Argentinos, pagadores seriales

Juan Guahán, Question Latinoamérica|

Los argentinos seguimos alimentando la idea, popularizada por el anterior gobierno, que somos “pagadores seriales”. El fuerte aval del Senado al pago a los holdouts (fondos buitre) parece confirmarlo, mientras sigue un ajuste que no para de ajustar.

 Cristina Fernández de Kirchner, durante su largo mandato presidencial, demostró en más de una oportunidad, su voluntad de cumplir con la deuda que nos vienen reclamando diversos acreedores externos. Como para que no queden dudas, acerca de que ésa era la política de su gobierno, acuñó una frase absolutamente contundente, dijo: “Somos pagadores seriales”.

Efectivamente durante el kirchnerismo se pagaron unos 190 mil millones de dólares. No obstante lo cual se llegó hacia el final de su mandato a la dramática situación que carecíamos de crédito externo y estábamos en estado de “default”. Es decir que, más allá de aquella voluntad de pago, no cumplíamos con sentencias firmes –que llegaron hasta la propia Suprema Corte de los Estados Unidos- y los grandes centros financieros internacionales nos habían cerrado las puertas. No quedan dudas que la deuda fue, es y será una de la claves del problema nacional.

Vale la pena hacer un recordatorio sobre la deuda del Estado Argentino para ver su origen y evolución. Si bien los números tienen algunas variaciones, según las fuentes y metodología utilizada, las tendencias siguen siendo las que a continuación se señalan.

-Al momento del Golpe de Estado  (24 de marzo de 1976) nuestra deuda ascendía a 7.800 millones de dólares  y al retirarse la dictadura, 7 años después era de 45.100 millones de dólares, había crecido un 465%.

-Con el alfonsinismo (1983/1988), en 5 años creció un 44% y pasó a ser de 58.700 millones de dólares.

-Con el menemismo (19989/1999), en 10 años subió un 123% y llegó a 146.219 millones de dólares.

-Con el gobierno de la Alianza (Fernando de la Rúa), en 2 años (2000/2002) aumentó 22% y totalizó 178 mil millones de dólares.

-Por último, en los 12 años del kirchnerismo (2003/2015) se incrementó un 62% y llegó a los 290 mil millones de dólares. Si bien se redujo la proporción de deuda externa y creció el de la interna (Banco Central, ANSES, entre otros).

Según estos datos, cada argentino debía 320 dólares al momento del Golpe de Estado en 1976; en 1982, esa suma elevaba a 1.500 dólares de deuda per cápita; en el 2000 ascendía a 3.850 dólares y en la actualidad ronda los 6.900 dólares de deuda para cada argentino.

Un dato positivo de los últimos años es que se redujo la deuda en relación al PBI. En el 2005 la deuda representaba el 60,7% del PBI, hoy no llega al 45%.

En síntesis, en todos estos años hay cinco cambios destacables: Se redujo la relación Deuda/PBI; aumentó la deuda en términos globales y también la que tiene cada argentino; se redujo la deuda con el exterior, aumentando la participación de la deuda con el propio sector público.

Por último se puede decir que hubo dos momentos políticos en los que perdimos la oportunidad de debatir sobre la legalidad de una deuda, a la que un Juez de la Nación calificó de fraudulenta. Una de esas ocasiones fue hacia el final de la dictadura cuando se podía haber cuestionado su existencia en virtud de haber sido tomada por un gobierno usurpador del poder y sin beneficio para el pueblo (doctrina de la “deuda odiosa” sostenida por San Martín cuando se hizo cargo del poder en Perú para no pagar la deuda que habían contraído con España gobiernos anteriores). La otra oportunidad fue en el 2002, cuando se decretó el default para “investigar” la deuda, cuestión que luego se abandonó.

Siguiendo la historia de nuestro endeudamiento, que acaba de ser convalidado por una abrumadora mayoría en el Senado, se puede decir que el epitafio más ajustado a la realidad podría decir: “Vivió pagando, murió debiendo”

Un ajuste que no para de ajustar y otras novedade

Arranca abril con la profundización de las políticas de ajuste de los primeros 100 días por parte del gobierno de mauricio azc. Mientras se siguen anunciando mayores problemas laborales. En la administración pública se trata de gran parte de los contratos que vencieron a fines de marzo. En ramas claves del sector privado (automotrices, construcción, textiles) por diversos factores vinculados a la recesión local y la crisis brasileña. Hasta ahora ningún sector “arrancó”.

Por si esto fuera poco, esta semana vinieron los anuncios de nuevos aumentos que se suman a la luz, gas y agua. Ahora es el turno de los transportes y los combustibles. En el transporte, los aumentos -fundamentalmente para el área metropolitana (Capital y Gran Buenos Aires)- son del 100%. La “tarifa social” que pasaría de unos 2,2 millones a 6 millones de personas (jubilados, pensionados, beneficiarios de planes sociales, personal doméstico y ex combatientes de Malvinas) significa una reducción del 55% respecto a las  nuevas  “tarifas comunes” y un 50% más de su valor actual.

Según el gobierno, esta es una forma de avanzar en su objetivo de ir cambiando el destino de los subsidios, de los empresarios del transporte a los sectores de menores ingresos. A pesar que este aumento afecta fundamentalmente a la Capital y al Gran Buenos Aires, todavía hay una decena de ciudades del interior donde las tarifas locales continúan siendo superiores -a pesar de todos estos aumentos- a las que rigen en el área metropolitana.

Para este ajuste que no para de ajustar, abril parece ser el mes límite. El gobierno, si quiere consolidar la gobernabilidad, difícilmente pueda seguir sin aflojar la mano. Contener una inflación que parece ingobernable y dar algunas respuestas a la inmensa mayoría de los argentinos, abrumados por estas escaladas de aumentos, son consignas que el gobierno va a tener que escuchar