Colombia: el golpismo acecha a Gustavo Petro

Camilo Rengifo Marín

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó al fiscal general saliente, Francisco Barbosa, de encabezar un intento de golpe de Estado bajo manto institucional. En los 19 meses del mandato de Petro, el fiscal al que sólo le quedan nueve días en el cargo ha usado y abusado de sus facultades a fin de descarrilar al primer gobierno de izquierda en la nación andina.

En este periodo, Barbosa ha emitido todo tipo de órdenes arbitrarias para judicializar al entorno político y personal de Petro e impedirle cumplir con el mandato que los ciudadanos le otorgaron en las urnas.

Petro ha tenido que endurecerse para poder llevar adelante las reformas que prometió durante su campaña y que apuntan a una  transformación social. Estos intentos son resistidos no solo por algunos aliados del pacto Histórico, la coalición que lo llevó al poder, sino que han generado una furibunda contraofensiva de los grupos conservadores, en un intento de golpe blando en su contra.

Barbosa pretendió ignorar las alertas emitidas por el presidente sobre sus planes conspirativos, y llamó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a no dejarse presionar por el Ejecutivo en su rol de elegir a su sucesora.La CSJ deberá escoger al nuevo fiscal de una terna enviada por jefe de Estado e integrada por tres mujeres -Angélica María Buitrago, Luz Adriana Camargo Garzón y Amelia Pérez Parra-, todas ellas con hojas de vida ligadas a la defensa de derechos humanos.

Barbosa ocupa el centro de la escena política colombiana no sólo por haber dedicado sus últimos meses en el cargo para deslegitimar y agredir al presidente, sino porque éste lo ha acusado el fin de semana de encabezar un golpe de Estado, en alianza con cárteles de la droga. Al hacer públicas sus denuncias contra Barbosa, Petro ha llamado a sus seguidores y a la ciudadanía a manifestarse en las calles, asegurando que llegó el momento de la expresión popular.

Como prueba de sus afirmaciones, Petro, nominado al Premio Nobel de la Paz, recordó la suspensión temporal al canciller Álvaro Leyiva, inmerso en una investigación por la licitación de nuevos pasaportes, declarada desierta por los organismos de control.

El exfiscal Eduardo Montealegre dijo que la Corte Suprema actúa como aliada de “fuerzas oscuras” que buscan un golpe blando en Colombia y está ayudando a una oposición que quiere desestabilizar y tumbar al presidente Gustavo Petro.

“El golpe blando no es otra cosa que utilizar formalmente la justicia para debilitar o tumbar un Gobierno elegido popularmente. Ya hemos visto cómo lo ha hecho en Ecuador, Brasil, Argentina y lo trataron de hacer con el presidente actual de México”, explicó Montealegre.

“En el caso de la Fiscalía General de la Nación hemos visto cómo un fiscal con ambiciones desmedidas de poder se convirtió en un líder de la oposición, en otro de los jefes de la oposición colombiana. Entonces, en Colombia no podemos perder de vista que hay fuerzas oscuras que quieren desestabilizar el Gobierno (…) la Fiscalía convertida en un factor de desestabilización porque está haciéndole el juego a la ultraderecha”, añadió.

Claudia Flórez, ministra de Trabajo, escribió en la red social X: “¡Máxima alerta! El establecimiento viene implementando el libreto del ‘golpe blando’. La denuncia que hace el presidente Petro deja en evidencia a la derecha mafiosa de siempre. Ante la gravedad, asumimos el llamado a la movilización. El gobierno popular se defiende en la calle”.

Sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos, parte de la prensa hegemónica y sectores corruptos de la Fiscalía buscan la salida de Petro, que cumple 19 meses en la Casa de Nariño. El más reciente de estos actos del fiscal Barbosa  fue la intervención del sindicato de maestros bajo acusaciones de financiamiento ilegal a la campaña de Petro, ex alcalde de Bogotá

Son muchas las gotas que han colmado la paciencia del jefe de Estado, pero el allanamiento de la sede del poderoso sindicato de maestros para buscar supuestas irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral terminó con un llamado a todas las organizaciones de derechos humanos, partidos progresistas y sindicatos de trabajadores de Colombia y del mundo para que se pronuncien sobre el acoso político en su contra.

Conociendo la historia de Colombia, es necesario tomar en serio las afirmaciones del presidente, dado que la derecha colombiana es una de las más cerriles y despóticas del continente: históricamente ordenó asesinatos para deshacerse de cualquiera que presentara una alternativa a su dominación.

No puede soslayarse que buena parte de la clase política que mantuvo las riendas del poder hasta la llegada de Petro defiende sin disimulo esas acciones y tiene nexos o simpatiza con los grupos paramilitares que asolaron al país hasta inicios de siglo, los que continúan asesinando de manera sistemática a líderes obreros, campesinos y ambientalistas, mientras sectores de la oposición reivindican el terrorismo de Estado contra el primer gobierno de izquierda en la historia colombiana.

Cuando el lawfare -la utilización de maquinaciones judiciales y legislativas para deponer a mandatarios incómodos a los intereses de las oligarquías- se suma a la una ultraderecha propensa a la violencia, que además conserva intacto su poder económico y buena parte del político, el pueblo debe permanecer alerta y dar todo el respaldo al gobierno elegido por los ciudadanos.

Pero, lamentablemente, millones de colombianos que han sido intoxicados por décadas de omnipresente propaganda conservadora a través de los medios hegemónicos propiedad de los principales grupos económicos, apoyan el recurso de la violencia para sofocar movimientos sociales progresistas, erradicar cualquier política que “conduzca al comunismo”, e imponer los intereses de una oligarquía obsesionada con las más rancias ideas de estatus y sumisión de las mayorías.

Lo cierto es que el respaldo y la aquiescencia de fiscales, jueces, legisladores y una significativa porción de la sociedad hacia los métodos antidemocráticos de quienes detentan el poder económico ha facilitado la impunidad de sucesos inadmisibles en cualquier estado de derecho.

Cuando Petro recién había asumido el cargo, una avanzada de seguridad fue baleada en una región que visitaría días después; en enero de 2023, un artefacto explosivo fue colocado en el camino que lleva a la casa de la vicepresidenta Francia Márquez, activista de larga trayectoria y primera persona afrodescendiente en alcanzar ese puesto. Márquez ya había sufrido un atentado con granada y fusiles en 2019 por su labor en la defensa del medio ambiente.

En marzo del año pasado, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) de Colombia, Augusto Rodríguez, fue víctima de un ataque del que salió ileso. En mayo, el ex director de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas (Acore), John Marulanda, aseguró que los efectivos en reserva harán lo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero, en referencia al Presidente, quien perteneció al M-19.

En sus 19 meses de gobierno, Petro ha logrado bajar el desempleo del 13,7 al 9% de la población, puso en funcionamiento la  “Matrícula Cero” para los aspirantes a entrar a universidades públicas del país, bajó la inflación, revaluó el peso colombiano, entregó unas 100,000 hectáreas de tierras compradas, donadas y/o recuperadas a campesinos.

Asimismo, su gobierno recuperó el turismo, amplió la gratuidad en la educación superior, que permitirá acceder gratuitamente a las escuelas de formación de las Fuerzas Militares y la policía, incautó más de 1.100 toneladas de droga, volvió transitable la Ruta del Sol,y redujo la deforestación en más del 30 por ciento.

*Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)