Argentina: vendaval político y claroscuros económicos

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JUAN GUAHÁN| No quedan dudas que el gobierno cuenta con un fuerte apoyo político. El acto en la Cancha de Vélez y el avasallante avance parlamentario en la expropiación a YPF lo prueban. Mientras tanto la situación económica del país y las provincias exhibe sus claroscuros.

Question Latinoamérica
El vendaval

Evidentemente la iniciativa de expropiar YPF toca las fibras más profundas de la inmensa mayoría de los argentinos. Para el imaginario colectivo significa retomar un camino perdido. Iniciar el rumbo de la recuperación de uno de los símbolos de nuestra soberanía.
Desde su descubrimiento en 1907 hasta la fecha, el tema petrolero estuvo en el centro de grandes decisiones y acontecimientos políticos que marcaron el destino de nuestra Patria.

Son hitos de este camino: La creación de YPF en los finales del gobierno radical de Hipólito Yrigoyen (1922), la majestuosa gestión del General Enrique Mosconi (1922/30) que transformó esa idea en una empresa que fue un modelo que luego siguieron otros países. La caída de Perón (1955) precedida por un polémico intento de concesión de explotación a la Standard Oil California. La traición, a sí mismo, de Arturo Frondizi (1958) que hizo un libro (“Petróleo y Política” -1954- ) para defender el control estatal sobre la explotación petrolera y terminó concesionando su explotación a empresas extranjeras en búsqueda del autoabastecimiento. La anulación de los contratos petroleros por parte de Arturo Illía (1963).

La política del golpista General Juan Carlos Onganía  (1966) que mantuvo el control estatal sobre el petróleo pero eliminó el monopolio de YPF. La progresiva y total privatización de YPF y de la explotación petrolera, con sus nefastas consecuencias, iniciada (1992) durante la gestión de Carlos Saúl Menem y culminada en el gobierno de Antonio de la Rúa. La “argentinización” promovida por Néstor Kirchner (2007).

Ahora el gobierno no tendrá ningún inconveniente en culminar el proceso parlamentario para la aprobación de su propuesta de expropiación de las acciones de REPSOL hasta alcanzar el 51% del total de YPF.

Estamos en las vísperas de una nueva etapa. En su desarrollo futuro habrá que tener presente muchos factores: Defensa de la soberanía nacional y su relación con las provincias, autoabastecimiento, características de la intervención estatal, la participación privada (nacional y extranjera),  recursos económicos e inversiones necesarias y disponibles, la polémica perspectiva de los hidrocarburos no convencionales. Todos estos son temas que se irán desgranando en los próximos tiempos a medida que las cuestiones vayan apareciendo.

Los claroscuros económicos
Este fortalecimiento político del gobierno, que conlleva la expropiación de YPF, dejó en un lejano segundo plano la evaluación sobre la situación económica. Como suele ocurrir, esta realidad nos aporta aspectos muy positivos y otros que motivan preocupación.
Entre los primeros cabe destacar que nuevamente crece el superávit comercial. Una vez más hay que decir que las duras actitudes de Guillermo Moreno parecen dar sus frutos, por lo menos en el corto plazo.

El favorable saldo comercial del último mes creció más del 100% respecto al del año pasado. ¿Las razones? Bajaron las importaciones y crecieron las exportaciones. Las importaciones fueron menores por las restricciones impuestas por Moreno y por  una cierta desaceleración industrial.

Esto está motivando una menor importación, tanto de insumos industriales como de productos para el consumo. La notoria mejora en este rubro hace pensar que este poderoso funcionario, sin cambiar el rumbo, podrá flexibilizar sus presiones. En el gobierno confían en que las exportaciones seguirán creciendo al amparo del aumento del precio de la soja que alcanzó su mejor nivel de los últimos 3 años.

Las preocupaciones atienden a diversos problemas. Obviamente las más importantes son la desaceleración económica y su influencia sobre el empleo, la inflación con su efecto sobre el consumo y la progresiva reducción del superávit fiscal. Éste que representa la diferencia entre ingresos y egresos de las cuentas públicas, mostró en el último trimestre –si tenemos en cuenta el pago de intereses de la deuda- un creciente saldo negativo. La cosecha de granos (soja y maíz) está mostrando que la sequía provocó un daño real que está motivando una reducción superior al 10% de su promedio del año pasado. Esta pérdida por cuestiones climáticas está siendo compensada por los mayores precios.

De todas maneras la crisis, que azota a los principales países, tiene solo un pálido reflejo en la vida cotidiana de nuestros conciudadanos.

Algunas provincias tienen déficits presupuestarios que demandan una atención especial. El gobierno nacional, mayormente preocupado por sostener los actuales niveles de producción y consumo, tampoco está en condiciones de acudir para resolver totalmente estas situaciones.
Como consecuencia de lo anterior, proveedores, servicios públicos y salarios –de diversas provincias- sufren diversos tipos de restricciones, deterioros o demoras. Los aumentos de impuestos son insuficientes para equilibrar las cuentas de varias provincias. Por citar solo dos casos recientes, Buenos Aires y Entre Ríos muestran como la emisión de bonos (técnicamente se trata de “Letras de Tesorería”) aparece como una medida salvadora a la que también ya han apelado -en el curso de este año- las provincias de Córdoba, Chaco, Santa Fe, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires.

Por ahora, ninguno de estos datos opaca la performance política del gobierno y la Presidenta. En este marco adquiere un significado muy particular el debate iniciado sobre la reforma constitucional. Se está debatiendo darle status constitucional a algunas medidas adoptadas y otras futuras. No se habla de reelección pero se incorpora un tema que obviaría esa discusión. Se trata de modificar el régimen político: Pasar del actual presidencialismo a un régimen parlamentarista, con un Jefe de Gobierno elegido por el Parlamento.

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