Panorama Económico Latinoamericano – Del 11 al 18 de setiembre de 2024

A 51 años del golpe: Chile, país de conflictos mineros

César Padilla Ormeño *

Se habla de los países por su vocación económica de Chile se dice que es un país minero y con eso se espera que el resto se entienda por añadidura. La minería en Chile tiene orígenes ancestrales. Los indígenas originarios del norte se pintaban la piel con minerales para las ceremonias religiosas, eso es al menos lo que afirman historiadores.

En aquel entonces y en culturas altamente espirituales, todo lo que sirviera para complacer a las divinidades era de utilidad. Lo fueron también los minerales, aunque cabe mencionar que en algunos casos ello tuvo un trágico desenlace. Se dice que un importante número de miembros de las comunidades originarias pintó sus cuerpos con arsénico, socavando así la propia supervivencia.

Más tarde, con la llegada de los invasores europeos, las infinitas ambiciones por los metales preciosos causaron enfermedad y muerte a la población local.

La minería de salitre del siglo 19 también significó guerra, muerte y desolación en el norte, en los territorios ocupados, bolivianos y peruanos respectivamente, los cuales pasaron a llamarse Chile al fin del conflicto bélico.

El cobre ha sido el mineral que ha estado ligado a la historia del país desde el siglo 19, aunque termina por afincarse de manera definitiva desde inicios del siglo XX con la llegada de tres empresas norteamericanas que explotarían el metal rojo para satisfacer la demanda internacional ligada a la ampliación de la manufactura y la producción industrial.

Se trata de las empresas Braden Copper Company para explotar el mineral El Teniente en 1904, Chile Exploration Company para explotar Chuquicamata en 1912, y Andes Copper Mining para explotar Potrerillos en 1916 (Memoriachilena).

La nacionalización del cobre

La tradicional explotación de cobre en manos de las empresas norteamericanas con enormes ganancias para éstas llegó a su fin en junio de 1971 cuando el presidente Salvador Allende, con apoyo unánime del congreso pleno, nacionalizó las minas de cobre para beneficio del país. Unos de los argumentos presentados para no pagar por la nacionalización fue que las empresas habrían realizado ganancias excesivas durante años, sin pagar lo correspondiente al Estado Chileno (El Mostrador, 2023).

Fue una medida aplaudida no solo nacionalmente sino a nivel internacional en el concierto de países y sociedades que veían en Chile un ejemplo de soberanía y dignidad para salir de la situación de subdesarrollo, pobreza y dominación que caracterizaba las relaciones entre naciones industrializadas y aquellas dependientes.

Gunder Frank lo menciona en su texto sobre el desarrollo y el subdesarrollo (Internationalallende.org). No es posible tener países ricos si no hay, por otro lado, y como contrapartida, países pobres. Donde, ya lo podrán imaginar, los primeros son ricos por haber accedido a la riqueza de los segundos.

Profundiza también el investigador en su teoría del subdesarrollo que explica como los países ricos lo son por usufructuar de las riquezas naturales de los países menos desarrollados, llamados también dependientes. Su visión y crítica tienen una singular validez, ya que André Gunder Frank fue estudiante de la escuela de Chicago bajo la supervisión de Milton Friedman en los años 60 (Ver web Internationalallende).

Esto pone al centro de la reflexión la medida impulsada por Allende que convertía al Estado en dueño de las riquezas minerales, tradicionalmente en manos de potencias extranjeras.

País minero

Chile comienza una etapa donde le queda por demostrar que es capaz de salir adelante con la explotación y exportación de cobre, sin la presencia de expertos extranjeros.

Poco más de dos años duró la apuesta productiva minera nacional en el marco de la revolución en democracia del gobierno del presidente Allende, frustrada en septiembre de 1973 por el golpe militar.

Con la ya vigente Corporación del Cobre Codelco, heredera desde 1966 del “Departamento del Cobre”, Chile se sitúa en las ligas mayores de la producción y exportación de cobre al mundo, en un momento en que las expectativas de crecimiento productivo industrial requerían de un sinnúmero de elementos para sostener su apogeo.

Luego del golpe militar de 1973 hubo pocos cambios estructurales en términos de producción y exportación de cobre. La excepción es la modificación a la Ley “reservada del cobre” (Ley N°13.196, del año 1958) que en lugar de asignar el 15% de las utilidades de la minería del metal rojo al presupuesto nacional, restó un 10% de las ventas para financiar las cuatro ramas de las fuerzas armadas. El decreto 1.530 del año 1976 establecía para ello un piso mínimo de 90 millones de dólares anuales, que en 1985 aumentaron a 195 millones de dólares, según se lee en el decreto 18.445. Esta información permaneció en carácter secreto en la postdictadura hasta el año 2016, en que operó inicialmente el Consejo para la Transparencia acogiendo una petición de acceso al contenido de la ley. Finalmente el Congreso ordenó la publicación de la ley reservada, cuando ya se había filtrado su contenido por la prensa (El Mostrador, 2016).

Es imperativo mencionar que tradicionalmente la explotación de recursos naturales y en especial los minerales, fueron considerados pilares del desarrollo de los países del tercer mundo, dado que los países recaudaban dinero por concepto de exportación de minerales lo cual les permitía la toma de decisiones en ese sentido. No obstante, las cifras de pobreza y dependencia indicaban una realidad muy distinta a esa aspiración.

La explicación entregada por Gunder Frank daba cuenta de la pérdida de soberanía de muchos países, denominándola como “teoría de la dependencia”. Esa teoría establece que los países productores de materias primas están al servicio de los intereses de los países importadores y las decisiones más importantes se toman en los segundos, manteniendo a los primeros sumidos en la pobreza (ver Internationalallende).

La Comisión Económica para América Latina CEPAL ideó una respuesta para contrarrestar esta situación proponiendo un sistema económico conocido como de “sustitución de importaciones” que proponía una suerte de industrialización de los países de América Latina (Valpy Fizgerald).

Corrían los años sesenta y veíamos como Argentina, Brasil, Chile entre otros hacían esfuerzos para desarrollar una industria nacional para reducir la dependencia de bienes de consumo y fortalecer la producción nacional, sobre todo de artefactos eléctricos y de línea blanca para los hogares. Este acápite de la historia de América Latina no alcanza para un capítulo extendido pues la propuesta productiva “emancipadora” se interrumpió por la instalación paulatina pero progresiva de regímenes dictatoriales en muchos países de la región.

Sin embargo, es preciso señalar que la nacionalización del cobre en Chile (que contó con la aprobación unánime del congreso de la época) y el proceso de fortalecimiento productivo del país contemplados en el programa de la Unidad Popular y llevados a cabo entre 1970 y 1973, respondieron en gran medida a las muy difundidas políticas de emancipación industrial promovidas en esos años. Por ello la nacionalización gozó de apoyo popular en sectores amplios de la población y el espectro político.

Emancipación frustrada

Golpes militares apoyados por Estados Unidos, instalaron regímenes represivos en la mayoría de los países de la región. Ese plan coincidió en gran medida con la influencia en la política exterior de Estados Unidos del secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, quien tuvo incidencia directa en golpes de estado, lo cual en el caso particular de Chile está documentado.

La instalación de regímenes militares en América Latina se explica como el intento de subsanar el error político cometido por el país del norte para responder al peligro de la expansión de la revolución cubana, fenómeno político en proceso de consolidación en plena guerra fría. Se pensó erróneamente desde Estados Unidos, que la aplicación de políticas sociales de apertura en América Latina en los años sesenta contendría los avances de movimientos revolucionarios en la región. Las propuestas de reforma agraria en el campo, el creciente protagonismo de las organizaciones laborales en las ciudades y la sindicalización campesina representaban un avance en esa dirección.

Contra todo pronóstico, los movimientos campesinos se radicalizaron y los trabajadores de la ciudad acrecentaron sus demandas provocando de esta forma proyectos revolucionarios acompañados por sectores de intelectuales y juventudes ansiosas por materializar cambios profundos en las sociedades y las economías nacionales. Los nuevos “gobiernos” dictatoriales desecharon las políticas económicas emancipatorias y profundizaron la explotación de bienes primarios como recursos naturales con fines de exportación.

En otras palabras, llevaron adelante la profundización del modelo primario exportador. Sin un norte económico claro luego del golpe militar, bajo la hegemonía de la junta militar de gobierno, Chile asume pronto la doctrina neoliberal promovida por la llamada escuela de Chicago de la Universidad del mismo nombre, que desde los años 50 venía becando estudiantes de la Universidad Católica de Chile para ser formados en las nuevas y modernas orientaciones económicas (ver Memoria Chilena).

El modelo, conocido como modelo neoliberal, ampliamente aplicado, difundido y criticado, daría forma a la economía del país con el surgimiento de propuestas privatizadoras que afectaron sectores importantes de la economía nacional.

Sin embargo, y pese a las influencias de los “Chicago Boys” -apelativo con que se conocía a quienes habían estudiado en dicha universidad- la explotación de cobre en Chile se mantuvo en manos del Estado. Probablemente se intentaba asegurar ingresos suficientes para las fuerzas armadas a todo evento, aunque ya en esos años subsistía en ese tipo de economistas la idea de privatizar la minería que estaba en manos del Estado.

Luego de la constitución del ´80 se dictaron nuevas leyes, entre las cuales destaca la Ley N°18.097, Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras (1982) elaborada por el ministro de Economía José Piñera, quien asumió en 1978 esa cartera durante el gobierno de la dictadura cívico militar. Esta ley tenía por objeto concesionar los yacimientos mineros con garantías no vistas hasta ese momento en país alguno. Se trataba de la instauración de la concesión plena, que entrega en calidad de propiedad privada y sin límite de tiempo, un yacimiento minero, con la única condición del pago oportuno y renovable de derechos, lo cual es una formalidad en el caso de grandes y ricos yacimientos.

No es claro si ello contradecía o no el artículo de la constitución del 80 que versa sobre los materiales del subsuelo, ya que aún existen opiniones encontradas al respecto.

La citada ley excluyó de la concesión minera los hidrocarburos líquidos o gaseosos, el litio, los yacimientos marítimos y aquellos que se consideren “de importancia para la seguridad nacional con efectos mineros”, (Biblioteca del Congreso Nacional) ya que la constitución aprobada en dictadura (Capítulo III, 24) establece que el Estado tiene el dominio absoluto….de todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles.” Nótese que la ley orgánica excluye específicamente al litio de las concesiones, sin embargo, la constitución, en el párrafo referido a minerales que pertenecen al Estado, incluye los salares (que son humedales).

El carácter de estatal asignado a los minerales en la constitución, se relativiza a continuación al incluir en su mismo texto un sistema administrativo de explotación de aquello que no puede ser objeto de concesión. En el caso del litio, por ejemplo, Soquimich mantiene un Contrato Especial de Operación del Litio (CEOL), que se acercaba en estos días a su fecha de expiración. La implementación del proceso de concesiones a mineras privadas fue acompañada por los decretos de ley sobre materia laboral, que, de paso, restringían los derechos de asociación de los trabajadores, fraccionando sus organizaciones de modo de no poner en riesgo la actividad productiva en caso de conflicto (Corvalán, A. 2015).

Es en este escenario que la producción de cobre de Chile crece paulatinamente, casi por inercia, acompañada de la producción de otros bienes de exportación aprovechando las llamadas “ventajas comparativas” es decir, producir lo que al país se le daba bien. En otras palabras, creció la agricultura de exportación, el sector forestal, la salmonicultura e incluso la industria armamentista. Recién en la década del 90 la producción de cobre de Chile comienza a incrementar sus cifras, llegando a producir un récord de 6 millones de toneladas de cobre fino en el año 2018.

Se habló en la época con preocupación del posible énfasis en el desarrollo de la actividad minera en desmedro de otras actividades generando lo que en economía se denomina “la enfermedad holandesa”. Es decir, que, en un escenario de gran cantidad de ingresos por materias primas, se desperdicie la oportunidad de invertir en bases para el fortalecimiento económico futuro con gasto en tecnología, educación y actividades sustentables de largo plazo. De esta manera, economías afectadas por dicha enfermedad se empobrecen al gastar los ingresos por materias primas en importación de bienes de consumo y gastos suntuarios que no aportan a sostener el bienestar temporal en el largo plazo.

Otros hablan de la “maldición de la abundancia”.

El aumento de la producción mencionado se debió especialmente a la incorporación de empresas transnacionales en un inicio principalmente canadienses, en el negocio minero.

En el régimen dictatorial la nueva estrategia minera se justificaba con varios argumentos. Uno de ellos alertaba sobre la posibilidad de reemplazo del cobre en los procesos industriales, que haría revivir en algunos la tragedia del salitre, reemplazado por el salitre sintético haciendo desmoronar la producción y exportación de ese mineral en la década del 30 del siglo pasado.

Otro argumento mencionaba la incapacidad de Codelco para invertir en nuevos proyectos mineros y no precisamente por falta de capacidad técnica sino financiera. Recordemos que Codelco entrega su renta al fisco y es este quien finalmente define el destino de esos recursos. Codelco no puede disponer libremente de sus ingresos por exportaciones para reinvertir y expandir sus actividades.

Además, el sobre explorado territorio, especialmente aquel situado en la cordillera, a cargo de empresas transnacionales, hacía cada vez más difícil a Codelco poder expandir su actividad.

En los casos en que un yacimiento estuviera en posesión de la empresa estatal, Codelco buscaba el concurso de empresas privadas, compartiendo la operación del proyecto como es el caso de mina El Abra en joint venture con Freeport McMoran.

Resulta poco comprensible para muchos, la decisión estatal de mantener a Codelco al margen de la expansión, en un negocio que ha mostrado rentabilidades poco vistas en otros rubros, ganancias asociadas al crecimiento de la demanda del mineral por parte de la industria en el mundo. China y su creciente demanda de cobre han contribuido particularmente a este proceso.

Ganar y perder

Es efectivo que Chile se sitúa a la cabeza de la exportación de cobre en el mundo, pero la participación del Estado ha ido decreciendo en el negocio minero para dejar paso a la iniciativa privada.

Si a inicios de los años 90 Codelco producía más del 70% del cobre que exportaba el país, en la actualidad, a duras penas se acerca a una participación del 30%. Ello en un negocio que se ha triplicado en los últimos 20 años.

Cada vez que existe la oportunidad de poner en discusión la posibilidad de vender la totalidad o una parte de Codelco, aparece un pequeño grupo de entusiastas y un grupo mayoritario de críticos a esta propuesta. La mayoría de los críticos se inscriben en los sindicatos de la minera estatal, que por motivos lógicos, abogan por mantener a la empresa en manos del Estado.

Por otro lado, en la izquierda están quienes critican en general la privatización de las minas de cobre mediante una acelerada entrega de yacimientos a empresas extranjeras. Existe en ese marco, un Comité de Defensa del Cobre que postula la necesidad de realizar un ejercicio similar al del gobierno de la Unidad Popular en 1971, nacionalizando el cobre que hoy está en manos extranjeras.

Son argumentos suficientes para enarbolar la bandera nacionalizadora. Pero se trata de un argumento neoextractivista. El planteamiento sostiene que, si toda la producción de cobre estuviera en manos del Estado, los ingresos provenientes de esa renta permitirían financiar sobradamente los gastos sociales, un asunto que está muy presente en la discusión y las demandas: la educación, la salud, la previsión, la vivienda. Se añade que luego de ello, quedaría todavía un remanente para gastar o invertir en ciencia y tecnología, por ejemplo.

Tentadora resulta esta posición pues sin duda, la desigualdad en Chile es indiscutible. No son pocos quienes ven con buenos ojos esta propuesta, como un horizonte para poder resolver estos temas pendientes y heredados de una economía estatal influida por el sistema neoliberal.

Hasta aquí podemos decir que el análisis parece sencillo. Sin embargo, ese planteamiento ha dejado fuera la perspectiva del cuidado del medioambiente, que a nivel regional comenzó a instalarse desde principios de los años 90.

Minería insustentable

La visión ecológica o ambiental tiene una larga historia sobre todo en los países del norte, en especial en Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, Australia. Se inicia con propósitos de conservación en los años 50 y a partir de los 60 y 70 deriva en propuestas de justicia ambiental.

En América Latina cobra relevancia a partir de los preparativos para la Cumbre de Río de Janeiro, más conocida como la “Cumbre de Río”, donde por primera vez se convocan masivamente diversos sectores para discutir la situación ambiental a nivel mundial. Ya teníamos el antecedente del Sierra Club sobre los límites al desarrollo y el informe “Nuestro futuro común” elaborado por la comisión Brundtland en 1987 que hablaba de la crisis ambiental que vivía el planeta por aquellos años. (CEPAL).

La cumbre de Río por su parte planteó desafíos nuevos y compromisos ambientales que en su mayoría no se cumplieron, pues principalmente los países industrializados privilegiaron el crecimiento por sobre los enfoques de superación de la crisis ambiental.

Sin embargo, producto de las tendencias marcadas en materia ambiental comenzaron a gestarse políticas públicas dirigidas a un mayor control de las actividades que afectan el ambiente. En Chile se aprobó en 1994 una “Ley de Bases del Medio Ambiente” (Ley 19.300) que vino a poner condiciones al desarrollo de proyectos mineros, entre otras actividades de alto impacto. Sin embargo, en su diseño, la Evaluación de Impacto Ambiental apuntaba a generar las condiciones para que los proyectos pudieran ser aprobados, incluyendo un mecanismo de participación ciudadana de carácter no vinculante.

A falta de normativa específica se aplicaron estándares internacionales y muchas empresas se acogieron de modo voluntario a la presentación de estudios de impacto ambiental previo a la vigencia de la ley y su reglamento.

Al poco andar, los organismos del Estado se percataron de la complejidad del control ambiental a la minería, y la sociedad civil se dio cuenta de la incapacidad del Estado para controlar una enorme actividad, dispersa territorialmente, alejada del ojo observador ciudadano y con una importante cuota de influencia en sectores políticos relevantes.

Como un ejemplo de estas limitaciones, el Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin, disponía de menos de 10 fiscalizadores a nivel nacional para controlar cientos de faenas mineras dispersas en la zona centro norte del territorio nacional. Sin mencionar además que no estaban dotados de medios de transporte para desplazarse hacia los lugares de producción de minerales, en su mayoría ubicados en la alta cordillera.

Pero esta no fue la única situación que generó preocupación en sectores de la población, sobre todo en comunidades que se encontraban cercanas a la creciente presencia de empresas mineras.

Y de la preocupación, muchas de ellas pasaron a la acción en un proceso que se denominó conflictividad minera y que afectó principalmente a nuevos proyectos y sus impactos en el ambiente y las comunidades.

Los conflictos socioambientales por oposición ciudadana y comunitaria a actividades mineras en etapa de instalación o planificación acrecentaron la preocupación de un sector productivo que ante la creciente oposición y crítica ciudadana hacía esfuerzos por mostrarse sustentable, amigable con el medio ambiente. Comenzaron luego a autodenominarse como “verdes”, mediante una táctica llamada green washing o lavado verde de imagen.

Minería sustentable, minería verde, políticas de puertas abierta y de buen vecino forman parte de la narrativa vacía de contenido material de muchas empresas y gremios mineros en el país. Hoy el marketing de las empresas mineras las caracteriza como empresas que son “parte de la solución” a la crisis climática, por aportar minerales para la transición energética.

Sin embargo, ningún esfuerzo de marketing ha sido suficiente para contener el incremento de conflictos de comunidades frente al desarrollo de proyectos mineros. La memoria ambiental respecto de la minería y el ambiente constata algunos episodios puntuales

Tal vez el más antiguo, que data del siglo pasado fue el vertido de desechos mineros al río Salado en la comuna de Chañaral (1938 a 1988) contaminando la bahía hasta casi fines del siglo. Hoy, esta es una zona sacrificada por la actividad minera.

Otro caso posterior fue la planta de pellet de Huasco. También con relaves al mar, este conflicto tuvo mayor difusión por el reclamo de olivicultores de la zona que vieron afectadas sus plantaciones producto del polvo de hierro que se depositaba en los árboles, afectando su producción. También se depositaba el mismo polvo en los techos de las viviendas, en los patios y desde luego en los pulmones de los habitantes de Huasco, con impacto especial en infantes y adultos mayores.

La proliferación de proyectos mineros desde mediados de los 90 provocó una ola de protestas y conflictos en algunas situaciones, o La proliferación de proyectos mineros desde mediados de los 90 provocó una ola de protestas y conflictos en algunas situaciones, o

Se suman casos como las denuncias de contaminación masiva por arsénico en la salud de pobladores Sus viviendas fueron construidas en una zona periférica de Arica, el sector Los Industriales que fue ocupado previamente, entre 1984 y 1989, para la disposición de 20.000 toneladas de desechos tóxicos mineros provenientes de la empresa Boliden, de Suecia. (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile), Las denuncias comenzaron en los años 90 pero los efectos tóxicos se mantienen hasta ahora pues han sido trasnsgeneracionales.

A este conflicto siguieron las recurrentes manifestaciones iniciadas en 1994, y que siguen hasta la actualidad, por la contaminación de la fundición de Cobre Hernán Videla Lira, propiedad de la estatal Enami (Empresa Nacional de Minería), en la localidad de Paipote, a 8 km de la ciudad de Copiapó. Paulatinamente, cada nuevo proyecto minero que se ponía en marcha suscitaba reacciones adversas de la población circundante. A diferencia de lo posiblemente esperado por los empresarios mineros, las preocupaciones no estaban dirigidas a más empleo, más inversión, más servicios. Las principales preocupaciones estaban dirigidas a las posibles afectaciones ambientales.

El creciente acceso a información fortaleció el proceso de cuestionamientos y reclamos frente a la avalancha de proyectos mineros que entraban a evaluación ambiental en el país. Las críticas a la minería por sus enormes efectos en el ambiente y los ecosistemas eran, por lo demás, una realidad mundial.

Unos de los casos que graficó de mejor manera la preocupación por el sacrificio de ecosistemas cordilleranos, comunidades vulnerables y sistemas productivos extensivo e intensivos simultáneamente fue el bullado caso del proyecto Pascua Lama (Luna, Padilla y Alcayaga, 2004).

Al igual que en la mayoría de los procesos de lucha contra la minería, el argumento del acceso al agua y su calidad era uno de los de mayor peso. Situado en la cordillera de Los Andes a cerca de 5 mil metros de altura, el yacimiento Pascua Lama amenazaba en primer lugar el agua que desde la cordillera bajaba irrigando campos de cultivo, sirviendo a los sistemas de agua potable o simplemente siendo fuente de abastecimiento para personas, animales y plantas.

Las comunidades tenían razón, siempre la tuvieron: no se puede desarrollar un megaproyecto minero en la alta cordillera sin afectar los territorios y ecosistemas aguas abajo. Y menos trasladar glaciares sin destruirlos, como en algún momento la empresa Barrick Gold aseguró que era posible hacer, contando para ello con la venia del Estado (Ver Luna et al).

Sucesivas denuncias, acciones legales e intervenciones de los organismos del Estado determinaron que la empresa Barrick Gold había afectado la calidad de las aguas provocando contaminación y por tanto se probaba el daño ya denunciado reiteradamente por las comunidades. En el año 2020 el tribunal ambiental clausura definitivamente el proyecto Pascua Lama y cursa una multa millonaria a la empresa representante de Barrick en Chile (Primer Tribunal Ambiental, 2020).

Ha pasado tiempo desde que Pascua Lama estuvo en boca de mucha gente. Desde entonces, autoridades regionales y nacionales han sido algo más cuidadosas al aprobar proyectos mineros cuestionados por las comunidades. Y no se ha visto con la misma regularidad la aprobación de proyectos mineros el último día del mandato presidencial, como sucedió con Ricardo Lagos y el proyecto Pascua Lama, de la minera canadiense Barrick el año 2006.

El rechazo al bullado proyecto Dominga podría ser un indicio de aquello, aunque lo cierto es que en otros ámbitos se mantienen las prácticas de poner el interés económico por sobre los de las comunidades y el ambiente. La instalación de megaproyectos eólicos es un ejemplo de esto último.

Más recientemente el conflicto provocado por la fundición de cobre de Codelco, ubicada en la localidad de Ventanas, comuna de Puchuncaví, región de Valparaíso, ha dejado en evidencia que las decisiones ambientales se subordinan a las económicas. El cierre de la fundición Ventanas debió haberse hecho con mucha anterioridad, así como el control y eventual cierre de las otras industrias que contaminan esa zona de sacrificio.

Más minería, más conflictos

Los cambios que han ido aconteciendo en materia energética han tenido un fuerte impacto en la explotación de recursos minerales. La crisis climática producida en primera instancia por países industrializados ha provocado que la matriz energética esté en proceso de modificación profunda.

Sin alterar el modelo energético basado en el individuo, los países industrializados pretenden principalmente migrar desde la movilidad en base a derivados del petróleo, hacia la electromovilidad. Nada se oye sobre transporte público, menos desplazamientos, racionalidad en el uso del automóvil y otros móviles, y menos consumo de bienes provenientes de países lejanos. La electromovilidad aparece como la solución a la crisis climática sin pensar en los efectos de esta falsa solución.

Vemos que la electromovilidad pone acento en determinados minerales tales como el cobalto, el litio y el cobre, sumando presión también al suministro de los mismos, extraídos en su mayoría de países en desarrollo. El cobalto, abundante en la República Democrática del Congo, el litio proveniente de Australia, Argentina, Bolivia y Chile y el cobre de varias procedencias se convierten en el preciado botín al que quieren acceder – y accederán – los países industrializados.

Las tierras raras también son parte de este festín de consumo de materias para la electromovilidad.

El hidrógeno verde también tiene su lugar en este proceso, aunque no se dimensiona aún el peso específico que tendrá en la movilidad y la industria a nivel mundial.

El negocio del litio

Pero en especial el litio, cuya extracción significa la destrucción de los salares (humedales) y lagunas altoandinas en los que se encuentra, merece atención a la hora de singularizar la relación del Estado con la sociedad, las comunidades afectadas y las empresas privadas.

La dictadura cívico militar decidió restar al litio de los minerales concesionables, a diferencia del resto de minerales metálicos y no metálicos que contiene el subsuelo del territorio nacional. Una simple razón motivó esa exclusión: el litio tiene aplicaciones bélicas importantes.

Por años Soquimich ha estado produciendo litio para diversos usos, pero ha sido reciente la presión sobre este mineral debido a la programada producción internacional de baterías para la electromovilidad. Se trata sin duda de una nueva oportunidad para profundizar el extractivismo minero.

Para quienes creen en la necesidad de exportar lo exportable, en forma rápida, sin procesamiento ni valor agregado, el litio debiera ser concesionable.

Para otros, sin embargo, incluidos los neoextractivistas que ven en la explotación del litio una oportunidad para pagar deudas sociales y costear servicios básicos, están dadas las condiciones para acelerar la extracción del mineral estratégico con valor agregado y cuidado del ambiente.

Vemos por otro lado que la tecnología usada para producir carbonato de litio se basa en la extracción de grandes cantidades de salmuera del fondo de los salares y en la evaporación del agua en grandes lagunas expuestas al sol y al viento durante más de un año.

Los anuncios de una extracción más sostenible han sido declaraciones más que hechos que se traduzcan en la modificación sustancial de la tecnología de extracción y concentración del carbonato de litio.

Hasta la fecha, las acciones emprendidas hacia las comunidades afectadas que habitan el salar de Atacama se basan en compensaciones económicas, lo que al parecer indica que compensar el daño es más barato que prevenirlo. Esto deja a una importante distancia la intención declarada por el gobierno actual de profundizar la extracción de litio con cuidado ambiental y comunitario.

Otra vez entonces, el país vive de quimeras extractivistas. No considera la opción de pensar en la sostenibilidad de las actividades mineras en el largo plazo, limitando la extracción y usando los beneficios para transiciones post extractivistas.

Por eso, los mismos esquemas ya citados anteriormente, funcionan en este nuevo escenario. Las decisiones se toman en el norte industrializado, mientras los elementos naturales los proveen principalmente países pobres, en un esquema donde la dependencia de la que hablaba Gunder Frank no desaparece: sólo se moderniza.

Mientras esto sucede, somos espectadores de las luchas por la hegemonía mundial en esfuerzos muchas veces infructuosos de concentrar poder económico mediante la producción de mercancías y control de los mercados. Quienes quieran asegurar la victoria deberán disponer de suficiente acceso a recursos estratégicos. Para el caso de la minería estos son los minerales estratégicos o materias primas críticas (EU-R) definidos por quienes están (o desean estar) a la cabeza de la producción de baterías de litio, tomando a la electromovilidad como un ejemplo de las presiones por copar la producción para el mercado de propulsores de vehículos eléctricos.

En este escenario parece imprescindible reflexionar desde el ecologismo y el post extractivismo para enfrentar este nuevo desafío. Nuevamente y de forma ininterrumpida proveemos bienes comunes naturales (es decir, recursos, en su lenguaje) para falsas soluciones diseñadas desde el norte y de paso para toda la población mundial, con excepción de aquellos que siempre han estado excluidos del consumo.

Preguntas a modo de cierre

¿Cuál es nuestro rol en la defensa de los ecosistemas y las comunidades afectadas por la extracción de minerales?

Por una parte, se nos quiere convertir en socios de un negocio global llamado transición energética. Socios pobres, dependientes, carentes de soberanía, pero socios al fin, según algunos.

Por otra parte, es difícil encontrar los argumentos correctos para oponernos a algo que es urgente: la superación del calentamiento global y de la crisis climática producido por el Antropoceno. De ello podría depender el futuro del planeta tal como lo conocemos.

Y finalmente frente al discurso neoextractivista que habla de la necesidad de explotar recursos naturales con un mayor valor agregado posible y disponer así de recursos para las históricas necesidades de la población, ¿cuál es nuestra respuesta? Tal vez no haya respuestas que den cuenta de la gravedad de la situación actual. Tal vez corresponde hacer las preguntas correctas frente al desafío de superar el cambiante extractivismo.

El desafío mayor actualmente es cómo traspasar el legado de la experiencia en la historia del cobre a las actuales generaciones. Serán ellas las que tendrán en sus manos las decisiones aún pendientes de tomar para resguardar los ecosistemas y las comunidades frente al tren avasallador del extractivismo minero.

* Coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros para América Latina y miembro del equipo fundador del Observatorio de Conflictos Ambientales OLCA.

 

Cuba: En 2025, generación eléctrica sin combustible importado

Vicente de la O Levy, ministro cubano de Energía y Minas, expresó que con el crecimiento de las fuentes renovables de energía, el crecimiento de Energás, y las reparaciones que estamos haciendo en las unidades térmicas, tendremos, en el 2025, al menos un minuto de generación sin consumir combustible importado

«Ese será el primer minuto, pero esperamos seguirlo aumentando», afirmó, y añadió que no será un camino fácil, sino lleno de obstáculos, pero es el camino seguro.

Eliminar la dependencia de combustibles fósiles importados para la generación eléctrica en el país, así como producir el 29 % de energía a través de las fuentes renovables, es una meta muy ansiada.

Actualmente, explicó Rosell Guerra Campaña, director de Energías Renovables del Minem, como parte del ambicioso proyecto de instalar 92 parques solares fotovoltaicos con una potencia total de 2 000 mw, ya se encuentran en construcción civil 30.

En La Habana, Las Tunas, Pinar del Río, Mayabeque, Sancti Spíritus y Guantánamo hay, al menos, un parque en ejecución; en Matanzas, Ciego de Ávila, Santiago de Cuba, Camagüey y Artemisa hay dos; Cienfuegos y Villa Clara avanzan en el proceso de estructuración de tres; mientras que en Holguín y Granma se realizan cuatro.

Guerra Campaña dijo que se estima que en este año se instalen diez de esos parques, que equivalen a 220 megawatts. Sin embargo, se trabaja en la preparación de los terrenos para avanzar todo lo que se pueda, previo a la llegada de los paneles.

En Cuba existen, hasta la fecha, 77 parques solares fotovoltaicos instalados con 286 megawatts (mw) de potencia, los cuales sustituyen anualmente, más de 80 000 toneladas de combustible

La vinicultura chilena migra al sur para sortear el cambio climático

El cambio climático repercute en Chile con escasez de agua y aumento de las temperaturas y entre sus múltiples impactos ya ha obligado a la migración al sur de productores de vino, grandes y pequeños, en busca de mejores condiciones para sus vides.

El territorio de este alargado país sudamericano de 19,5 millones de habitantes goza de protección natural a plagas que afectan a viñedos al estar flanqueado por la cordillera de Los Andes y el  océano Pacífico, en sus  fronteras este y oeste, y por el desierto de Atacama y el territorio antártico, en el norte y el sur respectivamente.

“Somos una isla  biogeográfica. Chile está lleno de barreras naturales, entonces no tenemos muchas pestes.  No cualquier especie logra cruzar las fronteras e instalarse aquí”, explicó Olga Barbosa, doctora en Ecología y académica de la privada Universidad Austral de Valdivia,

Esta singularidad posibilita una “viticultura sostenible que apueste a calidad  más que a la cantidad”, añadió en diálogo con IPS desde la ciudad de Valdivia, situada a unos 770 kilómetros al sur de Santiago, capital de la provincia del mismo nombre y parte de la sureña región de Los Rios. “Tenemos características únicas porque naturalmente somos únicos”, sostuvo Barbosa, directora alterna del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), que ha encabezado durante 15 años numerosos proyectos con viñedos que buscan sostenibilidad.

Chile es según datos de 2023 el cuarto exportador mundial de vino, solo por detrás de Francia, Italia y España.

“Si muevo mis terrenos y me expando hacia el sur, hacia climas más fríos, tengo que pensar qué es lo que tengo hoy alrededor, porque ese sistema no lo voy a poder mover al sur”: Olga Barbosa.

Los grandes viñedos se mantienen en las regiones centrales de O’Higgins y Maule, pero crecientemente se instalan más al sur, sobre todo en la región de BioBío, aunque ya experimentan con iniciativas en regiones aún más australes.

Los vinicultores pequeños, en cambio, se van instalado en las regiones de Araucanía y Los Ríos, al sur de BioBío. Incluso incursionan en lugares más australes como la isla Chiloé  y el municipio de Coyhaique, en la región de Aysén, la segunda más austral del país, solo por detrás de la de Magallanes.

Barbosa admitió que en la provincia de Valdivia “es muy difícil producir el vino. La uva se da bien, de super buena calidad y en tiempos diferentes a la zona central, pero hay escasez de laboratorios de análisis”. “La mayoría de las viñas que pueden hacer vino que vinifican en sus bodegas con las mejores condiciones posibles, pero  es un desafío gigantesco”, sostuvo.

Dos experiencias en Valdivia

Viviana Valdivia,  ingeniera agrónoma, trabaja en el pequeño viñedo familiar Rebellín, de 3,5 hectáreas, ubicado a 15 kilómetros de la ciudad de Valdivia. Rebellín surgió el 2019 y hoy produce 5000 kilos de uva que se convierten en 2200 litros de vino, vinificado en sus instalaciones. Tiene cepas chardonnay, pinot noir y pinot gris. “Nosotros somos del sur y acá siempre han habido uvas, aunque a pequeña escala. La viña surgió buscando diversificación y hacer cosas diferentes porque el sur estaba eternamente relegado a las papas, praderas y berries (bayas)”, contó Valdivia desde el viñedo familiar.

Rebellín optó por procesos naturales. Tiene cosecha manual, no usa químicos para quemar el pasto, tiene gansos que ayudan a controlarlo y utiliza bandas florales nativas para evitar insectos.“Acá se dan mejor los vinos blancos. Esta es una zona muy fría en invierno, pero los veranos suelen ser cálidos aunque con temperaturas no tan altas como en la zona central”, aseveró la ingeniera sobre el clima de las estaciones australes chilenas.

En Rebellín la cosecha está muy acotada a la primera y segunda semana de abril. “Antes no  podemos cosechar porque no hay suficiente sol y después llueve y la uva se pasa de agua”, precisó Valdivia. “(En el sur) Se nos reproduce una característica típica de suelos calcáreos que dan mineralidad a los vinos lo que es muy deseado, buscado y difícil de encontrar”: Luis Moller.

Luis Moller impulsa desde 2010 el viñedo Trapi del Bueno, de ocho hectáreas, ubicada en el municipio de La Unión, también en la región de Los Ríos y a 922 kilómetros al sur de Santiago. “Producimos 40 000 kilos con cepas de clima frío. Un solo tinto, pinot noir, y chardonnay, sauvignon blanc y riesling”, detalló en dialogo con IPS desde su viñedo.

“Nosotros venimos de la zona central”, contó Moller sobre la decisión de él y su socio de buscar una ubicación para su emprendimiento vinícola en el sur.

“La experiencia ha sido estimulante, pero no exenta de problemas.  Sobre la marcha aprendimos cómo se comportan las variedades.  Hemos tenido que reinjertar muchas veces», explicó. Añadió que las condiciones climáticas del sur han ayudado. “Tenemos características más exageradas en cuanto a temperaturas máximas y mínimas.  Más frío, pero también más calor que en el Valle Central”, detalló.

Agregó que tienen disponibles cursos de agua. Y siempre hay lluvia y  las tierras resisten porque son particularmente permeables. “Se nos reproduce una característica típica de suelos calcáreos que dan mineralidad a los vinos lo que es muy deseado, buscado y difícil de encontrar”, subrayó. Moller recordó que al comienzo pensaron que no necesitarían controlar las temperaturas bajas gracias a las pendientes. “Pero teníamos escarchas muy pronunciadas  en épocas de brotación (septiembre-octubre) y tuvimos que ajustar nuestro proyecto e invertir en un programa de control de  heladas”, explicó.

Subrayó que, no obstante, “tenemos mucha presencia de sol,  mucha luz y mayor capacidad de fotosíntesis y maduración de la uva”.

En la viña Rebellín, en el sur de Chile, tienen que vendimiar las uvas en una pequeña ventana de dos semanas de abril, tras aprovechar todo el sol posible del verano austral y antes que caigan las primeras lluvias otoñales que pueden dañar la producción. Imagen: Cortesía de Viviana Valdivia

Migración lenta y buenas cifras

Al cambiar las temperaturas y las horas de frío se altera la calidad del terroir, el término francés con que la viticultura se refiere al conjunto de factores que reúnen suelo, topografía y microclima e influyen en las vides y la calidad de los vinos. Por esto la migración de los grandes viñedos al sur ha sido lenta y está hasta hoy concentrada en la región de BioBío y su vecina al norte, Maule, mientras por ahora no se acerca a Valdivia y el resto de la región de Los Ríos.

En Maule la lluvia promedio anual 2023 fue de 740,6 milímetros y en Valdivia llegó a 1313 milímetros.En Chile, un país donde las primeras cepas de vid las trajeron conquistadores españoles en el siglo XVI y las primeras vendimias se dieron en la segunda mitad de esa centuria, hay actualmente 120 000 hectáreas de viñedos destinados a la vinificación, de las cuales más allá de Mulchén, en Biobío, hay apenas 200 hasta ahora.

Si se acentúan los efectos negativos del cambio climático, las grandes viñas con capacidad financiera sí se espera que migren más al sur. Los pequeños productores, en cambio, tienen casi nula capacidad de desplazamiento porque carecen de recursos, están arraigados y tienen lazos culturales.

El país se posicionó como gran productor de vino en los años 90 y sus exportaciones totales del rubro en 2023 alcanzaron a  677,6 millones de litros con un retorno de 1514 millones de dólares. Sus destinos principales fueron Brasil, China y Estados Unidos.En Chile hay 11 697 productores de vino y unas 394 empresas exportadoras, algunas de grandes capitales extranjeros, aunque 76 % son pequeñas y medianas.

Ventajas y cuidados para migrar

Barbosa cuenta que la expansión y búsqueda de nuevos sitios para hacer frente a la elevación de temperaturas y falta de lluvias comenzó con viñedos en la costa, incluso en la zona central, por el efecto moderador del mar en el clima.

“Eso mismo ocurre hacia el sur”, agregó, antes de indicar que la migración continúa y no se limita a las regiones de Los Ríos y Los Lagos, “porque tenemos viñedos  que andan bien en Chiloé y un poco más al norte, en la Araucanía”.

Ello es posible porque “se ha ido innovando en la forma de hacer vino”. “El cambio climático ha permitido que se exploren en otros lugares porque las condiciones climáticas son buenas”, precisó.

Asegura que la principal conclusión tras 15 años de proyectos del IEB con viñedos es la necesidad de proteger los ecosistemas circundantes.

“Si muevo mis terrenos y me expando hacia el sur, hacia climas más fríos, tengo que pensar qué es lo que tengo hoy alrededor, porque ese sistema no lo voy a poder mover al sur”, explicó. El IEB ayuda a los viñateros a entender dónde el clima va a serles favorable, en un contexto de cambio climático.

“Pero siempre insistimos en la importancia de conservar la biodiversidad y mantener la vegetación nativa. Si no hay mucha, fomentar y restaurar para que haya vegetación nativa y evitar las especies exóticas invasoras”, precisó. “Donde nosotros tenemos buen vino es donde tenemos  la naturaleza ayudando y sosteniendo a esa agricultura”, subrayó Barbosa. “Volvemos  a comprobar el terroir. En el sur hay condiciones únicas que tenemos que conservar”, concluyó.

 

Cuba rectifica con nuevas normas las reglas del sector privado

Dariel Pradas

Exactamente tres años después de que se emitieran las normas  que permitieron el surgimiento de las micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en Cuba, el gobierno actualizó el basamento legal de ese sector, en un intento por corregir una ineficaz estrategia económica y oxigenar las finanzas del país.

A mediados de septiembre, entrará en vigor un conjunto integrado por una decena de disposiciones jurídicas que regularán las actividades de las mipymes, las cooperativas no agropecuarias (CNA) y los trabajadores por cuenta propia (TCP).

“A modo general, los actores económicos no estatales tienen muchas dudas con las nuevas normas. Una matriz general de opinión de ellos es que estas medidas van enfocadas a restringir sus actividades”, dijo a IPS Jorge Luis Sol, jefe del Departamento de Actores Económicos No Estatales del gobierno en la oriental provincia de Granma, ubicada a unos 700 kilómetros de la capital

Granma es la segunda provincia del país con más mipymes registradas, después de la de La Habana.  En la actualidad, tiene aprobadas unas 840,  alrededor de 700 con su proceso de constitución terminado.

En la última sesión del unicameral parlamento cubano, celebrada en julio, el primer ministro Manuel Marrero reiteró sobre la necesidad de aplicar controles más estrictos hacia los actores no estatales, con el fin de revertir “distorsiones” económicas como el alto índice de evasión fiscal.

Muchos usuarios consideran en las redes sociales que las nuevas regulaciones, anunciadas el 19 de agosto,  lejos de lograr avances, añaden obstáculos al progreso de los negocios.

Por su parte, funcionarios del gobierno insisten en que el plan siempre fue que las leyes relativas al sector privado se actualizarían cada dos años.

Mercedes López Acea, presidenta del nuevo Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, creado a raíz del Decreto 108 del Consejo de Ministros, afirmó en conferencia de prensa que las normativas intentan que los emprendimientos no estatales actúen dentro de un marco legal, aporten al fisco y “al bienestar no solo propio, sino de la sociedad”.

Crecimiento notorio

En agosto de 2021, el Decreto Ley No. 46 permitió la creación de mipymes bajo la figura de Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL).Tal posibilidad se mantenía prohibida en Cuba desde 1968, como parte del proceso de estatización de la economía en este país insular caribeño, con un sistema político declarado socialista.

Sin embargo, las empresas privadas resurgieron en un entorno marcado por la pandemia de la covid y el fortalecimiento del embargo estadounidense que pesa sobre la nación insular caribeña desde 1962, combinados con una agudización de la crisis económica interna y el desabastecimiento de productos de primera necesidad.

La creación de mipymes, tanto estatales como privadas, se limita a sectores no estratégicos de este país insular caribeño. Su actividad, junto con la de cooperativas y de trabajadores autónomos, se considera complementaria a las de las empresas estatales socialistas, catalogadas como los sujetos principales de la economía interna.

Sus actividades fundamentales se concentran en la producción de alimentos, actividades manufactureras como la fabricación de materiales de la construcción, confecciones textiles, plásticos, productos de limpieza y aseo, así como servicios informáticos y de otros tipos.

El sector privado llegó a expandirse hasta las cifras actuales de 11 046 mipymes, las cuales, según el número de empleados, se clasifican en microempresas (de una a 10 personas), pequeñas empresas (de 11 a 35) y medianas empresas (de 36 a 100 personas).

A su vez, existen hoy 596 167  trabajadores por cuenta propia que, a diferencia de las mipymes, no poseen personalidad jurídica y pueden tener hasta tres personas contratadas. La población efectiva en Cuba asciende actualmente a unos 10 millones de personas. Si bien estos actores no estatales paliaron la escasez de productos, sus precios, muchas veces especulativos, han sido inaccesibles para la mayoría de los habitantes.

Un porcentaje significativo de estas empresas se dedican mayormente a importar productos finales, sin añadir valor agregado, por lo que otros criterios tienden a considerarlas “revendedoras de productos” y reclaman regulaciones más estrictas. En cualquier caso, la incidencia en la economía de las formas de gestión no estatal empieza a notarse, pues en 2023 aportaron 9% del total de los ingresos recaudados y  15 % de los ingresos tributarios.

Pros y contras

Para Alejandro Gutiérrez, socio de una empresa privada que se dedica a la comercialización de alimentos en La Habana, el nuevo paquete de leyes afecta más a los TCP que a las mipymes; al menos, no altera mucho el funcionamiento de las empresas ya aprobadas, comentó en diálogo con IPS.

En efecto, las que se registrarán en un futuro lo harán bajo un procedimiento diferente: si antes el proceso de aprobación y tramitación de las mipymes era gestionado por el Ministerio de Economía y Planificación, ahora serán los Consejos de Administración Municipales, o sea, el gobierno municipal.Se trata de una “mudanza” de responsabilidades que será gradual y se completará en  marzo de 2025.

Asimismo, como nuevo requisito para ser socio de una mipyme, habrá que tener la residencia efectiva (permanecer al menos 180 días al año en territorio nacional) para el caso de las personas naturales cubanas, o ser extranjeros con residencia permanente en la isla.

A raíz de las normativas, se ratifica la eliminación de un beneficio fiscal: la exención del pago del impuesto sobre ingresos personales por los dividendos que obtengan los socios en su primer año de operaciones; no obstante, una resolución anterior ya había implementado tal medida en enero de 2024.

En cambio, para los trabajadores por cuenta propia si fue una sorpresa, al quedar cancelada una exoneración similar, pero por los tres primeros meses de inicio de las operaciones.

“No me gustó que se quitara esa exoneración, sobre todo porque el cuentapropista (trabajador autónomo) está iniciando un nuevo proyecto y no sabe si podrá recuperar bien su inversión”, dijo a IPS Carla Díaz, quien lleva la contabilidad de varios negocios en de este tipo en la capital.

Díaz encontró algunos aspectos positivos de las nuevas normativas, como que ya no será obligatorio solicitar un permiso de la actividad de arrendamiento cuando el lugar pertenezca al conyugue o un pariente de hasta segundo grado de consanguineidad o afinidad.

También un trabajador por cuenta propia podrá ser socio de una mipyme o una CNA, siempre que sea en una actividad económica distinta a la de su oficio como cuentapropista. El listado de actividades económicas no autorizadas a ejercer, que desde 2021 delimita las áreas en la que un negocio privado podrá desarrollarse, cambió un poco con estas disposiciones jurídicas.

Algunas actividades antes prohibidas habían empezado a permitirse, pero las nuevas regulaciones  traen nuevas restricciones en, por ejemplo,  sectores de la silvicultura, industria manufacturera, comercio y  actividades culturales.

Estas prohibiciones responden al concepto de complementariedad de los actores privados en la que, según el modelo económico cubano, al ser la empresa estatal el actor fundamental, se ha definido qué actividades se reservan para ejercicio exclusivo del Estado.

En general, las nuevas regulaciones mantienen el mismo sistema impositivo para los emprendimientos privados, aunque, como dato novedoso, reconocen y estimulan la responsabilidad social empresarial de estos.

Por su parte, el Decreto-Ley 92, relacionado con el régimen especial de seguridad social,  refuerza la protección de los derechos laborales de los trabajadores en el sector privado. Ya solo faltaría ver si el paquete de leyes, además de favorecer las arcas del Estado, incide positivamente en la calidad de vida de la ciudadanía.

Venezuela: 13 trimestres de crecimiento económico

El Producto Interno Bruto (PIB) del país aumentó en 8,78% en el segundo trimestre de 2024, mientras que en el primer trimestre el incremento fue de 8,40%, con respecto a similar período de 2023, informó el 29 de agosto el Banco Central de Venezuela (BCV).

«Estos resultados dan continuidad al proceso de recuperación económica, iniciado en el segundo trimestre de 2021 (hace trece trimestres), y están sustentados en la gesta heroica de resistencia del pueblo venezolano contra el bloqueo económico impuesto a Venezuela, la persistencia en las acciones de política económica y la participación de todos los sectores, fortaleciendo el entramado socioproductivo para erigir un nuevo modelo económico».

En el documento el BCV asegura que las «medidas coercitivas unilaterales» continúan incidiendo de manera adversa en el dinamismo de la actividad económica de Venezuela, y que a pesar de que han adoptado procedimientos y diferentes iniciativas que han facilitado sortear, en parte, esta situación, «las mismas continúan impactando en la fluidez de todos los sectores de la economía».

Menciona que como consecuencia de dichas medidas antes del segundo trimestre de 2021, y en particular entre 2019 y 2020, se observan fuertes caídas en la actividad económica. «En ese bienio hubo muchas trabas en los procesos operativos y en el accionar de las políticas económicas, como resultado de la profundización de las medidas coercitivas desde 2019», justificó el BCV.

Recalcó que los resultados de los últimos 3 años indican que la economía venezolana recorre una «senda real de recuperación», reinventándose y superando sus obstáculos.

 

FMI no renuncia a devaluación acelerada del lempira hondureño

Javier Suazo

Los programas del Fondo Monetario Internacional (FMI), iniciaron con el Gobierno de Roberto Suazo Córdova (1982-1985) y vuelta  a la llamada democracia “tutelada” desde Washington. Desde ese tiempo, el FMI ha apoyado políticas de liberalización cambiaria, frente al interés de los gobiernos por mantener un tipo de cambio fijo frente al dólar de 2 lempiras por un dólar.  Esta política siguió vigente  en el Gobierno de José Simón Azcona (1986-1989), aunque con mayor flexibilidad por la presencia de un mercado negro o paralelo de las divisas.

Con la llegada al poder de Rafael Leonardo Callejas (1990-1993), economista agrícola y banquero,  la política cambiaria de tipo de cambio fijo se abandonó,  al devaluarse la moneda en 100%, o sea que pasó de 2 lempiras por 1 dólar a 4 lempiras por 1 dólar. Era congruente, según el modelo neoliberal vigente, con las otras políticas de liberalización comercial y apoyo a los llamados bienes transables en detrimento de la producción de bienes para el mercado interno como los granos básicos.

En el Gobierno de Carlos Roberto Reina (1994-1997), dos grandes economistas, Guillermo Bueso y Hugo Noé Pino, idearon un mecanismo intermedio entre la devaluación acelerada y la no devaluación o devaluación con retardo. Se mantuvo por mucho tiempo y el destacado economista y banquero Jorge Bueso Arias, se refería a ella como una de las mejores políticas económicas ejecutadas por un gobierno del Partido Liberal, aunque el FMI seguía presionando por la liberalización del mercado cambiario y ajuste más pronunciado de la tasa de cambio.

Este mecanismo siguió vigente en el Gobierno de Carlos Flores (1998-2001) y de Ricardo Maduro (2002-2005). Hay  evidencia que Manuel Zelaya Rosales (2006-junio 2009) le dijo no a la devaluación sugerida por el FMI, que había captado la atención de la licenciada Gabriela Núñez, presidenta del Banco Central, sustituida por Edwin Araque, conocido economista heterodoxo y en contra de una política  de devaluación acelerada. Se recuerdan sus cátedras del por qué un país como Honduras no debe institucionalizar una política de este tipo, tal como lo hizo Edmundo Valladares, asesor de la presidencia del Banco Central en la década de los 80.

Por cierto, Xiomara Castro debió integrar al Gabinete Económico a Edwin Araque, tal como dirigentes y diputados del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) lo han pedido.

El presidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2013), del Partido Nacional, volvió  a los fueros de la devaluación cambiaria, al flexibilizar el sistema de subasta de divisas, ampliando los  rangos para una eventual depreciación cambiaria. Se acusa al expresidente Ricardo Maduro (2002-2005), y expresidente del Banco Central en el Gobierno de Callejas Romero, de influir para tomar esta decisión, e incluso imponer a María Elena Mondragón en la presidencia del Banco Central, una persona de su confianza ya que había ejercido dicho cargo en su Gobierno.

La devaluación va de la mano de la liberalización comercial y firma de tratados comerciales. Un comercio más libre necesita de una política cambiaria flexible, por lo que conviene analizar los costos de ambas políticas y construir escenarios alternativos. El actual Ministro de Economía, Fredis Cerrato, debe llamar de urgencia al Dr. Oscar Núñez Sandoval para las negociaciones comerciales con China, ya que el actual asesor, lo llaman  déficit en potencia.

Con China se negocia cruzado, aceptar primero el “chingaste” que te da, caso de las donaciones, definir los productos y servicios, y analizar las condiciones de no cumplir. En economía, diría Joseph Ramos, un gran economista de la Comisión Económica para para América Latina (CEPAL), las ideologías se guardan  frente a los resultados; si pierdes  permanentemente en el comercio, para que la ideología.[2]

El Gobierno de Lobo Sosa incumplió con el FMI, pero mantuvo la política de flexibilidad cambiaria. La crítica del Fondo era el manejo de la política fiscal, sobre todo del gasto y  corrupción, pero entre bastidores añoraba la devaluación acelerada.

Juan Orlando Hernández (2014 2021) tenía otra tesis. Lo que a mí no me daña, déjalo pasar. Los aplausos del FMI no se hicieron esperar, pero JOH sabía que la devaluación de entrada le afectaba en sus aspiraciones de reelección, por lo que había que cocinar los cambios despacio. Para tales propósitos, contó  con el respaldo de la Embajada Americana, una cúpula empresarial extraviada, medios de comunicación y dirigentes tarifados.

Hubo varios frentes de trabajo en el tema de las políticas cambiarias. El primero era  devolver a los agentes cambiarios el control del mercado cambiario, eliminándose el mecanismo de subasta de divisas; el segundo, seguir con una política de minidevaluaciones mientras se consolidaba el mecanismo que otorgaba a dichos agentes el manejo de las divisas, donde los bancos eran los principales beneficiados. Finalmente, lograr mayor autonomía del Banco Central para eliminar la injerencia del poder ejecutivo y políticos de turno en las decisiones de dicho banco, tal como sucede en la actualidad.

Las autoridades del Banco Central del Gobierno actual, decidieron restituir el mecanismo de subasta de divisas y retroceder en las concesiones otorgadas por el gobierno de JOH a los agentes cambiarios. Esta decisión fue tomada por el Directorio del Banco el 10 de abril de 2023 (ver boletín de prensa N.17-2023), donde se busca mantener la estabilidad de la moneda y hacer más equitativo el acceso a las divisas para toda la población.

“En función de velar por el bienestar de la colectividad y ante la petición de distintos sectores que integran la sociedad hondureña, solicitando que se garantice un acceso equitativo a la divisa, con la finalidad de generar confianza, transmitir certidumbre y mejorar la asignación de las divisas para los distintos agentes económicos y población en general, ha decidido reactivar la Subasta como mecanismo para la asignación de divisas en el mercado cambiario hondureño. El mecanismo de Subasta de Divisas estuvo vigente por más de 25 años, cumpliendo eficientemente con el objetivo de asignar divisas de manera equitativa a los diferentes sectores económicos y público en general, transmitiendo certeza en la obtención gradual de divisas por parte de todos los sectores. [3]

Contra todos los pronósticos, el Gobierno de la República negoció y firmó un Convenio de Tres Años en el Marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) y el Servicio de Crédito Ampliado (SCA), que lo posibilita a acceder hasta un monto de 830 millones de dólares para las reformas económicas impulsadas por el Gobierno. Un vistazo al discurso de campaña de la presidenta Xiomara Castro  muestra que muchas de las acciones a ejecutarse son  contrarias a la predica del FMI, caso del retroceso con las reformas de la Empresa de Energía Eléctrica (léase privatización) aprobadas en el gobierno de JOH, el control por el gobierno del mercado cambiario y uso de reservas internacionales para financiar los déficit internos, incluyéndose los pagos de la deuda  externa.

Frente a un panorama no muy alentador de los mercados internacionales y las políticas monetarias restrictivas del Gobierno norteamericano y otros países, “las políticas para salvaguardar la estabilidad económica y fomentar la inversión siguen siendo esenciales. Las discusiones se centraron en las políticas monetaria y cambiaria necesarias para asegurar una inflación baja, y preservar la competitividad externa y las reservas internacionales del país, que se mantienen en niveles adecuados. Los recientes aumentos en el encaje legal de los bancos son un primer paso valioso.

Será necesario redoblar esfuerzos de manera decisiva, en línea con los compromisos del programa en materia de política monetaria y cambiara, para lograr estos objetivos. Una próxima asistencia técnica del Fondo ayudará al BCH a evaluar los marcos monetario y cambiario para identificar medidas para fortalecerlos y mejorar la eficiencia de la asignación de divisas”[4]

La oposición política, técnicos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y Académicos, cuestionan varias medidas de política tomadas por el Gobierno para no forzar una devaluación acelerada. Una de ellas es un préstamo del Banco Central por 2.000 millones de dólares para enfrentar los desequilibrios sociales y pagos pendientes de  la deuda externa utilizando las reservas internacionales.   Otra es  el  mantenimiento de la Tasa de Política Monetaria (TPM)  en 3.00%, cuando se recomendaba un ajuste para disminuir las presiones inflacionarias y  sobre la tasa  de cambio y uso de recursos internos. Esta TPM se ajustó en 100 puntos básicos, al pasar de 3.00 % a 4.00%. [5] Se ha cuestionado además los subsidios al costo de la energía eléctrica, combustible y transporte público, como también mayor endeudamiento externo.

Los organismos internacionales, incluyendo el FMI, cuestionan  los retrasos en el ajuste cambiario, ya que un aumento  del Índice Tipo de Cambio Efectivo Real (ITCER), representa en este lenguaje una pérdida de competitividad de las exportaciones hondureñas.  “En junio de 2024, el Índice del Tipo de Cambio Efectivo Real (ITCER) Global mostró una tasa mensual de 0.82%, indicando una pérdida teórica de competitividad de las exportaciones con sus principales socios comerciales(……)Por grupo de países, se reflejó una pérdida teórica de competitividad, con el Resto del Mundo de 2.10%, principalmente por la depreciación de las monedas que conforman esta región; con Centroamérica fue de 0.45% debido a la depreciación del colón costarricense y a la menor inflación de los países del área; en cuanto a los EUA ésta fue de 0.19%”[6].

Siguiendo este lenguaje, una devaluación acelerada contribuye a ganar más rápido competitividad de las exportaciones, contraer  la demanda de importaciones y fortalecer las RIN, además de afectar el consumo por el deterioro de los salarios. Las cifras de balanza cambiaria al 31 de julio de 2024, muestran un “desajuste “estructural”  de las exportaciones  frente a las importaciones, por el orden de los 6,200 millones de dólares, y el en caso particular de la brecha entre exportaciones e importaciones de bienes, el monto es mayora a los 5.200 millones de dólares.[7]

En el caso de las RIN, estas  bajaron de 8.530,9 millones de dólares en enero de 2022, a 6.848,5 millones (21 de agosto de 2024).

El Gobierno ha obtenido recursos del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-CAF-  por el orden de los 350 millones de dólares para Infraestructura, apoyo financiero a la caficultura, Mi pymes  e Igualdad de Género, pero el FMI está interesado en cómo aumentar las  exportaciones y atraer inversión extranjera; pero sobre todo, con la estabilización de la economía hondureña, especialmente controlando la inestabilidad en el mercado cambiario y presiones inflacionarias.

EL FMI todavía no ha evaluado el estado de la economía hondureña (al menos no se conoce un informe oficial) en el marco de las condicionalidades del Convenio de Préstamo (s) suscrito, pero sobre todo, de las metas propuestas para la evolución de las variables económicas, destacando el nivel de RIN aceptable, que se mantienen  en  4.4 meses  de importaciones.  Igual, el ajuste cambiario y  la presencia de los agentes cambiarios en el manejo de la divisa. La presidenta del BCH ha manifestado que Honduras tiene sus propias prioridades y enfoques de política monetaria y cambiaria, tal como sucedió en el Gobierno de Manuel Zelaya Rosales que se opuso a  la devaluación monetaria  exigida, aun cuando,  no se dispone de la cantidad de recursos de aquel tiempo ligados a la Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza (ERP), apoyada por el FMI.

Es poco probable que el Gobierno de Xiomara Castro apoye una política de devaluación acelerada, no solo   por los efectos  negativos en los  ingresos monetarios de la población, sino por factores de tipo político-ideológico, en  una coyuntura donde la medida de política cambiaria afectaría la candidatura a la presidencia  de la Republica de la abogada Ricci Moncada, por el Partido LIBRE avalada por el gobierno. No obstante, contrario al pasado,  la presidencia de la Republica no está en condiciones de renunciar a los recursos del FMI, asumiendo  de “tajo”  los efectos negativos que ello trae consigo.

En tal sentido, a la luz de la experiencia, se recomienda analizar y evaluar  algunas de las recomendaciones del FMI sobre el mejor régimen cambiario, y establecer una programación de acciones graduales para que agentes cambiarios tengan mayor influencia en el manejo de las divisas.  Esto puede derivarse de la evaluación del FMI del Convenio  de Préstamo  que, supuestamente, está en proceso vía Zoom. Hay que tener presente que a Ricci Moncada y Elizabeth Rivera, siendo autoridades de Finanzas, se le atribuye el haber logrado el convenio con el FMI, por lo que no dejarán que se pierdan estos recursos, demostrándose la necesidad y virtudes de un enfoque heterodoxo de estabilización económica.

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Notas:

[2]  Ello se aleja del principio de la ventaja comparativa de David Ricardo, donde el comercio no era obligatorio, y si convenía pues había que hacerlo. Un argumento de defensa  de la productividad del trabajo más que del capital y dotación de recursos de un país.

[3] Ver Boletín de Prensa N. 17-2023  del Banco Central de Honduras, del 10 de abril de 2023

[4] Ver FMI, Comunicado de Prensa N.23/388 del 10 de noviembre de 2023

[5]Esta decisión debe verse como un resultado del análisis de técnicos  del Banco Central y no  como exigencia o decisión del FMI, aunque analistas económicos  independientes asumen que el FMI no está conforme ya que debe ser arriba de 6.00%, un tipo de ajuste muy severo para la economía hondureña..

[6] Banco Central de Honduras /Estudios Económicos “ Índice de Tipo de Cambio Efectivo Real (Base de Diciembre de 2017=100),Junio 2024,pag.2

[7] Banco Central de Honduras, “ Balanza Cambiaria”, de 1 de Enero al 31 de Julio de 2024.Tegucigalpa,DC.

*Economista hondureño, especializado en políticas económicas y estudios doctorales en economía, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH.

 

Panorama Internacional

Aporta China 40% de la nueva energía renovable

Dora Villanueva

China se ha consolidado como el mayor exportador de energías limpias e inversionista en la transición energética a escala global. En los últimos tres años, mediante la Iniciativa de la Franja y la Ruta, la potencia asiática ha iniciado colaboración con 100 países en materia de energías verdes, nucleares e hidroeléctricas, entre los que destacan proyectos concretos en Pakistán, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos y Argentina.

El desarrollo de la energía verde en China se ha convertido en un motor de la transición energética mundial, destaca un informe publicado esta semana por la Oficina de Información del Consejo de Estado de la República Popular China. Advierte que en los últimos años la situación internacional se ha vuelto cada vez más compleja, debido a diversas barreras que dificultan la estabilidad en las cadenas de suministro de energía mundial, así como la seguridad energética en un entorno abierto.

El informe La transición energética de China reporta que durante la última década esta potencia–que en términos netos es la mayor emisora de contaminantes– ha sido responsable de más de 40 por ciento de la nueva capacidad de energía renovable en el globo; el año pasado el país invirtió 676 mil millones de dólares en transición energética, lo que la convierte en el mayor inversor del mundo en este campo; al tiempo que sus ventas al extranjero en energía eólica y productos fotovoltaicos redujeron las emisiones de dióxido de carbono en aproximadamente 810 millones de toneladas.

“China se opone a exagerar el concepto de seguridad nacional e imponer restricciones infundadas a la cooperación internacional normal para el desarrollo (…) rechaza todas las formas de desacoplamiento, cualquier ruptura de las cadenas industriales y de suministro y el enfoque de ‘patio pequeño y cerca alta’ (frase usada por la administración de Joe Biden para explicar las medidas contra algunas industrias chinas), en su esfuerzo por mantener abiertas y estables las cadenas industriales y de suministro de energía globales”, destaca el informe.

Combustibles fósiles

El documento, publicado en los días que Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de la administración de Joe Biden, visitó Pekín, también destaca que de 2014 a 2023 la participación mundial de los combustibles no fósiles en el consumo de energía aumentó de 13.6 a 18.5 por ciento, y China contribuyó con el 45.2 por ciento de este aumento. Y dentro de sus fronteras, la proporción del consumo de energía limpia alcanzó 26.4 por ciento del total el año pasado, un aumento de 10.9 puntos porcentuales respecto a 2013.

China también exhibió que como parte de la cooperación internacional en materia de energía, a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, participa en intercambios y cooperación sobre estandarización en energías. Entre los proyectos ya realizados se encuentran la central hidroeléctrica Karot de Pakistán, construida y operada por empresas chinas; el parque eólico Adama de Etiopía, el primero de este tipo en ese país y pionero de cooperación energética intergubernamental entre China y África. Para él se usaron préstamos concesionales del gobierno chino y las constructoras son también de este país.

A ellos se suman la planta solar fotovoltaica AI Dhafra, de los Emiratos Árabes Unidos, construida por un contratista chino; así como el parque solar fotovoltaico Cauchari, de Argentina, la planta de energía solar más alta de Sudamérica y con la mayor capacidad instalada, también levantada por compañías chinas.

 

Comercio electrónico: panacea de la OMC o distracción burocrática de los ricos

Eduardo Camin *

La introducción y la rápida difusión de Internet ha convertido al comercio electrónico en un medio importante de realización de transacciones comerciales. En este sentido, el comercio electrónico es resultado de los grandes avances tecnológicos que, durante el último decenio aproximadamente, han facilitado las telecomunicaciones y la transmisión de información.

Como se señalará más adelante, el acceso a sistemas modernos de telecomunicaciones es, por lo tanto, uno de los elementos que definen el comercio electrónico (o quizá el elemento definitorio del mismo). Aunque en realidad, no existe una definición universalmente convenida del comercio electrónico.

No obstante, en el Programa de Trabajo sobre el comercio electrónico de la OMC, (1998) se señalaba que el «comercio electrónico» es la producción, distribución, comercialización, venta o entrega de bienes y servicios por medios electrónicos.

En estos momentos la Organización Mundial del Comercio (OMC) se propone organizar, un curso (noviembre 2024) que familiarizará a los participantes con los vínculos entre el comercio electrónico, el comercio de servicios y las disciplinas del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC, centrándose en sectores de servicios específicos.

La moratoria sobre el comercio electrónico, así como otros debates sobre el comercio electrónico en la OMC, formarán parte del orden del día. El objetivo del curso es aumentar la autonomía de los participantes en la elaboración de políticas comerciales de servicios y tratar de integrar el comercio electrónico en sus planes nacionales de política comercial.

¿A quién va dirigido la solicitud? el taller está dirigido a funcionarios de los países Miembros de la OMC y observadores que reúnan las condiciones necesarias para beneficiarse de las actividades de formación de la OMC, que tengan responsabilidad política directa en esta esfera, y/o que tengan experiencia demostrada, un conocimiento profundo de las cuestiones relacionadas con el comercio de servicios y el comercio electrónico, y por supuesto que hablen Ingles.

El marco general del comercio mundial y el comercio electrónico en particular

A grandes rasgos podemos definir que el comercio se genera en gran parte a partir de la dispareja distribución geográfica de la demanda y oferta de los recursos naturales, y de las tareas de procesamiento y distribución que se generan en los distintos eslabones de la cadena globales de valor (CGV). Por lo tanto, la mayoría de las empresas se insertan en estas cadenas según sus propias ventajas comparativas y competitivas.

De esa forma el comercio internacional, que conecta los polos de la producción y el consumo genera un impacto en la sociedad y el medio ambiente. A su vez se sostiene que bajo ciertas condiciones e incentivado por determinadas políticas públicas e iniciativas privadas se puede generar mejoras en la sostenibilidad social y ambiental entre países, criterios estos lejos de la realidad.

No obstante, con el correr del tiempo el comercio adquiere otra dimensión bajo el influjo de las nuevas tecnologías, apareciendo el comercio electrónico como sustituto o complemento de las corrientes comerciales tradicionales. Sosteniendo que, en cierta medida, los medios electrónicos de entrega pueden sustituir a otros medios. En ese caso, el aumento del valor del comercio electrónico será compensado por una disminución del valor de otras actividades rivales: por ejemplo, un aumento del valor de las transacciones comerciales internacionales realizadas a través de Internet puede hacer que descienda el valor de las realizadas por medio del correo, del movimiento de proveedores o consumidores de servicios a través de las fronteras o de la expedición material de mercancías, poco o nada de eso sucede en la realidad.

Por otra parte, el comercio electrónico puede crear también la posibilidad de transacciones comercialesinternacionales adicionales. En la medida en que disminuya los costos de las transacciones y aumente la eficiencia y la competencia, el comercio electrónico puede contribuir a la reducción de los precios y al aumento de la demanda internacional. Según los expertos de ese modo, quizás que se creen nuevas corrientes comerciales que de otro modo no se habrían considerado comercialmente viables debido al costo prohibitivo o a las dificultades materiales con que tropezarían las transacciones correspondientes si no existiera la transmisión electrónica: algunos ejemplos de esto pueden ser los servicios de enseñanza, médicos o de consultoría en línea y la recuperación de información de las bases de datos. Aquí también la evidencia no corresponde a los deseos expresados.

Comercio electrónico para los consumidores de los países en desarrollo

Diversos expertos en el marco de la OMC, sostienen que comercio electrónico puede ser de especial interés para los países en desarrollo, si puede ayudar a los consumidores y productores de esos países, y en particular a las pequeñas y medianas empresas (PYME), a superar algunos de los factores que tradicionalmente los han colocado en una situación de desventaja en el campo del comercio, como la distancia que los separa de los mercados y la falta de información acerca de las oportunidades de ventas y la oferta disponible.

Sin embargo, el comercio electrónico no puede resolver todos los problemas relacionados con el comercio de los países en desarrollo, en particular los que tienen que ver con la capacidad de oferta interna. Algunos países en desarrollo quizá tienen ya la capacidad de producir artículos que puedan entregarse electrónicamente mientras que otros, en una primera fase, quizá sólo utilicen Internet como un instrumento de publicidad y para la búsqueda o compra de productos en el extranjero.

En su sentido más amplio, las consecuencias del comercio electrónico para el desarrollo proceden tanto de las ventajas que los países en desarrollo pueden obtener del uso de esas nuevas tecnologías, como de las limitaciones materiales, económicas, jurídicas y de política que quizás les impidan hacerlo.

La ampliación de la oferta de productos puede tener especial importancia para los consumidores de los países en desarrollo, en los que la oferta local es más limitada que en la mayor parte de los países desarrollados. Los precios más bajos de artículos de mejor calidad han de ser también especialmente importantes para los consumidores de los países endesarrollo que, como promedio, disponen de ingresos más bajos que los de los países desarrollados.

Cabe prever que el comercio electrónico ampliará la oferta de productos, hará descender los precios, mejorará la calidad y hará más rápidas las entregas. Los medios electrónicos facilitan a los posibles consumidores la obtención de información acerca de la oferta de un producto en todo el mundo; y pueden permitir también a nuevos proveedores penetrar en el mercado. El aumento de la competencia entre los proveedores y la reducción de los costos de entrega y los costos generales de las transacciones han de resultar normalmente en precios más bajos y en productos de mejor calidad

¿Ofrece interés el comercio electrónico?

Una transacción comercial puede dividirse en tres fases principales: la fase depublicidad y búsqueda, la fase de pedido y pago y la fase de entrega. Cualquiera de estas fases o todas ellas pueden realizarse electrónicamente y, por lo tanto, quedar incluidas en el concepto de»comercio electrónico».

Cualquier producto que pueda adoptar una forma digital puede entregarse por medios electrónicos.Éste es el caso en la actualidad de la música, los libros, las películas, los programas deordenador, los dibujos y modelos, muchos servicios financieros, los planos arquitectónicos, etc. Esosproductos también pueden entregarse por medios no electrónicos (es decir, mediante el transportematerial de los libros o las cintas y disquetes de ordenador que contienen la información, o por uno uotro de los modos de suministro utilizados por los proveedores de servicios); es asimismo posibledesde hace algún tiempo comerciar en muchos de ellos electrónicamente utilizando medios como elteléfono o el fax.

Los conocimientos y la información son factores de producción esenciales y bienesvaliosos por sí mismos en muchas esferas de la política de desarrollo. Por lo tanto, para aumentar laparticipación de los países en desarrollo en el comercio electrónico, es necesario invertir eninfraestructura humana y técnica; por otra parte, esa inversión puede producir externalidadesimportantes, no sólo en el campo del comercio electrónico sino también en otras esferas deldesarrollo.

Además, el comercio electrónico puede ser un complemento de los medios por los que se realiza tradicionalmente el comercio. Ocupa un lugar al lado del transporte material de las mercancías, por ejemplo, ya que proporciona medios complementarios para el estudio de los mercados internacionales, la publicidad y la comercialización, la compra de insumos intermedios y larealización de pagos por medios electrónicos.

La OMC entre paradojas de la productividad o explotación 

El neoliberalismo como doctrina y como política en las múltiples formas que ha adquirido desarrolla como mínimo cierta perplejidad, en el dogmatismo de los economistas, que descansan sus dudas en una montaña de problemas irresueltos, bajo los mitos de una economía o mejor dicho al amparo de un capitalismo digital, compartido y difundido por muchos actores.

Y nos llama profundamente la atención en primer lugar algunos aspectos de esta tecnología, ya que la digitalización no es gratis, ni es un regalo de la naturaleza. Mas bien todo lo contrario, los bienes digitales, no actúan como la nube compartida en el ordenador, su generación, tratamiento, almacenamiento y difusión requieren energía.

Es decir, los medios de comunicación electro digitales, tal y como los conocemos y utilizamos actualmente, necesitan y generan una masa gigantesca de millones de toneladas de basura electrónica, y que crece rápidamente, cuyo transporte, almacenamiento y tratamiento posterior tiene enormes consecuencias para la economía mundial, y su medio ambiente.

Por otra parte, se necesitan un sin número de materias primas, minerales que pueden ser encontrados en todo lo que nos rodea, el cobalto, el cobre, el litio, el níquel y las tierras raras, que desempeñan un papel fundamental en la producción de tecnologías hasta todos los componentes electrónicos de los teléfonos inteligentes y pantallas planas entre otros.

Por lo tanto, una economía capitalista digital tampoco es ingrávida y sin consecuencias para el medio ambiente ya que choca con los bienes materiales.

Hace mucho tiempo que estos talleres o cursos nos resultan lamentables ya que la pobre presencia de trabajos teóricos, que aborden proyectos alternativos o que se hagan las preguntas necesarias y vitales como, por ejemplo,cómo emplean su capital las empresas de alta tecnología actualmente líderes que dependen totalmente de tecnología digital. ¿Qué producen, qué venden los capos del Silicon Valley”? ¿Cómo y con qué obtienen dinero y ganancias? La OMC y sus protagonistas no nos van a decir, pero sabemos que, en primer lugar, bloqueando el acceso general a Internet o a plataformas especiales, abiertas a cambio de una cuota para usuarios de pago, se genera rentabilidad; un negocio que tiene poco que ver con técnica digital, comercio electrónico pero mucho con poder político y acceso de facto a bienes semipúblicos, esto es, con una privatización de la infraestructura digital políticamente autorizada y buscada, con el beneplácito de los organismos reguladores.

En segundo lugar, se trata de la recopilación de datos, revendiéndolos y haciendo propaganda de ellos. Entonces pueden como Facebook y Google, renunciar al cobro de tarifas para el acceso a sus plataformas. Sus clientes, habitualmente otras empresas capitalistas de todas las ramas posibles compran un sitio en la plataforma y pagan por él una parte anticipada del beneficio extra que obtienen gracias a su acción publicitaria. El valor añadido real es sólo marginal, en algunas agencias de publicidad, que, efectivamente, prestan un servicio o bien crean un producto.

Una vez más nos vemos abocados a tratar de leer la letra chica de los informes, no sobre lo que dicen sino sobre lo que no se dice y se oculta en el contexto de dependencia y dominación política ostentado por las grandes agencias onusianas al servicio del capital. Pero sigamos jugando a la democracia ingenuos pensantes.

*Periodista uruguayo residente en Ginebra, exmiembro de la Asociación de Corresponsales de Prensa de Naciones Unidas en Ginebra. Analista Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)