Bolivia: Cuando la rebelión popular se convierte en necesidad
Boris Acosta Reyes
Con medidas contrarias a las prometidas, el gobierno de Rodrigo Paz dinamitó las promesas y esperanzas de los sectores populares que electoralmente lo apoyaron. Aplicó medidas antipopulares y antinacionales que no estaban contempladas en su propuesta electoral, y ante ello la consigna del bloqueo y las movilizaciones populares encabezadas por la Central Obrera Boliviana exigen “Unidad Popular y renuncia de Rodrigo Paz como presidente”. d
La reciente declaración presidencial provocó en la población una sensación de improvisación en el tratamiento de los temas vitales del país. Manifestó que no se va a privatizar las empresas estatales, pero guarda silencio de la negociación de los créditos millonarios solicitados ante organismos financieros internacionales que condicionarán su aprobación al cierre o privatización de las empresas estatales.
Sorprendió con medidas que protegían el patrimonio de las grandes fortunas, emitió Decretos Supremos ilegales y sin consenso que ponían en peligro las riquezas naturales, las empresas estatales y la propiedad de la tierra, aparecieron denuncias escandalosas de corrupción y lo peor, la adquisición de combustible con sobreprecios y en mal estado.
En medio de esas medidas, el discurso presidencial que marcaba distancia y ponía un límite a la participación popular al manifestar “El gobierno no va a gobernar con los sectores sociales, va a gobernar para los sectores sociales” recordando épocas de gobiernos gamonales y neoliberales de una república ya superada por la lucha popular.
La respuesta, es la insurrección de los sectores populares que, encabezadas por la COB y la CSUTCB, realizan grandes movilizaciones, la paralización de las principales rutas del país y un cerco impactante a la ciudad de la Paz y El Alto. La tensión aumenta y desde el 1 de mayo, la consigna principal es: Exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
El gradualismo en la aplicación de las medidas neoliberales y la lentitud para imponer el estado de sitio, son las principales diferencias en el bloque dominante. Pese a ello, por afinidad de sus intereses de clase, el apoyo al gobierno en la asamblea, en las instancias judiciales y en las instituciones empresariales será permanente, estos respaldarán los cinco años de gobierno de Rodrigo Paz y se opondrán a cualquier cambio o sucesión presidencial.
Atribuir el actual conflicto y la mala gestión gubernamental a: dirigentes opositores insertos en el aparato estatal, a vándalos disfrazados de indígenas ponchos rojos o a lineamientos emitidos por el ex presidente Evo Morales, es ignorar la magnitud de la crisis y analizar con simplismo la complejidad de nuestra diversidad y realidad social.
Crisis estatal
En seis meses, lo más sobresaliente del gobierno del presidente Paz, fue la profundización de la crisis y el daño económico de los numerosos escándalos de corrupción. ¿Por qué el presidente no reconoce la corrupción y tampoco la combate con decisión? ¿políticamente a quiénes está protegiendo?
El escándalo del combustible atribuido a un grupo político empresarial que ocupa ministerios y cargos ejecutivos en las entidades estatales, fueron los responsables de adquirir con sobreprecios y mala calidad la “gasolina basura” que ocasionó el deterioro de miles de motores de las movilidades en el país. Originalmente se intentó apuntar como un ejemplo típico de mal servicio, a la institucionalidad estatal (YPFB).
Sin embargo, la magnitud del escándalo y la presión popular exigió que el gobierno y la fiscalía empiecen a investigar. Hasta ahora los resultados son inciertos y más allá de la renuncia de altas autoridades y los informes genéricos de las investigaciones, el estado no ha responsabilizado, tampoco ha identificado a los culpables de este negociado. Por lenidad y supuesta complicidad, también la justicia y la fiscalía, se encuentran cuestionadas por la población.
¿Es ilegal exigir el cambio presidencial?
Desde el ámbito constitucional, no existen disposiciones claras y efectivas que penalicen las promesas incumplidas, o las medidas antipopulares e ilegales que un presidente pudiera efectuar. Un Juicio de Responsabilidades o elecciones anticipadas durante el mandato no garantiza justicia, más aún si el órgano legislativo y otros, forman parte del entorno presidencial.
El discurso conservador intenta convencer que los sectores populares entiendan la democracia, cómo el acto de solo votar y elegir cada cinco años a un candidato presidencial, sin derecho a reclamar cuando surge autoridades como el actual presidente Rodrigo Paz.
Sin embargo, diversas doctrinas políticas liberales evolucionaron y contemplan la legimidad de los paros y protestas populares como formas validas de defensa, frente a incumplimientos de propuestas y abusos del poder gubernamental que ocasiona el rompimiento con los gobernados del Contrato Social perdiendo el gobernante su legitimidad como tal.
Las doctrinas mencionadas, al no exceder del marco de la democracia burguesía y no cambiar el contenido de clase del estado, no son más que mecanismos que tiene este sector para enfrentar una crisis, frenar el ascenso de las masas y mantener intactos sus privilegios de clase.
El cambio de Rodrigo Paz por otro, no significará cambios estructurales si no va acompañado con medidas que planifique la economía y fortalezca las empresas estatales. Pese a ello, para los sectores populares no deja de ser importante esta victoria, pues permite mantener las conquistas consagradas en la CPE, fortalecer política e ideológicamente organizaciones como la COB, la CSUTCB y otras.
*Sociólogo y periodista bolivano, colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)