Colombia hoy: hambrunas, inflación y democracia
Libardo Sarmiento Anzola |
“Las hambrunas no se producen en regímenes democráticos”, afirma el premio Nobel de Economía (1998) Amartya Sen, El valor de la democracia.
“Las desigualdades no nacen por un orden natural e ineluctable. Las desigualdades no son un producto de la naturaleza, son un producto de decisiones políticas» . Cristina Fernández de Kirchner, en la Eurolat.
Para las familias que compran su comida, la seguridad alimentaria depende primero de sus ingresos monetarios. En Colombia, durante 2021, según estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), 6,1 millones de personas, el 12,2 por ciento de la población, vivieron bajo condiciones de hambruna, esto es, de pobreza extrema o indigencia. En 2022, el hambre de la población pobre y la caída en el nivel de vida de la clase media vulnerable escalarán exponencialmente teniendo en cuenta el dato de la inflación en el mes de abril que alcanzó 9,23 por ciento, en su dato anual, convirtiéndose en el registro más alto en 21 años.
El aumento en el valor de la canasta básica familiar (CBF) estuvo impulsada por el costo de los alimentos y bebidas que, en este caso, fue de 26,1 por ciento y aportó 4,26 puntos porcentuales a la inflación anualizada. El aumento en el salario mínimo legal (SML) que para este año fue de 10,07 por ciento, quedando fijado en $1 millón mensual, se encuentra ya rezagado y corroído frente a la remontada acelerada en los precios de los bienes y servicios básicos.
Si bien hay factores climáticos adversos, existen otros determinantes que están impulsando la inflación, como la crisis en las cadenas logísticas internacionales, el repunte en el precio del dólar (en 2021 la moneda colombiana fue la más devaluada en el mundo; durante 2021 la devaluación del peso frente al dólar estadounidense fue de 16%) que encarece la importación de alimentos (el 30% de la CBF es adquirida en el extranjero), la guerra Rusia-Ucrania, dos importantes países proveedores de materias primas básicas, el conflicto armado interno que continua desplazando violentamente a la población campesina, el aumento arbitrario y oportunista en el margen de ganancia de los empresarios y el incremento desmedido en impuestos y el precio de los servicios públicos controlados por los gobiernos nacional y territoriales, entre otros.
En promedio el año pasado, las personas en pobreza del país tuvieron ingresos por $472.905 mientras que los vulnerables alcanzaron a $765.735. De acuerdo con el reporte de las cifras de pobreza monetaria del país, el 39,3 por ciento de los habitantes viven en situación de pobreza, es decir, con menos de $354.031 en promedio cada mes; a esto se suma 31 por ciento de personas que el Dane reconoce como vulnerables, es decir, viven con menos de $690.524 en el mismo periodo. En resumen, el 70,3 por ciento de la población colombiana vive con menos del salario mínimo legal (gráficos 1 y 2).
El aumento en mayor medida del precio de los alimentos impacta negativa y más fuertemente a las clases trabajadoras por cuanto la proporción más alta de sus ingresos se gasta en estos bienes esenciales. Por lo limitado de los ingresos, los hogares pobres destinan alrededor del 45 por ciento a la compra de alimentos.
Democracia y hambrunas
El economista Amartya Sen objetó el modo tradicional de entender la pobreza como precariedad de recursos; por ejemplo, el hambre como falta de producción de alimentos. Sen, en su obra Poverty and Famines. An Essay on Entitlement and Deprivation (Oxford. Clarendon Press, 1981), sostiene que es la estructura de derechos de una sociedad la que limita la capacidad de las personas para acceder a los bienes y servicios necesarios para la reproducción biológica humana. De tal modo que la privación no siempre se debe a catástrofes naturales (sequias, deslizamientos de tierra, terremotos o inundaciones, entre otras), sino muchas veces más a las estructuras sociopolíticas y económicas que impiden a las personas gozar de una vida digna y democrática.
El hambre es un hecho político y no una fatalidad. La violencia, la injusticia y la exclusión generan hambre. Los gobiernos manipulan los circuitos de producción y suministro de alimentos para así poder controlar mejor a sus pueblos. En Colombia, la acumulación por desposesión (métodos de la acumulación originaria violenta para mantener la expansión del sistema capitalista), las políticas neoliberales y la guerra han permitido a la oligarquía lumpen que controla hegemónicamente el poder expoliar a los pueblos originarios y comunidades campesinas de la propiedad de cerca de siete millones de hectáreas durante las últimas cuatro décadas; proceso nefasto y de consecuencias catastróficas para la agricultura y la seguridad-soberanía alimentaria del país. Las tierras expoliadas o despojadas son dedicadas a la expansión de los latifundios ganaderos, la explotación minero-energética, narcocultivos y a los biocombustibles (Colombia es el cuarto productor mundial de aceite de palma y el primero en América).
Las consecuencias de este modelo de poder y de gobierno no son menores: La violencia generó el desplazamiento forzado de alrededor de seis millones de personas desde los campos a cinturones de miseria en los centros urbanos. Actualmente, de acuerdo con la organización Greenpeace, Colombia, un país con vocación agrícola, importa el 30 por ciento de los alimentos que consume. Para las familias productoras, la seguridad alimentaria depende del acceso a la tierra, el crédito, el riego, la infraestructura vial y la asistencia técnica.
En Colombia, el hambre perdura en un mundo de abundancia. Durante el período 1950-2021, la población aumentó 4,5 veces: de 11.329.222 pasó a 51.049.000. En estos setenta y dos años, la economía creció 16,2 veces; el valor del PIB se incrementó, en precios constantes, de 50.780 a 824.467 miles de millones de pesos. En consecuencia, el PIB per cápita, en precios constantes, se elevó 3,6 veces: de 4,5 millones de pesos anuales en 1950 a 16,2 millones en 2021.
Pobreza y hambruna en América Latina
En América Latina, la crisis social continúa pese a la reactivación económica, con tasas de desocupación y niveles de pobreza y pobreza extrema mayores a los observados antes de la pandemia de covid-19. De acuerdo con las estimaciones de la Cepal, la tasa de desocupación en 2021 llegaría a 11,8 por ciento para las mujeres y 8,1 para los hombres, en comparación con las cifras del 12,1 por ciento y el 9,1, respectivamente, registradas en 2020.
Es una ‘crisis clasista’: la pérdida del empleo y la reducción de los ingresos laborales ocurridas durante la pandemia han afectado especialmente a los estratos de menores ingresos. En 2021, la tasa de pobreza extrema habría alcanzado el 13,8 por ciento y la de pobreza llegaría al 32,1. Por tanto, en comparación con las cifras de 2020, el número de personas en situación de pobreza extrema pasaría de 81 a 86 millones, mientras que el número total de personas en situación de pobreza disminuiría ligeramente de 204 a 201 millones. Pese a la recuperación económica experimentada en 2021, los niveles relativos y absolutos estimados de pobreza y de pobreza extrema o indigencia se han mantenido por encima de los registrados en 2019, lo que refleja la continuación de la crisis social (gráfico 3). Una realidad que también ha puesto en evidencia la vulnerabilidad en que vive buena parte de la población en los estratos de ingresos medios, caracterizados por bajos niveles de cotización a la protección social contributiva y muy baja cobertura de la protección social no contributiva3.
Dinámica de la hambruna, la inflación, el empleo y los salarios
Una vez finalizado el año 2021, en el que la reactivación de la economía se consolidó luego del cierre obligado por la pandemia del coronavirus (el PIB aumentó en 10,6%), el nivel de la pobreza en Colombia registró una leve mejoría. Tras haber subido al 42,5 por ciento en el 2020 en medio de la pandemia, el Dane reveló que el porcentaje de personas clasificadas como pobres se redujo al 39,3 por ciento, lo que significó una caída de 3,2 puntos porcentuales (pp) frente a la cifra del año anterior, lo que significa que de haber 21 millones de personas en condición de pobreza monetaria en el 2020 se pasó a tener 19,6 millones en esta situación, es decir, la cifra se redujo en 1,4 millones.
“Esta reducción se explica por la reactivación económica que tuvo el país, el mayor número de empleos y las ayudas institucionales del gobierno nacional y local”, señaló el director del Dane, Juan Daniel Oviedo. Sin embargo, el país todavía cuenta con 2,1 millones de personas en esta situación de pobreza monetaria por encima de las cifras de antes de la pandemia, en el 2019 (gráfico 2).
Sin las ayudas institucionales nacionales, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia mayor, compensación del IVA, Ingreso Solidario y otras locales, la incidencia, de pobreza monetaria de Colombia hubiera llegado al 42,9 por ciento en el 2021 cuando en realidad quedó en 39,3 por ciento. En términos de pobreza extrema, si no hubiéramos tenido ningún tipo de estas ayudas, de acuerdo con el director del Dane, la incidencia hubiera llegado al 16,2 por ciento cuando en realidad el año pasado se redujo a un 12,2 por ciento. La línea de pobreza monetaria extrema per cápita nacional en el 2021 fue de 161.099 pesos mensuales y en el caso de un hogar de cuatro personas fue de 644.396 pesos.
Oviedo explicó que si en un hogar de 4 personas en la alcancía en donde todos ponen los ingresos llegan al mes a menos de esos 644.396 pesos todos los integrantes están, por tanto, por debajo de la pobreza extrema. “Estas líneas de pobreza son el costo que un hogar debe subsanar para poder garantizar unas condiciones mínimas de vida”, explicó el director de la entidad estadística. Entre tanto, la línea de pobreza monetaria per cápita nacional quedó en 354.031 pesos y en el caso de un hogar de 4 personas fue de 1’416.124, es decir, si la suma de todos los ingresos es menor a ese valor.
Si bien los datos de pobreza monetaria mejoraron entre 2020 y 2021, pues 1,4 millones de personas salieron de esa condición y 1,3 millones lo hicieron de la pobreza extrema, la desigualdad sigue siendo un factor problemático y conflictivo de tipo estructural en la historia del país. De acuerdo con el informe de Pobreza Monetaria del Dane, la desigualdad, medida a través del coeficiente de Gini, presentó una ligera reducción en 2021, al ser comparada con el dato de 2020.
En 2021, en el total nacional el coeficiente de Gini fue 0,523; en 2020 este coeficiente fue de 0,544. A su vez, en 2021 el Gini en cabeceras municipales fue 0,510, y en 2020 fue 0,537. En los centros poblados y zonas rurales dispersas el Gini fue 0,455 para 2021 y en 2020 este coeficiente fue 0,456. Cabe resaltar que en la medición del indicador, cero (0) es la cifra que refleja menor desigualdad y uno (1) el número que muestra mayor desigualdad.
En paralelo, la inflación en Colombia no da tregua; en abril de 2022 el índice de precios al consumidor (IPC) alcanzó el 9,23 por ciento en la variación anual y el índice de los alimentos llegó a 26,1 (gráfico 4). Es la inflación más alta en lo corrido del siglo XXI. Las alzas en la comida tienden a golpear más los bolsillos de las personas con menores ingresos. La inflación es, hoy en día, una de las principales amenazas para el bienestar de millones de colombianos que hoy encuentran más difícil acceder a servicios y bienes básicos de la canasta familiar. La inflación provoca estragos en las clases populares y medias vulnerables. Al desagregar la información de inflación del mes de abril de 2022 por ciudades se encuentra que las tres con el mayor dato anual fueron Santa Marta (12,2%), Cúcuta (12,2%) y Popayán (11,9%). Por el contrario, Bogotá (8,1%), Medellín (9,05%) y Manizales (9,07%), tuvieron las menores cifras.
El gráfico cuatro muestra la dinámica del índice de pobreza extrema o indigencia en Colombia durante los años 1988 a 2022. Este índice expresa las condiciones de hambruna en cuanto hace referencia a los hogares que no cuentan con ingresos suficientes para adquirir los alimentos necesarios que requiere un ser humano para sobrevivir.
Para efectos comparativos con los demás países de la región, las cifras de pobreza extrema corresponden a los cálculos de la Cepal que se fundamenta en los conceptos y metodologías desarrolladas por las Naciones Unidas; y los cuales son 4,4 puntos porcentuales más altos que los cálculos del Dane debido a las mayores exigencias y rigor técnico en la definición de la línea de indigencia. En concreto, existen diferencias en el costo por kilocaloría entre la medición oficial colombiana y la medición de la Cepal.
El enfoque que utiliza la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) a fin de estimar la pobreza extrema o hambruna consiste en el costo de adquirir una canasta básica de alimentos, la cual debe satisfacer los requerimientos calóricos promedio de la población, mediante una estructura de bienes y precios proveniente de las pautas de consumo observadas en un grupo de referencia y ajustada de manera que cuente con equilibrios nutricionales básicos. Los requerimientos provienen de las recomendaciones internacionales vigentes en materia de energía y nutrientes y son los que el estado actual del conocimiento establece como los adecuados para sostener una vida humana sana.
En esas recomendaciones se proponen determinados estándares de energía y cantidades de nutrientes, indispensables para conformar una dieta adecuada en función de ciertas características de las personas como el sexo, la edad y el tipo de actividad física que desarrollan. Los hábitos de consumo de la población son captados mediante encuestas de ingresos y gastos de los hogares o encuestas de condiciones de vida, según su disponibilidad en cada país. En la construcción de las líneas de pobreza se toma como grupo de referencia un subconjunto particular de la población que provee los patrones del gasto adecuado para representar un estándar de suficiencia.
Entre 1988 y 2019, el país se benefició de un período de reducción de la pobreza extrema o, lo mismo, de la población en condiciones de hambruna. De padecer una tercera parte de la población esta penuria se alcanzó un mínimo de 12,8 por ciento. En 2020 la hambruna volvió a afectar al 19,2 por ciento de la población; en 2021 se redujo a 15,5 y en 2022 se proyecta que vuelva a incrementarse por lo menos a 16,5 debido al alza incontrolada en el precio de los alimentos y los servicios públicos domiciliarios. Las condiciones de hambruna o indigencia están relacionadas con las dinámicas del precio de la canasta básica familiar, en particular los alimentos, los salarios, el empleo y las políticas públicas sociales.
Colombia: La verdad sobre el hambre – Question DigitalPara mayor evidencia veamos a continuación el análisis en la Matriz de correlación, la cual muestra los valores de correlación de Pearson, que miden el grado de relación lineal entre cada par de elementos o variables contempladas anteriormente. Los valores de correlación se pueden ubicar entre -1, cero y +1. Si los dos elementos tienden a aumentar o disminuir al mismo tiempo, el valor de correlación es positivo; si el valor es cero no existe relación entre las variables; si es negativo, una variable aumenta mientras la otra disminuye (tabla 1).
Respecto a las correlaciones positivas y significativas (valores superiores a 0,8), de la tabla adjunta se puede inferir que la indigencia, pobreza extrema o condición de hambruna se encuentra altamente relacionada, de una parte, con el IPC o Índice total de Precios al Consumidor (0,80), esto es, el costo de adquirir una canasta básica de alimentos y el costo de los demás bienes y servicios, más que con la asociación o conexión al considerar únicamente la canasta de alimentos (correlación de 0,66); de otra, con el incremento anual del salario mínimo legal (0,84).
En Colombia únicamente el 10 por ciento de la clase trabajadora devenga un SML, el grueso de los ocupados, el 70 por ciento, no alcanza a percibir un SML y sólo el 20 por ciento cuenta con ingresos superiores a un SML. Como en Colombia todo está indexado, al aumento anual de ese salario, los empresarios y gobernantes responden elevando sus ganancias e impuestos, acrecentando los precios muy por arriba del incremento en el salario de referencia, por consiguiente los trabajadores informales y los desempleados se ven perjudicados y sumidos en la indigencia o la hambruna.
En particular, un IVA del 19 por ciento sobre la canasta básica familiar es un crimen de Estado que sume a las clases trabajadoras en la miseria (a mayor inflación mayor es el recaudo de impuestos por IVA). Además, la inflación total está altamente correlacionada con el IPC de alimentos (0,89) y en doble dirección o simétricamente con el incremento anual del SML (0,97).
Respecto a las correlaciones negativas, se registra de manera poco significativa una asociación entre la tasa de desempleo y el IPC total (-0,26), el IPC de alimentos (-0,19) y el incremento porcentual del SML (-0,19). Esto permite concluir, de una parte, que el tema salarial no es una carga negativa para la generación de empleo (más asociado a la productividad, la competencia y la dinámica oferta-demanda) pero, de otra, los bajos ingresos de la clase trabajadora reducen su capacidad de compra y, por ende, afecta la demanda agregada.
En cuanto las variables no relacionadas, llama la atención que la pobreza extrema o hambruna se encuentre correlacionada a un nivel poco significativo, aunque de manera positiva, con la tasa de desempleo promedio anual (0,22). La mayoría de los pobres e indigentes sobreviven mediante el “rebusque”, las actividades informales y el empleo precario; difícilmente pueden mantenerse por largo tiempo como desempleados y son asumidos por las estadísticas como ocupados. En resumen, es apenas lógico que la pobreza extrema se encuentre correlacionada con las variables índice de precios al consumidor, los ingresos medidos por los cambios en el SML y los niveles de desempleo.
Hambruna, democracia y política pública
Al decir que la hambruna es «política» equivale a decir que se puede combatir con facilidad ya que no la provocan ni el exceso de población ni los fenómenos naturales. Las hambrunas son siempre consecuencia de acciones humanas, sus instituciones y el modelo de desarrollo, aunque su origen sea una catástrofe natural.
De acuerdo con esto, para superar la pobreza extrema se requiere de una sociedad que garantice la dignidad humana y que asuma el no morirse de hambre como uno de los primeros derechos humanos. En esa lógica, una de las formas de abordar el derecho a la alimentación consiste en considerarlo un derecho humano exigible y cuya vulneración genera una obligación de reparación por parte del Estado, las empresas y la sociedad. La lucha contra la pobreza y por la seguridad-soberanía alimentaria son prioridades imbricadas en un régimen verdaderamente democrático, pero necesariamente enmarcada esta lucha de manera sistémica en un modelo de desarrollo sostenible y humano construido sobre consensos plurales, incluyentes y democráticos4.
Son unos derechos que deben exigirse cotidianamente y que de parte de cualquier gobierno, sobre todo de uno de nuevo tipo, debe materializar de inmediato a través de medidas concretas, tales como: 1. Realizar una efectiva redistribución de la tierra y reforma agraria integral; 2. Poner en marcha un plan estratégico, con acciones anuales específicas, que estimulen la siembra de todos aquellos alimentos que la bondad climática de nuestro territorio y las características de nuestros suelos permitan; 3. Por esta vía romper la dependencia alimentaria que hoy padece el país, estimulando además y de manera especial, gramíneas, de manera que en la dieta diaria se garantice ingesta de proteínas;
4. Una medida que debe ir complementada con la cría de diversidad de especies de semovientes mayores y menores, siempre en granjas a pequeña escala, sin uso de químicos ni biológicos para engorde y crecimiento apresurado, de manera que se garantice también los derechos de estos animales y su consumo no se traduzca en veneno y problemas de salud para los humanos;
5. Construir y poner en marcha un sistema nacional de mercadeo, con dos beneficios inmediatos: garantizar la compra de lo producido, al tiempo que su redistribución y mercadeo a lo largo y ancho del país;
5. Quebrar, por esta vía, el precio de los alimentos, a la par de crear miles de puestos de trabajo, bien por conducto de: a) ocupación de mano de obra en el campo; procesamiento y transformación de los alimentos –con valores agregados– en diversidad de empresas, cooperativas, mutuales y otras formas asociativas que deben construirse en todos los departamentos con tal fin; c) la apertura y atención de tiendas por todo el territorio nacional;
6. Construir una política de precios para los alimentos básicos, de manera que se impida el acaparamiento y el incremento en sus precios más allá de los indicadores de ingresos de los trabajadores de salario mínimo;
7. Mientras se quiebra la pobrecía y exclusión que reina en el país: a) abrir por todas las ciudades cientos de comedores populares que le garanticen a todo aquel que no pueda procurarse el alimento diario indispensable para su vida con salud, el goce de ese derecho; b) entrega de mercados populares a través de centros barriales y veredales a los hogares que lo requieran cumpliendo los requerimientos nutricionales y culturales.
Estas, y otras medidas necesarias de implementar para superar el modelo económico y político hoy vigente y sus nefastas consecuencia sociales, como la indispensable redistribución de la riqueza a través de la aprobación de una renta básica universal o ingreso ciudadano, la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, la apertura de miles de puestos de trabajo que lleven a la dignificación de tal derecho, solo podrán aprobarse y ponerse en marcha si se garantiza una dinámica politización y movilización de nuestra sociedad.
Ningún gobierno puede romperle el brazo a quienes controlan la economía y los factores políticos sustanciales que tensan las riendas del poder si no cuenta con el favor de las mayorías, y en Colombia esto significa hacer realidad un salto fundamental: dejar atrás la democracia como formalidad, como acto electoral, y robustecerla como democracia radical, de lo cual y para lo cual un factor sustancial es lograr la activación de las fibras más profundas de la conciencia popular, de manera que la democracia y los derechos humanos se hagan cuerpo en millones de seres humanos hasta ahora negados de todo.
* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y desdeabajo.