Crece el rechazo por militares israelíes en Colombia
La brigada del ejército israelí en Colombi, integrada por 82 soldados desplegados tras el sismo de magnitud 7,4, enfrenta un creciente rechazo de dirigentes políticos y sectores sociales que demandan su salida inmediata. Las críticas cuestionan tanto la utilidad de la misión, que llegó más de 96 horas después del terremoto, como la legalidad de su ingreso sin autorización del Senado.
El representante Santiago Osorio pidió al presidente Abelardo de la Espriella retirar el contingente y rechazó cualquier relación con el Gobierno israelí, mientras que el exconcejal Carlos Carrillo denunció que la delegación busca hacer “política con el dolor” de las víctimas. Ambos dirigentes cuestionaron particularmente la participación de Roni Kaplan, vocero del Ejército israelí e integrante de la brigada.
La congresista María Fernanda Carrascal indicó que recibió denuncias desde Pereira y Cali sobre la actuación de los efectivos israelíes en áreas impactadas por el movimiento telúrico. Según sus reportes, voluntarios y comunidades habrían sido relegados, se usaría maquinaria pesada de forma indiscriminada y miembros de la brigada darían órdenes a la Policía; estas acusaciones no fueron acompañadas en la nota de una respuesta de la delegación israelí o del Gobierno colombiano.
La controversia se intensificó luego de que De la Espriella informara haber conversado con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para agradecer la ayuda y el envío de rescatistas. El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda censuró públicamente esa posición y aseguró que dicha relación no representa al pueblo colombiano.
El debate sobre la presencia militar coincide con cuestionamientos a la política de asistencia externa del Gobierno, que, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, limitó la recepción de equipos humanitarios a Estados Unidos, Israel, El Salvador y Ecuador. El sismo ha dejado, de acuerdo con el reporte citado, 289 fallecidos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos, mientras comunidades de las zonas más afectadas denuncian una respuesta estatal insuficiente.