Colombia: Un nuevo contrato para la reproducción social y de la vida
La cuarentena ha superpuesto los tiempos y espacios del cuidado y del trabajo fuera de la casa, resaltando el predominio del trabajo reproductivo sobre el productivo. Una realidad que invita a la refundación social a partir del principio de su sobrevivencia, la reproducción, el cuidado y la solidaridad.
Las actividades económicas de producción y reproducción social han estado aparentemente separadas en el capitalismo. En los sectores populares esa separación no existe, en la medida en que cada vez más familias deben convertirse en unidades económicas mercantiles. El modelo basado en el varón perceptor de ingresos en el espacio público y en la mujer que se dedica a las labores del cuidado al interior del espacio privado del hogar ha sido excepcional en estos sectores.
Ante la precarización económica, los hogares se ven obligados a salir a la calle a generar ingresos monetarios que permitan garantizar sus condiciones de reproducción, fundiendo en un solo cuerpo el trabajo productivo y reproductivo, al igual que los espacios públicos y privados.
Es una realidad ahora ampliada a otros sectores sociales a raíz del confinamiento decretado debido al covid-19, y que trasladó al hogar múltiples actividades usualmente realizadas en otros espacios: estudiar, trabajar, hacer ejercicio, las que se sumaron a las tareas del hogar como el cuidado de los hijo-as, la alimentación y la limpieza. La cuarentena ha superpuesto los tiempos y espacios del cuidado y del trabajo fuera de la casa, evidenciando el predominio del trabajo reproductivo sobre el productivo.
El imperativo de defender la vida ante la crisis provocada por la pandemia colocó lo reproductivo por encima de cualquier consideración económica y mercantil. La coyuntura actual nos sitúa frente a la necesidad de construir un nuevo contrato en el que la provisión de bienes y servicios para la reproducción de la vida sean garantizados a todas las ciudadanías (1), lo que incluye las prácticas y procesos mediante los cuales la comida, el vestido y la vivienda están disponibles para el consumo inmediato; así como las formas en las que se atiende el cuidado de los niños y los adultos mayores (2).
Esta reproducción social, mediante el trabajo reproductivo, asumido en la mayoría de los casos por mujeres, sostiene la acumulación en el sistema capitalista y toma lugar en espacios como los hogares, hospitales y escuelas (3).
Repensar el contrato desde la reproducción de la vida
Volver al contrato social desde la perspectiva crítica de la reproducción de la vida implica considerar las condiciones de la gran mayoría de la población, lo que nos conduce a cuestionar los modelos sociales, económicos, políticos y culturales dominantes. La sociedad moderna del norte global que colonizó los países de América Latina trajo consigo los modelos del Estado liberal, la economía de mercado y la escuela como las formas dominantes a seguir.
En América Latina, desde inicios del siglo XX, con las sociedades filantrópicas, la policía, las escuelas y las campañas de higiene y sanidad, los pobres fueron intervenidos de múltiples formas. La desconfianza hacia los sectores populares asentada en las bases filosóficas y políticas del individualismo metodológico que concibe al ser humano, o más precisamente al hombre como un ser racional que busca incesantemente satisfacer su propio interés, instauraron la necesidad de controlar la fuerza de lo popular para mantener y garantizar el poder de la clase dominante.
El contrato social es un pacto moral basado en el miedo a la rebelión, al caos de la guerra y de la sevicia. Funda una concepción de lo político desde la obediencia. Consagra el orden desde una sociedad moral civilizada, alejada de los apetitos y la violencia con la que el poder eclesial estigmatizó a los sectores populares. Bajo las visiones de la criminalidad, la higiene y la civilización, los esfuerzos del Estado se centraron en educar y controlar a los pobres.
Las intervenciones en lo social mediante el Estado liberal tomaron lugar a través de un cuerpo especializado de expertos. A finales del siglo XIX, con las preocupaciones de la naciente planificación urbana, médicos, arquitectos y abogados criminalistas tuvieron un papel protagónico en la configuración espacial del orden social. Los sectores formales que ostentaban el poder se ubicaron en el centro y aquellos peligrosos, sucios y bárbaros en las periferias.
En la actualidad dicho cuerpo de expertos adopta la forma de tecnocracia cuya premisa se basa en dirigir la vida de poblaciones pobres e “ignorantes” que no saben lo que necesitan, que deben ser corregidas y orientadas por el camino trazado. Después de más de 50 años de lucha contra la pobreza en América Latina, se ha develado la funcionalidad de este discurso para controlar a las poblaciones populares y mantener intactos la distribución desigual de la riqueza y del poder en los países de la región.
Estamos ante una realidad que a la luz de los estudios de etnología realizados por Marcel Mauss (4), nos permite verificar que la forma contrato no es exclusiva del liberalismo, que la institucionalización de relaciones de prestaciones y contraprestaciones ha tenido diferentes formas en la historia, e incluso, no siempre ha sido entre individuos, sino que en muchos casos es posible encontrar contratos entre personas morales (clanes, familias). Como hecho social total, el contrato se encuentra incrustado (5) en relaciones sociales, jurídicas, políticas, económicas, morales y estéticas.
Un contrato, que incluso en el último texto redactado entre nosotros, no ha servido para resguardar y potenciar la vida, y necesitamos recrearlo a su favor. En ese proceso es menester que la mayor parte de personas que habitamos el territorio podamos participar en las decisiones sobre la forma de vida que queremos llevar y proponer alternativas, ante la crisis de la vida desencadenada por la lógica de acumulación capitalista.
El rol del Estado en este nuevo contrato
Frente a los escasos resultados de las políticas asistenciales y de focalización en poblaciones pobres, consideramos fundamental repensar las intervenciones del Estado desde la acción pública. Los sectores populares han evidenciado sus saberes en las historias territoriales de autogestión, en la configuración de barrios en la periferia, en el manejo de acueductos comunitarios y en la transformación de áreas públicas como espacios de historia colectiva y de memoria, entre otros.
Su forma de hacer política no se inscribe en la trayectoria meritocrática de transitar por la escuela y por prestigiosas universidades para llegar a los espacios públicos de las Cortes, el Congreso o los Ministerios. Sus prácticas políticas parten de caminos para garantizar la reproducción de la vida en sus territorios, para construir casas y parques en las laderas, para gestionar el suministro de agua o de alimentos o defender ríos como fuentes de vida. El primado de la acción política de origen popular es la reproducción de la vida.
Ante los retos que impone la reproducción de la vida para el 99 por ciento realza como indispensable avanzar hacia un Estado (6) cada vez más articulado a los sectores populares, en lo que Alexander Roig denominó la acción pública, en la que “cuanto más dentro del Estado esté la sociedad, más van a circular saberes en ambos sentidos y, más prácticas se pueden transformar” (7). Es a partir de su saber territorial y organizacional que en medio del virus podrá enrutarse hacia opciones de vida viables para la mayoría.
Estamos, por tanto, ante la institución que ha centralizado los recursos públicos y la responsabilidad del bienestar colectivo, que sostenemos en el día a día por medio de la tributación directa e indirecta, el respeto o desafío a la autoridad y la defensa de la Constitución Política. Tenemos el reto de reconfigurar esa institución de tal forma que su principal propósito sea la disposición y fortalecimiento de las infraestructuras físicas y sociales para el florecimiento de la vida en sus múltiples manifestaciones.
Garantizar las condiciones del cuidado y de la reproducción social es una responsabilidad del Estado, quien debe velar y preservar la vida digna de toda la ciudadanía. La perspectiva de la reproducción social frente al covid-19 exige una comprensión amplia del cuidado en la que se prioricen los intereses de la vida sobre los del capital, en la que prevalezcan las relaciones de solidaridad y no la estabilidad y rentabilidad de los mercados, mediante infraestructuras e instituciones públicas y comunitarias que se encarguen del bienestar de la sociedad.
El Estado debe entrar directamente a abordar las necesidades de todos los afectados por la crisis del covid-19 y no reforzar la estrategia individualizadora de focalización que fractura las comunidades y sus redes de apoyo.
El camino para que las comunidades puedan reapropiarse de los recursos y de lo público implica reafirmar las formas de organización territorial y de autogobierno, que recuperen el proceso de reproducción y de la vida. Frente a las características excluyentes y delegativas de la democracia representativa que niega la capacidad colectiva, el nuevo contrato con sus lógicas, dinámicas, reglas de uso, debe surgir de un poder comunitario con capacidad de autodeterminación que oriente la política pública en sintonía con la reproducción de la vida y viabilice la configuración de una democracia radical.
La participación vinculante de los sectores populares
Los sectores populares, en histórica tensión (relación, influencia, antagonismo) con la clase dominante (8). han cumplido un papel importante en la reproducción social y de la vida, y es necesario volver a sus saberes y prácticas para pensar las alternativas a la crisis sistémica ahondada con la pandemia.
Un ejercicio en el cual hay que tomar en cuenta la variación vivida por sus formas de vida social, política, económica y cultural, dejando atrás pasados atrasados y premodernos, reconfigurándose a lo largo del tiempo bajo dinámicas y características concretas en los territorios. Entre ellos hay, por ejemplo, trabajadores que generan ingresos monetarios en unidades autogestionadas, sobre la base de prácticas y saberes individuales y colectivos, pero que carecen de derechos sociales.
Para el Estado, sus trabajos históricamente han sido considerados por fuera de las regulaciones formales y, por ello mismo, los criminaliza desde el derecho punitivo. Los/as trabajadores/as populares son productores/as de bienes y servicios que están, según Pablo Chena, “más cercanos a las necesidades de la sociedad y menos enfocadas al consumo masivo […] Siempre fue vista como la economía de la necesidad, pero nuestra idea es que cambie esa concepción y que sea la economía de la producción” (9).
Son actividades que comprenden mejor los requerimientos de la comunidad, y son productores que deben tener reconocimiento legal y político y ser apoyados con crédito adecuado a sus necesidades. El reconocimiento no se limita a registrar que existen, sino que dentro de la institucionalidad estatal implica involucrar sus organizaciones, sus miembros y dirigentes como agentes activos con plenos derechos.
A partir de esta realidad, proponemos concebir esta relación de materialización de la reproducción de la vida para el 99 por ciento mediante las Alianzas Público-Populares (APPo, cuyo desarrollo demanda, en primer lugar, unas reformas normativas (al estatuto de contratación y Ley 142 de 1994) y, en segundo lugar, definir unos principios que orienten el relacionamiento entre las comunidades con la administración pública, mediante una acción política, dirigida a apoyar procesos colectivos que se dan en el territorio y no una relación contractual con operadores privados.
Se trata de procesos que resuelvan en la práctica las necesidades de reproducción social de las comunidades y de las organizaciones de oficios populares respetando su autonomía.
La potencialidad de un contrato para la reproducción de la vida
Este nuevo contrato entre las comunidades y el Estado debe superar la separación del individuo y su comunidad, que ha caracterizado una larga historia de violencias, despojos e intervenciones articuladas a través del Estado liberal. La propuesta planteada se distancia de aproximaciones individualistas. Por el contrario, la experiencia evidencia que lo comunitario es lo que ha permitido superar la crisis y que las mujeres han tenido un rol protagónico en la medida en que lideran las actividades relacionadas con las necesidades básicas para la vida.
Son las comunidades quienes conocen y pueden atender las necesidades de su población. La solidaridad es la base de la colaboración entre semejantes para conseguir un bien común, contraria a la filantropía o altruismo que siembran desigualdad.
Nos encontramos frente a un escenario, en el que el capital puede y va a aprovechar las condiciones de caos para profundizar el “capitalismo del desastre” como lo plantea Naomi Klein o, por el contrario, las comunidades luchan por un giro radical hacia la construcción de un nuevo contrato. Cuando los sectores populares garantizan su autonomía y posibilidades de existencia, el capital encuentra dificultades para controlar y explotar su trabajo y subyugar las comunidades a sus exigencias.
Es indispensable replantear radicalmente los fundamentos sobre los cuales se garantiza la reproducción social y de la vida en condiciones de autonomía frente a las relaciones capitalistas. El nuevo contrato para la reproducción de la vida debe tener como referente el trabajo, los derechos sociales, lo común, el territorio, el fortalecimiento de los lazos comunitarios y sus organizaciones, la reconexión con la naturaleza y un Estado a favor de la reproducción de la vida y no en función de defender y garantizar la acumulación de capital. La potencialidad de dirigir los esfuerzos de varios sectores de la población que han comenzado a desarrollar actividades autogestionarias, redes de articulación y procesos de reflexión y aprendizaje radica básicamente en su capacidad para reproducir la vida.
Notas
1. Desde una perspectiva feminista, entendemos la reproducción social como las actividades y relaciones directamente involucradas en el mantenimiento de la vida cotidiana de las personas en diferentes generaciones. Estas involucran trabajos socialmente necesarios –mentales, físicos y emocionales– dirigidos a proveer y mantener la reproducción social de la población.
2. Benzason, K & Luxton, M. (2006). Social Reproduction. Montreal: MacGill Queen’s University.
3. Ferguson, S. (2017). Children, Childhood and Capitalism: A Social Reproduction perspective. En Social Reproduction Theory Remapping Class, Recentering Oppression (pp. 112-130), editado por Bhattachayra T. Londres: Pluto Press.
4. Mauss, M. (2009). El ensayo sobre el don. Madrid: Kartz editores
5. Polanyi, K. (2007). La gran transformación: crítica del liberalismo económico. Madrid: Quipu
6. Entendemos el Estado como una institución histórica, como un espacio de lucha que han disputado las movilizaciones obreras y sociales en busca de la redistribución de la riqueza y que en Colombia es necesario situar en la realidad de sus territorios, ricos en recursos, en formas de producir y reproducir la vida y de agenciar lo político.
7. https://www.conclusion.com.ar/por-los-medios/roig-no-alcanza-una-redistribucion-del-ingreso-hace-falta-una-redistribucion-del-poder/07/2020/
8. Hall, S. (1984). Notas sobre la deconstrucción de “lo popular”. En Historia popular y teoría socialista (pp. 185-198), editado por Ralph Samuel. Barcelona: Crítica.
9. https://www.telam.com.ar/notas/202007/485388-registro-economia-popular-trabajo-formal.html
* Integrantes Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo (GSEID) de la Universidad Nacional de Colombia.