El Salvador, la memoria colectiva para prevenir y revitalizar los derechos humanos
SERGIO FERRARI y PHILIP SAUVIN| La jornada mundial contra la tortura de este 26 de junio se realizará en un marco muy especial en El Salvador. La Comisión de Derechos Humanos de ese país centroamericano, la CDHES, presentará su publicación “Secuelas Psicosociales de la Tortura”. La misma reactualiza la sufrida experiencia cotidiana vivida por varios centenares de prisioneros políticos del penal “La Esperanza”, entre los años 1983-1986, en plena etapa de la confrontación militar.
A más de veinte años de finalizado en 1992 el conflicto armado entre los gobiernos de turno y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), y luego de veinte años de hegemonía del partido ARENA, el FMLN llegó al Gobierno en el 2009, inaugurando una nueva etapa política en el país.
“A pesar de los avances reales en muy diferentes planos quedan pendientes muchas tareas, incluso a nivel de derechos humanos” señala durante una reciente visita a Suiza Miguel Rogel Montenegro, director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), organización de referencia desde su fundación en 1978.
30 años después
La publicación es un medio para mostrar a nuestros conciudadanos y al mundo entero la perversidad y las consecuencias que tiene todavía hoy, tres décadas después, la tortura que se aplicaba sistemáticamente en nuestro país, explica Montenegro. Su compromiso social nació en las comunidades eclesiales de base hacia los ochenta, cuando aun jovencito comenzó a militar en los derechos humanos – y en la CDHES-, lo que llevó a padecer la prisión y la tortura.
Este informe –explica- permite socializar el pasado en el presente. Un ejercicio necesario de reconstrucción de la memoria colectiva que busca convertirse en un antídoto frente a toda violación presente y futura de los derechos humanos. “Las secuelas psicosociales de la tortura siguen impactando a las víctimas aun transcurridas varias décadas de finalizada la guerra civil”, señala el texto de introducción.
El valor documental y moral del libro es significativo, explica Montenegro. “Tres cuartas partes del mismo, incluyendo numerosas ilustraciones, se basan en un informe sistematizado durante tres años sobre la base de testimonios elaborados en gran parte desde la cárcel por presos que pasaron el tormento en diferentes cuarteles de los cuerpos de seguridad y ejército nacional y luego fueron recluidos en uno de los más grandes penales del país”.
La represión feroz durante los doce años de guerra civil -1980 a 1992-, dejó un saldo no menor a 80 mil asesinados, 7 mil desaparecidos, miles de detenidos y torturados. Golpeando, fundamentalmente, la población campesina, mayoritaria en este pequeño país de apenas 21 mil kilómetros cuadrados y que cuenta en la actualidad con más de 6 millones de habitantes.
La violencia sistemática de esa época, al no haber sido atendida durante el periodo inmediato de las post-guerra (a partir de la firma de los Acuerdos de Chapultepec en 1992), “ha contaminado el proceso de pacificación y de reconstrucción del estado de derecho”, puntualiza como tesis principal la publicación de la CDHES. Y las estructuras que ejercían esa represión, parcialmente, se han reconvertido en mano de obra barata para impulsar “operaciones de limpieza social, crimen organizado y eliminación selectiva de personas”.
La impunidad y las sanciones penales no acorde a la gravedad de los delitos, así como el no haber ratificado acuerdos internacionales contra la tortura establecen un terreno “propicio para la repetición de hecho similares”, a los del pasado.
Al concluir el conflicto se abrió un proceso de cuatro periodos consecutivos de gobiernos de derecha encabezados por ARENA (Alianza Republicana Nacionalista), siendo su principal fundador Roberto D´Aubuisson, ligado a grupos paramilitares, señalado como el autor intelectual del asesinato del obispo Monseñor Oscar Arnulfo Romero en 1980.
Desafíos de futuro
“Es evidente que desde el 2009 a esta fecha hay avances significativos en los 
derechos humanos, económicos y sociales”, enfatiza Montenegro a nivel de balance. Si bien se constata “que la empresa privada sigue divorciada” de un verdadero proyecto de desarrollo nacional ya que responde a los intereses de la actual oposición de derecha.
Otras asignaturas pendientes son también importantes. A pesar de una drástica reducción en los últimos meses, “la violencia social sigue acaparando la preocupación nacional, con 6 o 7 asesinatos diarios”, lo que exige al Gobierno encontrar nuevas propuestas para superarla.
De igual forma, sería esencial corregir las marcadas debilidades a nivel del sistema jurídico, sujeto a numerosas presiones e intereses.
En lo que se refiere a los derechos humanos en su sentido más específico, se deben dar nuevos pasos adelante, enfatiza. Uno de ellos, esencial, sería “la ratificación de ciertos acuerdos internacionales, como por ejemplo el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” de las Naciones Unidas. Lo que permitiría reforzar el marco institucional del combate abierto y definitivo contra todo tipo de tortura o violación de derechos esenciales, insiste.
El camino avanza, concluye Montenegro. Pero sería importante que un próximo Gobierno profundice aún más su compromiso con los sectores más marginalizados, y con las víctimas de la tortura de ayer y de las violaciones de hoy, que siguen esperando justicia.