El Salvador deslinda control sobre deportados desde EEUU
El gobierno de El Salvador aseguró ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que no tiene responsabilidad sobre los migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos y recluidos en la megacárcel de máxima seguridad, conocida como el Cecot.
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En documentos oficiales enviados a la ONU, las autoridades salvadoreñas indicaron que la “jurisdicción y responsabilidad legal sobre estas personas recaen exclusivamente en las autoridades extranjeras competentes”.
Esta postura contradice declaraciones públicas previas de ambos gobiernos, que habían sostenido que los deportados quedaban fuera del alcance estadounidense al llegar a territorio salvadoreño.
Sin embargo, El Salvador detalló que su papel se limita a facilitar el uso de su infraestructura penitenciaria, mientras que la custodia y el control permanecen bajo el sistema de justicia de Estados Unidos, según el acuerdo bilateral firmado entre ambos países.
La revelación surge en medio de una investigación de la ONU sobre el destino de más de 200 hombres venezolanos enviados a El Salvador en marzo, incluso después de que un juez estadounidense ordenara detener los vuelos de deportación.
El acuerdo, que implica un pago anual de seis millones de dólares por parte de Estados Unidos para alojar a 300 migrantes en el Cecot, fue justificado por la administración Trump invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma rara vez utilizada.
Presos por dinero
Organizaciones de derechos humanos y abogados han denunciado la falta de transparencia y de garantías procesales para los migrantes, señalando que la detención en régimen de incomunicación y la ausencia de información oficial constituyen violaciones graves al derecho internacional.
La ONU y Human Rights Watch han exigido tanto a Estados Unidos como a El Salvador que publiquen la identidad y el paradero de los detenidos y permitan el contacto con sus familiares.