Argentina: Reivindicación de los más humildes, pero el FMI mete su cola

Juan Guahán

Las fiestas, ¿están  terminando o reciéen comienzan? Claro, hablamos de dos tipos distintos de “fiesta”. Una está referida a la que nos recuerda el almanaque con las celebraciones de Navidad y Año Nuevo y la otra encuentra su explicación en el inicio de un gobierno que recién acaba de asumir, en medio de una legítima y gigantesca celebración colectiva.

Para gran parte del pueblo argentino también está transcurriendo otra “fiesta”. Se trata del fin de la “noche” macrista y la esperanza de un amanecer diferente. En estas dos semanas el gobierno ha mostrado las características de lo que insinúa para el futuro. Hay medidas que apuntan en la dirección proclamada por Alberto Fernández en el sentido de comenzar por las reivindicaciones de los más humildes. Pero hay otras que van en la dirección opuesta.

En este sentido, solo el tiempo logrará separar la paja del trigo. Cuando esto se vaya esclareciendo sabremos si aquellos festejos del 10 de diciembre solo son un efímero recuerdo o si esas alegrías se podrán continuar en el futuro.

“Empezar por los últimos”

Fue la reiterada frase con la que Alberto planteó un eje de su política. Con ella recordó no solo la gravedad de la pobreza que dejó la herencia macrista, sino también la profundidad de la desigualdad que la acompaña. En los primeros gestos de este gobierno hubo varios guiños en la dirección de hacer realidad la idea planteada.

Los dos bonos de 5 mil pesos cada uno (diciembre y enero) para los jubilados que perciben el haber mínimo (14.068 pesos, unos 230 dólares), ayuda a quienes están en el escalón más bajo de la escala social, más de cuatro millones de personas.

Además, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijos (AUH) recibirán a fin de año un bono de dos mil pesos. Ambas medidas, más la rebaja del 8% en los remedios, son de ejecución inmediata y serán un alivio que los sectores más desfavorecidos recibieron para estas fiestas.

Otra medida que apunta en el mismo rumbo es una tarjeta para la compra de alimentos del Plan Alimentar que beneficiará a toda mujer que tiene un embarazo de tres meses, o tiene hijos de hasta seis años, la que recibirá cuatro mil pesos mensuales si tiene un hijo y seis mil si tiene dos hijos o más. Acompañan a estas acciones los congelamientos de las tarifas de los servicios públicos (gas, luz y agua) por 180 días.

Tras esos mismos objetivos, hubo notorios gestos y medidas a favor de las Pymes, el principal empleador de la economía. La moratoria para regularizar su situación y la baja de intereses forma parte de algunas de estas medidas. Así, el gobierno cumple con lo que puede considerarse como el principal compromiso de campaña.

“Solo con gobiernos populares se imponen medidas antipopulares”

El provocativo escritor y comentarista político Jorge Asís le puso, con esta exagerada frase, un título a las reflexiones sobre algunas medidas del gobierno, las que no condicen con los señalados objetivos de esta administración y con los principios de Independencia Económica y Justicia Social que son dos de las tres columnas vertebrales del pensamiento peronista.

Reúnen esa característica negativa aspectos de las medidas adoptadas respecto a un importante sector de jubilados y el aval a políticas mineras. Vayamos por parte.

Respecto a los jubilados el gobierno adoptó, por la Ley de Emergencia, el criterio de suspender por seis meses la aplicación del sistema de movilidad que venía rigiendo y que les permitía recuperar –durante el primer semestre del 2020- parte de lo perdido en los dos últimos años, al tener que incrementar las jubilaciones según la inflación del 2019.

A quienes percibían la “mínima” o tenían ingresos inferiores a 19.068 pesos mensuales se le hacen reajustes para que el mínimo a percibir sea esa suma. Por encima de esa suma la suspensión de la movilidad deja 2,4 millones de  jubilados, en manos del aumento que –en algún momento- dictará el Ejecutivo. Todo indica que, de ese sector, provendrán algunos recursos que irán a engrosar la Caja del Estado según lo venía proponiendo el FMI a través de Informes producidos en la época de Mauricio Macri.

Esa medida indica la importancia que le asigna el gobierno a crear las condiciones para negociar con el FMI el pago de lo que llaman “deuda”.

Teniendo en cuenta la fuerte resistencia popular, cuando se debatió el mencionado régimen de movilidad (diciembre 2017), es lógico suponer que esa medida solo podía ser tomada por un gobierno con una suficiente espalda política.

La otra cuestión que está promoviendo críticas del campo popular y grietas en sectores oficialistas es la política minera. El conflicto estalló hace pocos días cuando el parlamento de la provincia de Mendoza –con el voto de la mayoritario de radicales y peronistas – derogó y el Ejecutivo promulgó una ley (N° 9209) que autoriza el uso del cianuro y el ácido sulfúrico en la megaminería, manteniendo vigente la prohibición para el mercurio.

Ninguno de los señalados productos podía usarse, en virtud de la ley N° 7722 (de 2007). El fondo del debate es que tales productos envenenan el agua, ya de por sí escasa en el territorio mendocino. Igual discusión se está dando en la provincia de Chubut. Miles de mendocinos y mendocinas se movilizaron, en algunos casos con sus propios intendentes a la cabeza.

La represión no se hizo esperar, con varios heridos y muchos más detenidos. El Ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié, separó al gobierno nacional del tema: repudió la represión del gobierno de esa provincia y afirmó que se trata de un problema del pueblo de Mendoza.

Olvidaba que un par de días antes el propio Presidente había dicho, en una reunión con la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA) “En Mendoza logramos que salga una ley para que se involucre en la explotación minera” y agregó: “En Chubut hemos logrado que en la zona de la meseta podamos explotar oro y plata”.

En momentos que la cuestión ambiental es reconocida como uno de los principales desafíos que enfrenta el planeta, los argentinos no se pueden permitir la licencia de meterse en oscuros senderos en los cuales el pueblo es convidado de piedra.

 Además es contraproducente que el novel gobierno gaste su crédito político en medidas este tipo donde los mayores beneficios no son para el pueblo, sino para otros, las grandes trasnacionales mineras. La “coincidencia” que normas semejantes se pretendan discutir en otras provincias permiten decir que dichas medidas forman parte de la negociación en marcha con el propio FMI.

Cuando la “mancha de aceite” de lo ocurrido en Mendoza comenzaba a extenderse y peligraba la Fiesta de la Vendimia, el gobernador de esa provincia decidió dar “marcha atrás” y convocó al diálogo, “suspendiendo” primero la reglamentación de la reciente norma y luego la derogación de la misma.

Por ahora y una vez más quedó probado que el pueblo en la calle puede hacer retroceder lo que se piensa, propone y aprueba en poderosos despachos (extranjeros y/o nacionales) o dóciles parlamentos, siempre y cuando –esa fortaleza popular- no se deje engañarr por los artilugios del poder.

*Analista político y dirigente social argentino, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)