Curuguaty, crónica de una infamia anunciada/ Cuatro pruebas que invalidan la condena judicial a los campesinos
Camila Vollenweider-Celag|
El lunes 11 de julio se dio a conocer la sentencia del juicio que se abrió en 2012 sobre los once acusados por la llamada “Masacre de Curuguaty”. En medio de numerosas protestas e importantes medidas de seguridad policial fuera y dentro del Tribunal, los tres magistrados a cargo del juicio determinaron que los 11 procesados son culpables de invasión de inmueble ajeno y asociacion criminal.
Además, encontraron a 9 de ellos culpables de homicidio -homicidio doloso consumado y en grado de tentativa, según el caso- y establecieron condenas que van de los 30 a los 4 años de prisión.
La matanza de Curuguaty fue el principal argumento de la oposición derechista en el Parlamento para iniciar el juicio político al entonces Presidente Fernando Lugo. Ocurrió el 15 de junio de 2012 cuando alrededor de 300 policías fuertemente armados -grupos de élite- intentaron desalojar a unos 70 campesinos unas tierras -en litigio entre el Estado y una empresa- que habían ocupado en reclamo por su incorporación a los beneficios que el gobierno estaba otorgando a las organizaciones campesinas. El Presidente Lugo había ordenado tiempo antes la ejecución de desalojos pacíficos -sin armas- de tierras ocupadas por campesinos, para su posterior relocalización en predios que serían otorgados en propiedad a los mismos. En el caso de Curuguaty, hoy resuelto, se determinó que los campesinos se habían negado a iniciar el diálogo con las fuerzas de seguridad, que habían iniciado los disparos que dieron lugar a la masacre y que fueron los responsables de las 17 muertes, aunque éstas se dieron tanto en las fuerzas policiales (6) como en las filas campesinas (11).
El proceso judicial que acaba de finalizar, y que condenó a los acusados, todos campesinos, estuvo teñido de cuestionamientos legal-procedimentales desde su inicio, hace ya cuatro años. Entre otros, destacan la toma de testimonios sólo a policías, que no se hicieron adecuadamente las pericias, incluida la de balística para determinar qué grupo poseía los proyectiles de alto calibre, que se “perdieron” posteriormente evidencias forenses que indicaban el ajusticiamiento de campesinos, y la existencia de fuertes indicios de imparcialidad del fiscal y de otros letrados intervinientes en el caso, que sesgaron la orientación de la investigación hacia la culpabilidad de los acusados. La tónica de este largo juicio ha sido, desde el comienzo, la inversión del principio de presución de inocencia -desde su inicio los acusados están privados de su libertad-.
Que a escasos dos días de la masacre se presentara un pedido de juicio político contra Fernando Lugo y que cinco días después se votara mayoritariamente por su destitución en el Legislativo no deja de ser altamente llamativo; tampoco -por la misma razón- la constante parcialidad de la corporación judicial en la manera en que llevó adelante el juicio contra los campesinos. El rojo es la constante en ambos procesos. Las tierras ocupadas por los campesinos estaban siendo reclamadas como propias por un grupo empresarial perteneciente al hoy fallecido Blas Riquelme, ex presidente del Partido Colorado y de fuertes vínculos con Jalil Rachid, ex fiscal de la causa, hijo de una de las figuras mas importantes del mismo Partido, y hoy Viceministro de Orden y Seguridad del gobierno actual-.
Y ya en el plano político, fue a instancias del Partido Colorado -a través del Diputado Luis Gneiting- que se interpuso el pedido de juicio político contra Lugo por su supuesta responsabilidad política en los sucesos de Curuguaty y, de modo más general, por haber instigado las ocupaciones de tierras para generar el caos social, entre otros cargos investigados de manera express.
Así, la culpabilidad de los campesinos era necesaria para terminar de legitimar transitivamente la culpabilidad de Fernando Lugo, razón esgrimida para el golpe perpetrado por las élites políticas y económicas del Paraguay. Su tradicional dominio sobre la propiedad de la tierra y las principales instituciones del Estado fue puesto en cuestión por el inconcluso gobierno de Fernando Lugo. Éste quebró seis décadas de hegemonía política del Partido Colorado, y 
su destitución devolvió el poder del Estado a dicho Partido, tras el interregno del Vicepresidente Federico Franco y la victoria electoral del actual Presidente, el empresario ganadero y tabacalero Horacio Cartes. La quiebra del “orden establecido” en los cuatro años que duró su mandato también apuntó a la propiedad de tierras en un país en el que el 2% de los propietarios rurales siguen monopolizando el 80% de los predios cultivables. A pesar del pánico causado entre los terratenientes, las medidas en pro del campesinado no modificaron sustancialmente la estructura de la propiedad en tanto, a pesar de las denuncias de usurpación empresarial de tierras comunales y estatales presentadas por el Gobierno, el opositor Poder Judicial encargado de dirimirlas dilató su resolución hasta que cayeron en el olvido.
Los campesinos paraguayos hoy están en la misma situación de despojo y de indefensión institucional que hace décadas aunque hoy, la justicia que debía ampararlos, acaba de reiterar el mensaje de siempre: todo el peso de la ley caerá sobre quien se atreva a cuestionar el poder establecido. Y los campesinos no son los únicos destinatarios de la advertencia.
—-
Anexo 1:
Cuatro pruebas que invalidan la condena judicial a los campesinos
E´a| De las varias razones que comprueban, de forma evidente, que todo el proceso judicial contra los campesinos de Curuguaty por la masacre de junio del 2012 es nulo y que la sentencia emitida hoy en primera instancia no tiene validez, elegimos y citamos cuatro de las más sólidas:
1- No se investigó la muerte de los 11 campesinos
Durante todo el proceso de investigación fiscal-policial que ya lleva casi cuatro años de duración, nunca se investigó quiénes dieron muerte ni cómo a los 11 campesinos, el día de la masacre, cuyos cuerpos contenían varias balas de armas de fuego. Toda la investigación fiscal policial se concentró solo en las muertes de los seis policías. El hecho revela una parcialidad flagrante, aberrante jurídicamente hablando.
2- Se realizó una acusación genérica de homicidio
La fiscalía acusó genéricamente a los campesinos procesados de homicidio doloso en grado de tentativa, porque admitió que no podía determinar quién campesino mató a quién policía. Es decir, la fiscalía acusó al grupo de campesinos procesados de ser los asesinos de los seis policías muertos. El hecho –al no encontrarse a responsables individuales de las muertes- es jurídicamente inadmisible.
3- No se investigaron denuncias de ejecuciones extrajudiciales y torturas
Se presentaron ante la fiscalía contundentes denuncias, con pruebas, de que algunos de los 11 campesinos muertos en la balacera el día de la masacre fueron ejecutados con balas de armas de fuego posterior a la balacera. También se presentaron denuncias de torturas de varios campesinos que ocuparon las tierras de Marinakue, días después de la masacre. Las denuncias nunca fueron admitidas por la fiscalía. El hecho refuerza la parcialidad manifiesta de la investigación fiscal.
4- Las tierras son del Estado, no de propietarios privados
Documentos públicos difundidos por todos los medios dan cuenta que la Finca Nº 9 de Curuguaty, con una superficie de más de 2.000 hectáreas, la que fuera ocupada por los campesinos, fue donada por la empresa La Industrial Paraguaya S.A al Estado Paraguayo. La donación fue aceptada por Decreto N° 29.366 del 6 de setiembre de 1967. Por Decreto N° 3.532 del 4 de octubre de 2004, el Estado paraguayo la declaró esas 2000 hectáreas de interés social y la destinó para la reforma agraria, transfiriéndola a título gratuito al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Las tierras de Marinakue nunca fueron de la Familia Riquelme. Esta prueba invalida la acusación fiscal de que los campesinos invadieron una propiedad privada de terceros.
—
Anexo 2:
El enemigo no era Stroessner sino el sistema judicial monstruoso que dejó
Martin Almada|– En un ambiente tenso a nivel nacional el Tribunal de Sentencia de escasas luces (pero con bolsillos profundos), cumpliendo órdenes superiores declararon culpables a los inocentes campesinos. Con la sentencia nula del Tribunal se pretende legitimar los crímenes más vergonzosos y cobardes realizados en nombre del Estado por la policía, las FFAA y los políticos nostálgicos de la dictadura.
Se debe sancionar ejemplarmente a los jueces y fiscales encubridores de la Masacre de Curuguaty. Es la única manera que nuestros hijos y las futuras generaciones vivan con la tranquilidad de que en Paraguay NUNCA MAS se ejerzan por la rosca judicial los agravios que injustamente estamos viviendo.
Es preocupante el silencio sobrecogedor de la Asociación de Magistrados del Paraguay, (que en su mayoría son abogados con “espinazos flexibles), del Representante paraguayo ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, del Consejo de la Ética Judicial, de la Unión Industrial Paraguaya que tenía como conspicuo socio a Blas N. Riquelme que acumuló bienes mal habidos como el Campo Morombi. Gracias a su “arandu kaaty” nos imaginamos que tendría sus bienes distribuidos en S.A, empresas offshore y acciones al portador. En primer lugar para distribución entre los herederos, y para evitar gastos en honorarios de sucesión e impuestos. Las víctimas de la masacre de Curuguaty tienen legítimo derecho a participar en el juicio sucesorio.
Apoyamos una vez más la declaración pública de Amnistía Internacional (AI) del 05.07.16, INCIDENCIAS, al referirse al violento desalojo que desencadenó la muerte de 17 personas (11 campesinos y 6 policías) en el Distrito de Curuguaty, Departamento de Canindeyú. Con acierto AI reitera su preocupación por la falta de investigación exhaustiva, independiente e imparcial que garantice la verdad, justicia y reparación para todas las víctimas y sus familiares.
Los jueces y fiscales debieron escuchar a quienes el sistema político excluye o maltrata y su misión es brindarle un debido amparo. En este caso, como en tantos otros. Jueces y fiscales en Paraguay se convierten en verdugos de los mismos a quienes por mandato constitucional, deben resguardar, proteger, es decir, se convirtieron en víboras que solo muerden a los descalzos, es decir, a los pobres.
Nuestros jueces y fiscales bien remunerados con nuestros impuestos dejan solos a los campesinos y naciones originarias forzándolos a que se defiendan con las armas que no tienen y los recursos políticos y económicos de los que carecen. Obviamente esto ocurre es un rémora del pasado porque la Justicia durante la dictadura fue simplemente un apéndice de la policía política y ahora es apenas un resorte del Poder Legislativo.
La visita del Santo Padre Francisco en julio del 2015 fortaleció la fe de los paraguayos pero la paz no llegó de la mano de la justicia, porque sigue siendo la misma: injusta, vergonzosa porque fue convertida en una máquina burocrática de terror que estableció una pena de 35 años, una “joya” para el Museo de la Supuesta Justicia que funciona en la planta baja del Poder Judicial.
El juicio ya dictó sentencia. La masacre de Curuguaty, antes del hecho, durante y hasta ahora es una acción pensada, diseñada y ejecutada con muchas complicidades que es de conocimiento público.
Esa tierra pretendida por la familia Riquelme le corresponde al Estado. La tierra apropiada no es de quiénes hoy la han cubierto de soja contaminante que exportan sin pagar impuesto.…
Después de escuchar la Sentencia elaborada seguramente en un Estudio Jurídico del Campo Morombí se impone solicitar la nulidad del proceso y la necesidad de una investigación independiente e imparcial sobre todas las muertes y las denuncias de tortura que dejó muertos que hubo entre la policía y los campesinos el 15 de junio de 2012 .
Exigimos un castigo ejemplar a los fiscales y jueces corruptos intervinientes en el caso. No hay justicia sin jueces probos. Porque tenemos memoria reclamamos justicia
*Premio Nobel Alternativo y miembro del comité ejecutivo de la Asociación Americana de Juristas (AAJ)