A un año del magnicidio de Moise, en Haití reclaman a Aristide

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Victoria Korn

La investigación por el asesinato hace justo un año del entonces presidente de Haití, Jovenel Moise por parte de un comando de mercenarios colombo-estadounidenses, sigue trabada en torno de los autores intelectuales, después de un primer momento de numerosas detenciones y de avances acerca de la planificación y el armado, y aún con muchos participantes prófugos.

El magnicidio obligó a cambios de gobierno y a la suspensión de las elecciones y de una consulta popular sobre una reforma constitucional, y un terremoto el año pasado agravaron aún más la crisis social, política y económica del país más pobre de América Latina, cuya economía languidece sin un plan de rescate a la vista.

Haití se encuentra actualmente sin Parlamento, con un Gobierno que no ha sido elegido en las urnas y con una cúpula judicial inoperante para hacer frente a la profunda crisis política y la mayor ola de violencia que ha vivido el país caribeño en décadas, sin olvidar la atención que demandan los más de cuatro millones de personas en situación de inseguridad alimentaria.

El Gobierno de Haití, un país afectado por la impunidad y la poca credibilidad de la Justicia, pidió ayuda a Naciones Unidas para llevar a cabo una investigación internacional sobre el asesinato. En el funeral de Moise, su esposa Martine dijo que su marido fue «abandonado y traicionado», y acusó del magnicidio a la oligarquía haitiana.

Sin un Congreso en funciones, con un Ejecutivo que carece de legitimidad y tiene su mandato ya cumplido y una severa crisis de seguridad, la figura del “Estado fallido” parece ser la definición para un país en el que sobrevivir un día más es un verdadero logro.

Si ya la crisis era insoportable para millones de haitianos, el terremoto de magnitud 7,2 ocurrido el 14 de agosto de 2021 en la península sur, agravó aún más la situación. Al menos 2.248 personas murieron, más de 300 resultaron desaparecidas y otras 690.000 resultaron damnificadas como consecuencia del sismo, el de mayor magnitud después del sucedido en enero de 2010, que causó más de 300.000 muertes y un millón y medio de damnificados, muchos de los cuales a día de hoy todavía siguen sin un techo.

Aprovechando la crisis sociopolítica, las bandas armadas han aprovechado para sembrar el terror a lo largo y ancho de este país de once millones de habitantes, secuestrando y asesinando indiscriminadamente. Las pandillas provocaron un grave desabastecimiento de combustible, lo que provocó la suspensión de servicios básicos como el de la salud, la educación y la telefonía.

Sólo en el mes de junio pasado, más de 150 personas fueron asesinadas y otras 200 secuestradas en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, reveló un informe del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos. Puerto Príncipe está sitiado en el sur, el norte y el este. “Asistimos a una sociedad cada vez más pasiva mientras el país está asediado», añade el informe. Describe la situación como de «hegemonía del crimen”.

El Ejército, que fue eliminado en 1994 para evitar intentonas golpistas (e instaurado de nuevo en 2017), tiene 500 miembros, y los 15.000 policías con los que cuenta el país no parecen ser suficientes para controlar la situación. Además, las fuerzas y cuerpos han sido acusados de cometer matanzas indiscriminadas e incluso el Consejo de Seguridad de la ONU pidió a Haití que investigue las masacres de La Saline en 2018 y de Bel-Air en 2019, en las que murieron decenas de civiles.

El regreso de Aristide

La inestabilidad política es una constante en el país, el único de América que ha tenido más de 20 gobiernos en 35 años. Con todo, su último conflicto tiene su origen en 2015, cuando las protestas, espoleadas por el malestar económico y un escándalo de corrupción durante el gobierno de Michel Martelly por la apropiación y malversación de 3.800 millones de dólares en ayudas de PetroCaribe, un programa venezolano de asistencia petrolera.

A fines de junio, miles de haitianos se lanzaron a las calles de Puerto Príncipe para exigir que el expresidente y sacerdote salesiano Jean Bertrand Aristide, el primer mandatario electo democráticamente en el país, sea colocado al frente de la transición política en Haití, donde la crisis se agudizó tras el magnicidio. Aristide ocupó a la presidencia en 1991, entre 1994 y 1996 y entre 2001 y2004, tras salir elegido democráticamente en los comicios para luego ser retirado del poder por continuos golpes militares, aupados por Estados Unidos y Francia.

Desde la publicación de una serie de investigaciones sobre el rescate por parte de Francia de la deuda impuesta a Haití para reconocer su independencia, el Partido Lavalas y su líder han conseguido un espectacular ascenso en la escena política.

Los manifestantes denunciaron la escalada de la violencia, los enfrentamientos de las bandas, la inflación, así como la emigración desde los últimos cinco años. La inacción del actual gobierno de Ariel Henry, quien asumió tras el asesinato de Jovenal Moïse, y reclamaron el regreso de Aristide para sacar al país de la severa crisis económica, política y social, al mismo tiempo que calificaron la actual situación como un “marasmo”.

Haití fue el país precursor del independentismo en las Américas, pero hasta hoy sigue ligada a todos los males que produce la corrupción estatal y la injerencia extranjera, en especial de Francia y Estados Unidos. Las bandas criminales siguen destruyendo el sistema social y de salud. La balaceras impiden que los niños puedan ir a las escuelas.

Naciones Unidas estima que casi cuatro millones de haitianos, de una población de cerca de 11,5 millones, padece inseguridad alimentaria. Un quinto de la población, cerca de dos millones de personas, se ha visto forzado a emigrar.

Organizaciones humanitarias denuncian que poderosos empresarios, policías y jueces están detrás del negocio de los secuestros, porque el delincuente que no tiene ni para la comida y que se presta para cometer ese delito por un saco de arroz, no es quien está percibiendo las ganancias. En Haití exigen hasta un millón de dólares por la liberación de un secuestrado, preferentemente ciudadanos extranjeros o personas  que reciben remesas de sus familiares.

Salir del país es difícil. República Dominicana, que comparte la isla La Española con Haití, adelanta la construcción de una verja inteligente, un  «muro” en la frontera de 390 kilómetros como solución a la presión migratoria, que esconde un sentimiento de racismo y xenofobia, en uno de los corredores terrestres más importantes de América Latina y el Caribe.

Y como consecuencia de todas estas aciagas circunstancias, la emigración se ha disparado nuevamente.

*Periodista venezolana, analista de temas de Centroamérica y el Caribe,  asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)