Cuatro ex jueces federales argentinos sentenciados a prisión perpetua por terrorismo de Estado
Los ex magistrados federales Rolando Evaristo Carrizo, Guillermo Petra Recabarren, Luis Miret y Otilio Roque Romano recibieron la pena máxima al ser declarados participes primarios de secuestros, tormentos y homicidios cometidos durante la dictadura cívico militar (1976-1983) en la provincia argentina de Mendoza. Otros ocho represores recibieron perpetua.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Mendoza condenó a prisión perpetua a cuatro emblemáticos ex jueces federales por su complicidad con los crímenes de la dictadura. Se trata de Rolando Evaristo Carrizo, Guillermo Petra Recabarren, Luis Miret y Otilio Roque Romano. La misma pena recayó sobre los militares Francisca, Rodriguez, Fernandez, Gutierrez, Tello, Furió, Tragan y Fuentes, mientras otros 16 acusados recibieron penas de entre 3 y 20 años de prisión.
El tribunal consideró que los funcionarios judiciales fueron un eslabón para garantizar la actividad de los represores de la dictadura. Y que no fueron culpables por “omisión”, sino por una práctica concreta. Y quedó demostrado -para los negacionistas de la ultraderecha argentina y del gobierno de Mauricio Macri- que hubo una dictadura que fue cívico militar.
“Mendoza dejó demostrado claramente que la represión no funcionó sin la participación necesaria de los jueces, no pudo funcionar sin ellos y esto no puede dejar de verse en todo el país”, señaló Ernesto Espeche, hijo de desaparecido y exdirector de la escuela de Comunicación de la Universidad de Cuyo.
La sentencia de Mendoza marca un antes y un después en la larga historia de avances y retrocesos de los juicios por crímenes de lesa humanidad en Argentina. Los jueces inscribieron cada condenas en la figura de los crímenes de lesa humanidad y, en diálogo con otras jurisdicciones, también lo hicieron en el contexto del “delito internacional del genocidio”. Hubo tres absoluciones, siete penas de entre 15 y 20 años de prisión y doce perpetuas. También hubo cinco condenas que incluyeron la figura de los delitos sexuales.
El juicio empezó el 14 de febrero de 2014 y se trató del más importante en la provincia: se reunieron más de una docena de causas pequeñas en un “megajuicio” que reconstruyó lo sucedido con 207 personas entre las que hubo asesinados, desaparecidos y sobrevivientes. Muchas de las víctimas pasaron por centros clandestinos de detención como el CCD del Liceo Militar General Espejo -donde fueron llevados los primeros detenidos del 24 de marzo-, el CCD de la Compañía de Comunicaciones que estaba en manos del Ejército, varias comisarías y el emblemático D2.
Durante el proceso las querellas y la fiscalía lograron demostrar demostrar que el silencio de jueces y fiscales durante la dictadura o la decisión de no investigar las denuncias presentadas por las familias no fue una actuación pasiva sino claramente activa que implicó la complicidad en los crímenes cometidos.
Tras la vuelta a la democracia, los magistrados siguieron ocupando lugares preferenciales en la justicia federal: Miret y Romano incluso fueron ascendidos a camaristas. Recién en 2011 fueron destituidos por el Consejo de la Magistratura y se ordenó su arresto.
El nombre técnico de la imputación a los magistrados cambió en el comienzo del juicio. Llegaron acusados por omisión de investigar y omisión de denunciar hechos que conocían por el rol que ejercían como jueces o fiscales, pero luego fueron acusados -y hoy condenados- como partícipes necesarios de los crímenes de lesa humanidad. A Romano lo condenaron por 84 casos de secuestros, 38 tormentos y 33 homicidios. Y Miret por nueve hechos de secuestros, 3 tormentos y 7 homicidios.