Embajada en Washington: de la ocupación a la ‘custodia’
Leopoldo Puchi |
El pasado 6 de febrero, el gobierno de Estados Unidos decidió asumir la “custodia temporal” de las sedes diplomáticas de Venezuela en su territorio hasta tanto la misión venezolana “reanude operaciones”.
Con esta decisión pudiera comenzarse un proceso de normalización de las relaciones de los dos países, rotas desde enero de 2019. Durante este período de cuatro años, las instalaciones diplomáticas estadounidenses en Venezuela fueron resguardadas en sus inmediaciones por las autoridades venezolanas, sin que se permitiera el ingreso de extraños, personas no autorizadas por Washington o de funcionarios policiales venezolanos.
No ocurrió lo mismo con las sedes diplomáticas de Venezuela en Washington: el 15 de mayo de 2019 agentes de la policía federal ingresaron por la fuerza a las instalaciones de la embajada, detuvieron a varios ciudadanos estadounidenses que se encontraban allí con la autorización oficial de Caracas y posteriormente hicieron entrega de la sede a un grupo político opositor dirigido por Juan Guaidó, para ese entonces presidente de la Asamblea Nacional.
Intrusión
La Convención de Viena establece que “los locales de la misión son inviolables” y que “el Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño”.
Aunque la actuación de la policía en mayo de 2019 al ingresar a territorio venezolano violaba no solo la Convención de Viena sino incluso la propia Ley de Misiones Extranjeras, el Departamento de Estado no dudó en realizar el operativo policial porque lo consideró necesario para seguir avanzando en el plan de cambio de gobierno, que, en ese momento, mostraba signos de retroceso tras el fallido intento de provocar un pronunciamiento militar a finales de abril de 2019.
Contradicción
El 23 de enero de ese año, el gobierno de Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, con el argumento de que la Constitución venezolana establecía que le correspondía al presidente de la Asamblea Nacional encargarse de la presidencia de la República de forma interina.
De manera que la reciente decisión de impedir el ingreso a la embajada de los representantes interinos luce contradictoria con la declaración de enero de 2019 y con la ocupación forzosa de la embajada, dado que que la Constitución venezolana no ha sido modificada y que el argumento utilizado para reconocer a Guaidó fue de carácter “constitucional” y no basado en decisiones posteriores de la Asamblea Nacional.
Sin embargo, no hay una real contradicción, ya que se trata de decisiones estrictamente políticas que, como es habitual, utilizan un envoltorio legal solo como justificación y para cubrir apariencias.
Viraje
Los cambios en el discurso se explican porque la administración Biden decidió recientemente recalibrar la política hacia Venezuela, al considerar que la estrategia iniciada durante la administración Trump no había logrado sus objetivos. Ahora se están explorando procedimientos distintos, se planifica de una manera menos cortoplacista y se reconoce que no hay posibilidades inmediatas para un golpe. También se ha tomado en cuenta la situación global, la guerra en Ucrania y las necesidades de petróleo y gas. Naturalmente, un cambio de estrategia requiere otros argumentos jurídicos que se adapten al nuevo discurso.
Ilegales
En la actual política de la Casa Blanca, que llevó al fin del gobierno interino y de la ocupación de la embajada, ya no se aplica la interpretación constitucional de la era Trump. Vale entonces considerar que la decisión tomada para justificar la nueva política tiene también, inevitablemente, efectos retroactivos.
Los actos de desconocimiento del Estado venezolano adelantados por Donald Trump, Mike Pompeo, John Bolton y Mauricio Claver-Carone resultan ilegales en Estados Unidos a la luz de los nuevos desarrollos y deben, por lo tanto, declarase nulos y sin efecto.
Es importante recordar que la ocupación de la embajada se basó en la interpretación de la validez constitucional de un gobierno interino. Pero esto no solo condujo a la toma de la embajada, sino que también impidió que el Estado venezolano usara su derecho a la defensa en los tribunales estadounidenses, donde se han dictado sentencias sobre activos sin la presencia de representantes venezolanos. Un cambio de política no es suficiente. Se deben asumir responsabilidades y reparar los daños causados. Es hora de un reinicio de las relaciones sobre una base sana.