere reducirlo este año 2024 a 7% de  un PBI que se cae en torno al 5% (pretenden pagar en el año, por jubilaciones y pensiones en pesos, pero equivalente a 10.300 millones de dólares menos).

Del total de beneficiarios de la Ansés que suman unas 7.200.000 personas, más de cinco millones perciben la jubilación mínima, que para el mes de mayo de 2024 es de 190.141,60 pesos más un bono adicional de 70.000 pesos, cuando la canasta básica total para una persona en marzo de 2024 fue de 250.286 pesos (y no contempla el pago de la vivienda) [3]; trabajaron toda su vida y reciben haberes por debajo de la línea de pobreza.

Es más, Milei dijo el 1° de marzo de 2024, cuando inauguró las sesiones ordinarias, que se iban a recrear las AFJP (jubilación privada), siempre con el mismo criterio, el que tiene buenas remuneraciones (como en las prepagas de salud) puede contratar un servicio de jubilaciones, y todos los demás van a un sistema estatal que se desfinancia y reduce permanentemente.

Claro ejemplo de ello es la recaudación previsional, donde fruto del descenso del nivel de actividad económica, la recaudación disminuye sideralmente y, en términos reales, es un 40% menor a la inflación.

Paralelamente se frena la obra pública y se limitan las transferencias a las provincias en salud, educación, transporte, etc., no solo para disminuir el gasto público, sino para generarles negocios rentables al capital privado. Es lo que hacen limitando, por ejemplo, el derecho a la salud. Así, limitan la asistencia a las de las obras sociales para que las prepagas se queden con la afiliación de mayores recursos (“pertenecer tiene sus privilegios”) y todos los demás terminen en el hospital público desmantelado por el ajuste presupuestario.

Se aplican tarifazos en el precio de los combustibles, del transporte, en el agua, en la luz y en el gas, encareciendo el nivel de vida de la población. A los empleados públicos se les ajustan sus haberes muy por debajo de la inflación. Se ejecuta un plan de despido de los contratados y también de planta. A la par que se desmantela la estructura científica, confinando al Conicet y a las universidades nacionales.

Como aproximadamente el 70% de la economía está ligada al consumo interno, se resiente por la brutal transferencia de ingresos al gran capital, en general, y al capital financiero, en particular.  Al fugar y pagar mínimamente impuestos y contribuciones previsionales, ese sector hace que disminuya la recaudación tributaria,  junto al descenso del nivel de actividad. Esto se agrava por el recorte del gasto público, por lo tanto la economía queda encerrada en un círculo vicioso de sucesivas regresiones.

La inflación, a su vez, socava la devaluación y los grandes acopiadores y comercializadores de granos y de carnes y todos sus derivados contienen sus exportaciones, y, a su vez, el gobierno, para frenar el proceso inflacionario que irresponsablemente generaron al devaluar y liberar los precios no bien se inició la gestión, permite importar [4].

Segunda etapa: carry trade

Lo relatado, para los sectores dominantes, significa el ajuste económico con el fin de favorecer la acumulación del capital, que en la segunda etapa es la del financiero y se realiza por carry trade (vender dólares para posicionarse en pesos y luego tomar ganancias para retornar al dólar) y, posteriormente, con la legislación adecuada, se apuntala al capital extractivista y agropecuario exportador.

Pero hasta que esas inversiones se realicen, el gobierno necesita divisas para afrontar los crecientes pagos de una deuda que nunca se investigó ni se investiga a dónde se destinó. A cambio se encubre la deuda y a quiénes benefició, al menos para cobrarles impuestos [5], se prioriza la renta financiera a costa de un mercado interno que se achica, se concentra y se extranjeriza, con lo que se condena a amplias franjas de la población a la desocupación y a la pobreza, con un efecto anestésico inicial por el ingreso de dólares para un sector de la población, pero insustentable en el tiempo.

El objetivo inmediato es que ingresen dólares para cubrir los fuertes vencimientos de aproximadamente 5.224 millones de dólares que se deben pagar hasta el 31 de julio de 2024. Es cierto que lo exigente son los intereses del FMI (el capital se refinancia siempre que se cumpla con la meta de junio) y el vencimiento de los títulos Global y Bonar. Y es a partir de agosto de 2024 que se debe comenzar a pagar el capital de la deuda canjeada por nuevos títulos que realizó el ministro Martín Guzmán el 31 de agosto de 2020 con los bonistas (entre ellos BlackRock, Vanguard, Fidelity, Greylock, Franklin Templeton, PIMCO, etc.)

 

Las Reservas Internacionales del BCRA se acrecentaron en 7.172 millones de dólares entre el 7 de diciembre de 2023 (reserva bruta por 21.209 millones de dólares) y el 7 de mayo de 2024 (de 28. 381 millones de dólares), por tres fuentes:

1. Por la liquidación de las exportaciones, donde las energéticas liquidaron según lo previsto, pero las agro y agro industrias lo hicieron por una suma muy menor a las proyecciones gubernamentales.

2. Las fuertes ventas de ahorro interno en dólares por parte de personas y empresas para financiar su vida y/o actividad.

3. El carry trade referido, propiciado por el Ministerio de Economía y el BCRA, que hace que ingresen dólares y compren títulos públicos en pesos,  como se ve claramente en el informe de la Secretaría de Finanzas de la Nación:

Observamos que la deuda en títulos en pesos se acrecienta fuertemente desde enero de 2024 (tras la devaluación del 100% del 12 de diciembre de 2023). A marzo de 2024 esa deuda, que es en pesos, pero  la propia Secretaría de Finanzas de la Nación la contabilizada al dólar oficial, engrosó la deuda bruta nacional en 43.297 millones de dólares. El 90% de esos títulos se colocaron con la cláusula puts, que es un seguro de liquidez y les permite a los tomadores canjear esos títulos cuando lo deseen por dinero en efectivo en el BCRA (deuda que paga el Tesoro de la Nación)

A su vez, hubo recompra de títulos y letras en moneda extranjera en el período analizado, que permite un saldo de incremento de la deuda bruta de la Administración nacional de 32.371 millones de dólares en cuatro meses, que siguió evolucionando igual en abril y que se sofrena desde mayo de 2024 [6].

El brutal aumento de la deuda bruta explica la suba en la cotización de los títulos públicos (incluido el rescate de los títulos de deuda externa en divisas) y la disminución del riesgo país.

Pero nada es para siempre y el gobierno tiene un fuerte descenso en la recaudación tributaria total que sumó en los primeros cuatro meses del año 2024 31.339.473,2 millones de pesos, cifra que ajustada por inflación implica una caída del 32% con respecto a igual período del año pasado, y no redujo todo el gasto público en esa magnitud.

Por ende, tiene serios problemas para pagar a los proveedores, por ejemplo la Secretaría de Energía, a través de la resolución 58/2024, estableció que la deuda que tiene Cammesa -compañía administradora del Mercado Mayorista Eléctrico-con las generadoras de electricidad por los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024 se cancelan mediante la entrega de títulos públicos Bonos USD 2038.

Las generadoras Pampa Energía y la estadounidense AES no aceptaron el ofrecimiento y enviaron una nota a la Comisión Nacional de Valores (CNV) detallando la deuda que acumuló Cammesa con ellas: Pampa, el segundo mayor generador privado del país, informó que, a la fecha, Cammesa le debe 133.191 millones de pesos (incluyendo los intereses devengados) por los pagos de diciembre, enero y febrero. AES, por su parte, dijo que se le deben 37.483 millones.

También, el Ministerio de Economía amplio, mediante el decreto 385/2024 del 6 de mayo de 2024, el impuesto PAIS para la compra de billetes y divisas en moneda extranjera para la distribución de utilidades y dividendos, así como para la repatriación de inversiones generadas por no residentes en el país desde el 1 de septiembre de 2019.

Con serios problemas de pagos, ya no alcanza ni la sierra eléctrica, ni la licuadora de la inflación.

Tercera etapa inconclusa

Los sectores dominantes (grandes empresarios locales y extranjeros) tenían preparados por grandes estudios jurídicos e impositivos los proyectos que se cristalizaron en el DNU 70/23 y en el proyecto de ley Ómnibus (que se cayó en el recinto de la Cámara de Diputados y que lo reconvirtieron en el mamotreto que aprobaron de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos). Antes de que llegara Milei, el problema era y es cómo llevarlo a la práctica.

No pueden pagar los intereses de la deuda externa, menos pueden pagar el capital de esta como deben hacer desde agosto del 2024 con los bonistas (con el FMI refinancian el capital a diez años a cada vencimiento).

El gobierno de Alberto Fernández lo hizo aumentando la deuda en títulos públicos por 47.608 millones de dólares [7] (la deuda bruta de diciembre de 2019 era de 323.065 millones de dólares y a diciembre de 2023 fue de 370.673 millones de dólares), todo por no exigir a los grandes deudores y/o compradores de divisas que paguen parte de la deuda contraída. Es más, les subvencionó la venta de dólares al tipo de cambio oficial (la mitad o menos del precio del dólar paralelo) para que paguen su deuda privada

Caputo-Bausili les prometen, a los que compran títulos públicos, que los van a rescatar cuando ingresen los capitales del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), que implica una amplia gama de exenciones impositivas para proyectos de inversión de 200 millones de dólares, y por el “blanqueo” de capitales (perdón a los evasores de impuestos), que no tiene límite máximo a declarar.

Pero para eso deberían contar con las leyes y normas que permitan la enajenación de los recursos naturales y del patrimonio nacional. Y eso no está tan claro que suceda. Y si sucede habría que ver cuál es el costo económico, social y político de una nación que supo tener tres banderas: soberanía política, independencia económica y justicia social.

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Notas

[1] Que no pudieron llevar adelante porque la Justicia le dio lugar a la cautelar de la CGT.

[2] Ley 22.250 de la dictadura de Videla que creó un nuevo régimen legal de trabajo para el personal de la construcción. No cobran una indemnización por despido, como el resto de los trabajadores, cobran un “fondo de desempleo” a través de su “libreta de aportes”. El monto que retira el trabajador al quedar en la calle se conforma con los aportes que deberían hacer mensualmente los empresarios a una cuenta bancaria: 12% del salario el primer año, 8% los siguientes.

[3] El salario mínimo vital y móvil se fijó en mayo de 2024 en 234.000 pesos.

[4] Luis Caputo en la reunión que tuvo el lunes 11 de marzo 2024 con los supermercadistas reclutados en ASU (Asociación Supermercados Unidos), entidad que nuclea a los grandes hipermercados nacionales y multinacionales les dijo que, si no están de acuerdo con el precio de los proveedores del país, importen pero que no vendan en el mercado local más caro que en el exterior, cita que uno de los asistentes resumió en “importar y despedir”.

[5] Proyecto de Ley del Senador Oscar Parrilli, aprobado en el Senado de la Nación y con dictamen de mayoría a favor y de minoría en contra de Diputados en el año 2023 y nunca fue llevado al recinto de la Cámara de Diputados para su discusión y que se convierta en Ley.

[6] Las entidades financieras comenzaron a desprenderse de títulos en pesos y parte del superávit fiscal acumulado hasta abril de 2024, se emplea para cubrir los derivados financieros (puts) vinculados a estos títulos.

[7] Es cierto que gran parte fue empleado por la lucha contra el Covid.

* Profesor Titular de Economía de la Universidad de Buenos Aires. Coordinador para América Latina del Observatorio Internacional de la Deuda, investigador del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso). Analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)