El 6D y el futuro económico de nuestros hijos y nietos: guía rápida para electores (I,II,III, IV)

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Luis Salas Rodríguez|

Supongamos que usted es una persona con cierto nivel de ingreso pero que en la coyuntura hiperespeculativa actual le es imposible ahorrar. Preocupado por el futuro de su familia, observa a su vez todo lo que sube el dólar, por lo que piensa que es un buen negocio ahorrar en esa divisa. Sin embargo, el gobierno no le permite hacerlo pues tiene un control cambiario, por lo que usted se puede sentir entusiasmado con el planteamiento de algún sector que le oferte levantarlo para que pueda ejercer su “derecho” a comprar dólares para ahorrar. Para que no tenga que ir como ahora al mercado negro a comprarlo mucho más caro, exponiéndose a que lo estafen o comportándose como el delincuente que usted no quiere ser.

O supongamos que es un asalariado como la gran mayoría del país. Ha visto todo lo que le cuestan las cosas hoy día. Y no solo lo ha visto, sino que lo padece. Como en el caso anterior, observa que el dólar parece ser lo único que se revaloriza en este contexto hiperespeculativo. De tal suerte, aunque piensa que no sabe nada de economía, le parece buena idea la dolarización salarial, pues, por qué rayos tiene uno que trabajar todos los días para ganar un sueldo que cada día le alcanza menos en una moneda devaluada, si puede hacerlo en una que se revalúa todos los días.

Las anteriores afirmaciones forman parte entre muchas otras del universo de propuestas e ideas que se debaten en estos días en el país, tanto en consideración de la difícil situación económica nacional, como del proceso electoral del próximo 6D. Y en tal medida, es claro que orientarán los juicios de las personas para elegir entre unas u otras alternativas políticas en dicho evento electoral, todo lo cual las vuelve importantes de cara al presente y el futuro del país. Pero justo por esa razón, y en la medida en que uno no vota solo para uno sino por lo demás incluyendo a quienes todavía no pueden hacerlo, merece nos detengamos a pensarlas bien, dado que la prisa nunca es buena consejera y mucho menos ayuda el tener que elegir en condiciones de presión. De hecho, en sentido estricto, elegir bajo presión no es elegir exactamente. O en todo caso, es una elección forzada. Es como lo que pasa con el malandro que da a “elegir” entre dejarse robar o dejarse matar. De la misma manera, elegir entre la Patria o que aparezca el papel tualet no es una elección: es un chantaje.

Por otra parte, y desde un punto de vista más general, el problema del análisis que lleva a la elección en economía se ve afectado siempre por tres poderosas razones ninguna de las cuales suele ser explicada al elector común. La primera es que acostumbramos pensar los problemas económicos partiendo de cómo nos afecta (o parece que nos afecta) en lo inmediato: si nos afectan para “bien” pensamos que son buenos, y si nos afectan para “mal” pensamos que son malos. La segunda, que tenemos la tendencia a elegir tomando en cuenta radios de acción muy inmediatos, sin reparar en las múltiples concatenaciones, determinaciones e interacciones que ocurren dentro de un sistema económico. Y mucho menos, lo que cambian las cosas cuando del plano individual en las que las pensamos y “decidimos”, se enfrentan al plano colectivo en que se llevan a cabo. Y la tercera, que para elegir por lo general contamos con una restringida cuando no adulterada información de los temas involucrados. Esto es en parte lo que explica que muchas veces nos veamos apoyando medidas que nos perjudican así a primera vista parezca lo contrario. No es un problema de masoquismo político, es más bien de orden epistemológico.

En esta medida, a partir del día de hoy y en lo que resta para el 6-d iremos ofreciendo en esta espacio una guía rápida de preguntas y respuestas, de dilemas y consideraciones en materia económica para uso de los y las votantes. No es una guía exhaustiva ni mucho menos, pero busca centrarse en los aspectos más importantes de cara a todo lo que se juega para el futuro de todos y todas los y las venezolanos y venezolanas, incluyendo también y sobre todo, como decía líneas atrás, los y las que viene en camino o van dando sus primero pasos.

Así las cosas, comencemos por dar respuesta en esta primera parte a los dos puntos planteados:instr

Lo primero que habría que decir con respecto a la dolarización salarial, es que es simplemente falsa la cuanta que sacan algunos según la cual dolarizar implica hacer una convertibilidad directa entre el dólar y el bolívar. Es decir, quien hoy día gane los 16 mil 400 bolívares mensuales que es el salario mínimo, no pasaría a ganar 16 mil 400 dólares mensuales. Antes de hacer eso, habría primero que ajustar el bolívar con respecto a lo que se determine que vale el dólar. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, se hizo a 25 mil sucres por cada dólar. Suponiendo que la devaluación se haga tomando en cuenta el tipo de cambio oficial a 6,30, eso supone que el nuevo salario mínimo dolarizado estaría por el orden de los 2 mil seiscientos dólares. Y si se hace tomando en cuenta el SICAD alrededor de mil 360 dólares. Pero si se hace tomando en cuenta el SIMADI alrededor de 82 dólares mensuales. Y si se hace tomando en cuenta el promedio ponderado de los tres, alrededor de 315 dólares. Ahora bien, todos los expertos de la derecha económica coinciden en decir en que el verdadero tipo de cambio es el ilegal que marca dolar today o los operadores de Cúcuta, o que en todo caso, está más cerca del SIMADI que de los otros tipo de cambio oficial y por lo general por encima de aquel. De tal suerte, agarre su salario y divídalo por esos marcadores y allí tendrá su nuevo salario dolarizado.

Pero incluso suponiendo que la dolarización se haga de uno a uno, no por eso deja de ser una pésima idea. Hay razones de peso que lo explican: algunas suenan muy abstractas para la mayoría de la gente, como la pérdida de la soberanía monetaria. Pero la pérdida de soberanía monetaria implica, por ejemplo, la imposibilidad de emitir moneda propia, en la medida en que esa sería una facultad exclusiva del Departamento del Tesoro Norteamericano. Ahora bien, así las cosas, el flujo de dinero pasaría a depender entonces de dos variables: la entrada de dólares al país o del endeudamiento público o privado, incluyendo el consumo a crédito. Los peligros de esta última modalidad están a la vista en países como Estados Unidos y España o el propio Chile, lugar donde en promedio cada familia adeuda unas seis veces lo que le ingresa mensual. Pero dejando de lado esta vía, en un contexto como el actual de precios del petróleo a la baja y de prolongada recesión económica mundial, ¿de dónde van a provenir los dólares que necesitaremos no digamos para mantener el presupuesto público, sino simplemente la liquidez en la calle y el pago de sueldos? Esa es exactamente la situación que vive en la actualidad Ecuador, tal y como de hecho la ha explicado muy bien el presidente Correa. Pero aún más: ¿si una parte de los dólares que nos ingresan vía petrolera (que en los planes de todos los opositores se afirma que PDVSA debe privatizarse, lo que desde luego disminuirá su aporte al fisco dada la resta contable de la ganancia de sus nuevos propietarios), se deben destinar al pago de deuda externa contraída (los 50 mil millones de Lorenzo Mendoza Y Ricardo Haussman, por ejemplo), ¿no es bastante obvio que no habrán suficientes dólares para todo lo que se necesita a no ser que se haga un macroajuste?

Y este nos lleva al siguiente punto. Y es que la decisión política de levantar el control cambiario que inevitablemente se verá acompañada de una devaluación de magnitudes históricas, supondrá une verdadera bomba económica y social sobre el país. Y no es una exageración o ganas de hacer catastrofismo económico del tipo que suele hacer la derecha. Se trata simplemente de sumar y restar utilizando los insumos que dan los propios promotores de esta medida. Y es que tomando como referencia a los más conservadores, un ajuste que coloque el tipo de cambio en torno a los 35 bs., significaría una devaluación por sobre el 500% para la mayoría de los bienes y servicios, lo que inevitablemente terminará por trasladarse sobre todos los precios, más aún considerando que siempre en estos casos el impacto (mayor en la medida que mayor sea la devaluación) no será lineal sino que los comerciantes le pondrán tal es la costumbre, un “agregado” por “prevención”.

Decir que esto no pasará porque ya los comerciantes y “el mercado” toman como referencia tipos de cambio mucho más altos, es demagógico o profundamente ingenuo. Lo mismo que jurar que al estar los agentes económicos confiados de que no se producirán nuevas devaluaciones ya que el tipo de cambio marcaría “el precio de equilibrio de mercado”, se abstendrán de seguir especulando. Las devaluaciones con libre convertibilidad de 1989 y 1996 estuvieron muy lejos de calmar los espíritus animales de los especuladores. Y de hecho, la primera de ellas causó la crisis financiera de 1994. Y si el caso es mantener una flotabilidad con bandas, a lo que hay que remitirse es a la experiencia de 2002 cuando Felipe Pérez desde el entonces ministerio de planificación y finanzas, aplicó un sistema de bandas que fue desbaratado por los especuladores en el marco del sabotaje petrolero de ese año.

Así las cosas, y ya para concluir, la liberación del sistema cambiario no se traducirá tal cual es lo esperado en una mayor accesibilidad o libertad para comprar divisas para el ahorro o la inversión. Muy por el contrario. La restricción será mayor solo que de una naturaleza distinta: no será el Estado quien le dirá cuando y a qué precio comprar, sino que será su poder adquisitivo precarizado por “el mercado” y la onda expansiva del ajuste devaluacionista quien le pondrá las restricciones. Es decir, en lo formal o de derecho todos podremos ir sin restricciones de ningún tipo a comprar dólares. Pero de hecho, la gran mayoría no podremos porque no tendremos la capacidad de generar excedentes para ello, como pasaba en los no tan lejanos 90.

¿Perjudica la Lott y el control de precios a los comerciantes y productoressalario-y-capital

Supongamos que usted es un comerciante, de esos que se levantan todos los días temprano a empezar su faena pero debe enfrentar lo que considera son dos grandes inconvenientes. El primero, un control de precios que le impide obtener las ganancias que usted cree merecer por su esfuerzo, pero además, ejercer su libertad económica:“¿por qué debe venir un gobierno a decirme cuánto yo debo ganar o a cuánto debo vender?”. Y el segundo, una normativa laboral que le impone salarios mínimos y otra serie de beneficios para unos trabajadores y trabajadoras que, por si fuera poco, no puede botar cuando quiere pues existe inamovilidad laboral. Así las cosas, usted estará de acuerdo con un sector político que le diga que al día siguiente de salir del actual gobierno (por la vía que sea), eliminará el control de precios y reformará la actual legislación laboral de modo que pueda usted ser El Soberano de su negocio y decidir cuánto paga, a quién y cómo, y no un burócrata de ministerio que no sabe nada de nada.

Sin embargo, si ese fuese su caso, tal vez le interesará saber que los datos históricos muestran muy distinta –de hecho diametralmente opuesta- a lo que afirman los “expertos”. En cuanto tendencia histórica, la inflación durante el chavismo ha sido significativamente menor –medida por promedio anual casi la mitad: 27, 04% contra 52,04%- de lo que fue durante década inmediata anterior (1989-1998). Incluso el año 2014, el más alto durante la década chavista, está aún significativamente lejos de los valores a que se disparó tras la aplicación de “saneamiento antiinflacionario” neoliberal de la década pasada. O sea, dada la evidencia empírica recogida por la data oficial del BCV y el INE (que esos mismos expertos saben es imposible de manipular sin la colaboración de organismos internacionales como el FMI, que para el caso venezolano actual sería un absurdo pensarlo), no solo no es verdad que los controles causan inflación, sino que es exactamente lo contrario: en las últimas dos década y media, la inflación ha bajado y ha sido como tendencia más baja cuando hay controles de precio y cambio, y a su vez, se ha disparado y ha sido más alta cuando se levantan. La excepción de los dos últimos años lejos de desmentir esta hipótesis la reafirma: en momentos en los que se han reforzado los controles y fiscalizado su acatamiento, la tendencia alcista de los precios se detiene y revierte. Y en momentos en que se relajan escalan. Entre octubre de 2013 y diciembre del mismo año, los meses de la primera Ofensiva Económica del gobierno, los precios no solo detuvieron su tendencia alcista sino que la inflación retrocedió de 5,1 a 2,2. Y lo mismo pasó a finales de 2014.

De otra parte, es falso que no existan experiencias exitosas de controles de precio. Los Estados Unidos tuvo uno bastante estricto (llegó a involucrar a todos los productos comercializados en el país) desde mediados de los 40 hasta bien entrado los 70, cuando fue definitivamente levantado seguido lo cual vino la estanflación y se acabaron los treinta gloriosos de crecimiento ininterrumpido (no fue la única razón, pero influyó bastante). Israel también aplicó uno en los años 80 con bastante éxito. Ni hablar de la actual política de Precios Cuidados en Argentina. En este sentido, pareciera que lo que hay es que caer en cuenta que, en realidad, la discusión sobre la existencia o no de los controles de precios en las economías no tiene sentido. Y es que no hay alternativa al control, es decir, no existe el “no control”. En la práctica, los controles de precio siempre existen: en aquellos lugares en que no los controla el Estado junto a la ciudadanía organizada, los controlan los comerciantes y particularmente los más especuladores. El tema es que en este último caso se le llama eufemísticamente a dicho control “economía de mercado”. Veamos el caso de Chile y los recurrentes casos de cartelización donde productores y comerciantes se ponen de acuerdo sobre los precios de venta final, de modo de coordinar subas simultáneas de los mismos y no competir entre ellos. O el escándalo de la Tasa Libor, una estafa global estimada entre 360 a 800 billones de dólares, donde los bancos se ponían de acuerdo de las tasa de interés a cobrar cuando en teoría dicha tasa la fijaba “el mercado”.

Pero existe otra razón muy importante para oponerse a la eliminación del control de precios. Y es que no solo sirve para proteger a los trabajadores y trabajadoras de la especulación, sino inclusive para proteger a los comerciantes de ellos mismos.

En efecto, es claro para todos y todas que los controles de precios tienen como objetivo primordial salvaguardar el poder adquisitivo de la clase trabajadora, poder que no solo depende de tener buenos salarios sino además que los bienes y servicios tengan precios accesibles, en especial los bienes salarios y de consumo masivo, y que exista un sistema referencial de precios, es decir, que la gente esté informada sobre los precios de los bienes y servicios de modo tal de poder planificar su economía y no andar a ciegas como anda hoy que no sabe cuánto cuesta nada y de última concluye que depende en realidad del ánimo de a quien le pregunte. Pero en su sentido más amplio, permite a los comerciantes y productores tener tanto una planificación más coherente de su actividad, como protegerse de los abusos que suelen cometer ellos mismos y de los cuales más temprano que tarde terminan siendo víctimas. Y es que en materia de precios, particularmente en contextos especulativos como el que vivimos, la falta de criterio amplio, la ambición, la costumbre, el miedo o todo a la vez, sumado a la miopía, piratería cuando no mala directamente intención de los “expertos”, lleva a nuestros comerciantes y productores a emprender una carrera alcista de precios, que puede que en lo inmediato les reporte ganancias extraordinarias, pero a la larga les hará incurrir inevitablemente en pérdidas, en especial en los casos de los pequeños y medianos y menos concentrados.

La paradoja keynesiana de los agregados nos ayuda a comprender esto: y es que si en un contexto determinado un actor económico sube los precios puede, en efecto, obtener ganancias extraordinarias. Pero si todos lo hacen se genera el efecto contrario y solo lo podrá ganar aquel que es más fuerte, que es por lo general es el caso de la transnacional hiperconcentrada o el monopolio. Pero además, como el único en este contexto que no puede ajustar el precio de su mercancía es el trabajador que vende su fuerza de trabajo y a cambio recibe un salario (que es el precio de su trabajo) que ni fija ni mucho menos puede variar a voluntad, termina resultando que al reducirse su poder adquisitivo por el alza de los precios relativos, forzosamente el trabajador asalariado a la hora de consumir se vuelve más selectivo y disminuye, reorienta o simplemente suspende la compra de determinados bienes y servicios, lo que se traduce en una caída de las ventas que empieza por afectar a aquellos que son vendedores o prestadores de bienes o servicios no esenciales o de los cuales más fácil se puede prescindir. La respuesta automática de los comerciantes y productores ante esta situación, suele ser subir aún más los precios buscando “protegerse”. Pero está claro que por está vía lo único que se logra es profundizar aún más la tendencia regresiva, que es exactamente lo que está pasando en este momento en nuestro país. Lo mismo que ocurre cuando como respuesta complementaria buscan reducir costos laborales, lo cual nos lleva al no menos complejo tema de la política salarial y laboral en términos amplios que tocaremos en el apartado siguiente.

Desde luego es cierto que el actual control de precios tiene muchos defectos, que ha sido perforado como afirma el presidente Maduro. Particularmente diría que más allá de la voluntad de no acatamiento de parte de los actores económicos, existe un componente importante de debilidad institucional en su aplicación, e inclusive, por momentos pareciese que algunos de los actores directamente responsable no están muy convencidos del mismo. Por lo demás, en materia de controles de precio o cualquier otra cosa la constancia, no improvisación y no impunidad resultan vitales, pues sino hace que la gente pierda la confianza y los sujetos de aplicación el temor a ser fiscalizados y sancionados. Sin embargo, eso no debe llevarnos a la conclusión absurda de que hay que porque no cumple con su cometido. Es tan absurdo como decir que hay que eliminar las cárceles porque o existe impunidad o los presos no se regeneran. Si el control de precios no funciona, está mal diseñado, aplicado, resulta anticuado o tiene fallas, hay que mejorarlo, actualizarlo, etc., pero no quitarlo, pues quitarlo no soluciona el problema.

De la legislación laboral y la política de defensa del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, puede decirse exactamente lo mismo. Su objetivo primero es defender a los trabajadores y trabajadoras, pero en sentido más amplio, también resulta beneficiosa para los comerciantes y productores. Y es que termina resultando cierto que los comerciantes y empresarios pequeños y medianos que se suman a las prácticas especulativas, al conspirar económicamente contra el país y los asalariados-consumidores, terminan conspirando económicamente contra sí mismos. No solo está claro, como acabamos de decir, que la carrera especulativa en la cual se involucran la van finalmente a perder frente a los oligopolios y monopolios, por más que hagan ganancias extraordinarias y rápidas en lo inmediato. Sino que al correr contra el salario y ayudar a deprimirlo están deprimiendo la fuente sobre la cual se sostiene su actividad, en la medida en que sus bienes y servicios solo se pueden vender si hay salarios que puedan comprarlos. Lo que la mentalidad de pulpero que, según Uslar Pietri, habita en la mayoría de los comerciantes no les permite ver, es precisamente eso: que pagar salarios pobres y “baratos” termina resultándoles más caro que pagar buenos salarios. Que lo que se “ahorran” abaratando la mano de obra o subiendo los precios, lo padecen deprimiendo el consumo. Es una experiencia que ya vivieron en los 90, pero que al parecer muchos ya muchos olvidaron. Pero los que no la olvidaron y la tienen muy clara son quienes embaucándolos en una comunidad de intereses que no es tal, azuzando sus temores, prejuicios y miopías, los utilizan como avanzada para desmantelar una política de inclusión y democratización socioeconómica de la que se han beneficiado tanto como los trabajadores que desprecian y temen.

Por otro lado, la posición de la mayoría de los expertos económicos sobre los salarios, en cuanto son la forma que tienen los trabajadores y trabajadoras de acceder a una parte de la riqueza social, plantea un dilema interesante: ¿ Y entonces cuándo es el momento para que desde el punto de vista de dichos expertos los trabajadores y trabajadoras pueden mejorar su pedazo en la repartición de la riqueza social ? Si cuando se presentan fases expansivas no pueden porque “se recalienta la economía desatando el diablo inflacionario y la escasez”, pero en las regresivas tampoco porque son los momentos en que hay que “ajustarse el cinturón y recortar gastos”, entonces está visto que tenemos que resignarnos a la idea a que esa momento será tan lejos como nunca.

Por último, aunque no menos importante, cada vez que se dice que los aumentos salariales son causantes de inflación, se olvidan dos cosas. La primera, que por lo general –y en el caso venezolano de los últimos años es más que evidente- los mismos suelen darse para reponer la caída del poder adquisitivo afectada por aumento de precios previos. Y la segunda, que en sentido contable estricto, los aumentos de sueldo generan en lo inmediato incrementos de costos, pero no de precios. En la medida en que solo de modo muy extraordinario un aumento de sueldo puede hacer incurrir en pérdidas, entre ambos momentos lo que media es la decisión empresarial de trasladar dicho aumento de costos a los precios finales para mantener su margen de ganancia. En este sentido, lo que hace el empresario es exactamente lo mismo que el trabajador reclama para sí: incrementar su ingreso nominal para mantenerlo en términos reales, es decir, para mantener su poder adquisitivo. ¿Por qué entonces en un caso es “bueno” y entendible y en el otro “malo” y condenable? Todos los que demonizan los aumentos salariales -incluyendo no pocos de izquierda- invisibilizan la asimetría de poder que permite hacer eso al tiempo que toman partido en contra del débil jurídico y económico, que es el trabajador y la trabajadora. Pero paradójicamente también termina resultando que tomar partido contra ellos resulta un bumerang que acaba por socavar la existencia de una demanda efectiva y dinámica, que es nada menos que la condición de posibilidad de cualquier actividad económica.

 

 

mercado libreLibre mercado o intervención estatal

Una de las ideas más populares entre economistas, empresarios y sectores medios, es que para que las cosas “funcionen bien” el Estado no debe intervenir en la economía. El papel del Estado es cuidar el orden público y mantener las carreteras, las plazas y cosas así, pues está visto que no sabe nada de negocios y todo lo que toca lo quiebra. Las personas emprendedoras –se nos asegura- en cualquier contexto o modelo social y político se superan, siempre y cuando no sea el caso que el Estado se entrometa. Del futuro de uno y su familia debe encargarse uno y debe ser así, pues todo lo demás fomenta la flojera y la sirvengüenzura.

Lo primero que habría que decir de todo lo anterior es que no existe un contexto, ni un país ni un tiempo histórico, en que el Estado no intervenga en la economía. Y en el caso concreto venezolano eso es aún más cierto. De hecho, no existe un solo empresario en este país que no haya prosperado y hecho fortuna sin ayuda estatal a través de créditos, subsidios impositivos, divisas preferenciales, protecciones arancelarias, etc. Y si bien habrá casos de personas que han hecho lo mismo por esfuerzo propio, lo cierto del caso es que como en todas partes resultan la excepción en la medida en que la clase media venezolana –como también en todas partes- es fundamentalmente el resultado de políticas de Estado: universidades públicas gratuitas, programas de beca, subsidios y planes para vivienda y automóvil, etc.

Y es que el Estado siempre interviene en la economía, tanto por comisión como por omisión. Si partimos de la idea simple del Estado como un garante del orden social y regulador de las relaciones sociales, está claro que en las economías modernas de mercado, las relaciones mercantiles y económicas juegan un papel determinante. De modo que cualquier asimetría e injusticia que se cometan en el marco de estas últimas altera el orden social total. En tal razón, si el Estado –éste o cualquier otro- se sustrae de intervenir en las mismas, de hecho, no lo está haciendo: simplemente está dejando que la injusticia se cometa y que la asimetría perjudique al más débil en provecho del más fuerte. Es una acción por omisión.

El mejor ejemplo de ello es lo que pasa actualmente en Europa o los Estados Unidos. En ambos lugares la pobreza y el desempleo es mucho mayor que hace unos cinco años atrás. En Estados Unidos hasta la revista News Week habla de la célebre clase media norteamericana como una “especie en extinción” y del fin del American Dream. Ahora bien, ¿toda esa gente que ahora es más pobre es porque de repente se hizo más holgazana o perdió el espíritu emprendedor? ¿O lo que ocurre es que al Estado “retirarse” de intervenir y no mediar entre la gente común y la banca, la gente común y las corporaciones, simplemente permite que las segundas abusen de las primeras?

Ciertamente el esfuerzo personal es una clave del desarrollo económico y social, pero si ese esfuerzo personal no se acompaña de políticas activas de carácter colectivo que le creen condiciones favorables, dicho esfuerzo se vuelve inútil o convierte en una lucha despiadada y egoísta a ver quién sobrevive y quién no con todo lo que esto implica incluso emocionalmente. De hecho, en la gran mayoría de los países de los países que se dicen “desarrollados” y socialmente cohesionados, el Estado es fuertemente interventor: allí está el caso de los países nórdicos, Japón, Holanda, Australia, la propia Alemania, Canadá, etc.

Por lo demás, lo cierto del caso es que existe una gran hipocresía y doble criterio a la hora de abordar esta discusión. Así por ejemplo, cuando el gobierno norteamericano salió al rescate de sus bancos en 2008, o cuando el venezolano salió al rescate de los suyos en 1996, o cuando el Banco Central Europeo hace lo propio en la actualidad, ¿por qué en estos casos no se les acusa de intervencionistas? ¿Por qué es intervencionismo que el estado financie una cooperativa u otorgue una ayuda económica a un estudiante de los sectores populares o una madre soltera y no que financie una empresa privada a través de créditos preferenciales o divisas? ¿No debería dejar que estas últimas progresen con el sudor de su frente? ¿O es que existe un intervencionismo “bueno” cuando se trata de ayudar a empresarios y uno “malo” cuando se trata del resto?

Así las cosas, tal vez algo que debemos comenzar a entender es que la intervención del Estado ni los controles o regulaciones que aplican, es necesariamente una violación al libre mercado. De hecho, es la posibilidad de existencia de un verdadero libre mercado, que no es por cierto el mercado capitalista que es de suyo un mercado restringido y excluyente. Los únicos libres mercados realmente dignos de ese nombre, son aquellos donde haya la mayor transparencia e igualdad de condiciones posibles. Y eso es solo posible lograrlo con una activa participación del Estado y la ciudadanía organizada colectivamente en defensa de sus derechos socio económicos, donde haya el mismo ejercicio de democracia que se reclama para los otros aspectos de la vida social.

Mapa de la “libertad” de oferta del mercado de alimentos en Venezuela.

ven empresas

Fuente: Investigación sobre concentración y poder de mercado en Venezuela. Luis Salas Rodríguez, María Soto y Miguel Franco. CEEP-UBV. Diseño: Misión Verdad.

Por el contrario, mercados como el venezolano, históricamente controlado por roscas especulativas, donde los precios son puestos a voluntad y a beneficio de los comerciantes en perjuicio de los consumidores y en no pocos casos también de muchos productores, donde se practica la oferta engañosa, adultera y contrabandea la mercancía la mercancía, evade impuestos, se desinforma y manipula constantemente al ciudadano consumidor, es lo más lejos que existe a un libre mercado. Es una ficción de libre mercado, de la cual por cierto era plenamente consciente y denunció nada menos que Adam Smith en unos pasajes más que admirables de La Riqueza de las Naciones a propósito del capitalismo inglés :

“Esperar que en la Gran Bretaña se establezca enseguida la libertad de comercio es tanto como prometerse una Oceana o una Utopía. Se oponen a ello, de manera irresistible, no sólo los prejuicios del público sino los intereses privados de muchos individuos. (…) Cualquier miembro del parlamento que presente una proposición encaminada a favorecer un monopolio, puede estar seguro que no solo adquirirá la reputación de perito en cuestiones comerciales sino una gran popularidad e influencia entre aquellas clases que se distinguen por su número y su riqueza. Pero, si se opone, le sucederá todo lo contrario, y mucho más si tiene autoridad suficiente para sacar adelante sus recomendaciones, porque entonces ni la probidad más acreditada, ni las más altas jerarquías, ni los mayores servicios prestados al público, permitirán ponerle al cubierto de los tratos más infames, de las murmuraciones más injuriosas, de los insultos personales y, a veces, de un peligro real e inminente con que suele amenazarle la insolencia furiosas de los monopolios, frustrados en sus propósitos.”

Los intereses de quienes trafican en ciertos ramos del comercio o de las manufacturas, en algunos respectos, no sólo son diferentes sino por completo opuestos al bien público. El interés del comerciante consiste siempre en ampliar el mercado y restringir la competencia. La ampliación del mercado suele coincidir, por regla general, con el interés del público; pero la limitación de la competencia redunda siempre en su perjuicio y solo sirve para que los comerciantes, al elevar sus beneficios por encima del nivel natural, impongan, en beneficio propio, una contribución absurda sobre el resto de los ciudadanos. Toda proposición de una ley nueva o de un reglamento de comercio, que proceda de esta clase de personas, deberá analizarse siempre con la mayor desconfianza y nunca deberá adoptarse como no se después de un largo y minucioso examen, llevado a cabo con la atención más escrupulosa a la par que desconfiada. Ese orden de proposiciones proviene de una clase de gentes cuyos intereses no suelen coincidir exactamente con los de la comunidad, y más bien tienden a deslumbrarla y oprimirla, como la experiencia ha demostrado en muchas ocasiones.”

¿Reducir la liquidez para bajar los precios?

unnamed1El movimiento de precios en Argentinas tras el “cambio”, ha implicado una suba de promedio entre un 60 y 80%, así como desatado una ola especulativa que causa desabastecimiento pues los comerciantes están reteniendo los bienes para ajustarlos a los nuevos precios. La promesa de levantar definitivamente el control de precios y cambio, lejos de reducirla, ha disparado la inflación y ya se estima que cause una contracción de la economía para el año 2016 de 2 puntos, siendo que en 2015 ha venido creciendo -contra todos los pronósticos expertos- en torno a un 3%
Durante todos estos años se nos ha martillado con la idea de que la inflación en Venezuela se debe al “exceso de liquidez monetaria” causado por la “indisciplina fiscal-monetaria” del gobierno y el BCV. Suena lógico: si el gobierno se la pasa dando plata a todo el mundo (sobre todo a gente que no trabaja, como las madres del barrio o los adultos mayores). Y el BCV, lejos de pararlo, le sigue el juego, eso causa un “exceso de demanda” que “recalienta la economía”.

Esto ha instalado sobre el imaginario del opositor de a pie y en alguno que otro que no lo es pero ha sido convencido por el reiterado bombardeo mediático, un razonamiento de sentido común que reza algo así como “dime cuanta emisión tienes y te diré cuánta inflación tendrás”. Sin embargo, junto a José Gregorio Piña en El Mito de la maquinita, hemos demostrado con los datos y cifras reales que ni es verdad dicho “exceso”, ni mucho, que el crecimiento de la liquidez monetaria sea lo que causa la inflación. Es justo lo contrario: es la inflación (o para ser exactos: el alza especulativa de los precios) lo que impulsa el crecimiento de la liquidez monetaria. Ante la evidencia de los hechos, algunos “expertos” han reconocido su equivocación a este respecto, si bien a regañadientes (Véase la nota 10 mitos de la economía venezolana, de Asdrúbal Oliveros en el portal Prodavinci). No obstante, la gran mayoría de ellos lo sostiene todavía induciendo a errores de apreciación que se traducen en malas praxis de política económica, a una comprensión adulterada por parte de la ciudadanía de las verdaderas causa del comportamiento alcista de los precios, e inclusive, incentivando dicho comportamiento.

La “explicación” de la inflación por la vía del exceso de liquidez monetaria causada por la emisión del Estado de dinero “inorgánico” y sin respaldo alguno (lo que Piña y yo llamamos, precisamente, El mito de la maquinita), establece una correlación directa y causal entre el aumento de la liquidez monetaria y el alza de los precios. Sin embargo, lo que la evidencia demuestra para el caso venezolano es que entre 1958 y 2014, el comportamiento de los precios y la liquidez monetaria (medidos como INPC y M2, respectivamente) comportan una correlación mediana (de 0,5), siendo el caso en que hay momentos en que los precios se disparan con decrecimiento de la liquidez, así como otros en que la liquidez monetaria crece sin que lo hagan los precios, e incluso, disminuyan como tendencia, o donde ambos disminuyen o crecen pero no proporcionalmente. Por lo demás, y esto es lo fundamental, se observa que en los casos donde se mueven en la misma dirección, primero lo hacen los precios y luego la liquidez monetaria.

Durante 2013 y 2014, ésta tendencia es aún más marcada: en este lapso específico, si bien tenemos una correlación casi perfecta (0,992791), entre precios y liquidez monetaria en el sentido que ambos marchan en la misma dirección ascendente, se acentúa la tendencia de la liquidez monetaria a ir detrás de los precios en el caso de 2013 con rezago de un mes, y en el de 2014 de inclusive hasta dos meses (pasando en consecuencia la correlación a ser negativa: -0,04), lo que comprueba la hipótesis según la cual, ésta busca ajustarse a los nuevos precios, algo de lo que cualquiera que haga compras puede dar fe en la medida en que debe disponer de más medios de pago para comprar dado el aumento anterior de los precios, lo que ratifica a su vez que el factor desequilibrante de nuestra economía no es la moneda si no los precios especulativos, que lo que hace que el bolívar “pierda valor” son estos y no el bolívar en sí mismo.

Pero la evidencia revela cosa aún más interesantes. Y una de ellas es que el crecimiento de la liquidez monetaria no es un asunto que competa exclusivamente al gobierno y al BCV, como se hace ver, sino fundamentalmente a los bancos. Los economistas del fraude hacen creer que la liquidez monetaria crece como resultado exclusivo de la emisión monetaria de billetes y monedas que realiza el gobierno, pero no es así. Es la banca privada la principal responsable de la emisión monetaria a través de la expansión secundaria que realizan vía créditos al consumo, fenómeno claramente percibible a simple vista en el caso de promoción que se hace del consumo con carga a las tarjetas de crédito. Esa es la contribución de la banca a la especulación contra los venezolanos y venezolanas: mientras los comerciantes especulan y disminuyen el poder adquisitivo de los trabajadores y su capacidad de ahorro, los banqueros le niegan instrumentos de ahorro y más bien promueven su endeudamiento.

El mito de que la emisión monetaria genera inflación lo que busca es evitar que el poder político representado por el Estado se independice del poder económico al financiar sus políticas mediante la emisión monetaria. Pretende ponerle a las políticas económicas cuando están en servicio de las mayorías, una camisa de fuerza y un cepo ideológico para obligarla como única alternativa, a conseguir financiamiento en el mercado privado de crédito interno o externo, donde entonces los bancos y otros actores de los mercados financieros como los fondos especulativos buitres y el FMI o el Banco Mundial, condicionan a que dicho financiamiento de las políticas públicas se haga en condiciones que le resultan favorables. Por lo demás, el mito permite echar las culpas de fenómenos como el inflacionario sobre los hombros de quienes en verdad son sus víctimas: los trabajadores y trabajadoras asalariados perceptores de ingresos fijos, pues son ellos y ellas destinatarios finales del “populismo” del Estado. Así las cosas, no solo se esconde la responsabilidad de los especuladores, sino que se preparan las condiciones objetivas y subjetivas para ir contra los derechos de la clase trabajadora.

Por lo demás, tal vez le interese saber que este prejuicio aplica para los expertos solo en el caso de gobierno como el venezolano, el argentino (el de los Kirchner) o el boliviano. Pero cuando pasa en otros países con políticas públicas no progresistas o del capitalismo central, ya no. En estos últimos casos, no las llaman políticas públicas “populistas”, “asistencialistas” o “irresponsables”, sino que usan la mucho más refinada y tecnocrática expresión “políticas de estímulo monetario”. Así las cosas, se calcula que los dos últimos gobiernos de los Estados Unidos y la Reserva Federal de dicho país (su versión de nuestro BCV) emitieron unos 16 billones de dólares para salvar los pasivos de los bancos luego del colapso financiero de 2008. Entre 2013 y 2014 se calcula que la FED compró a través de intermediarios unos 122 mil millones de dólares en bonos del tesoro POR MES. ¿Ha escuchado usted a alguno de nuestros expertos decir que Bush, Obama o los presidente de la FED son unos populistas?

Esto no quiere decir desde luego que un gobierno pueda emitir indefinidamente. Pero lo que si está claro es que la relación entre liquidez monetaria y precios, entre emisión e inflación, es un asunto que hay que discutir bajo parámetros distintos a los prejuicios y embustes “teóricos” de los “expertos” convencionales convertidos hoy día en consignas de la derecha económica oposicionista que exige un “cambio”. Y no es casual, pues en realidad tales prejuicios y embustes no son neutrales políticamente sino todo lo contrario: tienen la función ideológica de convencer a la gente de común de que haga grandes sacrificios sobre su nivel de vida para combatir la inflación (desde aceptar recortes salariales y/o el desempleo hasta resignarse al alza abusiva de los precios incluyendo el de los bienes y servicios más vitales), mientras los grandes beneficiarios y culpables de la misma (banqueros, grandes comerciantes e importadores, roscas de distribuidores, etc., ) no solo se ven librados de culpas, sino inclusive beneficiados por las medidas “anti-inflacionarias”.