Crece el lawfare contra Maduro en Estados Unidos
Pablo Rodríguez
En la misma jornada en la que se esperaba una decisión sobre el pedido de prisión domiciliaria para Cilia Flores, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una nueva acusación contra el exmandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, por presuntos abusos contra estadounidenses y otros detenidos en Venezuela. El documento añade a ambos un cargo de conspiración para cometer tortura y amplía el proceso penal que enfrentan desde que fueron secuestrados en Caracas, el 3 de enero último.
Según la acusación fiscal, Maduro autorizó la tortura de personas específicas y supervisó un sistema que utilizaba detenciones arbitrarias y violencia para reprimir a la oposición política. Los fiscales sostienen que él y Flores participaron en una estrategia destinada a conservar el poder mediante la persecución y el amedrentamiento de quienes eran considerados adversarios.
Entre los métodos descritos en la acusación figuran descargas eléctricas, golpes y asfixia, que los fiscales atribuyen a un aparato represivo bajo el control del entonces gobernante. El documento también señala que Maduro aprobó prácticas de tortura y amenazó personalmente con matar al hijo de un prisionero como forma de presión psicológica. Según los trascendidos, la investigación se relaciona con la detención de más de una docena de estadounidenses que Washington calificó de injustamente encarcelados, y que fueron repatriados en distintos momentos a cambio de liberaciones de detenidos venezolanos, tanto durante el gobierno de Joe Biden como el de Donald Trump.
Maduro y Flores se habían declarado no culpables de los cargos que se les presentaron en enero. Ahora, esta ampliación demandará nuevas audiencias.
Funcionarios a la carga
Apenas difundida la noticia varios funcionarios de primera línea de la administración Trump postearon en redes. El director del FBI, Kash Patel, aseguró que «los cargos de hoy reflejan el compromiso de este FBI y este Departamento de Justicia con la rendición de cuentas, el estado de derecho y la protección de la seguridad nacional de EEUU».
También el fiscal general, Todd Blanche, aseguró en redes que el Departamento de Justicia «ha estado trabajando para descubrir la extensión de sus supuestos crímenes contra el pueblo de Venezuela y de Estados Unidos», y remarcó que «estas acusaciones adicionales reflejan el compromiso de esta Administración para impartir justicia a las víctimas de tortura, narcoterrorismo y crimen organizado.»
Pedido por Cilia
No parece casual que la nueva acusación llegue apenas horas antes de la decisión del juez Alvin K. Hellerstein, sobre la situación de Cilia Flores. La defensa de la primera dama solicitó su traslado a prisión domiciliaria por su deterioro de su salud cardíaca y propuso vigilancia armada permanente, monitoreo electrónico y retención de su pasaporte como garantías para evitar una fuga. En respaldo del pedido, el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario, declaró a la agencia AFP que Flores presenta un problema del corazón «muy delicado», necesita una intervención quirúrgica y debe salir de la cárcel para recuperarse adecuadamente.
El International Action Center difundió una convocatoria a una protesta y rueda de prensa para este 8 de octubre frente al tribunal federal de Manhattan, además de promover mensajes al juez Alvin Hellerstein para que concediera el arresto domiciliario y permitiera a Flores recibir atención médica. La campaña, que también reclama la liberación de Maduro y Flores, sostiene que ella no ha sido condenada y apela a razones humanitarias, mientras la Fiscalía estadounidense se opone a su excarcelación por considerar que existe un «riesgo extremo de fuga».
La disputa por la inmunidad
La Fiscalía estadounidense sostuvo en un memorando presentado el 2 de octubre que Venezuela no había realizado gestiones formales para reclamar la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores ni solicitado su «inmunidad» frente al proceso penal en Nueva York. «Hasta la fecha, Venezuela no ha alegado que Maduro Moros o Flores de Maduro gocen de inmunidad frente a acciones judiciales en este caso o en cualquier otro procedimiento actualmente en curso en los Estados Unidos», señala el escrito con el que los fiscales se oponen a la petición presentada por la defensa.
Los fiscales argumentan que ni Washington ni el actual Gobierno venezolano reconocen a Maduro como presidente y sostienen que la corte federal tampoco debe atribuirle esa condición para concederle protección como jefe de Estado. Como contraste, citan que Caracas sí solicitó inmunidad para la presidenta interina, Delcy Rodríguez, en otro procedimiento y Estados Unidos la reconoció, mientras la petición de la defensa de Maduro será debatida en una audiencia prevista para el 17 de noviembre.