Argentina: El macrismo en su laberinto

Juan Guahán-Question Latinoamérica|

No pasaron 6 meses de gobierno y el macrismo está en un laberinto sin encontrar la salida. En el pueblo, bronca por las tarifas; en el gobierno, preocupación por los dólares que no llegan. Falta más de un año, pero el gobierno mira las elecciones 2017. Justa propuesta para los jubilados, dudas sobre el origen de los recursos para resolverlo y sobre el “blanqueo”. Los matices de la política internacional del macrismo.

Seguramente ni Mauricio Macri, ni su círculo más íntimo esperaban que antes de cumplir 6 meses de gobierno deberían apelar a medidas que antes calificarían como “populistas” para desinflar la oleada de malestar que recorre el escenario social de nuestro país. Posiblemente la arritmia que lo tuvo internado a Macri, por varias horas, el pasado viernes tenga que ver con ese clima social.
La dureza de algunas de las primeras medidas de gobierno, particularmente la devaluación y los tarifazos, han profundizado la recesión y colocado la inflación en un nivel insoportable.

El temor a la pérdida del empleo y el vacío en el bolsillo es algo muy difundido en gran parte de los sectores populares, ello hará que la inflación comience a aflojar pero al costo de una aguda recesión.
Llama la atención que, desde las propias filas de sectores conservadores como los voceros de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), le estén diciendo al gobierno que se equivocó y que no era éste el mejor camino y ahora adviertan sobre los riesgos de haberlo adoptado. Dudan que esta vía contribuya a una sostenible baja de la inflación y sirva para atraer inversiones.
El gobierno parece haber escuchado la opinión del Observatorio Social de la Universidad Católica (UCA) y –sin modificar su rumbo- trata de moderar el impacto de las medidas adoptadas y dar algunas contenciones a los principales afectados por las mismas.

Las “medidas sociales” aprobadas y otras propuestas
El  gobierno ya puso en marcha la ampliación de las “Asignaciones por Hijo” y otros beneficios semejantes a unos 500 mil chicos hijos de monotributistas e incorporó unos 200 mil trabajadores temporarios al pago de las “Asignaciones Familiares”. La Ley para la Devolución del IVA alcanza a diversos sectores populares y beneficia a unos 8,5 millones de personas. El Programa de “Primer Empleo Joven” ya es Ley.

Los jubilados y pensionados recibieron –en mayo- un adicional de $ 500 y fueron fijados nuevos montos para 500 mil beneficiarios de planes sociales y se acordó, con las organizaciones sindicales, un incremento del 30% en el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Estas medidas se completan con el aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias que paga un sector de los trabajadores y las “tarifas sociales” para varios servicios sometidos a los recientes “tarifazos”.

No obstante esas “medidas sociales”, los “tarifazos” han afectado gravemente a los sectores populares, mereciendo duras respuestas de los mismos. Pero muchas críticas han llovido también desde las propias “usinas” conservadoras. Los primeros porque el clima social está suficientemente sensibilizado por la actual inflación galopante. Los segundos porque dudan que existan los recursos genuinos para sostener esos nuevos “beneficios sociales” en una economía estancada y afirman que solo se los podrá aguantar dándole manija nuevamente “a la maquinita” o utilizando, para esos fines, los dólares que se consigan.

Avanza el proyecto para los jubilados
Es por ello que el macrismo está poniendo en juego sus perspectivas con una medida que, política y socialmente, sería la clave para su futuro.
Es sabida la deuda que tiene el gobierno, vía ANSES, para hacer justicia con los jubilados. No solo se incumplen las disposiciones legales respecto al monto del haber mensual, sino que hay miles y miles de juicios –con sentencia firme- que permanecen impagos contrariando resoluciones de la propia Corte Suprema de Justicia. Esto viene de años y el gobierno parece dispuesto a darle respuesta con múltiples objetivos: Demostrar su capacidad de gestión para resolver entuertos, cerrar un problema muy antiguo que afecta a millones. Por último, utilizarlo como justificación para allegar recursos mediante un nuevo “blanqueo de capitales” y acceder a las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Jubilados, que corresponden a empresas privadas que pidieron créditos al ANSES.
El gobiero propuso al debate del Parlamento contemplar las 3 situaciones existentes: el pago de los juicios con sentencia firme; un acuerdo con quienes tienen demandas en marcha y también con aquellos que –sin reclamar- tienen derecho a tales reajustes. Eso se complementa con el compromiso de mantener ese reajuste con vistas al futuro y con la puesta en marcha de una pensión/jubilación para todos aquellos que no cuenten con otro beneficio y tengan más de 65 años de edad, quienes recibirían el 80% del mínimo del haber jubilatorio.
Como la “letra chica” recién comienza a conocerse, es díficil saber todos los alcances de esta propuesta, pero ya surgen algunas exageraciones sobre sus “bondades” y el alcance de tales medidas.
La publicidad oficial u oficiosa refiere un universo de 2,2 millones de beneficiados. Un cálculo más preciso estima que éstos apenas superarían el millón. El total de beneficiarios del ANSES es de 6,3 millones de personas. De ellos, 3,2 millones son los recientemente incorporados por los mecanismos de moratoria y que –obviamente- estarían fuera de estos beneficios. Los beneficiados anteriores estaban un poco por encima de los 3 millones. Entre el 70 y 75% de esas jubilaciones (algo más de 2 millones) estarían bien liquidadas.
En estos años se han pagado unas 350 mil sentencias y quedarían otras 70 mil con sentencia firme que no se han pagado y restarían unos 300 mil juicios en marcha. El resto (entre 300 y 500 mil casos) tendrían derecho al reclamo. La forma específica de resolver estos entuertos es la mencionada “letra chica” que ahora tendrán que debatir los legisladores. La plena ejecución de esta Ley podría demandar no menos de 2 años.
Hasta aquí lo que el gobierno propone para perfilarse con vistas al 2017 y no hay bloque legislativo que se oponga.
Pero ese acuerdo se termina cuando el tema deriva hacia el origen de los significafivos fondos necesarios para cubrir esos reclamos o derechos.
El gobierno propone dos mecanismos complementarios: Los impuestos a una nueva exteriorización (“blanqueo”) de bienes y algunos recursos (acciones) que están a disposición del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Jubilados.
Sobre las características de este nuevo “blanqueo” hay un montón de proyectos y perspectivas de modo que habrá que esperar el resultado del debate. Sobre el monto del mismo, el gobierno comenzó con la expectativa que llegue o supere los 100 mil millones de dólares, esa cifra se fue reduciendo y ahora estarían conformes con que llegue a los 20 mil millones, aproximadamente el 10% de la cifra “blanqueada” quedará para el Estado. El “blanqueo” ensayado por el cristinismo en el 2013, luego de 9 renovaciones, sumó -en 3 años- 2.595 millones de dólares.
La otra fuente de recursos para pagar estos acuerdos e incrementar los montos actuales para mantenerlos al día provienen del Fondo de Garantías de Sustentabilidad del ANSES -creado en 2008- y cuyos bienes actuales rondan los 50 mil millones de dólares. Un 13% de los mismos son acciones que están en diversas empresas que tomaron créditos de ese Fondo. Entre los temas más cuestionados es que el ANSES pague con esas acciones, protegidas por una Ley que exige el voto de 2/3 del Parlamento para disponer de ellas.

Pensando en el 2017
Más allá de algunos sectores hipercríticos del gobierno –la mayoría de ellos afines al cristinismo- que imaginan destronarlo en algunos meses, la realidad es que el propio macrismo está convencido que, si no logra buenos resultados en el 2017, su futuro es incierto. Por eso está lanzado en la preparación del clima y los candidatos para esa oportunidad. Sabe que la inflación y el empleo están en la cima de la preocupación de los millones. En función de ello se han esbozado algunas medidas orientadas a buscar respuestas a esos temas.
La búsqueda de inversiones es una de ellas. Un índice de la importancia que el gobierno le asigna a los dólares que todavía no llegan es el discruso de Alfonso Prat Gay, en España, donde pidió perdón por el tratamiento a los capitales de ese país en tiempos recientes. Algunos -desde estas tierras- le advirtieron eso era “bajarse los pantalones y también los calzoncilllos”.
Respecto al fin de la recesión, la Unión Industrial Argentina (UIA) cree que recién llegará en el primer trimestre del próximo año.
Mientras tanto hay que transcurrir la bronca desatada por estos “tarifazos”. El gobierno busca amainar sus efectos con acuerdos con los gobernadores, límites máximos y  reducciones por razones sociales que habrá que ver si alcanzan para calmar la rabia existente. Si ésta se arraiga al oficialismo se le hará cuesta arriba un buen resultado para el 2017.
Una figura, incómoda para el gobierno, pero imprescindible -pensando en el 2017 es Elisa Carrió. Ella representa el símbolo de los votos independientes que derivaron del progresismo al macrismo. Su candidatura para senadora por la Provincia de Buenos Aires será una de las claves en dicha elección.

El macrismo en la política internacional
El macrismo está dando señales de una línea más fina en su política internacional. Con el paso del tiempo sabremos si eso está vinculado a la candidatura de nuestra Canciller a la Secretaría General de la Naciones Unidas o si se trata de posiciones más elaboradas. Hubo en estos días dos hechos significativos: La reunión de la OEA y la posición respecto a la Alianza para el Pacífico.
La OEA debía tratar la situación de Venezuela.

Había 3 posiciones. El uruguayo Luis Almagro, Secretario General, que bregaba por la aplicación de la Carta Democrática Intermamericana. Eso podía significar la separación de Venezuela del seno de la OEA. Otros países que buscaban variadas salidas, varios de ellos proponían que se avalara el pedido del Reférendum Revocatorio, solicitado por la oposición, para desplazar al Presidente Nicolás Maduro y un tercer grupo de países que avalaba las posiciones del gobierno venezolano. Finalmente, logró consenso de los 34 miembros de la OEA un texto de la delegación argentina proponiendo un “dialogo abierto” entre el gobierno de Maduro y el Parlamento, controlado por la oposición. Esta postura viene siendo fogoneada por el propio Vaticano que le habría solicitado a Cuba que colaborara con la misma. El gobierno venezolano lo tomó como una victoria y a la oposición de ese país “le dio pena” el rol asumido por la diplomacia de nuestro país.
A la par de esta acción el macrismo está incoporando a la Argentina como “observador” de la Alianza del Pacífico, organismo vinculado a la estrategia norteamericana del que ya forman parte Chile, Colombia, México y Perú. De los países del Mercosur, Uruguay y Paraguay también la integran como “observadores”.
De este modo el Mercosur aparece debilitado frente al crecimiento de esta Alianza del Pacífico que se está consolidando en la región, como reflejo del cambio político que se está produciendo en varios países.