Brasil: la escasez de alimentos amenaza al gobierno de cara a las elecciones
Jeferson Miola
La pérdida de popularidad del gobierno de Lula se debe, en gran medida, [1] al malestar estructural de la población, agravado por la anabolización del extremismo por parte de las grandes tecnológicas ; pero también [2] debido a la ruptura de la confianza y la credibilidad del gobierno, agravada por el efecto PIX; y, además, y relacionado con esto, [3] como resultado del alto precio de los alimentos.
La inflación alimentaria golpea duramente a la mayoría de la población, que sobrevive con enormes dificultades debido a sus bajísimos ingresos: el 38% de la población brasileña gana hasta un salario mínimo, el 32% entre uno y dos salarios mínimos y 20,5 millones de familias [53,9 millones de personas] reciben una media de 671,21 reales al mes de la Bolsa Família.
Esta mayoría de la población, que corresponde a la gran mayoría del electorado de Lula, gasta al menos el 40% del salario mínimo para comprar una canasta básica de alimentos sencilla y modesta. Por lo tanto, el alto costo de los alimentos amenaza seriamente el desempeño del gobierno en las elecciones de 2026.
Aún hay tiempo para revertir este escenario desfavorable, pero el gobierno necesita actuar con urgencia y audacia, “pensando fuera de la caja neoliberal”, como analiza la profesora Isabela Weberm de la Universidad de Massachusets.
La eliminación de los impuestos a las importaciones de nueve tipos de alimentos demostró la preocupación central del gobierno por la inflación y su compromiso con el combate a los precios altos, que es relevante pero prácticamente no tiene efecto.
Además, la política de almacenamiento regulatorio de alimentos fue destruida durante el período fascista-militar de Jair Bolsonaro, y en los dos años de gobierno del presidente Lula, la CONAB recién había comenzado a almacenar productos resultantes de la cosecha récord.
La situación es aún más preocupante porque la inflación de los alimentos es un fenómeno global pospandémico y se ha mantenido persistente, sin señales de enfriamiento inmediato.
Hay otro aspecto que complica la situación, que es la “internacionalización” de los precios de los alimentos, incluidos los de consumo popular, que se equiparan erróneamente a los de las mercancías en términos de lógica económica.
Incluso en el caso de productos no exportables, los precios internos están referenciados a los precios del mercado mundial, independientemente de los costos de producción locales. Para revertir el alto costo de vida en Brasil, el gobierno de Lula se enfrenta al reto de seguir un camino distinto a las limitaciones de la austeridad, las altas tasas de interés y el ajuste fiscal dogmático.
emio Nobel de Economía Josepoh Stiglitz explica que “la inflación actual es diferente a la inflación normal”. Esta inflación, la inflación pospandemia, es diferente a la inflación que tuvo Brasil y el mundo en el pasado. “Se trata principalmente de una inflación del lado de la oferta”.
En su opinión, “los tipos de interés elevados son contraproducentes en este caso”. “Empeoran la situación”, por lo que los gobiernos necesitan emplear otras medidas para combatir los precios elevados y preservar el poder adquisitivo de la población.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, adoptó una serie de medidas que serían consideradas “drásticas” por el “mercado”, pues se salen del marco de la ortodoxia neoliberal. Con ello logró contener el aumento desenfrenado de los precios de los alimentos y eligió a su sucesora con el 60% de los votos y mayoría en el Congreso.
El costo total de las políticas antiinflacionarias en México fue del 1,4% del PIB del país, alrededor de 20.400 millones de dólares, lo que significa, por tanto, que el combate a la inflación es una política pública que requiere prioridad presupuestaria. Lula no podrá implementar medidas efectivas para aliviar los precios de los alimentos si continúa obstaculizado por la austeridad fiscal y la política monetaria recesiva del Banco Central.
El Gobierno debe actuar con urgencia en este momento de emergencia social provocada por la inflación alimentaria, que podría llevar a decenas de millones de personas a una situación de inseguridad alimentaria y hambre.
Los gobiernos de México y España se han liberado de las ataduras del modelo neoliberal y han producido políticas exitosas para preservar el poder adquisitivo de sus respectivas poblaciones. Con ello aseguraron las victorias electorales de sus gobiernos –ver aquí y aquí las medidas implementadas por López Obrador y Pedro Sánchez-.
Por motivos bélicos y medievales; es decir, por razones que no son en absoluto nobles; la Unión Europea ha relajado las reglas fiscales para aplicar 800.000 millones de euros (5,5 billones de reales, el equivalente a la mitad del PIB de Brasil) al gasto de guerra en los próximos cinco años.
Ante esto, hay que preguntar a los rentistas, a Faria Lima y a los tecnócratas financieros y por último, a los parásitos financieros: ¿criticarán si el gobierno de Lula flexibiliza las reglas fiscales para proteger a millones de brasileños del riesgo de inseguridad alimentaria y hambre causados por la inflación mundial de los precios de los alimentos?
¿Con qué autoridad moral, después de todo, las oligarquías y sus medios de comunicación atacarán al gobierno por actuar en esta situación de emergencia social, mientras aplauden a los gobiernos europeos que dilapidan sus presupuestos en nombre de la guerra, la rusofobia y el supremacismo occidental?
El alto costo de los alimentos amenaza seriamente el desempeño del gobierno de Lula en las elecciones de 2026 y “el mercado” lo sabe.
*Miembro del Instituto de Debates, Estudios y Alternativas de Porto Alegre (Idea), fue coordinador ejecutivo del V Foro Social Mundial. Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)