Desalojos anunciados en EEUU: el 99% contra el 1%

DAVID BROOKS| asi la mitad de estadunidenses viven en hogares con ingresos insuficientes para cubrir las necesidades básicas, de acuerdo con una investigación basada en cifras del gobierno y del sector privado. Cada vez es menos misteriosa la situación en Estados Unidos. Resulta que es bastante precisa esa frase del “1 por ciento” contra el “99 por ciento”.

La Jornada

Casi todas las semanas se documenta la creciente brecha entre los más ricos y todos los demás, algo que los expertos afirman que ha transcurrido durante las últimas tres décadas al prosperar la versión estadunidense de la magia neoliberal aplicada en los países de América Latina y otros con resultados paralelos.

Sólo para resaltar algunos de los últimos indicadores: resulta que además de contar con 49.1 millones de estadunidenses viviendo en la pobreza (casi uno de cada seis), otros 51 millones están en la categoría de “casi pobres”, con ingresos que los colocan de manera constante al borde del precipicio, sobre todo en medio de una crisis económica según estadísticas del censo, reportó el New York Times. O sea, aproximadamente un tercio de la población está al borde de padecer o ya padece hambre, no puede pagar renta o hipoteca, o no tiene acceso a salud o educación, etcétera.

Otra investigación basada en datos del gobierno y del sector privado encontró que casi la mitad de los estadunidenses viven en hogares con ingresos insuficientes para cubrir las necesidades básicas. Según la organización Wider Opportunities for Women, un 45 por ciento de los residentes de este país sufren de esta inseguridad económica (39 por ciento son adultos y 55 por ciento son menores de edad), reportó Reuters.

Mientras tanto, no sólo el 1 por ciento más rico controla 40 por ciento de la riqueza, sino el 0.1 por ciento ha incrementado sus ingresos 400 por ciento entre 1979 y 2005, mientras el ingreso del sector medio de la población se incrementó en 21 por ciento en ese periodo, según cálculos basados en datos oficiales.

¿Y qué ha hecho la clase política para atender todo esto? Ante la aparente incapacidad en Washington de ofrecer propuestas e implementar políticas para resolver la desigualdad económica, la falta de empleo y controlar la avaricia y la especulación, la conclusión de “observadores” y “expertos”, y hasta de algunos veteranos políticos de ambos partidos, es que “el gobierno está descompuesto”.

Como para comprobarlo, el llamado supercomité legislativo bipartidista encargado de formular una propuesta para reducir el déficit federal declaró derrota la semana pasada, provocando un desplome en los mercados bursátiles y advertencias de que podría significar más recortes en fondos para empleo, escuelas y salud en el país. Su fracaso nutrió aún más la percepción de un Washington descompuesto que no tiene la capacidad de resolver los grandes problemas que enfrenta el país.

El fracaso, para la opinión pública, no sorprendió; casi nadie esperaba más. Vale recordar que en una encuesta reciente del New York Times la tasa de aprobación del Congreso se desplomó a sólo 9 por ciento. Un legislador determinó que el Congreso goza de menos apoyo que el presidente Richard Nixon durante el escándalo de Watergate o la petrolera BP durante el desastre de su plataforma en el Golfo de México.

Hay otra razón por la cual el pueblo –”el 99 por ciento”–, que supuestamente es representado por sus legisladores, no confía en el Congreso: casi 50 por ciento de sus integrantes pertenecen al 1 por ciento. De acuerdo con una nueva investigación del Center for Responsive Politics en Washington, 250 legisladores (47 por ciento del total de senadores y representantes) pertenecen al exclusivo club según el valor medio de sus bienes y deudas reportados. Dos tercios del Senado y casi la mitad de la Cámara de Representantes son millonarios. El valor medio neto de un senador en 2010 fue de un promedio de 2.63 millones, mientras el valor medio neto de un representante promedio fue de 756 mil 765 dólares. Tampoco hay discriminación por partido: 37 demócratas y 30 republicanos del Senado reportaron un valor neto superior de un millón de dólares en 2010 (los datos oficiales más recientes). En la cámara, 110 republicanos y 73 demócratas son millonarios.

Mientras “nada funciona” en Washington, un grupo de multimillonarios, unos conservadores, otros liberales, ha ocupado el vacío para promover con sus acciones “filantrópicas” una serie de “reformas” e iniciativas para influir en las políticas públicas en varios rubros, desde educación y salud hasta el desmantelamiento de la legislación laboral y ambiental. Por un lado están los hermanos Koch, de Koch Industries, que financian el Tea Party, y legisladores que buscan anular derechos laborales y ambientales. Por otro lado están Bill Gates y señora (Microsoft), Eli Broad y Mark Zuckerberg (Facebook) que, junto con millonarios de fondos de especulación, han promovido reformas en educación pública a su gusto, incluyendo esfuerzos para semiprivatizarla y lucrar con ella. Otros como Howard Schultz, ejecutivo en jefe de Starbucks, y William Conway, de Carlylye Group, también buscan “incentivar” políticas de generación de empleo y desarrollo económico.

Diane Ravitch, tal vez la crítica de políticas de educación más importante del país, ha denominado a los promotores de estas políticas de educación “club de multimillonarios”, que ejerce influencia masiva con casi nula rendición de cuentas al público. Otro crítico, Richard Brodsky, de la organización de investigaciones Demos y ex legislador estatal, comentó al New York Times que todo esto es una especie de “compra de influencias” a gran escala, y afirmó que “la noción de que una sociedad es mejor servida por los súper ricos ejerciendo sus instintos caritativos es, al final, antidemocrático”.

El misterio sobre la esencia antidemocrática, tanto económica como política, de la visión neoliberal está revelado en los hechos. No sorprende que, justo cuando culmina esta ocupación de todo por los más ricos y sus cómplices políticos, reaparezca el 99 por ciento en el panorama anunciando su intención de desalojar al 1 por ciento.