Comisión del Senado acusó a Bolsonaro de crímenes contra la humanidad
Juraima Almeida|
Con siete votos a favor y cuatro en contra, los senadores que integran la comisión que investigó la gestión, acciones y misiones del gobierno brasileño frente a la pandemia de la covid-19 aprobaron el informe final que acusa al presidente Jair Bolsonaro de nueve delitos, entre ellos el de “crímenes contra la humanidad”.
En el Senado, donde también se investigó a a sus tres hijos, parlamentarios y otras 76 personas, entre ministros, exfuncionarios y empresarios, el mandatario llegó a ser calificado como un “serial killer” (asesino serial). Es la primera vez que el Congreso brasileño acusa a un presidente de delitos contra la humanidad.
Además, el documento acusa al ultraderechista de otros ocho gravísimos delitos y denuncia por diversas irregularidades a otras 77 personas, entre quienes se encuentran los tres hijos del mandatario y algunos de sus principales ministros y exministros. Entre los imputados quedó el poderoso exjefe de gabinete y actual ministro de Defensa, general retirado Walter Braga Netto.
Los delitos contra Bolsonaro son crimen de responsabilidad por haber defendido la inmunidad de rebaño sin vacuna, uso irregular de dinero público, crimen contra la humanidad, charlatanismo (previsto en el Código Penal, por haber lanzado una suerte de campaña para tomar remedios sin eficacia para un inexistente tratamiento preventivo, con el objetivo de evitar que la población haga cuarentena).
Asimismo se lo acusa de prevaricato en el fraude de la compra de vacuna Covaxin, incitación al delito, falsificación de documento, delito de epidemia con resultado de muerte, infracción de medidas sanitarias y delito contra norma sanitaria como el no uso de barbijo. . La comisión también había acusado a Bolsonaro de genocidio de pueblos originarios pero el cargo fue retirado antes de la votación del pleno del Senado.
El documento, resultado de seis meses de investigaciones, será ahora remitido a la fiscal general de la República, Augusto Aras (aliado del presidente), la Corte Suprema y hasta la Corte Penal Internacional de Juisticia de La Haya, quienes deberán evaluar si aceptan las denuncias e instauran los procesos correspondientes. Durante una tensa audiencia
El relator del informe, senador Renán Calheiros, calificó en su discurso final de homicida a Bolsonaro, a quien tildó de un “misionero enloquecido para matar a su propio pueblo”. Dijo que “el caos del gobierno de Bolsonaro entrará en la historia como el más bajo escalón de la indigencia humana y civilizatoria” y lo igualó a “carniceros” como Adolf Hitler, Augusto Pinochet, Alfredo Stroessner y el torturador brasileño Carlos Brilhante Ustra.
La comisión también pidió este miércoles al fiscal general y al Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) prohibir el acceso de Bolsonaro a las redes sociales y quebrar el secreto de las cuentas del mandatario desde abril de 2020 para determinar su responsabilidad en la diseminación de noticias falsas sobre la Covid-19.
El pedido fue realizado en la última sesión de la comisión, luego de que las plataformas Facebook y YouTube eliminaron la divulgación de un video de Bolsonaro del jueves pasado en el cual vincula la vacunación contra la Covid-19 con la posibilidad de contagiarse HIV, una mentira que fue dicha durante una transmisión en vivo.
La novedad fue haber incluido un intento para que las redes sociales le cierren el camino a Bolsonaro, algo parecido con lo que ocurrió en Estados Unidos con el expresidente Donald Trump, otro negacionista de la pandemia. El pedido será enviado al fiscal general, Aras, y al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, quien investiga a Bolsonaro en una megacausa sobre fake news.
Uno de los pedidos aprobados por mayoría en la comisión prevé quebrar el secreto telemático de Bolsonaro en las redes de las empresas estadounidenses Twitter, Google y Facebook para que provean los datos de administración y accesos de las cuentas para publicar noticias falsas sobre la pandemia.
El senador Flavio Bolsonaro hijo del presidente, dijo que el informe del Senado es jurídicamente débil. “La intención de algunos senadores de la comisión investigadora es causar el máximo desgaste al presidente”, aseguró. Su padre viajó al amazónico estado de Roraima para visitar a refugiados venezolanos que viven en Brasil y alertó sobre “el peligro del comunismo” y a la hora de la sesión de la comisión, participó de una misa en un templo evangélico.
La acusación también incluye al gobernador de Amazonas, Wilson Lima, por sus posibles fraudes en el manejo de la pandemia en su estado, que fue centro del horror mundial en enero, cuando los pacientes se morían en sus camas por falta de oxígeno.Por este mismo asunto fue imputado el general retirado Eduardo Pazuello, exministro de Salud.
La cúpula y médicos de la prepaga Prevent Senior de San Pablo también fueron imputados ante la justicia común por haber realizado experimentos con pacientes con remedios como cloroquina, defendida por Bolsonaro y la ultraderecha como forma e generar una inmunidad de rebaño sin cuarentena.
En sus conclusiones, el informe recoge la decisión de crear, en la sede del propio Senado, un memorial en recuerdo de los fallecidos por coronavirus en Brasil. El último minuto de la comisión parlamentaria, luego de cerca de cien horas de audiencias, fue de silencio en memoria a las víctimas.
Hay que tener en cuenta, como recuerda el analista Jeferson Miola, que es la primera vez que un presidente de Brasil ha sido imputado por crímenes de lesa humanidad, crímenes de responsabilidad y otros ocho tipos penales suficientes para condenar a Jair Bolsonaro a 30 años de prisión -la máxima sentencia permitida en Brasil- en tribunales nacionales e internacionales.
Junto a las virtudes del fallo, Miola señala dos insuficiencias de la CPI: unas, la no rendición de cuentas de los mandos castrenses, que jugó un papel central en el manejo desastroso, irresponsable y criminal de la pandemia a través de un general activo designado por el Comandante del Ejército, y cuyo laboratorio produjo cloroquina industrialmente y difundió la distribución de esta droga, que mostró ser ineficaz en las comunidades indígenas.
La otra, la no tipificación del crimen de genocidio. Si en relación con los aproximadamente 400.000 “asesinatos evitables” fuera legalmente problemático responsabilizar a Bolsonaro por genocidio, en relación con los pueblos indígenas esta clasificación sería plenamente aplicable.
* Investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)