Chiquita y otras empresas financiaron el paramilitarismo colombiano
Colombia Informa
El Tribunal de Estados Unidos encontró responsable a la multinacional Chiquita Brands de financiar el paramilitarismo en Colombia. Sin embargo, la empresa no es la única señalada de financiar a estos grupos; Ecopetrol, Postobón, Coca-Cola, Drummond, entre otras, tienen acusaciones similares.
Además, el Tribunal del Distrito Sur de Florida encontró a Chiquita Brands responsable de financiar a los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La empresa fue condenada a pagar 38 millones de dólares como indemnización a un primer grupo de ocho víctimas.
Chiquita Brands entregó 1,7 millones de dólares a los paramilitares entre los años 1997 y 2004. Con este dinero, los paramilitares lograron extender su poder en la región de Urabá, Córdoba y el Magdalena Medio por medio del asesinato, desapariciones y desplazamiento de miles de personas.
Además, el jurado tuvo en cuenta los testimonios de exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso, Éver Veloza, alias HH y Raúl Hasbún.
Todos ellos confirman que Chiquita Brands fue una de las empresas que financió a los paramilitares de las AUC. Junto a los pagos, los barcos de la multinacional habrían sido usados para transportar armas que terminaron en poder de los paramilitares.
De hecho, en 2007 Chiquita Brands fue multada por 25 millones de dólares debido a un proceso que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos adelantó y donde encontró que la multinacional era responsable de tener vínculos con paramilitares.
En ese entonces, la Corte encontró que entre los años 1997 y 2004, altos funcionarios de la multinacional Chiquita Brands le pagaron 1,7 millones de dólares a este grupo paramilitar conocido como las AUC. A cambio, los paramilitares protegían a empleados en las plantaciones de plátanos en Colombia.
De igual forma, los paramilitares despojaron de forma violenta a campesinos de sus tierras para favorecer a la multinacional que pudo extender sus territorios.
Incluso, hubo un acuerdo en el cual Chiquita Brands se declaró culpable de hacer negocios con una organización terrorista.
A cambio, la multinacional debió pagar 25 millones de dólares. Como contraprestación, los documentos de la Corte no revelaron las identidades de los ejecutivos que aprobaron los pagos ilegales a los paramilitares.
Una historia escrita con sangre
Chiquita Brands fue creada en 1899 con el nombre que pasó a la historia: United Fruit Company. De hecho, su presencia en Colombia y otros países de América Latina viene desde sus orígenes.
El empresario Minor Keith, fundador de la multinacional, fue un poderoso millonario con negocios en los ferrocarriles y en las plantaciones de banano.
De hecho, las plantaciones de banano de Minor Keith en Panamá y Colombia le permitieron al millonario controlar todo el mercado.
El 6 de diciembre de 1928, las fuerzas militares colombianas asesinaron a miles de personas que exigían mejores condiciones laborales. Trabajadores, trabajadoras y sus familias fueron víctimas de lo que fue conocido en la historia como “La Masacre de las Bananeras”.
La masacre fue cometida por los militares bajo las órdenes del gobierno de Miguel Abadía Méndez, pero fue la United Fruit Company (Chiquita Brands) quien le exigió al Estado colombiano reprimir las protestas de trabajadores y trabajadoras.
Así mismo, con el apoyo de varios gobiernos de Centroamérica, la United Fruit Company compró miles de tierras a bajo costo en toda la región. De hecho, la multinacional bananera se apoderó de tierras en Panamá, Colombia, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala, al igual que en otros países de la región.
De United a Chiquita
En 1954, la CIA estadounidense organizó un golpe de Estado contra el gobierno de Jacobo Árbenz Guzmán. El motivo del golpe se debió a que este presidente se opuso a los intereses de la multinacional norteamericana.
El gobierno de Árbenz promovió una reforma agraria en Guatemala que afectaba los intereses de la United Fruit Company, así como de terratenientes y oligarcas guatemaltecos. Este fue el principal motivo que impulsó el golpe de Estado que acabó con el proyecto nacionalista de Jacobo Árbenz.
Tras una fusión con otra poderosa empresa, en 1970 la United Fruit Company pasó a llamarse United Brands Company. Sería en 1990, cuando pasó a llamarse Chiquita Brands Company.
En 2007, la ONG francesa Peuples Solidaires acusó públicamente a la Compañía Bananera Atlántica Limitada (COBAL), subsidiaria de Chiquita, por tener conocimientos de violaciones de los derechos de los trabajadores.
Igualmente, la ONG denunció que la empresa expuso a trabajadores en la plantación de Coyol, Colombia a los pesticidas altamente tóxicos en múltiples ocasiones.
De igual forma, Peuples Solidaires acusó a esa multinacional de usar grupos paramilitares para intimidar a los trabajadores.
Armas y banano
Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias Monoleche, confesó que en noviembre de 2001, en el puerto de Chiquita Brands, en el departamento Magdalena, ingresaron 14 contenedores con 3.400 fusiles AK 47 y siete millones de cartuchos para fusil con destino a los grupos paramilitares, traídos en el buque Otterloo.
«Los contenedores descargaron en la bodega de Chiquita Brands y la empresa envió una grúa sofisticada para su movilización. Los 14 contenedores, que fueron declarados ante la DIAN como un cargamento de pelotas de caucho, fueron trasladados luego a las fincas La Rinconada y La Maporita», explicó Roldán, comandante del Bloque Bananero de las AUC.
Ecopetrol vinculada con paramilitares
Salvatore Mancuso dijo que Ecopetrol les pagaba a los paramilitares un porcentaje del monto de los contratos adjudicados, que oscilaba entre el 2% y el 5%. El pago del porcentaje podía cancelarse de contado o en cuotas mensuales.
El exjefe paramilitar confesó que, en ocasiones, estos pagos hechos por Ecopetrol eran hechos en especie por medio de productos de primera necesidad para los paramilitares. De igual forma, la empresa petrolera entregó dinero a las AUC a cambio de seguridad.
Según el testimonio de Mancuso, Ecopetrol también fue responsable de promover varios homicidios donde funcionaban sus sedes petroleras.
«Decían que combatían a extorsionistas y guerrilleros y los pagos a los paramilitares eran hechos directamente por los directivos y administradores de cada una de las empresas. Se consideraba a Ecopetrol como un integrante orgánico de la estructura del Bloque Catatumbo, pues tenía capacidad para determinar delitos», afirmó Mancuso.
Postobón también les habría dado dinero
Según el testimonio del exparamilitar Armando Madriaga Picón, el Frente Héctor Julio Peinado Becerra, en el departamento del Cesar, recibió de la empresa perteneciente al grupo Ardilla Lule 15 cajas mensuales de bebidas que este luego negociaba.
“El distribuidor de Postobón mensualmente me daban 15 cajas de gaseosa, yo las negociaba en un depósito y le ordenaba al carro que repartía que las dejara en tal lado y el del depósito me daba 150 mil pesos mensuales por esa gaseosa. Eso lo ordenó el gerente de Postobón, que estaba el año 1999 o 2000. Unas cuotas eran voluntarias y otras obligatorias. Con la reunión que se le había hecho al comercio, se le avisaba al negocio y se mandaba cerrar al que no colaboraba”, dijo ante la justicia Madriaga Picón.
Incluso Jorge Iván Laverde Zapata, conocido como alias El Iguano, dijo que en Norte de Santander, la empresa Postobón ayudaba por intermedio de sus directores o administradores a cambio de seguridad.
Los mayores aportes los recibió el Frente Fronteras y Postobón se convirtió en una de las empresas más representativas que contribuyó con las finanzas del Bloque Catatumbo de los paramilitares.
De igual forma, Mancuso confesó en 2007 que Postobón les pagaba a los paramilitares unos 7.000 dólares mensuales al cambio de entonces por cada departamento en el que distribuía sus productos, mientras que la cervecera Bavaria desembolsaba unos 70 centavos de dólar por cada 30 cervezas que vendía en la Costa Atlántica.
Paramilitarismo y Fedegan
Salvatore Mancuso también ha dicho que en el Nororiente colombiano, la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan) integró activamente la estructura del Bloque Catatumbo, hasta el punto de «ostentar poder de mando y control».
De hecho, Fedegan es acusada de utilizar su rol económico para materializar el cumplimiento de los objetivos criminales aliados a la ganadería extensiva.
De otro lado, en el departamento de Córdoba, el ganadero Rodrigo García Caicedo de Fedegan fue intermediario para contactar a otros empresarios como Hernán Echavarría, para concretar formas de cooperación con los paramilitares y expandir su alcance criminal en el departamento del Valle del Cauca.
Drummond, carbón y paramilitares
En mayo de 2023, la Fiscalía colombiana confirmó sus acusaciones contra José Miguel Linares y Augusto Jiménez, presidente y expresidente de la multinacional Drummond.
Ambos habrían financiado al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia en el departamento del Cesar entre 1996 y 2001.
De hecho, la empresa carbonífera estadounidense Drummond, que explota yacimientos de carbón en el departamento del Cesar, enfrentó un proceso judicial en Estados Unidos por el pago que hicieron a un comandante paramilitar para que asesinara a tres líderes sindicalistas. La multinacional también es acusada de financiar grupos paramilitares.
La multinacional ha sido demandada en tres ocasiones en los Estados Unidos debido a vínculos con grupos paramilitares.
A pesar de varios testimonios que indican que la Drummond es responsable de los asesinatos de líderes y lideresas sindicales, la justicia norteamericana exoneró a la multinacional carbonera.
En octubre de 2001 fue asesinado el líder sindical, Gustavo Soler. Él denunció en varias ocasiones la existencia de una alianza entre la multinacional Drummond con los paramilitares.
Soler denunció que la Drummond financió a los paramilitares en la Costa Norte a través de la contratación de la alimentación y el aprovisionamiento de combustible.
El sindicalista también denunció que debido a esta alianza, sus compañeros sindicalistas, Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita, fueron asesinados por paramilitares en marzo de 2001.
Stop Coca-Cola
En 2003, Coca-Cola fue llevada a juicio en Estados Unidos por las denuncias del sindicato colombiano Sinaltrainal. Según la acusación, la multinacional norteamericana contrató paramilitares de las AUC para asesinar a nueve sindicalistas en sus plantas embotelladoras entre 1990 y 2002.
Uno de los líderes sindicales asesinados fue Isidro Segundo Gil, quien era líder sindical de Sinaltrainal. Durante esos años, negociaba un pliego de peticiones con la planta de Coca-Cola en Carepa, Antioquia.
Sin embargo, el 5 de diciembre de 1996, paramilitares de las AUC asesinaron a Gil en la sede sindical de la embotelladora.
Sin embargo, la corte norteamericana desestimó a The Coca-Cola Company como responsable de los crímenes, bajo los argumentos de que los asesinatos ocurrieron fuera de los Estados Unidos, por tanto, demasiado lejos (física y causalmente) del cuartel general de la compañía en Atlanta. El tribunal permitió que el caso siguiera adelante contra dos embotelladoras de Coca-Cola.
En esa misma época, organizaciones de derechos humanos impulsaron una campaña mundial contra el consumo de la bebida debido a los problemas de salud que produce y sus nexos con paramilitares.
Lo que sigue para Chiquita Brands
Tras el juicio, la multinacional rechazó la sentencia y anunció que apelará la decisión judicial que los obliga a pagar la millonaria multa.
Terry Collingsworth, abogado de 173 familias víctimas de los paramilitares, cree que este caso puede dejar fuera del negocio a Chiquita, ya que «puede ser el caso de terrorismo más grande de la historia». De hecho, se espera que nuevas víctimas vayan a juicio contra la multinacional bananera.