Avanza el lawfare contra Cristina, en el peor momento del gobierno

Un fiscal federal pidió 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Fernández, una causa judicial sin sustento. El lawfare en su máximo expresión, en el momento donde el gobierno vira a la derecha con Sergio Massa como superministro.

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Marcos Salgado |

Como ya sucedió en Ecuador, con el encarcelamiento del ex vicepresidente Jorge Glass y las persecución contra Rafael Correa, asilado político en Bélgica; o en Brasil, con los 19 meses de prisión de Lula y la proscripción de Dilma Roussef; en Argentina llegó a la etapa final un montaje mediático-judicial, que busca encarcelar a Cristina Fernández de Kirchner, la actual vicepresidenta, o al menos proscribirla, de cara a las elecciones presidenciales del año que viene.

Se trata de uno de los expedientes bandera del lawfare durante el gobierno de Mauricio Macri, donde se intenta vincular a Cristina Kirchner y su ministro de infraestructura, Julio De Vido, con contrataciones supuestamente amañadas de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.

Cristina Fernández ya declaró en ese juicio, en 2019, pocos días antes de asumir como vicepresidenta tras la victoria electoral de octubre de ese año. En ese momento, dijo que los jueves del Tribunal Oral “seguramente tienen su condena escrita”. Después el juicio desapareció de las páginas de los diarios hegemónicos, observadores de la causa, dicen que esto se debe a que la acusación fiscal se desmoronó. Tanto es así que sobre el final del juicio oral los fiscales agregaron a la acusación elementos de otras causas judiciales, que no fueron debatidas en el juicio, en abierta violación al derecho de defensa en juicio.

Por eso, la vicepresidenta pidió ampliar su declaración de 2019 esta misma semana. Así, el kirchnerismo se prepara para respaldar a su referente principal, y los medios hegemónicos volvieron al ruedo, a la espera del pedido fiscal de fuertes condenas que podrían llevar a la cárcel a Cristina (los medios adscriptos a la estrategia ya las adelantaron, sin vergüenza ni cortapisas), o al menos, inhabilitarla para una eventual postulación a la presidencia.

No se puede perder de vista el momento de crisis política que sumerge al gobierno del Frente de Todos. El presidente Alberto Fernández (prescindente en la denuncia contra el lawfare) entregó el año final de su mandato a Sergio Massa, una suerte de ala derecha de la alianza de gobierno y ahora superministro de economía. En ese contexto, el oportuno resurgir mediático del lawfare y es cualquier cosa menos casual.

(Xinhua/Martín Zabala)

¿Manos atadas contra el lawfare?

Los títulos de la prensa ya se puede adivinar: Cárcel para Cristina, etc, etc. Se sabe que a los ojos de la “opinión pública”, un pedido fiscal de pena equivale a un veredicto condenatorio. Además, el lawfare es uno de los escenarios donde más a sus anchas se mueve el periodismo “emocional”, destinado a quienes quieren validar lo que desean que suceda (o la interpretación de lo sucedido), más allá de lo que sea o no verdad, o -en términos judiciales- lo que sea o no probado.

El caso que jaquea el futuro político de Cristina es escandaloso. Los fiscales juegan futbol con el ex presidente Macri, y en tiempos del gobierno del empresario derechista visitaban la Casa Rosada. Lo que decida el Tribunal Oral será revisado por camaristas que jugaban paddle en la residencia presidencial y también visitaban asiduamente la casa de gobierno.

En el kirchnerismo saben que la condena está lista, tal como la advirtió la misma Cristina hace tres años, en el arranque de la causa. Dicen que es un caso más de utilización de la justicia para la persecución política. Certezas que no esconde lo que parece ser una cierta resignación, que a su vez revela una incapacidad política para desarmar el lawfare, incluso siendo gobierno.

* Periodista argentino del equipo fundacional de Telesur. Corresponsal de HispanTV en Venezuela, editor de Questiondigital.com. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).