El debate en Venezuela: ¿Cómo hacen otros países en materia cambiaria? 

Luis Salas Rodríguez | 

En el marco del debate suscitado en materia económica, buena parte del cual se ha visto reflejado en nuestra página, muchos de nuestros lectores y lectoras plantean a modo de pregunta, tanto en la sección de comentarios como en las redes sociales: ¿cómo hacen en materia cambiaría otros países? Y particularmente: ¿por qué no se ven la mayoría de ellos en la necesidad de aplicar controles de cambio para proteger sus reservas?

Es una pregunta cuya respuesta no es simple, por la particular razón de que depende de cada caso. Muchos países no tienen controles de cambio per se, pero tienen estrictas medidas para el movimiento de capitales fuera de sus fronteras, particularmente fiscales, que en el contexto post crisis del 2008 se han venido reforzando y que en el mundo post Trump de revival proteccionista aún más. Incluso una institución tan insospechada de “socialismo” o “populismo” como la Reserva Federal de Atlanta plantea la necesidad de políticas de este tipo para el caso de economías emergentes.

Ahora, la razón principal por la cual en Venezuela históricamente han existido controles de cambio es ampliamente conocida: el carácter público de la generación de las divisas que alimentan el “mercado” cambiario venezolano. Y contrario a lo que suele decirse, esto no se debe al “rentismo petrolero”: se debe a la ineficiencia del sector privado venezolano, poco productivo a la hora de generar divisas pero altamente demandante de las mismas.

A efectos prácticos, como se ha dicho hasta el hartazgo, de cada diez dólares que ingresan al país, solo entre 1 y 0,5 son generados por el sector privado: el resto provienen por concepto de factura petrolera.

Y esto no es resultado, como plantean los simplistas, de que durante el chavismo se arruinó al sector privado o los controles “desestimularon” la producción. De hecho, la realidad, expresada en indicadores, nos señala la paradoja de que entre 1999 y 2012, durante los años de gobierno de Hugo Chávez, el aporte del sector privado creció, por más insignificante que siguiera siendo en el total con respecto al público.

Veamos las siguientes cifras, provenientes de la base estadística del BCV donde pueden ser consultadas:

Entre 1950 y 1998, antes de Chávez pues, el sector privado venezolano exportó 41 mil 464 millones de dólares. Y durante el mismo período, importó 220 mil 547 millones de dólares. Eso quiere decir que importó 5,3 veces más de lo que exportó, lo que generó, en lapso de tiempo mencionado, un déficit de balanza para el sector de 179 mil 083 millones de dólares.
Entre 1999 y 2015, el sector privado exportó 121 mil 040 millones de dólares. Es decir, con todo y control cambiario, de precios, etc., y en un plazo de tiempo mucho menor, generó 2,9 veces más divisas por concepto de exportaciones, que en los 50 años previos. Sin embargo, también aumentaron sus importaciones: 680 mil 164 millones de dólares, lo que supuso un déficit de balanza de 330 mil 577 millones de dólares.
Ahora, entre 1999 y 2015, el sector público venezolano –y fundamentalmente PDVSA, generó divisas al país por concepto de exportaciones por una suma de 878 mil 510 millones de dólares, lo que es nada menos que 7,2 veces más que las producidas por el sector privado en el mismo lapso de tiempo. Y 5,5 veces el valor de todas las exportaciones del sector privado venezolano desde 1950. En contraprestación, el sector público –y no solo PDVSA- importó bienes y servicios por un monto total de 250 mil 916 millones de dólares. Esto quiere decir que en lapso de tiempo establecido, el superávit del sector público fue de 627 mil millones de dólares.
Lo anterior tiene varias implicaciones, entre ellas las siguientes:

Desde los criterios estándares de la contabilidad más elemental, el sector privado le representa al país no una ventaja comparativa sino un costo. No es un tema de prejuicios ni de “comunismo trasnochado”: es una verdad matemática.
Para el caso venezolano, no existe criterio que permita sostener la tesis de que el sector privado es más productivo que el público.
En término teóricos, el nuestro es un caso clásico de Estructura Productiva Desequilibrada: por un lado, un sector altamente productivo y competitivo – el petrolero-, mientras por otro lado un sector industrial privado improductivo e ineficiente. Esto no quiere decir que no haya excepciones: pero son eso, excepciones a la regla.
Pero no solo pasa que el sector privado es ineficiente e improductivo: en cuanto tal, es un costo que tenemos que pagar todos los venezolanos y venezolanas con los recursos del Estado. Y la muestra es el diferencial existente entre lo importado y lo exportado: pues la única forma de que el sector privado haya comprado 5,5 veces más de lo que vendió, es habiendo obtenido la plata de alguna parte. Y “alguna parte” es el Estado venezolano.

Nótese de hecho lo siguiente: el diferencial entre lo importado y lo exportado por el sector privado desde 1999 a 2015 (déficit del sector privado), da como dijimos un total de 517 mil 660 millones de dólares. Ahora, si como es público, notorio y comunicacional, el sector privado importa siempre con divisas públicas (es decir, que se las compra al Estado a cambio de bolívares), siendo la demostración de ello que ahora manifiesta no poder importar ya que el Estado no está asignando divisas, debemos asumir entonces por lógica simple que los 121 mil millones de dólares que exportaron los privados, no los utilizaron para importar. Es decir, los 680 mil millones de dólares por concepto de importaciones privadas entre 1999 y 2015, muy probablemente fueron cubiertos en su totalidad por divisas de origen público. De por sí, el superávit del sector público (627 mil millones de dólares) es casi equivalente al valor total de las importaciones privadas (680 mil 164 millones de dólares).
Sobre el verdadero origen de la deuda externa venezolana

Otra cuenta interesante es la siguiente: si asumimos como ciertas las cifras que publican diversos organismos y agencias (y no podemos hacer otra cosa ya que, como es sabido, las cifras oficiales brillan por su ausencia), el monto total de la deuda externa venezolana en los últimos años ronda los 190 mil millones de dólares. De esa cantidad, se supone se han cancelado en los últimos cinco años –el gobierno de hecho lo contabiliza como uno de sus “logros” en materia económica– 70 mil millones, por lo cual restarían unos 120 mil millones entre bonos de la República y PDVSA.

Dejando de lado el tema sobre el modo en que se adquirió esta deuda –buena parte de ella para financiar directamente privados (caso bonos permuta, SITME, etc.) que a su vez son tenedores de bonos y por lo cual hay que pagarles-, el caso es que la misma es 3,3 veces menor que el superávit del sector público entre 1999 y 2015. O lo que es igual, el superávit del sector público entre 1999 y 2015, fue 3,3 veces mayor al tamaño de la deuda contraída. Lo que esto quiere decir es que el Estado –es decir, la República, los venezolanos y las venezolanas- terminó contrayendo una deuda no teniendo razones financieras para hacerlo, solo porque el superávit del sector público se utilizó para financiar al sector privado improductivo. Dicho superávit se pudo haber ahorrado para momentos como el que vivimos o utilizado para inversiones productivas en otras áreas del sector público. Pero en cambio, hoy no solo no lo tenemos, sino que tenemos una deuda que cancelar. Independientemente de las responsabilidades por corrupción y/o negligencia dentro del sector público que indudablemente hay al respecto, en éste costo que al país le representa tener un sector privado ineficiente se encuentra el verdadero origen de nuestra deuda externa.

Verdaderos jeques en un país sin divisas

¿Y dónde están los 120 mil millones de dólares que el sector privado generó por concepto de exportaciones pero no utilizó para importar? Pues deben formar parte de los más de 400 mil millones de dólares que un grupo de venezolanos tienen depositado en el exterior, lo que no incluye bienes inmuebles y otras posesiones, pero además tampoco lo depositado en guaridas fiscales.

A este último respecto, según un reciente informe del FMI, ciudadanos venezolanos ocupan el segundo lugar tras Emiratos Árabes Unidos y por delante de Arabia Saudita, en el arte de sacar el dinero y depositarlo en cuentas fantasmas, lo que además de esconder botines fruto de la corrupción pública y privada, sirve para evadir impuestos.

Según estimaciones de la profesora Pasqualina Curcio, estamos hablando de un grupo de personas que no supera el 2% de nuestra población, los cuales han logrado acumular fuera de nuestras fronteras más del PIB nacional.

A este grupo de venezolanos se ha pretendido “estimular” con la política cambiaria de los últimos años para que trajeran sus divisas al país: en razón de esta causa, se han realizado las devaluaciones más dramáticas, se ha reducido el salario mínimo hasta convertirlo en el mínimo salario regional, incluso se han flexibilizado controles de diversa índole y hasta se les ha ofrecido reponerle lo que inviertan. Todo lo cual ha resultado inútil, más allá de las razones políticas obvias, por el simple y llano motivo de que el sistema financiero mundial ofrece seguridades y rendimientos contra los cuales es virtualmente imposible competir, a no ser que nos convirtamos nosotros mismos en un paraíso fiscal, lo que puede que beneficie a algunos pero obviamente no al país en cuanto tal.

¿No funcionó el control de cambio?

Hay quienes argumentan que lo anterior demuestra que el control de cambio existente entre 2003 y 2013 fue ineficiente y no cumplió su cometido. Pero como siempre, las cosas son más complejas. En primer lugar, porque el control no es la fuente del problema: la fuente del problema es la ineficiencia del sector privado, que no aporta divisas pero las demanda todas. Y en cuanto tal, en razón de esto, es deber del Estado tener un control cambiario. El problema acto seguido es que no es suficiente con un control cambiario, sino se complementa con una política más integral de un sistema de administración de divisas, del cual el control de cambio debe ser solo un aspecto.

Con todo y eso, se estima que desde el 2003, de no haber habido control cambiario, los privados se hubiesen apropiado, después de 1999, por lo menos de US$ 693.250 millones, es decir, US$ 463.553 millones más de lo apropiado con el control. Quien tenga cifras que demuestren lo contrario que las presente.

¿Es el nuestro un caso excepcional? ¿Cómo hacen otros países?

Volviendo al inicio, ya vimos que el caso venezolano sin ser necesariamente excepcional, es bastante original, en virtud de lo cual el control cambiario en el marco más amplio de un régimen de administración de divisas es un deber del Estado, en cuanto las divisas que se comercian en el país son de origen público.

Algunos han planteado que la solución a esto, pasa entonces por habilitar la posibilidad de que exista un mercado privado de divisas. Y lo plantean como un gran descubrimiento y una verdad de Perogrullo, como que si a nadie se le había ocurrido antes. En términos formales, eso estaría bien y hasta yo estoy de acuerdo con su existencia. Pero la pregunta de las diez mil lochas es ¿hasta qué punto los privados tenedores de divisas están dispuestos a ofertarlas en dicho mercado? La experiencia reciente del DICOM, donde en seis meses no se han tranzado ni 20 millones de dólares, con todo y las tamañas devaluaciones ocurridas, es el más claro ejemplo de ello.

Pero en la medida en que el DICOM sigue siendo un mercado cuyo operatividad no es del todo transparente, pudiera argumentarse que esta última es la razón del fracaso del DICOM. Ahora, si nos vamos a comparar con países que no tienen control de cambio, comparemos con Argentina, que lo tuvo hasta 2015 cuando fue levantado por el gobierno de Mauricio Macri. Se dijo entonces que los problemas inflacionarios, de déficit fiscal, de inestabilidad de la moneda, etc., derivaban del control cambiario. Sin embargo, lo cierto es que tras su levantamiento todos y cada uno de los mismo han empeorado, al punto de que el gobierno se ha visto obligado a solicitar un “rescate” al FMI.

En efecto, el secreto mejor guardado por los economistas neoliberales, pasa por ignorar lo que está pasando en Argentina: el resultado neto del levantamiento de los controles luego de dos años y medio es más inflación, más fuga de capitales, menos reservas, mayor déficit fiscal y más endeudamiento. De hecho: para lo único que sirvió fue para endeudar más a Argentina incluso por compromisos hasta de cien años. Y es a esto donde quería llegar, pues dada la financiarización de la economía mundial, a los Estados nacionales no les está quedando otra que endeudarse para sobrevivir. Veamos:

Según informó recientemente Janet Yellen, quien hasta febrero pasado fue la presidenta de la Reserva Federal (equivalente a un Banco Central para el caso norteamericano), la deuda pública de los Estados Unidos supera los 21 billones de dólares, lo que es equivalente al 107,04 % de su PIB. 7 puntos más que en septiembre de 2017.

Si se agrega la deuda privada de los hogares, el total asciende a 41 billones de dólares: 2017% de su PIB.

El sector privado no financiero debe un 150,5% del PIB norteamericano. Es decir, en total, el monto de la deuda total en los Estados Unidos asciende a 355% del PIB.

Pero no es el único caso: la deuda pública de Japón supera el 240% del PIB.

La de Grecia 181% de su PIB (antes que empezara el “rescate” del FMI y el BCE estaba en torno a 100%).

La deuda italiana roza los 133%; en Portugal 130&; en Bélgica 105%; la de Alemania el 82%, la de Brasil el 80%, la de Argentina el 70%.
Suponen los especialistas que el óptimo manejable de deuda para un país debe rondar en torno al 30%. Y caso contrario, afirman que se trata de economías con enormes desequilibrios, a las cuales es necesario ajustar. Muchos medios financieros internacionales tienen un alharaca desde hace años porque la deuda china viene creciendo “peligrosamente”, siendo que apenas roza el 40% de su PIB. Y es aquí donde entramos en el mundo de las triquiñuelas de las calificaciones de riesgo, porque según los criterios “expertos” tipo Ricardo Haussman o Rodrigo Cabezas, todos y cada uno de los países arriba nombrados deberían estar hace ratos intervenidos y siendo objeto de brutales ajustes macroeconómicos y no solo Grecia, que son los débiles de la partida y conejillos de india de los Alemanes.
En cuanto al caso venezolano, el monto de la deuda actual como porcentaje del PIB debe estar rondando el 70% (y decimos “debe” porque estamos especulando dado el apagón estadístico oficial). A todas luces este monto es manejable si se le compara con el de todos los países arriba citados. Sin embargo, la diferencia es que a nuestro país se la aplican y buscan en efecto ahogarlo financieramente, primero a través de la manipulación del riesgo país cuando Venezuela podía pagar (y en efecto pagaba puntualmente, lo que no evitaba que el riesgo país siguiera subiendo y tuviéramos que pagar más por concepto de intereses y primas de riesgo); y luego que se quedó sin recursos para pagar, evitando pueda hacer cualquier tipo de restructuración o refinanciamiento, como suele ser la norma en estos casos.

Con respecto a este tema, valga decir que en algún momento habrá que discutir la estrategia asumida por el gobierno en materia de deuda. Está claro que la de pagar a tiempo y puntualmente para calmar a los mercados no dio buenos resultados, siendo sus únicos frutos el haber causado un default interno en materia de bienes esenciales queriendo evitar el default externo, al tiempo de coadyuvar más al estrangulamiento financiero actual. Se argumenta al respecto que no había alternativas porque Venezuela podía ser invadida, etc. Tiene sentido, pero lo cierto es que lo tiene sobretodo luego de las sanciones de 2015, cuando se declaró a nuestro país como una “amenaza inusual y extraordinaria”, y ya para esa fecha se supone se había cancelado al menos la mitad de los 70 mil millones que el gobierno afirma haber pagado por deudas. Pero por otro lado, también pasa que desde finales del año pasado, nuestro país ha dejado en efecto de pagar vencimientos de bonos por 4 mil millones, lo cual significa que técnicamente estamos en default, sin que hasta los momentos se haya producido ninguna invasión. Como quiera que sea, y a falta de información al respecto, todo indica que la manera de abordar este tema lejos de ayudar complicó mucho más el cuadro.
¿El “post-rentismo” como solución?

Más de una vez le escuchamos decir a Chávez que para que una idea sea buena debe ser viable. Y la idea del “post-rentismo” –entendiendo por tal que el ingreso petrolero sea remplazado por uno generado por un modelo diversificado y exportador- puede ser discursivamente muy atractiva, pero nada indica que sea viable, sobre todo en el corto y mediano plazos, que son los que en el mejor de los casos tenemos

Volvamos a las matemáticas: hace unas semanas, el actual ministro de comercio exterior, anunció que las exportaciones no tradicionales del país aumentaron 30% el primer trimestre de 2018 con respecto al mismo período en 2017. Esa es una muy buena noticia. Pero estamos hablando que el incremento fue de 35 millones de dólares en primer trimestre de 2017, a 45 millones de dólares para el 2018.

Si nos contagiamos del optimismo del ministro, supongamos que dichos 45 millones se incrementan a su vez 30% cada uno de los tres restantes trimestres del año. Eso supondría, poco más o menos, que 2018 cerraría con un monto total por concepto de exportaciones no tradicionales por el orden de 95 millones de dólares. Para que se tenga una idea de lo que esta cifra en términos concretos representa, entre 2013 y 2017, el promedio diario de importaciones estuvo en el orden de los 74 millones de dólares. Y ya estamos hablando de años complicados, los cuatro últimos de hecho en contracción.

Lo que esto quiere decir, es que para que el plan de sustituir el ingreso petrolero por el de las exportaciones no tradicionales funcione, tendría que multiplicarse la capacidad productiva del sector privado unas 300 veces, solo para llegar cerca de los años más malos de abastecimiento. Y no estamos incluyendo aquí los pagos por concepto de deuda (unos 12 mil millones de dólares para 2018, sumando los vencimientos de 2017). Así como tampoco estamos considerando que, por iniciativa del ex ministro de inversión extranjera ahora devenido vocero de la “liberación” económica, Jesús Farías, en 2016 se aprobó un convenio cambiario que establece que del 100% de las divisas generadas por concepto de exportaciones, los privados solo están obligados a vender a la República el 20% (lo que de paso no hacen, tal y como ha sido denunciado por el propio presidente). En resumen: los 95 millones de Vielma Mora, gracias al convenio cambiario de Farías, significarían para la República en realidad unos 19 millones, si todo sale tremendamente bien.

¿Se puede salir del bucle?

Se han dicho muchas cosas sobre los modos de estabilizar y recuperar una economía. Pero lo único cierto desde el punto de vista de los hechos, es que las experiencias exitosas en la materia han reunido los siguientes pre-requisitos:

• Financiamiento.
• Un Estado fuerte, que no es lo mismo que una dictadura o un autoritarismo.
• Una conducción económica creíble, capaz de generar expectativas positivas.
• Un plan viable, claro y coherente.
  No siempre se han reunido los cuatro. De hecho, contrario a lo que se cree, el primer punto no siempre está. Ejemplo de ello es Chávez en 2003, con el barril de petróleo en 23 dólares. Esto en un contexto donde la economía había caído 8,9% en 2002 y un dramático 27,4% en el primer trimestre de 2003, la que sigue siendo la contracción más severa de nuestra historia reciente, resultado directo de los golpes de estado de abril de 2002 y el sabotaje petrolero de 2002-2003.

Todavía en 2003, la economía cayó un 9%. Sin embargo, para 2004 se recuperaría de manera igual de impresionante: 18,3%.

Para los que piensan que esto se hizo solo porque el petróleo se puso por encima de los 100 dólares, aquí van los precios promedios anuales; 2004: 33; 2005: 44; 2006: 57; 2008: 86; 2009: 53; 2010: 71; 2011: 98; 2012: 103.

Es decir, eso de que “Chávez la tuvo fácil con el petróleo a 100” es una verdad que solo aplica para los años 2011 y 2012, los dos últimos de su mandato y cuando ya el “milagro” estaba hecho. Y en cualquier caso, lo que la experiencia de 2003 demuestra, es que incluso de los contextos más complejos con escasez de recursos y confrontación política, se puede salir si está clara la ruta, hay ejercicio de la autoridad del Estado y se optimizan los medios.

Lo otro que demuestra dicha experiencia, es que guste o no, el único sector de la economía venezolana que tiene el empuje y potencial suficiente para en el corto plazo -que es el único que tenemos- revertir la caída y reimpulsar a los demás sectores es el petrolero. No hay de otra. Todo lo que no se dirija a su recuperación es dinero, tiempo y esfuerzos malgastados, en un sector privado que, suponiendo tenga la voluntad –que no es siempre el caso- en todo caso no tiene la capacidad para tamaño reto.

Por más deterioriorada que esté PDVSA, el sector petrolero es la vía más expedita y segura para detener la caída y apalancar una recuperación. Y no solo el de extracción -que ya sería bastante- sino el de refinanción. Con los niveles actuales de precios (en torno a los 60 dólares por barril) y los que se avizoran (en torno a 70), el país estaría por encima del promedio histórico de entre 1999-2012: 55 dólares por barril. Bien administrados, es más que suficiente para acometer las importaciones necesarias y a partir de políticas exitosas en otros momentos, como compras del Estado, reanimar la actividad interna, mejorar los servicios y los salarios, etc., todo lo cual crearía condiciones para acometer las otras tareas.

De lo contrario seguiremos condenados al bucle regresivo del deterioro lento pero progresivo y la procrastinación exasperante.