Colombia: Autoritarismo, consenso elitista y nueva participación popular

En cuatro semanas de movilizaciones ha quedado develada una calamitosa crisis social que precede a la pandemia y que colmó la paciencia de la población.

Christian Arias Barona

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No obstante, el gobierno se empeña en mostrar que la contracción económica y la consecuente pérdida de empleo se deben a las jornadas de paro nacional y los bloqueos, así mismo, ha emprendido una estrategia en dos sentidos: justificar la actuación de la Fuerza Pública y endilgar la dirección de la protesta al líder de la oposición, Gustavo Petro. ¿Con qué objetivo actúa de esta manera?

Autoritarismo a la deriva

La propuesta de Reforma Tributaria del gobierno exteriorizó el rechazo popular por el aumento de la desigualdad y la pobreza que padecen más de 21 millones de personas por la crisis neoliberal, haciendo que las protestas ocupen el centro de la agenda política nacional.  Las multitudinarias movilizaciones obligaron al gobierno a retirar la Reforma Tributaria, la renuncia del ministro de Hacienda y una semana después la de la Canciller, a lo que se suma la salida del Alto Comisionado para la Paz que desconcertó al manifestar su inconformidad por la intromisión de Álvaro Uribe en sus labores de mediación con el ELN.

La debilidad y la crisis institucional se ha tramitado con el uso de la fuerza. El gobierno ha aplicado un enfoque securitario desarrollado en una serie de fases que van desde (a) el despliegue de la policía y el Escuadrón Móvil Anti-Disturbios (ESMAD), (b) la intervención del Ejército, (c) el hostigamiento con armas de fuego por agentes de la Fuerza Pública vestidos de civil, (d) la detención arbitraria en lugares que no corresponden para procedimientos judiciales y (e) la judicialización express de manifestantes.

Todo esto confluye en una maniobra de agitación de las protestas para construir la imagen de “vándalos”, su caracterización como enemigo interno y afirmar la “infiltración” de Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), de modo que sea justificable su criminalización y el uso más intenso de la fuerza.

Las consecuentes violaciones a los Derechos Humanos que devinieron de la actuación gubernamental despertaron la crítica conjunta de los partidos de oposición que citaron a un debate de moción de censura en el Congreso. El posicionamiento de congresistas de los partidos de gobierno, mostraron la cobertura con que cuenta el uribismo para sostener la represión y negar el ingreso a la CIDH, así como la declaración de “amenaza a la seguridad del Estado” a un ciudadano argentino representante del Vaticano que viajó en una Misión Internacional de Verificación de los DD.HH.

La contracara de la debilidad del presidente es la intervención velada del militarismo y sus partidarios. La estrategia de aplacar a tiros un monumental problema social,  la designación del General de Ejército Eduardo Zapateiro para comandar las operaciones en todo el suroccidente del país, la insistente campaña de Álvaro Uribe en pro de intervenir con más “firmeza” y su respaldo absoluto a la Fuerza Pública, la agresiva manifestación pública contra Gustavo Petro de parte del Consejero de Seguridad Nacional Rafael Guarín .

Además, la imposición de la Asistencia Militar en ocho departamentos y 13 municipios, suprimiendo la intervención civil en resolución de alteraciones al orden público, son señales de que el “instrumento militar” se ha sentado en la mesa donde se toman las decisiones. Esto lo corrobora la presencia de los Generales de la Fuerza Pública en el debate contra el ministro de Defensa en el Congreso.

El grupo de estrategas del Ministerio de Defensa entiende que abandonar su concepción contra-insurgente de la seguridad nacional para priorizar las acuciantes necesidades del pueblo, puede conducir a la apertura democrática que se planteó en el Acuerdo de Paz. El medio predilecto del uribismo es la guerra, la amenaza latente de un enemigo que justifique una poderosa organización armada estatal, a la vez que se anule lo político en la sociedad.

La implementación del Acuerdo de Paz traería en consecuencia, una necesaria reforma en el Sector Defensa y Seguridad acompañada de un drástico ajuste fiscal para distribuir, al menos la mitad del 3,4% del PBI que actualmente absorbe este sector.

Con mayor frecuencia corre la voz de que el uribismo busca elevar la confrontación para avanzar a una postura más autoritaria, que puede tener dos escenarios: el de un Estado de Conmoción Interior (Art. 213 de la Constitución Política), para lo cual se requiere un hecho extraordinario o un acuerdo partidario para convalidarlo en el Congreso.

El otro es un golpe militar. Lo segundo no se registra en casi siete décadas, aunque ello no ha impedido ejercer políticas autoritarias al punto de instituir el paramilitarismo (Dec. 3398/1965), manteniendo formalmente el régimen político, pero con una distribución del poder interna con mayor intervención militar y acciones coercitivas en el ámbito público.

De todo esto lo que ha quedado a la vista es que las violaciones cometidas por la Fuerza Pública conducen a una práctica de terrorismo de Estado, degradando la frágil democracia procedimental que caracteriza el régimen político de Colombia.

 Consenso entre las élites

 Los partidos tradicionales se mueven con cálculo y sigilo para reagruparse luego de haber cuestionado al presidente por la Reforma Tributaria que envió al Congreso. Tras reunirse con líderes del Partido Liberal, Cambio Radical y el Partido Conservador, Iván Duque realizó cambios en su gabinete ministerial aplicando una distribución que beneficia fundamentalmente a los dos últimos.

De este modo se alinean al gobierno para asegurar una fuente de recursos de cara a la campaña en 2022 que les permita preservar sus mayorías en el Congreso, impedir el ascenso del progresismo y mantener intacto el modelo económico, como lo vaticina el esbozo de la nueva propuesta de Reforma Tributaria.

El rol del partido Cambio Radical empieza a mostrar hacia dónde se orientan las disputas internas en el gobierno. La fuerza política que lidera el ex-vicepresidente Germán Vargas Lleras ha ganado posiciones en el gobierno y hoy cuenta con cuatro ministerios, a lo cual se suma que es la tercera fuerza en el Congreso (17/108 Senadores y 30/172 Representantes a la Cámara).

Además de unirse al Centro Democrático para rechazar la moción de censura al ministro de Defensa, ha propuesto llamar al Estado Conmoción Interior, una medida extrema de disciplinamiento social, que puede tener un efecto reactivo sin una solución inmediata al hambre y el desempleo.

¿Qué lleva a que las élites renueven sus acuerdos o compromiso político? El uribismo ha logrado amalgamar una potente alianza para gobernar y cumple con algunas características comunes a la élite del país: defiende el liberalismo económico, promueve una cultura conservadora, venera el militarismo y se conforta con la subordinación extranjera. Aunque el rasgo más polémico del uribismo es su relación histórica con el narcotráfico y el paramilitarismo, es el neoliberalismo y el modo de distribuir sus beneficios lo que ordena la pléyade de conservaduristas detrás suyo, entorno que construye el bloque hegemónico.

El escenario de crisis y la anticipada contienda por las elecciones del 2022, ha congregado un grupo heterogéneo de partidos autodenominados en el espectro ideológico como “centro” que crearon la Coalición de la Esperanza. La integración de corrientes de la política tradicional a esta coalición, impide marcar el punto de disrupción con el orden social vigente, de modo que no están claras las alternativas al neoliberalismo. Sin embargo, la anti-corrupción, un nuevo modelo de seguridad y la paz parecen hilvanar las propuestas.

Ha sido la movilización popular combinada con una audaz iniciativa por el segmento progresista de la oposición, quienes han puesto en riesgo el régimen de acumulación neoliberal, y con ello, se habilita un escenario de discusión política respecto a las alternativas al orden social vigente. La propuesta de un Pacto Histórico para de transformar la composición del Congreso, ha estimulado la participación popular y ha abierto expectativas sobre una nueva política económica que paulatinamente toma forma. Esto es lo que el bloque de poder intenta anular a toda costa.

La ofensiva del establishment

 Las imágenes de abuso y brutalidad policial han tenido un efecto mundial por el cual el gobierno de Colombia ha quedado al descubierto. Con la asignación de la Cancillería a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el gobierno desplegó una estrategia para desactivar temporalmente la campaña internacional desarrollando tres maniobras simultáneas:

1) el presidente realizó una entrevista simulada en inglés en la que endilga al líder de la oposición actuar sistemáticamente para generar caos;

2) la revista Semana acusó en una sugestiva portada a Gustavo Petro de instigar las protestas y

3) la vicepresidenta/canciller viajó a EE.UU. para dar su versión a la CIDH y rechazar el pedido de verificación, conseguir ayudas económicas y participar en foros de think tanks.

No hay que perder de vista que Joe Biden no ha tenido reuniones directas con Duque desde que asumió la presidencia, una excepción en las relaciones bilaterales que se asocia al deterioro provocado por la postura trumpista del uribismo en la campaña de 2020. Tampoco hay que soslayar que 55 congresistas estadounidenses hayan presentado un proyecto en el Congreso para suspender la asistencia extranjera destinada a las fuerzas de seguridad, que anualmente rondan los 244 millones de dólares.

Por ello, la Canciller acabó por retractarse y permitir la verificación de la CIDH logrando una reunión con el Secretario de Estado Anthony Blinken. Esto indica que el gobierno colombiano está condicionado a preservar algunas formalidades democráticas e implementar el Acuerdo de Paz para normalizar el intercambio diplomático.

El efecto esperado es instalar la idea de que las protestas son orquestadas por organizaciones criminales que se financian con el narcotráfico, cuyo objetivo es buscar espacios de negociación mediante la coerción que atribuyen a los bloqueos y sintetizar la conducción política del caos en Gustavo Petro. Algo así como invertir las causas y consecuencias, es decir: el paro y sus desmanes produjo la crisis, cuando la realidad es lo contrario.

La paz, catalizador de la participación popular

Desde las jornadas de movilización de 2019, la implementación del Acuerdo de Paz y la impugnación al neoliberalismo prevalecen como los temas estructuran la agenda de lucha. El torrente popular liberado hoy en las calles viene corriendo la bruma de la guerra para descubrir los problemas de fondo, lo que indica un efecto democratizador del fin del conflicto armado con las FARC-EP que correlativamente se ha expresado en el incremento de las movilizaciones populares en las ciudades desde hace una década.

 No obstante, la actual situación es difícil de conducir, si bien hay un sentido común anti-uribista en las calles, persiste una desconfianza en la política institucional. De acuerdo con las encuestas de mayo, la desaprobación del   gobierno crece al 78% (en jóvenes es del 91% y en general abarca a las instituciones políticas). Mientras 3 de 4 jóvenes apoya las protestas y más de la mitad está de acuerdo en su continuación, el rechazo a la policía en este grupo etario ha crecido del 71 al 87%, asociado al pedido de desmantelar el Escuadrón Móvil Anti-Disturbios (ESMAD).

En el plano económico, la juventud pondera la falta de empleo como el principal problema, seguido por la pobreza, la corrupción y la demora en la atención a salud, y en general se suma la educación superior gratuita como una demanda urgente en realización directa con lo que se reclama en las calles. Respecto a la intención de voto, Gustavo Petro lidera contra todas las opciones, mientras Iván Duque y Álvaro Uribe experimentan su mayor imagen desfavorable, pero persiste una apatía a la participación de electoral de un 25% que se complejiza con el promedio de abstención más alto del continente (53,53% tomando desde 1994).

Entre las masivas protestas circula un movimiento popular dividido que no cuenta con capacidad de incorporar a sus dinámicas a la mayoría de expresiones que protestan. Las organizaciones que hace una década protagonizaron los paros agrarios y estudiantiles, hoy son un soporte valioso en las calles, pero con un liderazgo estrecho. Las limitaciones de este movimiento popular están marcadas por al menos tres tendencias: la que apela al diálogo institucionalista sin presión popular, otra que apela a un autonomismo intransigente ante el gobierno y la que llama al diálogo popular para organizar.

Los intentos vanguardistas están demostrando tener una legitimidad acotada que se traduce en una desconexión entre el Comité Nacional de Paro y las demandas añadidas en las manifestaciones locales. Por otra parte, aunque se está instalando en el horizonte la necesidad desplazar a los partidos tradicionales de la representación parlamentaria, las propuestas del bloque alternativo no se traducen de manera clara en la movilización popular.

 Lo anterior plantea al menos dos desafíos:

1) impedir que se imponga la “anti-política”, es decir, el rechazo a formas comunes de organización, el empleo de símbolos políticos, la participación de partidos o movimientos de izquierda u otros factores que limiten la posibilidad de diálogo permanente y construcción de propuestas; es imperativo demostrar que sí hay alternativas.

2) consolidar un programa anti-neoliberal que dote a la movilización popular de elementos para el debate sobre el futuro del país; al uribismo le conviene que se imponga el horror y la muerte porque así ocupa el espacio donde se pueden discutir socialmente las políticas públicas.

Este momento marca una coyuntura histórica que reta nuestra creatividad para entablar un diálogo popular que recupere el lugar de la política en la sociedad, escindidas por la ideología individualista del neoliberalismo que busca dejar librado todo al mercado junto al mito del “Estado chico”. El largo tránsito hacia la paz nos ha legado a la movilización social como una forma de participación.

 

[*] Politólogo, docente e investigador en Geopolítica y Defensa Nacional del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC-UBA). Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la).