Otro escándalo en Uruguay: los planes de inteligencia ya no son secretos
Luvis Hochimín Pareja
El director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Uruguay, Alvaro Garcé, se reunió el 24 de octubre con una comisión parlamentaria formada para controlar y supervisar sus actividades, a la que informó sobre un plan nacional secreto y distribuyó copias impresas del plan. Tres días después, el informativo de TV Ciudad y su director, Eduardo Preve, dieron a conocer contenidos del documento.
Y entonces comenzó otra oleada de consternación tras el escándalo del jefe de custodia del presidente Luis Lacalle, acusado de falsificar pasaportes en plena Torre Ejecutiva, a pasos de las oficinas de Presidencia y una planta por debajo de la Secretaria Nacional para la Lucha contra el lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo, y también el caso del narcotraficante Sebastián Marset a quien Cancillería le diera un pasaporte con mucha celeridad, e ingresó al país con otro pasaporte falso desde Dubai.
El 24 de octubre la Comisión parlamentaria de Control y Supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado recibió a Álvaro Garcé para que presentara el Plan Nacional de Inteligencia, un documento de 14 páginas -con dos anexos- en el que se detalla el accionar con relación a la seguridad nacional y en coordinación con otras reparticiones del Estado.
Estuvieron presentes, el presidente de la comisión, el senador del derechista Cabildo Abierto Raúl Lozano, los senadores Graciela Bianchi y Gustavo Penadés y el diputado Álvaro Viviano, por el Partido Nacional; el senador del Partido Colorado Raúl Batlle; el senador Daniel Caggiani y los diputados Micaela Melgar, Álvaro Tucci y Diego Reyes por el Frente Amplio; y el diputado suplente por el Partido de la Gente Luis Posse.
Garcé entregó el informe impreso a los legisladores, les pidió total reserva, que no hubiera funcionarios y no se registrara una versión taquigráfica. Fue por eso que, cuando tres días después MVD Noticias, el informativo de Tv Ciudad, divulgó el contenido del plan, las miradas se enfocaron en la comisión y en quienes la integran. Es muy claro que, por definición, de la información clasificada no se reparten copias.
Tras la filtración, Garcé le envió una carta al presidente de la comisión, Raúl Lozano, en la que recordó que “la revelación de información clasificada es una acción antijurídica con fuerte apariencia delictiva -artículo 301 del Código Penal, delito de revelación de documentos secretos-”, y le pidió que, “librado” a su “buen criterio”, tome “la correspondiente calificación moral y política de los hechos”. El 31 de octubre, la Secretaría presentó una denuncia ante la Fiscalía para que se iniciara una investigación.
El fiscal Gilberto Rodríguez adelantó que hay varios movimientos que desde el punto de vista jurídico no descarta. Uno de ellos es solicitar la pericia de los teléfonos de todos los legisladores que participaron de la sesión. “Hasta ahora no hay ningún imputado, son todos testigos. Para llevar adelante la pericia, obviamente, ellos tendrían que aceptar”, agregó. Por lo pronto, Rodríguez debe establecer dos cosas: si el documento efectivamente se filtró desde la comisión y, si fue así, quién lo hizo.
Lo difundido por TV Ciudad y Preve abarca cuestiones diversas y de muy distinta relevancia: Estar atentos a indicios de actividad de organizaciones terroristas, o a la “presencia de extranjeros sospechosos” de integrarlas, es ineludible para cualquier servicio de inteligencia.
Lo qué significa “actividades precursoras de acciones terroristas” no resulta obvio, y la investigación de “grupos o personas que inciten a la violencia”, “hechos que puedan generar la violencia”, “usurpación de espacios públicos o privados” y “bloqueos y cortes ilícitos de la circulación de personas, bienes o servicios” es una tarea demasiado amplia y vaga, señala Ladiaria.
Según el informe, se encarga a la Policía, a la cancillería, a Aduanas y Defensa Nacional la “recolección de información sobre actividades precursoras de acciones terroristas”, así como a los organismos encargados de investigar el lavado de activos, el estudio de las posibles vías de financiamiento del terrorismo.
Algunas formas de realizar estas investigaciones pueden violar la ley, que obliga a los órganos de inteligencia a respetar “estrictamente” los derechos y garantías establecidos en la Constitución, las leyes y los convenios internacionales adoptados por el Estado uruguayo, además de prohibirles intervenir “en la actividad política, social o económica del país, […] o en la vida interna de los partidos”,
Las actividades de la “comunidad de inteligencia” no se llevan muy bien con la Constitución y las leyes en ningún país, y si no fueran reservadas carecerían de sentido, pero en este caso, pese a las abundantes manifestaciones de indignación, en lo filtrado no hay ni una palabra que pueda ser novedosa o beneficiosa para las personas eventualmente investigadas, señala el analista Marcelo Pereira.
Asimismo, las Comisiones Administradoras de los ríos De la Plata y Uruguay tienen encargado brindar información sobre “ciudadanos o residentes en el país en relación con el narcotráfico, tráfico de armas o personas, crimen organizado y actividades terroristas”, actividad que será coordinada por cancillería, así como Defensa deberá informar sobre actividades de fuerzas militares de países vecinos y sus actividades en la frontera.
Llamó la atención de los parlamentarios que el plan habilita a la Policía a recolectar información sobre “grupos o personas que inciten a la violencia” y la “usurpación de espacios públicos o privados” así como los “bloqueos y cortes ilícitos de la circulación de personas, bienes o servicios”. Es notorio, por ejemplo, que sindicatos y gremios estudiantiles bloquean a menudo la circulación.
Arremete la vicepresidenta
A la investigación que comenzará en Fiscalía se sumó la reunión de este jueves entre la vicepresidenta Beatriz Argimón y los coordinadores de bancada de cada partido, en la que la vicepresidenta entregó un “informe de Jurídica” en el que se detallan las consecuencias que podría tener quien haya filtrado la información.
En una rueda de prensa previa a la reunión, Argimón consideró que hubo “algunos [legisladores] que no estuvieron a la altura del mandato” y señaló que “personalmente” le pareció “un hecho gravísimo”.
Al ser consultada acerca de si hay seguridad de que haya sido uno de los legisladores presentes en la comisión quien filtró la información a la prensa, explicó que, más allá del documento, hay cosas que se dijeron en aquella reunión que también se difundieron y sólo “los que estaban ahí pueden saberlo”. Argimón instó a los legisladores que brinden la posibilidad de acceder a sus celulares “a efectos de seguir contribuyendo a que esa investigación que se inicie, se aclare”.
Que se hayan filtrado declaraciones textuales de la comisión es difícil de corroborar, puesto que no hay una versión taquigráfica de esa instancia. Desde la oposición creen que no solo el Parlamento debe ser sospechoso, porque el documento estuvo en manos de una gran cantidad de dependencias y ministerios,
La coordinadora de la bancada de senadores del FA, Liliam Kechichian, discrepó “con que los ojos estén puestos sólo en el Parlamento”, porque el mismo documento recorrió varias reparticiones como loa ministerios de Defensa Nacional, Interior, Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores “y muchas de las agencias que coordinan con el director y el Servicio de Inteligencia”.
“Aspiraríamos a que el Poder Ejecutivo también desatara una investigación en otros ámbitos”, sentenció Kechichian, y recordó que “la ley de los documentos con reserva obliga a que estos se manejen con trazabilidad”. Para el FA, “esa trazabilidad no estuvo garantizada por el director Garcé, y en ese sentido abrió una puerta de cierta vulnerabilidad”.
Algunos senadores señalaron que lo que se divulgó no era el plan sino un punteo de temas, que dio cuenta del trabajo con varios organismos del Estado para llevar a cabo distintas actividades de inteligencia. En definitiva, otro escándalo, pero esta vez el presidente Luis Lacalle hizo mutis por el foro hasta que el viernes se animó a asegurar que se trata de “un sabotaje a la seguridad nacional” que hizo “alguien que no le importa el país, que midió un costo político o personal menor y perjudica” a Uruguay..
*Periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)