Argentina: ¿Para qué un ministerio de Justicia?
Álvaro Verzi Rangel
La anomalía de que la Corte Suprema de Justicia argentina integrada por solo tres miembros, afecta sin lugar a dudas el normal desempeño del servicio de justicia y de su credibilidad. En Argentina, existen dudas sobre la eficacia y transparencia de la justicia, así como sobre el acceso a la misma. Estas dudas se relacionan con la independencia del poder judicial, la demora en los procesos, la corrupción y la falta de recursos.
Los analistas de la temperatura social señalan que la poca cultura judicial y las formas del vale todo son propicias para que los legos se formen una opinión ex-ante y para que todo fallo que contradiga su punto de vista amasado durante muchos meses (o aún años) sea considerado amañado.
Estas superficialidades, alimentadas también por operaciones mediáticas y políticas de todos los costados, generan en el imaginario colectivo la sensación de cosa juzgada, cuando aún no ha llegado el tiempo de las instancias que imponen condenas o absoluciones, la de los tribunales orales. Pero el poder no perdona a los luchadores sociales, como Milagro Sala, sentenciada a 15 años de prisión
Una serie de factores se la han llevado puesta la,llamada justicia argentina, entre ellos las apetencias (y negocios e intereses) personales e ideológicas de políticos, empresarios y jueces, la desidia orquestada para horadarla desde adentro con la ayuda xde la prensa hegemónica y hasta las mafias que se han gestado en todos sus estamentos.
Esta lenta y constante degradación incorporó dos elementos externos que contribuyeron a minarla aún más, una serie de personajes casi siempre a sueldo de los gobiernos de turno o de los factores de poder, como son los llamados operadores judiciales o los servicios de inteligencia.
A estas alturas, el tema dejó de ser la investigación sobre jueces presuntamente corruptos o las horrorosas fallas en los procedimientos judiciales, sino que es el sistema en su conjunto el que está barranca abajo, casi destruido desde adentro hacia afuera por actores que priorizan sus credos o sus conveniencias personales por sobre los Códigos, señala el diario El Cronista
Hoy, el gobierno libertario de Javier Milei parece apurado por clausurar la causa por la voladura de la mutual judía AMIA (el 18 de julio de 1994), y el juez Rafael Rafecas reactivó el expediente del “Memorando de entendimiento con Irán”, horneada con el fuego del lawfare, donde -¡oh sorpresa!- la principal acusada es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Las investigaciones sobre aquel atentado terrorista que causó 85 muertes, se pone al servicio e de un objetivo espurio, de la mano de Javier Milei, su ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, siguiendo el libreto israelí.
Obviamente, esta “justicia” nada adelantó sobre el intento de asesinato de Cristina Kirchner, el 1 de setiembre de 2022 (entonces era vicepresidenta de la Nación), a cargo de Fernando Sabag Montiel, un militante libertario
La notoria pérdida de respeto ha llevado a la sociedad argentina a banalizar el funcionamiento de la Justicia, en un país donde cada ciudadano se cree habilitado para opinar sobre causas, jueces y fiscales como si fuese un abogado de la matrícula, mientras las redes sociales se explayan a favor o en contra de tal o cual involucrado.
La Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella y su Colaboratorio en Derecho y Desarrollo, junto al Foro de Estudios de la Administración de Justicia (FORES), relanzaron el Índice de Confianza en la Justicia (ICJ), una herramienta que mide la evolución de la opinión pública respecto de la administración de Justicia en la Argentina. Apenas el 12% de las personas encuestadas confía en que la justicia argentina trata a todos por igual y sólo 14% considera que es capaz y eficiente.
El 13% de los/as encuestados/as considera que la Justicia argentina es honesta y honrada y apenas el 9% confía en que controla al poder político y económico. En general, a mayor edad de los encuestados, mayor es la confianza perceptual en la Justicia. Pese a que la diferencia es pequeña, las mujeres parecen tener mayor confianza perceptual en la justicia que los varones.
Mientras, los medios abundan en datos sobre procesos, prisiones preventivas, indagatorias y testimoniales y generalmente sobrevuelan los temas sin brindar demasiadas precisiones, sobre todo los medios audiovisuales, expectantes de cualquier escándalo real o prefabricado. Todo es espectáculo, lejos de lo que alguna vez se entendió como sistema judicial o, simplemente, justicia.
Los escándalos judiciales siguen ocupando primeras planas, como la pena de 15 años de prisión impuesta por la Corte Suprema a la dirigente social jujeña Milagro Sala, presa desde el 16 de marzo de 2016.
Y el juicio por presunto homicidio simple con dolo eventual contra cuatro médicos, dos enfermeros y un psicólogo que trataron al ídolo futbolístico Diego Maradona en los días previos a su muerte, se suspendió por la apresurada renuncia de la jueza Julieta Makintach, quien esperaba poder protagonizar una serie documental (“Justicia Divina“) con ella como protagonista..
Mientras, el gobierno libertario engendra su propio sistema de impunidad. para intentar sacarse de encima toda responsabilidad por las consecuencias de la represión ilegal, encabezada por Patricia Bullrich, y para incluso justificar el accionar violento de las fuerzas de seguridad ante la protesta social. Según la versión oficial, el disparo que dejó al fotógrafo Pablo Grillo al borde de la muerte en la marcha de los jubilados del 12 de marzo último fue un “hecho fortuito”, accidental, producto de la “mala visibilidad”.
El gobierno afirma que la responsabilidad no es del cabo Héctor Guerrero, quien accionó el arma lanzagases que hirió gravemente al fotógrafo, sino de la propia víctima, a quien describe ubicado “en la línea de tiro”. El sumario concluyó que ni él ni sus superiores merecen “reproche alguno desde el punto de vista disciplinario”.
¿A quién representan los jueces, quién los elige? La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum señaló que ella renunciaba a su derecho de elegir a los ministros de la Corte porque “es decisión del pueblo por quien vota el pueblo”
Después de Bolivia, México fue el segundo país latinoamericano en implementar el sistema de elección popular de magistrados, el cual fue avalado por el Congreso tras una reforma constitucional presentada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2024. El pueblo eligió 881 funcionarios federales y casi 2000 estatales. La reciente reforma constitucional dio paso para que los candidatos fueran propuestos por comités evaluadores de los tres poderes del Estado, es decir, que tanto el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial presentaron a sus candidatos.
Ya lo decía Martin Fierro: “Hacéte amigo del Juez; /No le des de qué quejarse…/ Pues siempre es bueno tener/ Palenque ande ir a rascarse.”
*Sociólogo y analista internacional, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista seniordel Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)