Así es como el latifundio arremete contra las mujeres venezolanas
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La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario aprobada por el Presidente Chávez por vía habilitante en 2001, es uno de los instrumentos legales fundacionales del proceso revolucionario bolivariano. Con ella se declaró al latifundio como “contrario al interés social” y se abrió un proceso de democratización a través del rescate de tierras ociosas, con el protagonismo de las comunidades campesinas, en pro de la construcción de la soberanía y seguridad alimentaria del país.
La lucha contra el latifundio ha venido suscitando reacciones violentas de parte de la oligarquía terrateniente desde la misma aprobación de la ley: los poderosos intereses económicos de esa casta, ligados a la concentración de la propiedad de la tierra (más que a la producción agrícola, cuyos aportes siempre han sido reducidos) han estado a la base de la violencia, el hostigamiento y la persecución contra las comunidades de los rescates de tierras. A lo largo de estos años de Revolución, han habido alrededor de 300 asesinados de campesinos a mano del sicariato, en su mayoría en los primeros años de aplicación de la Ley; sin embargo, los más recientes ocurrieron hace poco más de un mes[1]. 
En los últimos dos años se ha asistido a un repunte de la arremetida en contra del campesinado organizado. Amenazas, desalojos violentos, judicialización y criminalización de la lucha campesina se han dado de forma sistemática en diferentes estados del país. La gravedad de la situación ha requerido la intervención del Presidente Maduro el pasado 9 de abril, con un pronunciamiento firme en contra de los desalojos de campesinos, llamando a actuar con fuerza contra la complicidad hacia los latifundistas por parte de algunos funcionarios del Estado.
Al mismo tiempo, el Presidente solicitó la creación de una comisión de investigación de los hechos por parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la cual ha estado recibiendo las diferentes denuncias de violación de los derechos de las comunidades campesinas y ha realizado acompañamiento en algunos de los casos más emblemáticos.
En la arremetida, las mujeres campesinas han sido afectadas como integrantes de la comunidad organizada: como los demás, han sido amenazadas, desalojadas de forma violenta, judicializadas. Sin embargo, la violencia impulsada por los latifundistas, también ha sido ejercida contra las mujeres bajo connotaciones específicas de violencia de género: ejercida contra las mujeres campesinas por el hecho de ser mujer.
Recordemos que la violencia contra las mujeres es una trasgresión de sus derechos humanos y no se limita a los hechos de violencia física. La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007, modificada en 2014) reconoce, de hecho, 21 tipos de violencia contra las mujeres, incluyendo a la violencia psicológica; la amenaza; la violencia física; la violencia institucional; entre otras.
Las comunidades campesinas denuncian que la violencia hacia las mujeres ha sido cometida sea por cuerpos de seguridad del Estado, sea por funcionarios y funcionarias del Poder Judicial, sea por los mismos latifundistas.
Los pasados 6 y 7 de junio, las mujeres campesinas de los rescates fueron recibidas por la entonces Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (MinMujer), Blanca Eekhout, quien acordó la ejecución de un plan de atención legal para todos estos casos, así como un plan de créditos para la producción. Con el cambio de cartera pocos días más tarde, las mujeres de los rescates abogan a que haya continuidad con el proceso de acompañamiento por parte de la nueva gestión de esta cartera, ahora a cargo de Caryl Bertho.
“Hacemos un llamado a la continuidad, porque es necesario resguardar la integridad de las mujeres campesinas del País. Hay campesinas judicializadas injustamente, y también hay muchos casos de violación de los derechos humanos de las mujeres en la lucha por la tierra”, afirma Nelly Colmenares, vocera del Consejo Presidencial de Gobierno de las Mujeres del estado Portuguesa. “Al mismo tiempo es necesario profundizar el sistema productivo, para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro País”, acota.
A continuación, algunos de los casos:
El fundo Buena Esperanza
El fundo Buena Esperanza (Sur del Lago, entre los estados Mérida y Zulia), ha sido denu
nciado repetidamente como tierras ociosas desde 2010. Ante la falta de respuesta por parte de la autoridad, la comunidad del sector, organizada en dos cooperativas compuestas en su mayoría por mujeres, en 2017 decidió entrar al fundo para ponerlo a producir y aportar a la seguridad alimentaria del País: empezaron con 40 hectáreas de plátano, además de siembras de maíz y auyama.
Allí el 8 de agosto de 2017 la comunidad campesina sufrió un desalojo violento e ilegal. “Ese día había venido una comisión de la Policía de Caja Seca a decirnos que teníamos que retirarnos del fundo, porque se iba a dictar una medida de desalojo por parte del Tribunal Agrario, ya el predio tenía una medida de protección de la producción. Nosotros le dijimos que el fundo tenía años improductivo, y lo que queremos es trabajar la tierra. Volvieron entonces a las 3 de la mañana, nos agarraron y nos golpearon”, relatan desde la comunidad.
“Se ensañaron sobre todo contra las mujeres. Nos golpeaban, nos agarraban por el cabello. A una compañera le fracturaron el brazo porque no quería montarse en la patrulla. A una muchacha menor de edad, la golpearon brutalmente y la dejaron diecisiete días detenida, como a las compañeras y compañeros mayores de edad. Desde hace 18 meses, de hecho, están todas y todos bajo régimen de presentación”.
“Cuando se llevaron a las compañeras y compañeros, fuimos en grupo a Caja Seca, tras ellos. A una de nosotras, los policías le golpearon la cara y la apuntaron con un arma, diciéndole que, si no nos alejábamos, quienes estaban adentro de la sede policial iban a pagar las consecuencias”. 
Además del uso desmedido de la fuerza, la acción de los funcionarios policiales se caracterizó por su misoginia, por amenazas de carácter sexual y por atentar contra su integridad física. “A algunas de nosotras además les cortaron el cabello, para humillarlas”, narran integrantes de la comunidad.
El procedimiento de rescate del fundo Buena Esperanza, recientemente, se concluyó. Las tierras, que eran reclamada por el supuesto dueño Rogelio Arteaga, resultaron ser tierras de la Nación[2] y han sido asignada a la comunidad, aunque según relatan, el proceso de entrega ha sido realizado de forma discutida[3] por parte de la institución encargada, el Instituto Nacional de Tierras (INTi).
Con respecto a la violencia ejercida contra esta comunidad campesina y las mujeres que la integran, es necesario que no queden impunes sus autores intelectuales y materiales, afirman desde la comunidad.
El fundo La Victoria
Ubicado en el municipio Francisco Javier Pulgar del estado Zulia, el predio La Victoria consta de 642 hectáreas. Desde el año 2013 viene siendo denunciado como “tierra ociosa” por las comunidades campesinas. El procedimiento de rescate ha sido obstaculizado desde sus inicios y se ha convertido en una historia de contradictorias decisiones y de informes contrastantes por parte del INTI, junto a repetidos desalojos, judicialización y criminalización de las familias campesinas, actualmente organizadas en la Cooperativa “El Capital”[4].
Con respecto al tema específico aquí tratado, en julio de 2016 once mujeres de la cooperativa habrían sido llevadas a la sede de la policía regional del estado Zulia para supuestamente atender una reunión sobre el caso del rescate. Sin embargo, una vez allí, fueron acusadas del delito de invasión y detenidas. “Se las llevaron con el engaño de que iban a una reunión para solucionar el caso de rescate”, relataron. Judicializadas, actualmente siguen bajo medida de presentación y tienen un juicio previsto para el próximo 16 de julio.
Posterior a ese hecho, en el marco de uno de los desalojos – el más violento, ocurrido el 16 de noviembre de 2017, ejecutado por el destacamento 115 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuentan que “estando una de las compañeras encima de una moto, un efectivo de la Guardia le dijo que, si no se salía del fundo, la iba a quemar arriba de la moto”. Así lo denunciaron ante la Defensoría del Pueblo. Ese mismo día, entre los muchos detenidos, hubo tres mujeres, una de ellas detenida con su bebé de un año. Las siembras fueron destruidas por completo.
Recientemente, luego de la atención a este caso por parte de la presidencia del INTI, con el acompañamiento de la comisión de la ANC sobre los desalojos campesinos, estaba 
pautada la adjudicación parcial del fundo a la cooperativa “El Capital”. Sin embargo, a última hora se revirtió la decisión. Según denuncian las organizaciones campesinas, detrás de eso hay un fuerte lobby.
La comunidad campesina reivindica su derecho a la tierra, así como su derecho a la justicia: tanto en el caso de las violencias vividas, cuanto con respecto a la judicialización y criminalización de las que han sido objetos.
El Guayabo
A finales del año 2012 se le había entregado un título de Garantía de Permanencia Agraria al ciudadano Deiby Calogero Curtopelle Jímenez, de Araure, quien actualmente reside en Florida, Estados Unidos. Al seguir el fundo en estado improductivo, en el año 2016 la comunidad, organizada en el Consejo Campesino” Revolución Unida” llevó a cabo la denuncia de tierras ociosas. El INTi revocó la Garantía de Permanencia a Curtopelle en mayo de 2017 y dio inicio a un procedimiento de rescate de las tierras.
Más de un año después, el procedimiento aún no ha sido concluido. Las tierras siguen ociosas. La comunidad campesina, integrada en su mayoría por mujeres y compuesta por 24 familias, no entra al fundo porque así está previsto por el procedimiento, y realiza una toma simbólica a orilla de carretera.
Sin embargo, el pasado 16 de mayo se presenta Paolo Curtopelle, hermano de Deiby Curtopelle, amenazando y amedrentando la comunidad. “Llegó lanzándonos la camioneta encima, estando nosotras con nuestras niñas y nuestros niños. Nos amenazó manifestando que a él no le importaba pagar unos doscientos sicarios y mandarnos a liquidar a todos. Dijo que nos estaba investigando la vida. Nos insultó, mostró su arma y la descargó. Gracias a Dios nadie salió herido”, relatan desde el consejo campesino “Revolución Unida”.
Ese día, entre las amenazas proferidas por Curtopelle a las mujeres del consejo campesino, hubo también amenazas de violencia sexual como demostración de su supuesto poder e “intocabilidad”: “dijo que nos iba a bajar las pantaletas y que nadie iba a poder decir nada”.
Las campesinas y campesinos de El Guayabo están esperando que el INTi termine de llevar a cabo los trámites legales y administrativos para que les adjudiquen las tierras. También tienen la expectativa de que las autoridades competentes tomen carta en el asunto frente a los atropellos vividos.
Notas:1. El 12/05/2018 fueron asesinados Jesús León y Guillermo Toledo, del rescate Palo Quemao (municipio Arismendi, estado Barinas). “Asesinados los dos campesinos del rescate Palo Quemao secuestrados ayer en Barinas”, http://www.albatv.org/Paramilitares-secuestran-a-dos.html
2. Se trata de una situación difusa. A través del estudio de la cadena titulativa de las tierras – paso obligado de los procedimientos de rescate – se ha puesto en evidencia que quienes se afirman como supuestos dueños de las tierras, en realidad se han apoderado de ellas arrebatándolas a comunidades campesinas e indígenas o a la Nación.
3. Sobre el caso del Fundo Buena Esperanza y su discutido proceso de entrega a las cooperativas campesinas: “Así es la ofensiva del Latifundio en el Sur del Lago de Maracaibo”, (actualizado 14 /06/2018) en http://la-tabla.blogspot.com/2018/06/asi-es-la-ofensiva-del-latifundio-en-el.html
4. Sobre el caso del Fundo la Victoria: “¿Quién se opone al rescate del Fundo La Victoria?” (30/05/2018) en
http://www.albatv.org/Quien-se-opone-al-rescate-del.html y “Ante las amenazas del sicariato, urge atender los rescates de tierras inconclusos” (13/06/2018) en http://www.albatv.org/Ante-las-amenazas-del-sicariato.html