Argentina: La emergencia económica y social
Horacio Rovellí
Tratar de modificar la situación de endeudamiento y empobrecimieto que dejó el gobierno neoliberal de Mauricio Macri en Argentina significa hacer una política totalmente distinta, que primero debe partir de fortalecer el mercado interno y apuntalar el trabajo y la producción nacional.
El gobierno de la coalición neoliberal Cambiemos empujó a la pobreza a cinco millones de argentinos, endeudó al país por 129.000 millones de dólares, de los cuales unos 85.000 millones fueron con tenedores privados (fundamentalmente grandes bancos y fondos de inversión financiera) y unos 44.000 millones de dólares con el FMI y, nos ató a ese organismo internacional.
Argentina: La emergencia económica y social
El nuevo ministro de Economía Martín Guzmán lo planteó a su modo, que no está libre de riesgos. Primero, lo dividió en dos etapas, la primera consiste en “salir del pozo” y para ello debe fortalecer al Estado Nacional y, después, presentar un programa económico de mediano y largo plazo que se base en una concertación o acuerdo social
Para disponer de más recursos el nuevo gobierno apunta esencialmente a la reestructuración de la deuda con vista a suspender el pago de intereses y capital por un lapso, en principio de dos- años.
El presupuesto 2020 armado por el gobierno de Cambiemos, estimaba el gasto de la Administración Nacional en unos 6,2 billones de pesos y se destinaba del mismo el 19,3% (unos 1,2 billones de pesos, unos 17.000 millones de dólares) que en lugar de pagar deuda, se debe emplear para mejorar las jubilaciones y pensiones, realizar obras públicas, mejorar los servicios de salud, educación, apuntalamiento de las pequeñas y medianas empresas y de las economías regionales, etc.
Paralelamente al fortalecimiento del Estado y de su rol regulador y de distribución del ingreso, debe poner en valor a toda la economía.
El economista Alfredo Zaiat señaló en Página 12: “Las quejas por las retenciones, la quita en la deuda pública, más impuestos y doble indemnización serán las predecibles y no habría que esperar otra cosa. Pero, a la vez, esos mismos empresarios y financistas están ansiosos para que la economía reinicie un ciclo de crecimiento para mejorar la ecuación económica-financiera de sus negocios”.
“ Y saben, por la experiencia del 2002 y, fundamentalmente, a partir del periodo político iniciado en 2003, que esas medidas son imprescindibles para que la economía frene la caída y comience a crecer y, de ese modo, volver a ganar dinero y a recuperar el valor de sus empresas”, añadió.
La Declaración de la Emergencia en sí es un instrumento para que el Gobierno tenga facultades extraordinarias por la situación económica, social y sanitaria.La emergencia, por otra parte, pondría al Estado a resguardo de reclamos en el área previsional, dado que habrá pagos diferenciados en beneficio de los jubilados de menores ingresos, relegando a los demás.
El proyecto de ley denominado de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, lo afirma de manera explícita, para que no se repita lo que sucedió con los aumentos del mismo tipo que otorgó en su momento el gobierno de Néstor Kirchner, quien también padeció la herencia de enormes restricciones presupuestarias.
Esos ajustes a los de los mínimos ingresos, después motivaron el fallo Badaro de la Corte Suprema, que obligó al Estado a compensar a quienes habían quedado al margen de la medida y desencadenó una andanada de juicios de millones de jubilados.
El gobierno encabezado por Alberto Fernández otorgará un bono de 5.000 pesos en diciembre y otro por la misma suma en enero para los jubilados y pensionados que cobran la jubilación mínima (14.068 pesos). También percibirán un bono quienes cobran una jubilación o pensión de hasta 5.000 pesos superior a la mínima (hasta 19.068). El bono será menor a 5.000 por la diferencia, garantizando que ningún beneficiado previsional cobre en diciembre y en enero menos de 19.068 pesos (hoy unos 270 dólares).
Pero, paralelamente, en el Proyecto de Ley remitido al Congreso, proponen suspender por el plazo de 180 días la vigencia del artículo 32 de la Ley N° 24.241 (Movilidad previsional del 30% por RIPTE y del 70% por IPC). Durante ese plazo, el Poder Ejecutivo deberá fijar trimestralmente el incremento de los haberes previsionales de la totalidad de los regímenes bajo su administración, atendiendo prioritariamente a los sectores de más bajos ingresos.
También en el mismo proyecto proponen la colocación de una Letra del Tesoro intransferible en el Banco Central (BCRA), a diez años de plazo por 4.571 millones de dólares, que se amortiza íntegramente a su vencimiento y pagará una tasa igual a la que devenguen las reservas internacionales del BCRA para el mismo período y hasta un máximo de la tasa Libor anual menos un punto porcentual, con intereses que se cancelarán semestralmente.
Entonces, se está “negociando” la suspensión del pago de los servicios de la deuda, pero eso no significa que se logre rápidamente. De allí que, plantean no ajustar por el índice de movilidad las jubilaciones y pensiones y hacerlo luego en forma trimestral y con un indicador que elija el gobierno y, a la vez, detrae de las reservas de libre disponibilidad del BCRA una suma de 4.571 millones de dólares para afrontar pagos de la deuda externa.
Hay otra medidas importantes en el Proyecto como una amplia moratoria para la Mipymes (medianas y pequeñas empresas), aumentar hasta el 100% las alícuotas del impuesto a los Bienes Personales que están en el exterior, establecer un impuesto a la comprar venta de divisas del 30%, incrementar la tasa de estadística al 3% de las importaciones, entre otras.
Pero lo cierto es que mientras no se tenga definido la suspensión de los pagos de los servicios de la deuda, todo queda en un ajuste del gasto público, incluso autolimitándose en el cobro de las retenciones (Derechos de Exportación).
La alícuota no podrá superar en ningún caso el 33% del valor imponible o del precio oficial FOB para la soja, el 15 % para aquellas mercancías que no estaban sujetas a derechos de exportación al 2 de septiembre de 2018 o que tenían una alícuota de 0 % a esa fecha y, se prohíbe superar el cinco por ciento (5 %) de alícuota para los productos agroindustriales de las economías regionales y bienes industriales y para servicios.
Ajuste o suspension de pago de la deuda
El ministro de Economía quiere proponer una reestructuración de la deuda que permita crecer y que, a la vez, se financie el mayor gasto estatal que se incurre al aumentar jubilaciones, pensiones, subsidios, obras y salarios públicos cobrando más impuestos y, paralelamente, manteniendo el control cambiario y el valor en términos reales del tipo de cambio, conseguir un superávit comercial lo suficientemente importante y sostenido para pagar las obligaciones de la deuda.
Son como demasiados objetivos en forma paralela y con instrumentos en igual número que los objetivos y con los mismos grados de complejidad e incertidumbre, máxime que en toda la historia argentina la deuda externa se utilizó para detraer riquezas, afianzar la dependencia al capital extranjero, y beneficiar a una minoría en desmedro de la mayoría de la población.
Advertimos que se supedita todo a lograr el objetivo principal que es la suspensión de los pagos, pero se trata de negociar con grandes fondos y bancos extranjeros (Goldman Sachs, Black Rock, Franklin Templeton, etc.) y con el FMI, que sólo aceptarían no cobrar por dos años si existe del lado argentino o la seguridad de pago después de los dos años o, el temor de que la Argentina se declare en default y tengan que cobrar como puedan.
Por otra parte, se debe extremar las medidas de control cambiario, porque un impuesto del 30% encarece el tipo de cambio y es una tentación tanto para los exportadores (que subfacturan sus ventas oficiales para vender en negro o fugar) y para los importadores (que sobrefacturan importaciones en blanco para quedarse con dólares comerciales).
En síntesis, las decisiones tomadas no están exentas de riesgo. De salir mal se realiza un ajuste en el gasto público y el valor del dólar puede dispararse haciendo caer el poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y pensiones y con ello reducirse el mercado interno, que es lo que se intenta estimular
Se espera el plan final del Ministro Guzmán, pero la carta fuerte del gobierno sigue siendo, de complicarse la renegociación, la de declarar el default y obligar de ese modo a los acreedores de todo tipo a aceptar la suspensión total de pago de capital e interés por un plazo prudencial.
El mismo ministro lo había estimado en dos años, para después realizar una quita del capital adeudado y el estiramiento de los plazos, como se hiciera en los años 2005 y 2010.
(*) Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Universidad de Buenos Aires. Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).