Argentina busca saldar una deuda con sus mujeres

Solange Martínez Navarro y Jimena Montoya*

El 1 de marzo –domingo- el presidente, Alberto Fernández, dio inicio al 138 período de sesiones legislativas junto a la vicepresidenta Cristina Fernández y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Con un contundente Nunca más al “endeudamiento insostenible y a “la puerta giratoria de dólares”, repasó una lista de iniciativas que impulsará este año.Entre ellas, la otra deuda que la sociedad argentina tiene pendiente con las mujeres: un proyecto para la legalización del aborto.

“Todos saben de lo que estoy hablando. El aborto sucede. Es un hecho. Y es solo esa hipocresía que a veces nos atrapa, la que nos hace caer en un debate como este.Un Estado presente debe proteger a los ciudadanos en general y obviamente a las mujeres en particular.

Y en el siglo XXI toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos”, expresó Fernández ante el pleno del Congreso y anunció que en los próximos diez días presentará un “Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar”.

Así confirmó su voluntad de despenalizar y legalizar el tema, y de garantizar la asistencia por parte del sistema de salud argentina. También de contemplar y acompañar a quienes deciden continuar con el embarazo. Será la primera vez en la historia argentina que el Poder Ejecutivo envíe un proyecto propio referido a esta cuestión al Congreso.

De aprobarse, saldaría de manera definitiva la discusión parlamentaria que en 2018 capturó la atención del país entero durante cinco meses, hasta que fue rechazado en el Senado.

Durante la campaña y tras su elección,  Fernández había expresado su postura: “Tenemos que garantizarle a todos, todo: a la mujer que quiera abortar, que pueda hacerlo y a la mujer que quiera tenerlo, que pueda tenerlo. Todos saben que estoy decidido a que ese tema se trate y lo voy a impulsar”, dijo a fines de diciembre en una entrevista radial, donde reiteró su disposición a tratar el tema “evitando un Boca-River”.

El pronunciamiento ocurrió a menos de una semana de la reunión que mantuvo con el Papa Francisco, en la que -según lo que informaron los medios-, primó más la preocupación por el estado terminal de la economía argentina y las negociaciones de la deuda, que la declarada decisión del Presidente de avanzar sobre el tema.

“Voy a cumplir con mi palabra.Mi palabra no es volver a abrir una brecha entre pañuelos verdes y celestes. Mi palabra es darle la posibilidad a la mujer de que, si quiere abortar, lo pueda hacer legalmente. Y ayudar a los que quieran tener a sus hijos, a que los puedan tener. Es todo. Y ese va a ser mi trabajo”, expresó Fernández al final del encuentro con Francisco, ante la insistente pregunta de la prensa.

Luego de sus afirmaciones, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina llamó a una misa el 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer para “unirse en esta plegaria común por la vida”, según anunció en twitter, con la consigna “Sí a las mujeres, sí a la vida”.

A la par del proyecto Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y en consonancia con la  voluntad del presidente de “contemplar todas las visiones” se presentará  también una iniciativa complementaria que dé asistencia estatal a mujeres embarazadas, para garantizar que quienes quieran continuar con su embarazo no lo interrumpan “por razones de pobreza”, dijo el presidente ante el Congreso.

Se buscará entonces acompañar a las mujeres “en situación de vulnerabilidad social en la etapa que más necesitan la presencia del Estado: durante el embarazo, nacimiento, puerperio y primeros años de crianza”, reafirmó y prometió también un “contundente programa de educación sexual integral y prevención del embarazo no deseado”.

El proyecto de ley

El equipo de redacción, conformado por  funcionarios de los ministerios de Salud y Diversidad y Género, avanza en los detalles del texto que no contemplará la objeción de conciencia  institucional, por considerar la cuestión como un problema de salud pública (que obliga a que la situación sea atendida en cualquier centro) y contendrá a grandes rasgos los consensos alcanzados durante los debates de 2018.

Estos consensos fueron la interrupción legal y garantizada por el sistema de salud hasta la semana 12 o 14 de gestación y excepciones para embarazos más avanzados según ya establece la Ley (en caso de violación o de que corra peligro la vida de la persona gestante).

Quien coordina la redacción del proyecto es Vilma Ibarra, la Secretaria Legal y Técnica de Presidencia. Ibarra no sólo forma parte del círculo de confianza del presidente sino que trabaja desde hace mucho tiempo en el impulso a reivindicaciones de género.

En 2010 promovió el tratamiento del matrimonio igualitario que se aprobó en Argentina y había presentado ya en 2006 un proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), cuando era senadora por el Frente Grande.

“Estoy de acuerdo. Esto da esperanzas, porque le da posibilidades a gente de mi sector, el más humilde”, dijo Noemí, de 65 años, quien acudió junto a su prima a escuchar el discurso presidencial en la plaza de los Dos Congresos.

“Estamos muy felices. Para las mujeres significa un montón. Nos lo debe este sistema patriarcal. Ya no vamos a tener que morir más por abortos clandestinos. Lo necesitamos todas la mujeres: que sea legal, seguro y gratuito. Esperaremos su plena y correcta implementación”, señaló Renata, jovencita de 20, que caminaba junto a su hermana Chiara cuando las organizaciones comenzaron a abandonar la plaza, al finalizar el discurso presidencial.

El Congreso y la calle

El 19 de febrero (#19F), “Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro”, mujeres y disidencias argentinas se reunieron frente al Congreso bajo el lema “El proyecto está en las calles”, para apoyar la iniciativa que en 2018 ingresó por octava vez la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y que tras una profunda discusión que puso a la sociedad en vilo, fue rechazada en el  senado.

La movilización se realizó de manera simultanea en capitales provinciales y ciudades chicas del país. En Buenos Aires contó con la presencia de organizaciones políticas y sociales y en el escenario estuvieron presentes más de 50 legisladoras y legisladores de ambas cámaras, vinculados al oficialismo y a la oposición.

También participó la agrupación chilena “Las Tesis” que universalizó en la calles de Santiago, cuando surgían las protestas en Chile, la canción “El violador eres tu”. Con una letra adaptada para la ocasión, argentinas y chilenas reprodujeron el baile frente al Congreso.

“Fue una afirmación categórica para el gobierno nacional y el poder legislativo para que finalmente sea aprobado el proyecto de Ley”, dijo a CLAE  Jenny Durand, referente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, una organización que articula y sintetiza la lucha de mas de 300 organziaciones diferentes que activan respecto a este tema.

“Es un acto que no sólo marca el inicio del debate sino también la sanción definitiva del proyecto. Es lo que esperamos. Pusimos el slogan El proyecto está en las calles porque este es el proyecto del consenso. De lo que de alguna manera la sociedad fue internalizando en el debate de 2018 pero que también fue opinando”, observa la referente.

Aunque aún no se conoce específicamente el articulado del proyecto que el presidente enviará al parlamento, la investigadora y referente del movimiento feminista Dora Barrancos, ahora asesora ad honorem del gobierno, informó que el texto retoma gran parte de lo que expresa el de la Campaña, que hace 15 años impulsa la discusión.

Tratamiento del proyecto

Los puntos más controversiales del debate estarán atados, según Durand, a la objeción de conciencia (la posibilidad que tendrá un profesional o una institución médica de negarse a realizar la práctica por cuestiones personales) y también a la asistencia más allá del sistema público de salud.

La inclusión de esta práctica como parte del Plan Médico Obligatorio (PMO), por ejemplo es algo que genera resistencias, porque obliga a la cobertura por parte de las obras sociales.

“Que la práctica se pueda realizar en condiciones seguras  va a disminuir las 50 mil hospitalizaciones que sabemos que hay anualmente. Todo lo que el erario público destina en tratar de salvar la vida de una mujer o de asistir a alguien que se realizó un aborto en condiciones de inseguridad va a disminuir. O sea que no solamente hablamos de algo que tiene que ver con la calidad de vida y la dignidad de una persona sino con el gasto público”, afirma Durand.

Para Camila, de 24 años, presente en la plaza el #19F, la aprobación del proyecto será “un paso más en el empoderamiento de las mujeres y los cuerpos gestantes. Lo recibiríamos con mucha felicidad. Queremos consejería amigable y misoprostol en las salitas”, afirmó la joven que participó de la acción frente al congreso junto a compañeras de la organización sindical Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

En 2018, 129 diputados acompañaron la medida en la cámara baja y 125 se opusieron. En el senado 31 representantes votaron a favor y 38 en contra, anulando la posibilidad de que se convierta en Ley. Un escenario similar podría repetirse este año.

Se descuenta que el proyecto avanzará con facilidad en la cámara baja, mientras que en la cámara alta pueden presentarse dificultades, incluso dentro del oficialismo,  que posee 41 de las 72 bancas y donde la postura no es homogénea. Según un relevamiento de Perfil, existen 33 senadores a favor y 36 en contra. De los tres que no han expresado su postura, dos pertenecen a la oposición y uno, al Partido Justicialista.

Es posible, sin embargo, que el apoyo presidencial al tema, obligue al oficialismo a encolumnarse bajo la postura común. Trascendió, además, que podría dársele libertad de no asistir al debate a aquellos senadores que no estén de acuerdo con el tema.

“Ingresaron legisladoras y legisladores nuevos en las dos cámaras. No solo cambió la configuración y la presión según signos partidarios sino que se modificó en torno a que hay una nueva generación.  Los legisladores de menos de 35 que ingresaron son parte de una generación que quiere ser escuchada. Ellos deberían representar a sus congéneres”, afirmó Jenny Durand.

Como sea, la expectativa es profunda en un país en el que según las escasas cifras oficiales en tan solo un año (2013) se produjeron 49 mil internaciones en hospitales públicos por problemas relacionados al aborto.  La cifra equivale a 135 mujeres por día.

Entre 1983 y 2016 hubo 3.040 muertes maternas por este tema, según lo registrado por el Ministerio de Salud, lo que convierte a la problemática en la primera causa de muerte en esa franja poblacional. Al tratarse de un tema que se resuelve ilegalmente es difícil que los datos sean precisos, pero, como dijo el Presidente, “el aborto sucede”.

De acuerdo con una recopilación realizada por la Fundación de Estudios sobre la Mujer, en Argentina se estima que se realizan entre 370.000 y 520.000 abortos por año.  Solo en Cuba, Uruguay, Guayana, Guyana Francesa y Puerto Rico está permitido abortar sin condiciones en las primeras semanas de gestación, según el plazo establecido por sus leyes.

En el resto de los países de la región es casi general la legislación que lo permite -al igual que en Argentina- en casos excepcionales como violación, o riesgo de la vida de la madre. En El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití está prohibido absolutamente, sin excepciones.

 Manipulación política

La historia jurídica de la Argentina se encuentra llena de casos en los que aún encuadradas en la pequeña porción de excepcionalidades que la Ley contempla, las mujeres o cuerpos gestantes han tenido que dar batalla para hacer cumplir su derecho a abortar o evitar una pena por hacerlo.

Así sucedió en el emblemático caso de Lucía en la provincia de Tucumán. La niña de 11 años cursaba un embarazo de cinco meses, producto de una violación por parte de la pareja de su abuela, y pidió a la justicia que se le practique un aborto.

A través de dilaciones en la atención y la judicialización del caso, el estado provincial la obligó a gestar el embarazo no deseado, hasta que se le practicó una microcesárea para que diera a luz la bebé, que finalmente falleció.  Los médicos que se hicieron cargo del procedimiento fueron denunciados ante la justicia por organismos Pro Vida.

En honor al sin fin de mujeres que pasan por esa situación, el domingo 1 de marzo, el pleno del parlamento apaludió de pie el anuncio. La emoción también se vivió afuera del congreso, donde se agitaron pañuelos verdes. “Va a ser Ley”, festejó Chiara, afuera del Congreso, con el puño alzado y el pañuelo verde anudado en la muñeca.

En 2018, el debate había sido habilitado por el Presidente Mauricio Macri en medio de la caída estrepitosa de su imagen, debido al aumento de las tarifas energéticas, la inflación y la incapacidad del gobierno por contener el precio de la divisa. En una magistral jugada de manipulación de la opinión pública el mandatario sugirió el debate, no sin antes declarar su postura en contra del tema.

Se promovieron así  durante tres meses discusiones públicas en el Congreso por donde desfilaron diferentes actores sociales para expresar sus razones a favor y en contra del tema. En esa coyuntura Argentina iniciaba las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para contraer la deuda más grande que cualquier país del hemisferio había logrado hasta entonces con este organismo.

Cuando el proyecto tomó estado parlamentario, fue aprobado por la cámara baja y  en agosto, cercado por dos movilizaciones de una y otra postura el senado votó en contra y lo rechazó de manera definitiva. Este 2020, el debate que no comienza de cero, también sucederá en paralelo a las conversaciones con el FMI. La diferencia quizás, sea la voluntad explícita de desendeudamiento (en lo económico y lo social) que expresó el gobierno.

**Redactoras argentinas del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico- (CLAE, estrategia.la)