El Estado chileno y su guerra contra la juventud en lucha: “Ley corta de Seguridad Ciudadana”
Andrés Figueroa Cornejo|
El chileno Luis García-Huidobro, ex sacerdote jesuita quien fuera miembro de la congregación que comanda la Iglesia Católica a través del Papa Francisco, resumió la llamada ‘Ley corta de seguridad ciudadana’ o ‘control preventivo de identidad’, con claridad de mediodía: “Para los que no saben lo que es el control preventivo de identidad, les cuento que por acuerdo entre la Derecha, la DC y el PPD, usted podrá ir caminando por un lugar público y un carabinero podrá pedirle su carnet y llevarlo amablemente a una comisaría, y retenerlo por un máximo de cuatro horas (o una hora, si es menor de edad), para verificar sus antecedentes.
¿El criterio? El ‘instinto’, la ‘intuición’, el olfato, o el mero aburrimiento de un paco (carabinero), ya que no se requiere indicio alguno de que usted ande en algo delictivo, como lo exigía la norma anterior”.
Antes del fin del primer mes de 2016, los congresistas de la Comisión de Constitución del Senado, sin preguntarle a nadie, aprobaron el texto legal antisocial, y que vulnera las libertades individuales y colectivas fundamentales. A favor: Alberto Espina (RN), Felipe Harboe (PPD), Hernán Larraín (UDI) y Pedro Araya (‘independiente’ pro DC), con el voto contrario de Alfonso de Urresti (PS).
¿Pero cuál es el proyecto que en marzo del año en curso se votará en el parlamento?
“En cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública, y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 y 86 (última revisión) del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 del mismo Código Procesal Penal podrán controlar la identidad de cualquier persona mayor de 14 años en vías y otros lugares públicos y en lugares privados de acceso al público en que se encontrare, por cualquier medio de identificación expedido por la autoridad pública, tales como cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o la tarjeta nacional estudiantil. El funcionario policial deberá otorgar a la persona las facilidades para identificarse pudiendo utilizar todos los medios tecnológicos idóneos para tal efecto. En caso de duda de si la persona es mayor o menor de 14 años, deberá siempre entenderse que es menor”.
Como en la tiranía cívico-militar, las y los más jóvenes, los más empobrecidos, los más morenos, los migrantes, los más excluidos, los ‘potenciales desobedientes’ respecto del actual orden de cosas, quedan a merced de las súper facultades represivas de carabineros.
La región alienada de la sociedad chilena reproduce en su seno el racismo, las relaciones de clase, de poder, y la jerarquización estamental de las Fuerzas Armadas que puertas adentro operan de manera condensada. Históricamente, el brazo armado monopólico y legal del Estado de Chile, como en todo el mundo periférico donde existen naciones-Estado (en especial en América Latina, África y Asia), hace “sus glorias” en contra de sus propios pueblos. Las matanzas en Chile de comunidades indígenas y mestizas en resistencia se suceden en todo su devenir, bajo el recetario eurocéntrico y norteamericano del “progreso”, la “modernidad” y la propiedad privada. El golpe de Estado de 1973 fue solamente uno de sus episodios más cruentos.
(El racismo también es la ideología necesaria del colonialismo para hacerse del trabajo esclavo y de las materias primas provenientes de los pueblos y territorios sometidos. En el mismo sentido funciona la concepción autoproclamada de “pueblo elegido”, credo justificatorio para la fase imperialista del proceso de expansión y anexionismo capitalista, que en la actualidad presenta la forma de disputa por los mercados del mundo. Tal disputa adquiere, por ejemplo, las maneras de la “integración conflictiva” entre el Estado chino y el estadounidense.)
¿Tienen que ver estos versos con la eventual reposición de la “detención por sospecha” a menores de edad en Chile? Por supuesto. Pero es preciso hacerse de los elementos básicos que caracterizan la época.
Aspectos básicos que ilustran la época
Hoy en el mundo sólo existe el sistema capitalista, los combates interimperialistas e intercapitalistas, y el fetichismo de la mercancía, del dinero (mercancía de las mercancías) y de las marcas. La lucha de clases se expresa multidimensionalmente, pero aún no cobra la densidad y fuerza suficientes para enfrentar con posibilidades de éxito en el corto plazo a un modo de producción basado en la apropiación privada del excedente socialmente producido.
Desde mediados de los 70 del siglo XX, bajo la tutela del imperialismo norteamericano y británico, y para sortear una de las más grandes crisis capitalistas de su historia, arrancó la financiarización mundial. Ello significa que el capital, con el objetivo de contrarrestar la probada tendencia de la caída de la tasa media de ganancia (causa de sus crisis de sobreproducción o ‘subconsumo’), se refugia en la hegemonía del momento financiero, especulativo y ficticio, sobre la totalidad de la reproducción capitalista. Al mismo tiempo, el capital financiero funciona como mando de controles de los momentos de la producción, el intercambio, la distribución y el consumo. En consecuencia, no sólo se mundializa y concentra el capital financiero, sino que también el comercio, se deslocaliza la producción, se estandariza el consumo y se incrementan las desigualdades en el plano de la distribución de los ingresos. Complementaria y estratégicamente, se revela e intensifica el carácter incesante de la acumulación originaria mediante la expoliación de las materias primas y la apropiación privada de los ahorros jubilatorios del pueblo trabajador. En el mismo sentido, el armamentismo, los paraísos fiscales, el narcotráfico, la trata de personas y la prostitución infantil, comportan industrias clave. Así, se provoca una reorganización de la división internacional del trabajo que, con el tiempo, supera la estereotipada contradicción Norte dominante / Sur dominado, sin por ello dejar de acentuarse las relaciones de subordinación entre los polos centrales de la concentración capitalista, por un costado, y la inmensa mayoría de las economías periféricas, por otro.
Las formas del imperialismo, del colonialismo, del semi-colonialismo y del desarrollo desigual y combinado (superposiciones sincrónicas de distintos modos de producción, con hegemonía capitalista) no sólo siguen operando en el control territorial de los pueblos (tanto mestizos, como indígenas), sino que se manifiestan en la guerra intercapitalista de la disputa de los mercados. Al respecto, no existen mejores ejemplos que las batallas entre las multinacionales asentadas sobre el Estado norteamericano, chino, alemán, y sus respectivos aliados, como el norteamericano Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, TPP, y el Tratado de Comercio e Inversión con la Unión Europea, TTPI, por un lado, y su versión china, el Acuerdo de Integración Económica de todos los miembros del Foro de Cooperación Asia- Pacífico, APEC, por otro.
Como la política es la economía concentrada, y la guerra es la prosecución de la política por otros medios, desde Ucrania, pasando por regiones africanas, hasta y sobre todo en Medio Oriente, se advierten con mayor claridad las maneras de una guerra por mercados y materias primas entre los capitales dominantes. Por el momento, semejantes territorios en disputa y de alta concentración conflictiva y fábricas de muerte y migraciones feroces, no han escalado a una nueva conflagración mundial debido a las consecuencias definitivas que comportaría.
En la presente fase capitalista, el carácter de la destrucción de la biodiversidad devenida del extractivismo, descubre los límites del productivismo desarrollista. Esto es, el movimiento interno del capital jaquea su propio porvenir, al menos, de la manera en que se ha desenvuelto hasta ahora. Pero sólo lo jaquea. Su caída nunca será posible sin las fuerzas sociales oprimidas y necesariamente organizadas que se resuelvan en poder alternativo a la minoría condensada que provisoriamente domina.
Asimismo, junto a su deslocalización, el capital recurre a la sobreexplotación del trabajo asalariado. Sus formas predominantes corresponden a la flexibilidad y polifuncionalidad laboral, precaviéndose mediante las leyes y los bancos centrales de la hiperinflación (de hecho, en los capitalismos mandarines, viene provocándose un fenómeno de deflación). Así también se vive la ampliación de la cantidad de las y los propios asalariados, independientemente de la informalidad laboral creciente y de su evidente desplazamiento de la zona económica productiva a la de servicios. Dos razones fuertes explican esas políticas: la extracción de superior plusvalía para intentar recuperar la rentabilidad del capital, y evitar tasas de desempleo mayores, gatillantes históricos de los levantamientos populares y de la inestabilidad sistémica.
Como condición de lo anterior, la producción del sentido común hegemónico, del consenso, del miedo, de la resignación, de la alienación y de la mansedumbre, jamás antes en la historia habían cobrado tanta eficiencia, desde las escuelas hasta las multimedia, pasando por el empleo de clase de la producción de conocimientos ligados a la industria armamentista, la neurociencia, la genética, la nanotecnología, la inteligencia artificial y la robótica, la lingüística y la informática. Por eso la guerra de ideas -que para quienes buscan cambiar la vida es una práctica pedagógica, agitación y propaganda ampliada y necesariamente acorde (y no extraña, críptica y distante) a las maneras y subjetividades del siglo XXI- resulta imprescindible a la hora de imponerse el desafío de socavar el consenso y la aprobación de la población respecto del actual orden de cosas. Ello es condición obligada para colaborar con las crisis internas del propio capitalismo, únicas posibilidades históricas de éxito para los proyectos post-capitalistas liberadores y las vanguardias populares. Y Pueblo es quien conoce y lucha por sus intereses históricos, el resto es población.
En la actualidad habitamos una recesión y crisis política mundial. La baja en las inversiones productivas y en la propia productividad, el permanente apalancamiento de los Estados al capital financiero, la caída vertiginosa del precio de las materias primas debido a la contracción de la demanda china y la nueva crisis de los precios del petróleo; el aumento sideral del endeudamiento público y privado, grande y doméstico; las alianzas y fusiones estratégicas entre mega holding multinacionales; las colusiones empresariales y deslegitimación estructural de los sistemas de partidos políticos tradicionales; la supremacía de las transnacionales sobre las democracias burguesas; el despeñadero de los ‘progresismos’ (desde Grecia hasta Venezuela); la guerra en contra de pueblos originarios (desde Palestina, el Kurdistán, el Sahara Occidental, hasta el pueblo Mapuche); son algunas de sus expresiones más notables.
La burguesía precavida
Sin atender los contenidos del apartado anterior, resulta imposible comprender el contexto dentro del cual el bloque dominante específicamente chileno adopta sus precauciones, hijas de su aprendizaje histórico.
Siempre desde dentro del orden de la institucionalidad burguesa y su interna tensión liberal-conservadora, por donde se le mire, la iniciativa legal sobre “Seguridad Ciudadana” viola la presunción de inocencia, transgrede la Declaración de los Derechos del Niño aprobada el 20 de noviembre de 1959 de manera unánime por la Organización de Naciones Unidas, y reinstala violentamente la ‘represión precautoria’ o la ‘criminalización por sospecha’ en contra de los menores de edad y la juventud. De este modo, en Chile se consagra la máxima de la barbarie dictada por arriba, por hombres blancos y muchos de ellos enriquecidos ilícitamente. A saber, ‘mátenlos antes de que se reproduzcan’.
¿Cómo se revela la vena fascista que hay tras el proyecto de ley, según datos objetivos conocidos en todo el planeta, pero bien silenciados por los contados dueños de los medios de comunicación masivos locales? Publicado por la propia CNN, la conocida cadena mediática norteamericana, el Índice de Paz Global (http://www.datosmacro.com/demografia/indice-paz-global) informa que “Chile ocupa el primer lugar en la región con el puesto 29 entre los países más pacíficos, el segundo mejor del hemisferio occidental después de Canadá (que tiene el séptimo puesto global) (…) y Estados Unidos está en el puesto 94” de un total de 194 naciones. ¡Chile es el país más pacífico de América Latina y uno de los más seguros del planeta!
¿Por qué entonces en Chile se invoca la ‘inseguridad ciudadana’, ‘la delincuencia desbocada’, y otras bravuconadas semejantes a la hora de legislar por arriba, cuando las cifras imparciales dicen todo lo contrario? ¿A quién le conviene que se destaquen mayores poderes, presupuesto y recursos a carabineros y a las áreas de seguridad pública en vez que a la sociedad civil y a los derechos sociales?
Una vez más el Estado subsidiario, aval, dador de sangre y herramienta del gran capital transnacional, combinado y nativo, distrae ingentes medios en políticas que anticipan aquello que la gente de a pie desconoce, pero que los intelectuales orgánicos de los pocos que mandan saben de sobra. La crisis mundial efectivamente se ha instalado en Chile, como no podía ser de otro modo, y presenta sus manifestaciones más claras en el aumento real de la cesantía y el empleo informal y a cuenta propia. Pero el poder logra anticipar que incluso el trabajo-basura tiene sus límites. Ello provoca automáticamente una batería de medidas que, al igual que en la forma de régimen militar que adoptó la dictadura del capital entre 1973 y 1990, legitiman la represión de acuerdo va cobrando mayor densidad la lucha de clases. Hoy Chile está en el lugar 29 de la ‘paz social’ requerida por la inversión. Pero proyectando mejor que muchas izquierdas del país, la inteligencia capitalista aplica la dialéctica para blindarse ante un panorama próximo cuyos efectos sociales y políticos atentarán en contra de sus intereses objetivos. La Ley de Seguridad Ciudadana cobra su sentido estratégico en ese marco.
La costilla liberal del sistema contra el proyecto legal conservador
Por otra parte, ya muchas personas, personalidades e instituciones del mismo orden que lo sostiene, sin embargo, se han manifestado contrarias a la reposición de la dictatorial ‘detención por sospecha’.
Los jueces de la Corte Suprema (que no son precisamente miembros de una agrupación revolucionaria) indican que resulta problemática la reforma al artículo 127 del Código Procesal Penal, sobre la detención judicial. Postulan que “el proyecto, luego de establecer como facultad policial el registro de vestimentas en toda detención judicial, autoriza al juez como razón suficiente para decretar una detención el hecho de que el Ministerio Público considere que una determinada persona cometió un delito al que la ley tiene asignada una pena de crimen” (…)
“Es decir, autoriza una medida cautelar, sin ninguna consideración a algún peligro real y calificado de alguna clase, sino sólo sobre la base de la gravedad de una determinada imputación”, añaden. Dicen que la medida “contraría toda la lógica de la concesión de las medidas cautelares y constituye un retroceso mayúsculo desde la perspectiva del principio de inocencia: nadie debería poder ser detenido sin antecedentes especiales y, exclusivamente, sobre la base de una denuncia o imputación”. Los jueces acentúan que “la detención, así como la prisión preventiva, no constituyen antejuicios. Ellas son medidas extraordinarias, cautelares de los fines internos del procedimiento” (…) “En este sentido, la afirmación de la probabilidad de autoría o participación en un imputado es un antecedente necesario, pero en ninguna medida suficiente para decretarlas, y esto es una consideración esencial de nuestro sistema, que no puede pasarse por alto”.
La misma Corte Suprema declaró en septiembre del 2015, que las cifras en que se funda el proyecto son cuestionables. Aclaró que se incrementará la persecución contra delitos no violentos –y no contra los violentos, como explicita el proyecto–, criticando que delitos contra la propiedad sean más gravemente sancionados que “incluso, algunos delitos contra la vida, la probidad funcionaria, la integridad física o la libertad sexual”, y acomete contra la ampliación del control de identidad, señalando que “otorga mayores espacios de discrecionalidad a Carabineros, disminuyendo las facultades de control que poseen los tribunales”.
O sea, que la ‘justicia instintiva’ de carabineros podría estar sobre el propio Poder Judicial, uno de los pilares del Estado burgués en su actual forma democrático-representativa. He aquí una reyerta interinstitucional propia de las contradicciones de las autoridades sistémicas.
En el mismo sentido, abogados penalistas y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, indicaron sus reparos al proyecto por su “afectación a los derechos fundamentales de las personas”. Y, ojo, que el ala liberal del capital también toma posiciones cuando cuestionan la pertinencia de una agenda corta para enfrentar un problema tan complejo como la delincuencia, además de poner el acento en que “dicha tendencia sólo profundiza el problema de fondo, cual es la desigualdad. (…) estas nuevas facultades no sólo son inconvenientes y riesgosas, sino que son también innecesarias. Con los mecanismos actualmente disponibles, Carabineros realizó más de dos millones de controles de similar naturaleza durante el año pasado. Ello conduce necesariamente a la conclusión de que lo que debiera discutirse con urgencia no son nuevas atribuciones policiales, sino la eficiencia y eficacia con que se utilizan las que actualmente disponen”.
El ala conservadora reprime precautoriamente, mientras que el ala liberal apuesta a ceder modificaciones no estructurales con el fin de no precipitar antes de tiempo la intensificación de la conflictividad social (¿contradicciones secundarias como los republicanos y demócratas del sistema político norteamericano?)
Asimismo, Lorena Fries, directora del INDH-Instituto Nacional de Derechos Humanos-, escribió en una columna del diario La Tercera que “La seguridad de los ciudadanos es un derecho fundamental y es exigible que el Estado nos proteja de la delincuencia, pero ello no puede hacerse afectando gravemente otros derechos y libertades. Tampoco es sostenible que siga sin atenderse la causa de fondo que en Chile y otros países está en la base del problema, cual es el evidente agravamiento de nuestra desigualdad”.
Por su lado, Amerigo Incalcaterra, representante de La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), apuntó que “La disposición vulnera conceptos ampliamente adoptados por la comunidad internacional, tales como la presunción de inocencia y el principio de legalidad, al otorgar facultades desproporcionadas y arbitrarias a la policía”, agregando que “Nos preocupa que las autoridades chilenas no estén tomando en cuenta la normativa y los estándares internacionales en la materia durante la discusión del proyecto”. Incalcaterra recordó que tras una visita a Chile, en septiembre de 2015, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Maina Kiai, advirtió en un documento de análisis que tales disposiciones en materia de control de identidad limitan derechos garantizados en tratados internacionales ratificados por el país. “También, es paradójico que la discusión legislativa no esté considerando las advertencias de actores nacionales claves, entre ellos la propia Corte Suprema de Chile, que en un informe de septiembre de 2015 criticó los aspectos discrecionales de la medida, refiriéndose al control de identidad preventivo como ‘difícilmente aceptable’ en un Estado de Derecho”, terminó.
¿Qué viene después? ¿Qué las y los muchachos se acuartelen en sus casas, el miedo se vuelva peste, se les obligue a cortarse el pelo ‘a lo mero macho’, las chicas usen pantalones y los chicos anden uniformados? ¿Qué se multipliquen los asesinatos de menores mapuche por carabineros, como Edmundo Alex Lemun Saavedra (17 años) o José Huenante Huenante (16 años)?
¿Quién ganará, al menos en el papel, este nuevo episodio de fascistización de la sociedad chilena? ¿Liberales o conservadores?
Mientras tanto, la conciencia práctica y concentrada de los intereses históricos del pueblo trabajador y de las y los oprimidos no termina de reunir los brotes de movimiento popular aún descoyuntado, cuando, a vuelo de pájaro y junto al combate en contra de la alienación, es la misión inmediata de la emancipación anticapitalista y antifascista (dos momentos de un mismo movimiento).