La Fiscal General ecuatoriana, vinculada a EEUU, detrás del ataque contra la izquierda
José Olivares y Ryan Grim
Tres balas a la cabeza pusieron fin a una campaña presidencial lanzando a un país y a elementos de Washington DC a una vorágine. Fernando Villavicencio, un carismático político ecuatoriano, había ido ascendiendo durante las elecciones de agosto de 2023, con la promesa de combatir la influencia corrupta de los grupos violentos del narcotráfico. A menos de dos semanas de las elecciones, al salir de un mitin electoral, el candidato se encaminaba a su carro entre una multitud de gente, cuando un asesino lo mató a tiros.
El descarado asesinato sacudió a Ecuador atrayendo la atención internacional hacia las elecciones de la nación sudamericana. Sin prueba alguna, los partidarios de Villavicencio inmediatamente culparon al izquierdista Rafael Correa, quien fungió como presidente desde el 2007 al 2017, y a su partido, por el asesinato del candidato.
A continuación, el gobierno de los Estados Unidos se involucró. Primero, el Departamento de Estado anunció una recompensa multimillonaria por información que condujera a quienes planearon el asesinato. Y después, el FBI envió a un equipo de agentes para investigar el asesinato.
Ahora, mensajes privados filtrados, supuestamente enviados por la Fiscal General ecuatoriana Diana Salazar, y revisados por Drop Site News y The Intercept Brasil, revelan por qué los Estados Unidos invirtió tantos recursos en la investigación del asesinato del candidato: de acuerdo a los supuestos mensajes de Salazar, Villavicencio era informante del gobierno estadounidense. Y Salazar, quien aparentemente estaba en contacto cercano con el embajador estadounidense, ayudó a formar la narrativa pública de cómo el partido de izquierda era responsable del asesinato, una maniobra que evitó con éxito que los Correístas regresaran al poder, acelerando dramáticamente el vertiginoso descenso del estado ecuatoriano.
La sensible revelación es una de muchas que surgen de una serie de supuestos chats filtrados entre un ex asambleísta ecuatoriano y una cuenta que él alega pertenecía a Salazar.
Drop Site es el primer medio en inglés con acceso completo a los explosivos chats, que revelan la maquinaria interna de un ataque con fines políticos, en contra del principal partido político de izquierda — todo con la bendición de los Estados Unidos.
Algunos mensajes han sido reportados por los medios ecuatorianos, quienes en gran medida han trivializado la historia. La prensa extranjera ha ignorado las filtraciones, que ofrecen una mirada poco común e íntima de un ejemplo del “modus operandi” clandestino de la derecha, respaldada por los Estados Unidos. Este “modus operandi,” en la última década, ha engañado a medios de comunicación, promoviendo movimientos reaccionarios, reversando logros sociales, y causando estragos políticos en Brasil, Perú, Guatemala, Argentina, Bolivia, Venezuela, Honduras y más allá. A la vez, estos métodos han capturado la atención del expresidente Donald Trump de los Estados Unidos, quien intentó poner al Departamento de Justicia estadounidense en contra de sus adversarios políticos.
Los supuestos mensajes de Salazar ahora son sujeto de una investigación por colegas de Salazar, quien actualmente está enfrentando un juicio político por “incumplimiento de funciones” en la Asamblea Nacional, un proceso principalmente liderado por el partido izquierdista del país. En mayo de este año, un abogado basado en Florida, que representa a un hombre ecuatoriano implicado en una de las investigaciones de Salazar, escribió una carta al Comité Judicial de la Cámara de Representantes y al Departamento de Justicia, diciendo que los mensajes “violan diversas leyes federales” de los Estados Unidos. El abogado recomendó a los Estados Unidos poner a Salazar en “la lista negra” por revelar “información gravemente sensible y confidencial” acerca agencias policiacas estadounidenses.
Salazar y su abogada no respondieron a una solicitud para una entrevista ni a una lista detallada de preguntas acerca de esta investigación de Drop Site e Intercept Brasil. Ella nunca ha negado que los chats le pertenecen, pero Salazar ha dicho que toda esta trama ha sido un circo político, que intenta “contaminar” una de sus investigaciones más importantes. En marzo, cuando el asambleísta empezó a compartir los chats, Salazar dijo en X, previamente conocido como Twitter: “Me mantendré concentrada en lo importante, la desesperación no tiene límite. No desviarán nuestra atención.”
Desde su nombramiento en abril de 2019, Salazar se ha convertido en una de las aliadas más fuertes de Washington en Ecuador, con funcionarios estadounidenses defendiéndola como una guerrera contra la corrupción: el Departamento de Estado le otorgó un premio; y a fines de este año, será galardonada con otro premio del Centro Woodrow Wilson; y Samantha Power, la administradora de USAID, escribió un elogiante perfil de Salazar para la revista TIME. El apoyo de los Estados Unidos es esencial para alguien que no es de izquierda y con aspiraciones políticas. Con la excepción de la presidencia de Correa, las relaciones bilaterales con Ecuador han sido históricamente tan fuertes, que en el año 2000, Ecuador llegó a reemplazar su propia moneda por el dólar.
Salazar ha liderado una serie de procesos judiciales de alto perfil para erradicar, como ella misma ha afirmado, la corrupción en Ecuador, generando un fervor nacional de sentimientos anticorrupción y antipolíticos. Entre los blancos de sus investigaciones se encuentran los tres últimos expresidentes: Rafael Correa, Lenin Moreno y Guillermo Lasso. (El juicio político, emprendido por sus opositores políticos, acusa a Salazar de retrasar casos, incluyendo los casos vinculados a los ex presidentes derechistas Lasso y Moreno.)
Ahora, los cientos de mensajes privados muestran que Salazar pudo haber revelado información sensible acerca de las investigaciones, asimismo dando credibilidad a las acusaciones de los correistas (aquellos leales al movimiento político de Correa) de que ella ha participado en un patrón de acciones con fines políticos, incluyendo la persecución agresiva de casos vinculando a políticos de izquierda y a la vez, demorando casos que vinculan a políticos de derecha proestadounidenses.
Los mensajes, intercambiados con Ronny Aleaga, un hombre de confianza, que anteriormente pertenecía al partido de Correa, ponen en duda la ética e imparcialidad de Salazar. La relación entre Aleaga y Salazar, aparentes rivales políticos, sigue siendo una fuente de misterio e intriga en Ecuador. Aleaga estuvo casado durante la relación, pero ahora está pasando por un amargo divorcio. Aleaga le comentó a Drop Site que su relación no era romántica, sino de íntima confianza. Independientemente de cual sea el caso, los mensajes, en donde el supuesto contacto de Salazar se registra como “Seño,” se leen como los de dos personas cercanas que intercambian información política, con la relación enredándose mientras el papel de Aleaga en las investigaciones de Salazar va fluctuando. En una entrevista, Aleaga afirmó que no sabía por qué Salazar estaba compartiendo información sensible.
“Tanto usted como yo, que lo cuento, me confundo,” le dijo Aleaga a Drop Site. “Si éramos adversarios políticos, ¿por qué había esa comunicación, o esa afinidad de la conversación? No lo sé.”
Aleaga le proporcionó a Drop Site conversaciones intercambiadas en una plataforma de mensajes privados y anónimos que él grabó y guardó. Drop Site y The Intercept Brasil también accedieron a otros chats confidenciales, provenientes de una investigación criminal separada. Revisamos más de 1,500 mensajes privados, que abarcan principalmente desde marzo de 2023 hasta marzo de este año.
La publicación de estos mensajes se da en un momento decisivo en la historia ecuatoriana. No hace mucho, Ecuador era en muchos sentidos la envidia de Latinoamérica. Hoy en día, con el derrumbe de la economía, con el gasto social devastado, y la violencia política resultado de un crimen organizado empoderado, están acabando con la popularidad del actual presidente de derecha, un heredero de una multimillonaria fortuna bananera.
Mientras la narcoviolencia expone el desmoronamiento político del país, dos figuras intentan definir el momento: el actual presidente Daniel Noboa, quien ha optado por un enfoque militarizado de mano dura, respaldado por los Estados Unidos para combatir el crimen organizado, y Salazar, quien continúa alterando el orden político con investigaciones que, según ella, intentan eliminar la corrupción y el tráfico de drogas.
Matástasis
El caso Metástasis se ha enfocado principalmente en funcionarios judiciales considerados aliados de Correa, con el pretexto de erradicar la corrupción en el poder judicial del país. En diciembre de 2023, el lanzamiento de Metástasis, por parte de Salazar, provocó otro escándalo cuando arrestaron a Wilman Terán, el presidente del Consejo de la Judicatura, una autoridad de defensoría del pueblo encargada de supervisar a la Fiscalía y a las cortes. Mientras estuvo en el cargo, Terán encabezaba un proceso para rediseñar una sección del poder judicial en el país. Los opositores de Salazar dicen que la evidencia que vincula a Norero con funcionarios, incluyendo a Terán, es escasa, lo que fomenta acusaciones de supuestos motivos políticos.
En las últimas semanas ha surgido un nuevo escándalo por parte del testimonio de Terán durante una 
audiencia en su contra. Él acusó a Salazar de enviar “emisarios” para meterle presión, y que fallara en contra de la apelación de Correa de 2020, y que ahora tiene la sospecha de que le ocultaron evidencia durante el proceso de apelación.
Como parte de las audiencias en contra Terán, él ha presentado nueva evidencia — mensajes que él dice haber intercambiado con Salazar usando un teléfono que los fiscales nunca confiscaron. Como en el caso de Aleaga, Terán solicitó una revisión forense de su celular por un grupo de expertos. El informe está disponible públicamente.
En su testimonio, Terán acusó a Salazar de compartir información confidencial acerca de investigaciones criminales y dijo que los mensajes, incluidos en el informe forense, comprueban la falta de ética por parte de la fiscal. En una serie de mensajes en el informe, con fecha de 11 de mayo de 2023, Salazar informó a Terán acerca de una investigación por parte de su oficina, relacionada a una decisión del Consejo de la Judicatura. En esa decisión, el Consejo de la Judicatura suspendió a un juez de la Corte Nacional de Justicia, el máximo tribunal de Ecuador. La decisión del Consejo se produjo a raíz de una denuncia presentada por un hombre anteriormente sentenciado por haber participado en el crimen organizado. Posteriormente, Salazar le dijo a Terán en los mensajes que él y otros tres miembros del Consejo de la Judicatura estaban siendo investigados y serían notificados formalmente al día siguiente.
El 12 de mayo, mensajes demuestran que Salazar supuestamente le notificó a Terán que los fiscales allanarían las oficinas del Consejo de la Judicatura, lo cual ocurrió ese mismo día. La investigación acerca de la suspensión y destitución del juez nacional, que luego se convertiría en un caso penal aparte, en el que están implicados Terán y otros, alega irregularidades en la decisión del Consejo de la Judicatura de suspender al juez.
Sin embargo, cuando Terán le preguntó a Salazar por qué la destitución del juez estaba bajo un escrutinio tan intenso, cuando otros jueces habían sido destituidos por razones similares, la explicación de la fiscal no mencionó irregularidades. Más bien, de acuerdo a los mensajes que Terán compartió con el tribunal, ella dijo que el caso involucraba a personas importantes y una investigación paralela en los Estados Unidos. En esencia, Terán y los demás estaban siendo castigados por haber “dado paso a la queja de un investigado en una trama de corrupción que involucra a USA y Ecuador,” se lee en uno de los supuestos mensajes de Salazar.
En los mensajes anteriores, del 11 de abril, Salazar le envió a Terán un mensaje de una persona no identificada, informándole acerca de una audiencia en el caso de lavado de dinero de Leandro Norero. Este dice que la fiscal, Lidia Sarabia; la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE); y la embajada de los Estados Unidos “están sumamente preocupados por las irregularidades del juez. Podría usted llamar al Presidente del Consejo de la Judicatura para expresar su preocupación. Me indicaron que el director de la UAFE también le va a llamar. Nosotros por nuestro lado también.”
Los medios de comunicación ecuatorianos han ignorado en gran medida el contenido de los mensajes de Terán, prestando poca atención a los sorprendentes paralelismos con los mensajes con Aleaga. En cambio, la prensa ecuatoriana ha estado, en gran medida satisfecha con la negación de la fiscal sobre las acusaciones.
En una reciente entrevista, Salaza dijo que el fallo legal de Terán en su contra, es un intento de retrasar su caso para que — cuando la fiscal se ausente para atender su juicio político — haya impunidad en su caso.
La semana pasada, la oficina de Salazar allanó a la Corte Nacional de Justicia para investigar a dos juezas de alto rango. Esas juezas habían emitido un fallo permitiendo el traslado de Terán a otra prisión, para continuar armando su defensa legal. La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, que propugna a favor de la independencia judicial en el país, rechazó fuertemente la redada.
Los ecuatorianos se están preparando para nuevas elecciones en el 2025. La primera ronda de votaciones en Ecuador está programada para febrero de 2025, en las que Noboa se postulará de nuevo para la presidencia.
*Analistas de The Intercept