El huracán de precios desconstituyente
15 y último |
En una nota publicada el 29 de junio llamada “Una tormenta de precios perfecta”, se planteaba cómo, de cara a las elecciones para la Constituyente, el gobierno enfrentaba una tormenta de precios desconstituyente perfecta. El dilema en aquel entonces estaba en saber si la violencia que se viene ejerciendo contra los asalariados y asalariadas, a la hora de pagar las cosas que necesitan, era lo suficientemente fuerte como para hacer fracasar dicho proceso, en la medida en que, absteniéndose o votando nulo, la mayoría nacional expresara su malestar castigando electoralmente al gobierno.
Hoy, a unas tres semanas de aquella elección, resulta obvio que esto no ocurrió. Y que más bien las mayorías nacionales se movilizaron para castigar a los violentos, exigiendo que sea por la vía democrática que se diriman los conflictos. En tal virtud, podría decirse que la demanda de paz se sobrepuso sobre el malestar económico.
Sin embargo, también son verdad otras dos cosas. Por un lado, que además de la paz político-social, el principal ofrecimiento de la convocatoria constituyente fue la paz económica, entendiendo por tal la lucha contra la especulación y demás males que actualmente hacen que cualquier simple acto de compra-venta se convierta en una odisea. Y por el otro, que más allá de las voluntades, y por más que sea cierto que se “sobrevivió” al trance electoral, dicha tormenta desconstituyente de precios no ha hecho más que agravarse hasta convertirse en un verdadero huracán.
A propósito de lo primero, en días pasados circuló un artículo del constituyentista Elías Jaua, en el cual, palabras más o menos, llama a bajarle dos a las expectativas de solución inmediata, dado que la Asamblea Nacional Constituyente “no tiene una varita mágica para superar todas estas variables que atentan hoy contra nuestra economía”, a lo que agrega que “la superación de los problemas económicos será el resultado del esfuerzo productivo y honesto de la empresa privada, de los trabajadores y trabajadoras, de las nacientes formas de propiedad social y comunal, de la empresa pública y de la rectoría y acción transparente del Estado sobre los factores económicos”.
El rollo con esta afirmación es que resulta complicado esgrimirla ahora, es decir, luego de que las mayorías nacionales asumieron tales expectativas no por gusto, sino porque, como ya dijimos ‒pero además es público, notorio y comunicacional‒ fue justo el ofrecimiento de los convocantes a la ANC. Así que si esta va a ser la nueva línea, lo recomendable sería que se le piense mejor, pues, para decirlo en buen cristiano, muchos y muchas de los que salieron a votar el pasado 30 de julio, y se espera lo hagan en octubre próximo, pueden sentir que fueron víctimas de una oferta engañosa.
A esto hay que agrega que, como también decíamos, los precios lejos de bajar o detener su crecimiento no han hecho más que dispararse desde el 30 de julio, de forma tal que ya no hay salario que resista el expolio especulador. Sin ánimo de presionar a nadie, reseñamos algunos ejemplos: el cartón de huevo se ubica entre 25 y 30 mil bolívares, el queso más o menos igual, el kilo de carne pasa los 30, la harina de maíz está en 18 mil. En el caso del café es virtualmente imposible conseguir la presentación de kilo, que ya ronda los 40 mil bolívares, el medio kilo se consigue en aproximadamente 18 mil, dependiendo de la marca, de hecho, un café de panadería cuesta 3 mil. Todos estos precios son entre 100 y 50% más altos que los de esos mismos productos pero antes de las elecciones a la ANC.
La jugada maestra de la ANC fue quitarle la iniciativa a la oposición terrorista, de manera que no solo se le derrotó sino que se le quitó la pelota. Pero esto supone que la iniciativa pasa al lado del chavismo y que este tiene ahora la jugada. Estamos claros todos y todas que la ANC no tiene la varita mágica. Pero también que si la ANC opta por tomársela DES-PA-CITO, mientras los precios siguen avanzando a ritmos huracanados, el péndulo electoral puede oscilar al mismo lado que lo hizo el del 6 de diciembre de 2015.