Dossier Guatemala: La cúpula gubernamental envuelta en la corrupción

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Rafael Cuevas Molina /Presidente AUNA-Costa Rica

En un país escindido y contradictorio como Guatemala, la reunión de tanta gente bajo una misma consigna constituye un hecho poco frecuente, y muestra a las claras en cansancio que se tiene con la corrupción rampante que se ha enquistado en el aparato gubernamental.

El capitán retirado Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta de Guatemala se encuentra prófugo de la justicia. Ha sido sindicado de encabezar una enorme red de defraudación fiscal y contrabando llamada La Línea, de la que hasta el momento se han detenido a alrededor de 20 personas.

Este hallazgo ha sido posible gracias a la acción  de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que, precisamente en estos días, estaba por renovar su mandato siempre y cuando el presidente, Otto Pérez Molina, así lo solicitara a la ONU. Sin ella, lo más que probable es que nunca se habría sabido nada.

El escándalo se destapó mientras la señora vicepresidenta se encontraba, junto al hoy prófugo, en Corea del Sur. Ella regresó al país y brindó una atropellada conferencia de prensa, mientras su subalterno se escurría hacia España y quién sabe qué otros destinos, tratando de evadir la orden de captura que pesa en su contra.

La reacción de la ciudadanía guatemalteca ha sido de indignación. Se convocó a una marcha pidiendo la renuncia tanto de la vicepresidenta como del presidente, que llenó la plaza central de la ciudad capital. En un país escindido y contradictorio como Guatemala, la reunión de tanta gente bajo una misma consigna constituye un hecho poco frecuente, y muestra a las claras en cansancio que se tiene con la corrupción rampante que se ha enquistado en el aparato gubernamental.

La señora vicepresidenta y el señor presidente han sido permanentemente vinculados con muestras de enriquecimiento ilícito, que se expresa, entre otras, en la adquisición de lujosas propiedades. El nombre del general Otto Pérez Molina se asoció en el pasado, además, a la organización militar mafiosa conocida como La Cofradía, una de las expresiones actuales de formas de asociación ilícita de militares guatemaltecos vinculados al crimen organizado, y que derivaron de la guerra interna que se vivió desde 1960 hasta 1996.

Quiere decir lo anterior que las organizaciones mafiosas dedicadas a defraudar al fisco, contrabandear e, incluso, traficar con drogas, nos son nuevas en Guatemala; como tampoco es nueva la noticia que en ellas estén involucrados personeros del gobierno y militares o exmilitares.

De hecho, el aparato estatal ha sido considerado durante décadas botín de este tipo de grupos, que lo utilizan como plataforma para sus fines espurios. Para tal fin, se organizan partidos políticos que solo sirven para aglutinar ese tipo de intereses y que, luego de lograr su cometido, desaparecen sin pena ni gloria. El Partido Patriota, que llevó a la presidencia a Otto Pérez y a su vicepresidenta Roxana Baldettti, ha seguido este rumbo, con la única diferencia que no se ha destramado después de ejercer el poder sino cuando sus representantes aún se encuentran en ejercicio. Su candidato a presidente, Manuel Baldizón, quien fuera presentado en acto público de tipo farandulesco por la señora Baldetti hace un par de meses como futuro presidente del país, renunció, tratando de alejarse de los que hasta hace poco eran sus amigos entrañables y sus principales soportes políticos, pero que ahora, con los escándalos en los que se encuentras inmersos, le ponen palos en la rueda de sus aspiraciones.

En este contexto, el presidente Pérez Molina se apresuró a solicitar la renovación del mandato de la CICIG, tratando de mostrar una imagen asociada al deseo de limpiar al poder judicial y, en general, el aparato estatal, de la corrupción y la ineficiencia. Lo hizo, claro está, por la presión que este caso que le toca tan de cerca ejerció sobre su gobierno. De otra forma, seguramente no lo hubiera hecho. Bastante se ha especulado sobre las consecuencias que él mismo podría sufrir en el futuro por eventuales investigaciones de esta comisión, dado el involucramiento efectivo que tuvo en operaciones militares en los que se dieron graves violaciones a los derechos humanos.

Guatemala II: La dura situación de la mano dura

guate baldetti y perez molina
Baldetti y Pérez Molina

Carlos Figueroa Ibarra
La manifestación del sábado 25 de abril de 2015 mostró que es dura la situación del gobierno que prometió mano dura contra la delincuencia. Difícil situación porque  resulta evidente  para  buena parte de los guatemaltecos que el gobierno que pretendía erradicar la delincuencia es un gobierno lleno de delincuentes. La multitudinaria manifestación pluriclasista en la que predominaron las clases medias y sectores más pudientes, confirma el descalabro del presidente Otto Pérez Molina y el gobierno del Partido Patriota. Resulta curioso ver pidiendo la renuncia de Pérez Molina y Baldetti, a los mismos sectores sociales que se sumaron a la pretensión de sacar de la presidencia a Álvaro Colom con motivo del caso Rosemberg.  Peor aún, al parecer un sector importante de la cúspide empresarial ya se deslindó  del gobierno y empieza a hacer leña del árbol caído: basta ver la alocución televisiva de Dionicio Gutiérrez en la que dice suspender su silencio político ante la indignante situación que se ha generado con el descubrimiento del grupo delictivo denominado “La Línea”.

La historia de Guatemala muestra que cuando al descontento popular se suman las clases medias y la actuación de una parte de la clase dominante, las consecuencias  pueden ser impredecibles. Esto  fue lo que sucedió  en 1920 cuando fue derrocado Manuel Estrada Cabrera, en  junio de 1944  cuando cayó el dictador Jorge Ubico, en octubre de ese año cuando fue derribado su sucesor Federico Ponce Vaides, en marzo y abril de 1962 cuando el gobierno de Ydígoras Fuentes comenzó su debacle y finalmente en mayo-junio de 1993  cuando se derrotó al “serranazo” y fue derrocado Jorge Serrano Elías. El escenario menos probable es el de una renuncia de Pérez Molina y de Baldetti porque el propio establishment neoliberal acaso lo considera innecesario. Le bastará con tener de rodillas al gobierno  en los meses que le quedan y negociar condiciones que lo favorezcan ante rivales grupos emergentes y mafiosos. La investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) detuvo sus indagaciones hasta la cercanía inmediata de la vicepresidenta Baldetti. Pero en el imaginario guatemalteco resulta difícil creer que Baldetti era ajena a la organización criminal que hacía contrabando aduanero. Desde antes de este escándalo, la imagen de Roxana Baldetti estaba asociada a una corrupción  y a un enriquecimiento inexplicable. Y en tanto que Baldetti tiene una inextricable cercanía con Pérez Molina, el presidente también se encuentra enfangado y resulta inverosímil lo que ha expresado en su discurso con motivo del escándalo: que se encuentra sorprendido, indignado y enojado con lo sucedido.

El escándalo provocado por la develación del grupo criminal “La Línea”, revela un problema estructural de la política guatemalteca. Esta es una autopista con un subterráneo debajo de ella. En la autopista transitan los partidos políticos, el gobierno y los grupos de presión. En el subterráneo grupos como  “La Red Moreno”, “La Cofradía”, “El Sindicato”, el narcotráfico y ahora “La Línea”. En suma los poderes ocultos que acaso sean los que en Guatemala determinan el rumbo de las cosas.

Guatemala III: Crimen, política y negocios

guate anticorrupcionAntonio Castillo/ Nuestra América
Estamos ante un gobierno sumamente corrupto y un Estado cooptado por redes criminales, por el capital local y transnacional, y por elites militares, que en conjunto persiguen sus intereses cupulares, elitistas y clasistas, y contribuyen determinantemente a la reproducción de las condiciones de atraso, miseria, explotación y despojo de los recursos públicos.

El 16 de abril fue capturada una estructura criminal orientada a la defraudación tributaria. Ha sido una captura de alto impacto, debido a que los procesados son defraudadores consuetudinarios como Francisco Javier Ortíz (teniente Jerez, perteneciente a la vieja red de Alfredo Moreno y de exmilitares de alto rango vinculados al crimen organizado), funcionarios menores y medios, como Anthony Segura Franco, Secretario General del Sindicato de la SAT controlado por esta red criminal, así como altos ex funcionarios (como Carlos Muñoz, ex superintendente de la Secretaría de Administración Tributaria, SAT) y funcionarios (como Álvaro Franco, actual jefe de la SAT, y Juan Carlos Monzón, ex militar y actual secretario privado de la Vicepresidencia) del gobierno Pérez-Baldetti-Sinibaldi. Asimismo, porque están involucradas 1,200 empresas como evasoras y usuarias corruptas de esta red criminal.

Estos graves y reveladores hechos, sin duda, evidencian varios asuntos graves que deben ser considerados en el análisis político con relación al actual gobierno, al sistema de partidos políticos, a la institucionalidad pública y al empresariado como expresión del capital.

Análisis del gobierno “patriota”

Nuevamente la Vicepresidenta Roxana Baldetti aparece salpicada con hechos al margen de la ley. No sabemos con certeza su implicación con esta red criminal, pero sí de su implicación política. Baldetti ha sido denunciada públicamente por enriquecimiento ilícito (el caso de su mansión y otras propiedades), uso de fondos públicos para fines privados y políticos, además de vínculos sospechosos con estructuras de crimen organizado. En este caso, su secretario privado en la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, es decir quien se encarga de atender de forma inmediata y cotidiana los asuntos privados de Baldetti, es la persona que resulta uno de los jefes de la estructura criminal capturada. Hablamos entonces de uno de los operadores de confianza absoluta de Roxana Baldetti.

Roxana Baldetti eligió como su secretario privado a Juan Carlos Monzón, un personaje que había sido señalado de ser parte de una red de robo de vehículos y motocicletas (fue capturado por la PNC en 2001) y parte de la red de contrabando de Alfredo Moreno, de quien era concuño. Han sido documentados, además, bienes de su propiedad que no corresponden con sus ingresos como funcionario ni con el tipo de negocio legal que ha declarado. Por tales acusaciones tanto Pérez Molina como Roxana Baldeti salieron públicamente en su defensa, fue ratificado como operador de la vicepresidente y nombrado –como un mal sarcasmo- como parte de la Comisión Nacional Contra el Contrabando (CONACON).

En la misma estructura participaba Salvador González, representante legal de la Corporación de Noticias y de Comunicaciones Ibw, vinculado a negocios de publicidad con el gobierno, contratos con el IGSS, con el organismo judicial y con la Contraloría General de Cuentas. Además, era gerente de Siglo XXI y Al Día. Es decir, un criminal que hacía negocios con el actual gobierno del Partido “Patriota” (PP).

Tal estructura inserta en la SAT ha estado vinculada con militares y políticos que han estado o están detrás o al frente de gobiernos. Se habla de sus vínculos con  aquella red creada desde los años 70, y a la cual han pertenecido exmilitares como los generales Cancinos, Callejas y Callejas, Ortega Menaldo y Letona. A esta red también ha sido vinculada la actual vicepresidenta, Roxana Baldetti.

Un elemento revelador es que el funcionario que nombra a los superintendentes de la SAT es directamente el presidente de la república, es decir, por Otto Pérez Molina. Esto implica que tiene responsabilidad política y, para alguien como él, que posee experiencia en labores estratégicas de inteligencia, sería muy difícil que no conozca los antecedentes e implicaciones de sus altos funcionarios.

La captura de esta red criminal con presencia y vínculos de alto nivel en el actual gobierno, continúa evidenciando el carácter de quienes actualmente ocupan los altos cargos en el organismo ejecutivos y, por consiguiente de la actual gestión. Estamos ante un gobierno que muestra profundos signos de corrupción.

Análisis de la institucionalidad pública

Es sabido que la SAT ha sido un nido y una fuente de enriquecimiento ilícito. Por consiguiente, ha sido una institución en disputa para utilizarla con objetivos de evasión y corrupción. Los grupos que la controlan o pretenden controlarla suelen financiar y participar en los principales partidos políticos y han formado parte de  sucesivos gobiernos. Esta organización criminal, parece hacer parte de una estructura creada y que actúa desde finales de la década de los 70, desarrollada por  militares contrainsurgentes de alto rango.

La estructura criminal actuaba a partir de ubicar a sus miembros en los más altos cargos y, a partir de ahí, nombrar funcionarios medios y menores en los ámbitos del control y cobro tributario de su interés. Los capturados controlaban al más alto nivel la aduana del Puerto Quetzal, Puerto Santo Tomás y la Aduana Central, con políticas de intervención del gobierno de Pérez-Baldetti-Sinibaldi. Estamos, entonces, ante una SAT completamente cooptada por el crimen organizado, al más alto nivel.

Tales redes han hecho de la SAT una institución carcomida por la corrupción de agentes públicos y privados, corroída en su función de cobro eficiente y eficaz de impuestos y, por consiguiente, para garantizar los necesarios fondos que requiere el Estado para cumplir con su cometido constitucional.

La instancia del Ministerio Público (PP) que opero en la investigación y detención, hasta donde se sabe actuó autónoma y eficientemente, o en su caso, bajo la mira de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), quien dirigió el proceso. Esto impidió que, inclusive el ministro de gobernación, Mauricio López Bonilla, supiera de dicho operativo, antes o en su inicio. Esto implicó sortear las posibles filtraciones y el control de daños inmediato por parte del actual gobierno, del Partido “Patriota”, o de infiltrados de esta red criminal en otros órganos estatales.

Las implicaciones políticas y electorales

Es indudable que este hecho golpea fuertemente las intenciones del gobierno por evitar que la CICIG continúe en el país, siendo que es esta instancia la principal responsable de la captura y sin la cual es poco probable que hubiera ocurrido. El gobierno de Pérez Molina, tiene hoy argumentos aún más débiles para impedir la continuidad de la CICIG en el país, mientras quienes la apoyan han encontrado en la captura de esta organización criminal un fuerte argumento para mostrar su respaldo a la misma.

Con este hecho, el MP logra prestigiarse temporalmente, entidad que había sufrido de fuertes cuestionamientos con la llegada de la actual fiscal general, debido al carácter conservador y relación de la funcionaria con el actual gobierno. Por lo demás, es deuda la captura de los empresarios implicados como evasores de impuestos. ¿Por qué no hay ninguna captura de empresarios todavía?

El hecho también genera un fuerte golpe a la candidatura de Alejandro Sinibaldi del Partido Patriota, debido a su responsabilidad en y con el gobierno Pérez-Baldetti-Sinibaldi. Los rumores de su posible migración al partido Todos, como lo más probable, adquiere mayores posibilidades, si es que tiene la inteligencia para garantizarse, como mínimo, una campaña aceptable en el camino por la presidencia de la República.

En el tintero de la captura de esta red criminal, quedan plasmadas las responsabilidades, por lo menos políticas, del gobierno de Pérez-Baldetti-Sinibaldi, quienes debieran renunciar a sus cargos por sus vínculos tan estrechos y el respaldo que con anterioridad dieron a los altos funcionarios involucrados en esta organización delincuencial.

Queda en el tintero, asimismo, una red de extrema derecha, integrada por operadores e ideólogos como Luis Mendizabal y Ortega Menaldo. No olvidemos que las reuniones de la red criminal se realizaban en el negocio de Luis Mendizábal (Trajes Emilio), quien ha sido parte de estructuras ilegales y clandestinas, como el de la famosa oficinita que operaba para estructuras contrainsurgentes durante los años 70 a los 90. Mendizábal, además, ha sido parte de estructuras golpistas de extrema derecha en las cuales han hecho mancuerna con Mario David García y Mario Fuentes Destarac, acusados de conspirar con el caso Rosemberg en 2009. En el negocio de Mendizabal funcionaba la oficina de la red criminal y fueron encontrados varios millones en efectivo producto de los hechos criminales.

Las implicaciones del empresariado

Más de mil 200 empresas hacían uso de esta red criminal. Esto las convierte en evasoras, corruptas y cómplices. Si pensamos que en estos hechos de evasión y corrupción estuvieron implicados dueños, gerentes y operadores, el número de personas implicadas aumenta considerablemente.

Es indudable que la ideología del capital, es decir, de los empresarios y sus empresas, se plasma en ideas como “lograr la mayor competitividad en el mercado local y transnacional”. Esta competitividad no la hacen a través de adquirir la tecnología y maquinaria más desarrollada, de la contratación de mano de obra altamente capacitada, etc. Dicha competitividad la logran a partir de despojar y explotar los recursos naturales, explotar al máximo a los trabajadores en el campo y la ciudad, pagar salarios de hambre (como el salario diferenciado), manejar la institucionalidad del Estado a su favor y evadir legal e ilegalmente el pago de impuestos.

La captura de la red criminal evidencia este último mecanismo. Para lograr la mayor competitividad en el mercado local y transnacional y lograr la máxima ganancia, empresarios hacen uso de las redes criminales –o hacen parte de estas–que les permiten evadir el pago de impuestos.

Estamos ante un gobierno sumamente corrupto y un Estado cooptado por redes criminales, por el capital local y transnacional, y por elites militares, que en conjunto persiguen sus intereses cupulares, elitistas y clasistas, y contribuyen determinantemente a la reproducción de las condiciones de atraso, miseria, explotación y despojo de los recursos públicos.

En ese contexto, los honestos y honrados de este país, debiéramos levantar una campaña para exigir, para empezar, la renuncia del presidente Pérez Molina, la vicepresidenta  Roxana Baldetti y la renuncia del empresario-político Alejandro Sinibaldi como candidato presidencial. Asimismo, para exigir que se capture y procese a los empresarios implicados en estos hechos criminales y a los miembros de la estructura criminal que aún falta capturar.

* Politólogo, con experiencia en docencia universitaria en la USAC.