Diputados de EEUU aprueban referéndum para ‘descolonizar’ a Puerto Rico
Victoria Korn
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves un proyecto de ley que permitiría al “estado libre-asociado” de Puerto Rico celebrar el primer referéndum vinculante el 5 de noviembre de 2023 sobre si convertirse en un estado u obtener algún tipo de autonomía o independencia, un proyecto que tiene pocas posibilidades de ser aprobado por el Senado. .
El proyecto de ley, fue aprobado por 233 votos contra 191, con algo de apoyo republicano. De prosperar la propuesta, los puertorriqueños podrán elegir entre tres opciones: la independencia, ser un estado más o la soberanía en libre asociación con Estados Unidos, cuyos términos se definirían luego de negociaciones sobre asuntos exteriores, ciudadanía estadounidense y uso del dólar estadounidense.
El proyecto reconoce que el estatus territorial de Puerto Rico limita el pleno desarrollo político, económico y social de la isla y que Washington tiene la responsabilidad de facilitar la elección y transición a un estatus político no territorial. Lo cierto es que la propuesta tiene pocas posibilidades de ser aprobada en el dividido Senado estadounidense por la oposición republicana.
La isla ha estado bajo posesión estadounidense desde 1898, cuando la administración de William McKinley se apoderó de la colonia al final de la guerra hispano-americana. Desde entonces, la Isla del Encanto ha ido ganando progresivamente mayor autonomía, pero sigue estando en desventaja en lo que respecta a la financiación, los programas y la representación federales. EEUU se reserva apartados como defensa, moneda, inmigración y aduanas, entre otros.
Aunque los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses desde 1917, los residentes no tienen derecho a votar por el presidente y no tienen voz en el Congreso.
El líder de la mayoría en la Cámara Baja, Steny Hoyer, quien ha trabajado en el tema a lo largo de su carrera, dijo que fue “un camino largo y tortuoso” llevar la propuesta al pleno de la Cámara. “El pueblo puertorriqueño no quiere ser una colonia, y Estados Unidos no quieren ser una potencia colonialista”, dijo Hoyer en una conferencia de prensa. 
“Es crucial para mí que cualquier propuesta en el Congreso para descolonizar Puerto Rico sea informada y dirigida por puertorriqueños”, dijo el representante Raúl Grijalva, demócrata por Arizona, presidente del Comité de Recursos Naturales, que supervisa los asuntos en los territorios estadounidenses.
La propuesta comprometería al Congreso a aceptar a Puerto Rico en los Estados Unidos como el estado número 51 si los votantes de la isla la aprobaran. Los votantes también podrían elegir la independencia absoluta o la independencia con libre asociación.
Algunos analistas ven en el proyecto de estadidad para Puerto Rico como una forma de consolidar el control del Congreso por los demócratas. Puerto Rico se inclina por los demócratas, y si fuera un estado podría ser elegible para tener dos escaños en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes.
Después de ser aprobada por la Cámara de Representantes controlada por los demócratas, el proyecto de ley ahora pasa a un Senado dividido donde se enfrenta a un reloj en marcha antes de fin de año y a legisladores republicanos que se han opuesto durante mucho tiempo a ser el estado número 51.
El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, del Partido Nuevo Progresista a favor de la estadidad, viajó a Washington para la votación. Lo llamó un día histórico y dijo que los 3,2 millones de ciudadanos estadounidenses que viven en la isla carecen de igualdad, no tienen una representación justa en el gobierno federal y no pueden votar en las elecciones generales .
Los miembros de su partido, incluida la comisionada residente de Puerto Rico, Jenniffer González, aplaudieron la aprobación del proyecto de ley, aunque la reacción en el territorio estadounidense fue en gran medida silenciada y teñida de frustración, ya que se espera que sea rechazada en el Senado.
La propuesta de un referendo vinculante ha exasperado a muchos en una isla que ya ha realizado siete referendos no vinculantes sobre su estatus político, sin que surja una mayoría abrumadora. El último referéndum se realizó en noviembre de 2020, con un 53% de votos a favor y un 47% en contra, con la participación de poco más de la mitad de los votantes registrados.
El referéndum vinculante propuesto sería la primera vez que el estado actual de Puerto Rico como Estado Libre Asociado de los Estados Unidos no se incluye como una opción, un golpe para el principal opositor Partido Popular Democrático, que mantiene el statu quo.
El abogado Pablo José Hernández Rivera dijo que la aprobación del proyecto de ley por la Cámara sería “inconsecuente” como la aprobación de proyectos de ley anteriores en 1998 y 2010. “Los puertorriqueños estamos cansados de que el Partido Nuevo Progresista lleve 28 años en Washington gastando recursos en proyectos de estatus estériles y antidemocráticos”, dijo.
La independencia asusta
La independencia de Puerto Rico asusta a las élites dentro de EEUU, mientras que la soberanía atemoriza a otras. Es una de las últimas colonias en el mundo, un recuerdo de la, ya fuera de época, política del destino manifiesto de los Estados Unidos, que ya no puede aplicarse a las realidades políticas del siglo XXI.
Entre los factores que han afectado el movimiento independentista de Puerto Rico se han encontrado los programa Cointelpro y Carpetas”. El Programa Cointelpro fue un proyecto conducido por el Bureau Federal de Investigación (FBI) de EEUU, cuyo objetivo fue la infiltración, vigilancia, descrédito e irrupción de organizaciones políticas domésticas.
El Programa Carpetas fue una colección masiva de información recolectada por la policía de la isla, en las llamadas “subversiones políticas”. Aproximadamente 75 000 personas fueron listadas bajo investigación política. El aparato de investigación masiva estaba dirigido, principalmente, en contra de los movimientos independentistas.
Actualmente, una gran mayoría de los “independentistas” buscan obtener la independencia a través de un proceso electoral o democrático.
Una serie de manifestaciones que se iniciaron el 13 de julio de 2019 a raíz de la filtración pública de las conversaciones privadas de un grupo de Telegram entre el gobernador del país Ricardo Rosselló y sus colaboradores y ex colaboradores. En ellas, se habrían hecho comentarios homofóbicos, discriminatorios y de burla hacia las víctimas del huracán María de 2017.
Los participantes en las protestas —entre los que se cuentan los artistas Ricky Martin, Residente, Bad Bunny y 
Ñengo Flow— acusaron al gobierno de corrupción y exigieron la renuncia de Rosselló y sus colaboradores. La dimisión de Rosselló, por su parte, llegó en la noche del miércoles 24 de julio y se hizo efectiva el 2 de agosto. Con ello se convierte en el primer gobernador de la isla que renuncia al cargo.
El 10 de julio de 2019, seis funcionarios, entre ellos dos de alto nivel en el gobierno de Rosselló: la secretaria de Educación Julia Keleher y la titular de la Administración de Seguros de Salud Ángela Ávila, fueron arrestados y acusados de conspiración y de malversación de fondos relacionados con las ayudas posteriores al Huracán María de 2017 y de fondos educativos.
**Periodista venezolana, analista de temas de Centroamérica y el Caribe, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)