Demanda penal contra el presidente de Guatemala
Télam
Tres organizaciones civiles de ese país entablaron una acción penal para que se investigue la presunta responsabilidad del presidente Otto Pérez Molina en relación con el caso de corrupción descubierto días atrás en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Por el tema -que tomó estado público pocos días después de que un escándalo de fraude tributario y aduanero provocara la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti- están detenidas 17 personas, entre ellas el titular del IGSS y ex secretario privado de Pérez Molina, Juan de Dios Rodríguez.
Las instituciones que entablaron la demanda ante el juzgado de paz de turno son Cadenas por la Libertad, la Fundación Denuncia Guatemala y la Asociación de Enfermos Renales de Guatemala.
El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig, de las Naciones Unidas) investigan la adjudicación irregular de un contrato millonario por parte del IGSS a la droguería Pisa para el tratamiento de enfermos con insuficiencia renal.
Adicionalmente, el Ministerio Público vinculó con ese caso la indagación de las causas de la muerte de siete personas con insuficiencia renal en lo que va de 2015.
El escándalo en el IGSS tomó estado público el 20 de mayo, cuando aún no se habían acallado las reacciones que provocó el caso de fraude fiscal y aduanero develado el 16 de abril, por el cual Baldetti renunció el 8 de mayo.
El Congreso designó el 14 de mayo como nuevo vicepresidente al hasta entonces juez Alejandro Maldonado Aguirre, luego de que Pérez Molina debiera modificar dos veces la terna propuesta ante la negativa del parlamento a aceptar a sus candidatos.
En ese contexto creció una corriente de opinión que reclama la renuncia de Pérez Molina, pese a que ya están formalmente convocadas las elecciones del 6 de septiembre próximo para escoger a su sucesor.
Con la salida del mandatario coinciden desde el poderoso Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Industriales, Comerciales y Financieras (Cacif, la mayor entidad empresarial del país) hasta la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú y organizaciones sociales, estudiantiles, indígenas y campesinas.
Ayer sábado, miles de guatemaltecos colmaron la céntrica plaza de la Constitución para pedir la dimisión de Pérez Molina y expresar críticas hacia Maldonado Aguirre y la dirigencia política en general.
“Otto Pérez, el pueblo no te quiere” y “Basta de corrupción, justicia para la educación” fueron algunas de las principales consignas escuchadas durante la extensa manifestación.
A la vez, grupos de indígenas y estudiantes señalaron a Maldonado como “ex magistrado cómplice”, en referencia a su desempeño como juez de la Corte de Constitucionalidad, tribunal que en 2013 anuló una sentencia a 80 años de prisión por genocidio contra el ex dictador Efraín Ríos Montt.