Perú: Una presidencia asesina avalada por la dictadura legislativa
Mariana Álvarez Orellana
Después de haber pospuesto por dos días consecutivos la votación, el Congreso de Perú rechazó adelantar las elecciones generales a diciembre de este año, lo que prolonga de manera indefinida la crisis política en que el mismo Congreso hundió al país el pasado 7 de diciembre, cuando destituyó al presidente constitucional Pedro Castillo, e instaló en su lugar a la hasta entonces vicepresidenta, Dina Boluarte.
La segunda propuesta en una semana –y tercera desde diciembre– para convocar a las urnas este año fue nuevamente rechazada. Los congresistas de izquierda aplaudieron el rechazo de un proyecto de ley presentado por el partido fujimorista Fuerza Popular, que además cuenta con el apoyo de la presidenta Boluarte. Este nuevo rechazo marcó el divorcio total entre la clase política y la ciudadanía.
Este escenario es una bomba de tiempo, es el peor que podría tener el país, con una presidenta que no renuncia y que pretenden continuar con el Congreso como si nada hubiera pasado, sostuvo el politólogo y catedrático Alonso Cárdenas.
Las calles de todo Perú han sido elocuentes sobre el repudio social a y las encuestas son contundentes: si las movilizaciones populares que se han sucedido de manera ininterrumpida en rechazo a Boluarte y a los legisladores que la llevaron al poder. Las encuestas señalan que 73 por ciento de los ciudadanos quieren elecciones este mis-mo año, 74 por ciento demandan la renuncia de la presidenta y apenas siete por ciento apoyan al Congreso, presidido por un conocido represor, el general José Williams.
La respuesta del régimen ha sido una sanguinaria represión que ha dejado más de 60 muertos, asesinados por disparos de policías y militares –y uno por el lanzamiento directo de una bomba lacrimógena- en los casi dos meses transcurridos desde el golpe de Estado contra Castillo, cuyo fin fue eliminar políticamente al gobierno surgido de los movimientos populares.
Pero ni los muertos han variado la postura de unos congresistas que únicamente parecen responder a los intereses oligárquicos a los que representan y a la mezquina consideración de seguir cobrando sus dietas sin importar el costo humano. Las bancadas de derecha que controlan el Parlamento no sólo han saboteado sistemáticamente cualquier salida institucional, sino que han reprendido a la mandataria por no intensificar el abuso de la fuerza pública contra la población.
Si luego de al menos 60 peruanos muertos la presidenta Dina Boluarte llama “inmaculada” la acción represiva de la policía y el primer ministro Alberto Otárola anuncia un bono para premiar esas matanzas, algunas transmitidas por televisión en vivo y directo, la población está convencida que lo que se viene es una represión mayor.
La dictadura de Boluarte no sólo tiene sangre en sus manos, sino que ha hecho de esa sangre una política de Estado. Es el verdadero terrorismo de Estado, con ejecuciones extrajudiciales que la ciudadanía asiste en vivo y en directo por las redes sociales y la prensa alternativa, mientras el poder mediático silencia las imágenes y cambia el relato para beneficiar a la dictadura con la que cogobiernan.
Las imágenes de la represión en Lima son de terror, como lo fueron también las de Ayacucho, Juliaca, Ica. Apoyar esta dictadura no solo supone sostener la política de muerte que ha instaurado como forma de gobierno, sino también la incitación a la violencia desde el poder político, que legitima cualquier acción de la policía, las Fuerzas Armadas, el Congreso, el poder mediático.
Boluarte, Williams y Otárola están diciéndole al país que matar a quien protesta merece recompensa. Y resistir está costando muchas vidas. Desde la presidencia del Congreso, el recordado represor general José Williams, forma el tridente de poder.
Perú sangra mientras que el ala fascista de representantes que sigue el guión de la dictadura fujimorista y afirma que quienes protestan se “automatan” a sí mismos, cuando las necropsias confirman que fueron disparados por la espalda, mientras huían de la represión.
La clave sigue siendo Dina Boluarte: Si renuncia o es destituida, forzaría al Congreso a entrar en otro momento político. Las movilizaciones se dirigirán entonces a esa segunda ficha del dominó. Cambio de Mesa Directiva y periodo transitorio solo para convocar a elecciones en este mismo 2023.
Los miles de manifestantes gritan “Dina renuncia” como parte de una serie de demandas que incluyen el adelanto electoral y una Asamblea Constituyente. Ningún gobierno que se sostiene mediante la política de sangre es sostenible. La pregunta es cuánta sangre más hace falta para que esa verdad se abra paso. O, como cantan en las manifestaciones: ¿Cuántas muertes necesitas para que renuncies?
No se puede obviar que en su celebración de la violencia de Estado, los congresistas conservadores han estado acompañados por los grandes medios de comunicación, empresas que primero intentaron descarrilar los comicios en los que triunfó Castillo, luego orquestaron una incesante campaña de difamación y golpeteo que facilitó su destitución, y ahora arremeten contra los manifestantes, tanto al criminalizarlos como al acallar la disidencia.
La sucesión de cuatro titulares del Ejecutivo entre julio de 2016 y julio de 2021 ya indicaba profundas disfunciones en el sistema político peruano, pero hoy no queda ninguna duda de que el país andino se encuentra bajo una dictadura legislativa en la que un colectivo carente de legitimidad pisotea sin pudor la voluntad popular.
Si la solución inmediata pareciera ser la renuncia de Boluarte, que obligaría a celebrar elecciones en un plazo de seis meses, queda claro que la crisis de gobernabilidad sólo podrá abordarse mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente, tal como lo exigen los peruanos en las calles y como lo mandataron en las urnas en 2021.
*Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)