EMTRASUR: final de una farsa vergonzante
La justicia argentina dispuso que los últimos cinco tripulantes del avión de la empresa de cargas aéreas venezolana EMTRASUR secuestrado en Buenos Aires puedan abandonar el país. Es el final para una causa judicial que nunca debió existir, pero que todavía mantiene un “rehén”: el gigantesco Boeing 747 venezolano.
Marcos Salgado |
En una resolución de 163 páginas el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, dispuso la “falta de mérito” para los instructores iraníes Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohammadi y Saeid Valizadeh; y para los venezolanos directivos de EMTRASUR Víctor Manuel Pérez y Mario José Arraga Urdaneta.
Así termina la “excursión de pesca” que el mismo juez había iniciado en junio de este año, al aceptar un pedido de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), para investigar posibles delitos no determinados, supuestamente cometidos por los tripulantes venezolanos e iraníes del Boeing 747-300 de EMTRASUR que aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza el 6 de junio, con una carga de autopartes para la automotriz Volkswagen.
Tal como sucedió antes con los otros 14 tripulantes, 12 venezolanos y dos iraníes, Ghasemi, Mohammadi, Valizadeh, Pérez y Arraga podrán abandonar territorio argentino en las próximas horas. Argentina quedará entonces para ellos, como para los otros tripulantes, como un país al que difícilmente quieran regresar. Es que tras este engendro judicial que acaba, Argentina se convirtió en una nación peligrosa para cualquier ciudadano iraní, y cualquier venezolano ligado de alguna manera a alguna empresa estatal de su país, que quedan – se sabe ahora- pasibles de enfrentar cualquier acusación de terrorismo. El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, dijo por esos días iniciales del incidente que “nada que venga de Venezuela nos puede tranquilizar”. Esa amenaza sigue vigente.
En la resolución del juez Villena se copia y pega varios párrafos de la defensa que los cinco imputados ejercieron ante el tribunal, donde desnudan la endeblez extrema de la excursión de pesca de la fiscalía y la DAIA.
Sería para reír sino encerrara gravedad institucional las preguntas de la querella sobre los contenidos de chats de un grupo de WhatsApp familiar de uno de los instructores iraníes; o sobre la forma que se pretendió ejercer presión sobre Ghasemi, porque en su celular aparecieron imágenes de Qasem Soleimani, el general iraní asesinado por Estados Unidos en 2020. Ghasemi tuvo que explicar que Soleimani es considerado un héroe en su país, y que es común que circulen fotos suyas, incluso en las fotos de perfil en redes sociales.
Sobre los tripulantes venezolanos, gerentes de EMTRASUR, se tejió un intento insulso de ligarlos a movimientos de fondos para financiar operaciones terroristas que no se detallan, ni se determinan, ni -claro- ocurrieron o están en curso. Ellos explicaron cómo las transferencias de fondos que aparecen en sus teléfonos o anotaciones son en muchos casos triangulaciones que EMTRASUR debe realizar para esquivar el bloqueo comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.
El juez Villena libró decenas de exhortos y medidas de prueba para ver si en la excursión de pesca picaba algo, pero nada. No le quedó más remedio que finalizar la expedición. Y sepultar así decenas y decenas de informes, notas y columnas de avezados ¿periodistas? que mantuvieron, mientras pudieron, el interés público en la incursión. Las estrategias de la querella para estirar todo lo que se pudiera el expediente, terminaron.
El avión, “herido de muerte”
Aunque en la misma resolución se dispone el levantamiento del secuestro del avión Boeing 747-300 de EMTRASUR, matrícula venezolana YV-3531, éste seguirá en Ezeiza, porque sigue en pie un pedido de embargo de la justicia norteamericana.
Ahora que la justicia dispuso el levantamiento del secuestro, el gobierno de Alberto Fernández podría decidir la devolución de la nave a su dueño, el Estado venezolano. Pero aunque esto ocurriera, la situación de la nave es precaria.
Uno de los tripulantes ahora liberados, Mario Arraga, explica en su declaración ante el juez que el Boeing tiene una “herida de muerte” al estar más de cuatro meses varado “con solo dos mantenimientos mínimos que no cubren lo necesario para mantenerlo operativo”. Arraga advierte en su declaración que por la antigüedad y sus dimensiones, es “prácticamente inviable”, recuperarlo.
Parece confirmarse así, como ya se postuló aquí en notas previas, que detrás del lawfare contra EMTRASUR hay también una maniobra sucia para terminar con la estatal venezolana, que comenzaba a pisar en el mercado de cargas aéreas de gran porte en América Latina, hoy dominado por capitales estadounidenses. Otra historia de piratas.