ANC suprimió las alcaldías metropolitanas de Caracas y del Alto Apure
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) suprimió por unanimidad este miércoles las alcaldías (opositoras) Metropolitana de Caracas y del Alto Apure, con el argumento de que sus recientes administraciones presentaron irregularidades, como ineficiencia o actos de corrupción, y no brindaron beneficios para su población.
Asimismo acordó nombrar una comisión especial para evaluar el proyecto de Ley de Inversión Extranjera presentado por el presidente Nicolás Maduro.
El decreto del poder plenipotenciario ordena la liquidación de la Alcaldía Metropolitana, el Cabildo Metropolitano y la Contraloría Metropolitana, tres de las cinco instancias que gestionan La gran Caracas, la capital y su vasto cono urbano.
Delcy Rodríguez, presidenta de la Constituyente, afirmó que con el paso de los años la zona administrativa perdió vigencia, solapó funciones, se apartó del camino y la orientación político, territorial y administrativa que se le había indicado en la ley. Las dos instancias cumplían funciones de coordinación y planificación con otras alcaldías de Caracas y del estado de Apure.
La oposición aseguró que esta decisión viola la Constitución, es antidemocrática y fue acordada por tener al frente a alcaldes opositores. El jefe de la bancada opositora en la Asamblea Nacional, Stalin González, calificó la medida de golpe a la autonomía municipal y al proceso de descentralización.
La última autoridad de la Alcaldía Metropolitana fue Antonio Ledezma, electo en 2008, quien dejó el cargo hace dos años a su colaborador Alí Mansour para cumplir una sentencia de arresto domiciliario tras ser acusado de organizar las violentas manifestaciones opositoras de 2014, que dejaron 43 muertos. Ledezma, bajo arresyo domiciliario por razones de salud, huyó el 17 de noviembre a Europa, a través de Colombia. La fuga generó reclamos de unos seis mil funcionarios y trabajadores por el retraso en sus pagos.
El Artículo 2 del decreto explica que para poder ejecutar el mandato constituyente se deberá crear una junta de liquidación para el Área Metropolitana de Caracas y para el Distrito del Alto Apure, compuesta por un presidente/a y cuatro integrantes principales, con sus respectivos suplentes, quienes ejercerán sus funciones de conformidad con un reglamento interno que estará bajo la conducción de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República.
El documento plantea en su Artículo 3 que el Ejecutivo nacional asumirá de forma provisional y transitoria los pagos administrativos, potestades laborales y funciones relativas a su personal, preservando las condiciones de los empleados, hasta tanto culmine el proceso de liquidación.
Para el primer vicepresidente de la ANC, Aristóbulo Istúriz, es necesario liquidar estas instituciones para dar paso a la creación y fortalecimiento de los consejos comunales, las comunas, las ciudades comunales y el Estado comunal. “Hoy no tenemos la necesidad de crear una nueva institución sino que los alcaldes deberían tener el compromiso de bajar el Gobierno hacia donde está la gente”, recalcó Istúriz.
La liquidación de las dos alcaldías se decidió 10 días después de las elecciones municipales, en las que no fueron incluidas por el Consejo Nacional Electoral. En estos comicios el oficialismo ganó 305 de las 335 alcaldías que estaban en disputa.
Relegalización de partidos
En otro orden, la Constituyente aprobó un decreto que establece que los partidos que no participaron en una elección inmediatamente anterior tendrán que iniciar un proceso de lgalización, lo que podría dejar fuera de los comicios presidenciales de 2018 a los principales grupos de oposición que de inmediato rechazaron la medida.
La decisión afecta a los grandes partidos opositores Primero Justicia, Acción Democrática y Voluntad Popular que llamaron a un boicot en los comicios municipales.
Un par de semanas trás, Maduro y el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, habían dicho que aquellos partidos que se hayan colocado al margen de la consulta municipal, “quedarían ilegalizados”. Los tres partidos de la MUD que decidieron no asistir a las recién finalizadas elecciones de alcaldes, pero que parecían dispuestos a luchar por condiciones electorales para poder acudir a unas presidenciales, tendrían entonces que acudir al Consejo Nacional Electoral en enero, luego del receso navideño, a cursar un proceso administrativo.
Los analistas señalan que el Gobierno puede tener interés en adelantar todo lo posible la consulta presidencial de 2018 para aprovechar la desmovilización y desmotivación de la oposición, ahora tambipen atrapada en la telaraña reglamentaria del CNE, y temerosos de no poder, al menos formalmente, participar de los comicios.
Corrupción
En otro orden, el diputado opositor Juan Guaidó, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, aseguró que el desfalco derivado de la corrupción en el gobierno, que incluye casos de sobornos del gigante brasileño Odebrecht y múltiples irregularidades en la estatal Petróleos de Venezuela, asciende a unos 80 mil millones de dólares.
Guaidó estimó que hay entre 300 mil y 600 mil millones de dólares de fondos de Venezuela en cuentas en el exterior, que sospecha son producto de la corrupción, y confirmó que hay más de 187 funcionarios y ex funcionarios del chavismo investigados por estos casos.